Estos acuerdos van desde un calendario laboral, pasando por un ERE en una empresa, un convenio colectivo, hasta un acuerdo en materia de pensiones, sin duda el mayor y más importante de todos los que puede llegar un sindicato de clase. Tampoco es menor el alcanzado para reducir la temporalidad en las administraciones públicas, tras décadas de movilizaciones y denuncia de la situación que sufren las trabajadoras y trabajadores públicos. Ni los acuerdos en materia de ERTEs que han salvado miles de puestos de trabajo y empresas. 

Son acuerdos complejos, duros en términos de negociación, puesto que defendemos intereses contrapuestos, ya sea frente a la patronal o frente al gobierno. Pero son acuerdos valientes, que no contentan por completo a ninguna de las partes, pero es ahí donde reside su valor en términos políticos, discutir y negociar para avanzar. 

Pero hoy quería centrarme en otro acuerdo que ha pasado desapercibido por el ruido mediático y la urgencia de la pandemia, pero que es especialmente relevante para el futuro inmediato. 

El pasado mes de diciembre CCOO, UGT, CEOE y CEPYME, alcanzaron el Sexto Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (VI ASAC), que ha sido firmado posteriormente por el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, en nombre del Gobierno, en el que compromete el mantenimiento y la potenciación de la Fundación de Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA-FSP).

En el acuerdo, sindicatos y patronal establecen procedimientos y herramientas para solucionar el conflicto laboral y social que se da todos los días, con mayor o menor intensidad, en todos los ámbitos de las relaciones laborales. Son las cosas que mientras no estalle el conflicto no ocupan titulares, pero que sin duda, son importantes para las empresas y las personas trabajadoras, y para el desarrollo socioeconómico y la modernización del país.

La solución autónoma de conflictos tiene décadas de trayectoria y ha permitido la mejora de las relaciones laborales y la canalización del conflicto social. Pero lo relevante de este sexto acuerdo son sus nuevas competencias, en las que se supera la concepción de la mediación como un trámite previo a la vía procesal, situando los procedimientos autónomos de solución de discrepancias y conflictos laborales, en el centro de nuestro sistema de relaciones laborales.

Por una parte, se establecen procedimientos para anticiparse al conflicto antes de que se produzca, además de promover la negociación colectiva, que es el eje sobre el que se fundamenta nuestro sistema de relaciones laborales.

Y por otra, se abre la posibilidad de que las personas que son empleadas públicas, o trabajadoras autónomas económicamente dependientes puedan acceder a los procedimientos de mediación y arbitraje para sus conflictos colectivos, siempre que se adhieran de forma voluntaria y expresa, extendiendo los beneficios que supone este sistema.

Estas dos novedades suponen un salto cualitativo en los sistemas de mediación y arbitraje, para la resolución de conflictos, que en buena lógica deben de trasladarse del ámbito estatal al de la comunidad autónoma, a través de la renovación y adaptación del acuerdo interprofesional alcanzado en La Rioja por la Federación de Empresas, CCOO y UGT en 1994 y que dio origen al Tribunal Laboral de La Rioja.

Un nuevo acuerdo que para alcanzar su plena eficacia debe contar con el respaldo del Gobierno de La Rioja, facilitando los recursos necesarios y valorando la adhesión a la solución autónoma de conflictos para las personas trabajadoras públicas en los distintos ámbitos de la comunidad autónoma.

Anticiparnos a los problemas y mejorar la negociación colectiva a través de un nuevo acuerdo para la solución autónoma de conflictos debe incorporarse a la agenda política. Los retos de transformación en el modelo productivo y social requieren de nuevas herramientas, y nada mejor que el diálogo social para construirlas a través del diálogo y la negociación.

  Jorge Ruano Chover, secretario general de CCOO de La Rioja

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El sindicato se ha mantenido firme en todo momento y desde el comienzo manifestó que este Acuerdo debía contener tres elementos esenciales: un nuevo acuerdo de estabilización en líneas con los anteriores suscritos en 2017 y 2018, pero con mejoras; la transposición de la Directiva Comunitaria 1999/70 en sus cláusulas 4 y 5, de no discriminación entre personal fijo y temporal, y medidas para evitar el abuso o fraude en la contratación; y un tercer apartado con compromisos de seguir negociando el resto de materias pendientes en septiembre.

Se han conseguido superar las trabas existentes y, gracias al trabajo de CCOO, se ha podido llegar a un Acuerdo que incluye reivindicaciones fundamentales con las suficientes garantías.

Se establece una tasa adicional para que salgan todas las plazas, estén o no en puestos de estructuras, donde no compute la tasa de reposición. Además, se marca la simplificación de las fases de oposición con la posibilidad de agrupar pruebas y debiendo agilizarse los plazos. En cuanto a la fase de concurso, se define que el peso de la experiencia deberá ser mayoritario. Y, para facilitar los procesos de estabilización en el ámbito de la Administración local, se suspenden artículos específicos del RD 896/91.

CCOO ha conseguido eliminar del Acuerdo y del RDL la referencia a la Tasa de Reposición en dos sentidos: por un lado, se autoriza una tasa adicional para poder convocar todas las plazas, estén o no en las relaciones de puestos de trabajo o plantillas; y, por otro, se desvincula la contratación de nuevo personal de la tasa de reposición, a diferencia de la intención inicial del Gobierno.

Uno de los puntos más relevantes es que este proceso de estabilización deberá estar concluido, con las plazas ejecutadas al 100%, antes de finales de 2024.

Un hito sin precedentes es que se marca indemnización, a razón de 20 días por año trabajado, para todo el personal interino que esté en una plaza objeto de estabilización, aunque no supere el proceso, y la posibilidad de quedar nuevamente en bolsa.

En la reforma del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) para evitar el abuso de la temporalidad, CCOO ha conseguido que se incluyan la indemnización como medida compensatoria, sancionadora y disuasoria para que las administraciones cumplan. Se fijan además las condiciones de lo que se considera abuso y las responsabilidades oportunas para las administraciones que incumplan. Y, como elemento clave, se incluyen también los plazos para la cobertura con personal fijo de las plazas en las que se nombre personal interino en vacante.

En el Acuerdo y la reforma del TREBEP se transpone también la directiva europea 1999/70 en materia de homologar los derechos laborales del personal temporal al fijo.

Las medidas son un buen marco general que deberá ser adaptado a los diferentes sectores y administraciones, incluyéndose en el acuerdo las medidas para que esto sea posible en la Administración general, la autonómica y la local.

CCOO hará un seguimiento constante del desarrollo y aplicación de este Acuerdo, y velará por que se hagan realidad sus objetivos para asegurar que de forma efectiva se produzca una consolidación del empleo, se destierre la precariedad de las administraciones públicas y que los servicios públicos tengan los recursos que necesitan.

El Acuerdo marca que se establece a partir de septiembre un calendario de negociación y diálogo social con el objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo global en la Función Pública, en especial todo lo relativo al impulso de la promoción interna y los traslados.

En esta negociación, para CCOO los temas más relevantes son: incremento de las plantillas, jornada laboral, carrera y cualificación profesional, seguir avanzando en la recuperación de poder adquisitivo, planes de igualdad y formación, mejora de las condiciones laborales y de jubilación, rejuvenecimiento de las plantillas y modernización de la Administración pública, entre otros.

CCOO seguirá presionando y defendiendo que se elimine definitivamente la tasa de reposición y trabajando para conseguir todas sus reivindicaciones, con el objetivo de mejorar los servicios públicos y las condiciones laborales de sus trabajadoras y trabajadores.

Comisiones Obreras es el primer sindicato en la Función Pública, al contar con el apoyo de un 37,35% del personal público y tener cinco representantes en la Mesa general de Negociación de las Administraciones Públicas, frente al 33,91% de UGT (cinco representantes), 22,14% de CSIF (tres), 2,88% de CIG (uno) y 3,72% de ELA (uno).

Fuente: BOE no 25, de 29 de enero de 2021 – Referencia: BOE-A-2021- 1267, Anexo 2.1

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Unai Sordo no escondió que este acuerdo es muy satisfactorio para el sindicato. Ni tampoco el hecho de que todas las partes intervinientes en el mismo modificaron sus posiciones de partida. Pero quiso dejar claro que el “diálogo social tiene toda la legitimidad” para llegar a acuerdos trascendentes en materia de pensiones. Un acuerdo que, en breve, “se someterá a la soberanía popular”.

Tras definir el sistema público de pensiones como “un eje vertebrador del contrato social que tiene que renovar España en las próximas décadas” , el secretario general aseguró que el acuerdo alcanzado se encamina a articular “un sistema de protección suficiente para las próximas generaciones”.

También aprovechó para recordar la tarea que aún queda por delante: “En España, vamos a tener un 5% más de personas pensionistas en las próximas décadas que cobrarán una pensión de mayor cuantía y durante más tiempo. Debemos olvidar los recortes y ofrecer respuestas responsables que definan el marco de incrementos en los ingresos del sistema”.

Para Unai Sordo, al cuerdo ofrece soluciones a los y las pensionistas de hoy, pero sobre todo, este “contrato social intergeneracional” es una demanda de la sociedad a quienes hoy tienen responsabilidades de representación colectiva en España.

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Ha sido posible al darse cumplimiento a nuestro objetivo prioritario, que era una reducción importante del número de personas afectadas por extinciones directas, de 1066 a 349 personas, estableciéndose como criterio prioritario la voluntariedad y unas buenas condiciones de salida de la compañía para las personas afectadas por este ERE, evitando así salidas traumáticas.

Los puntos más importantes de este acuerdo son:

Adscripción voluntaria, que no genere vacante, teniendo preferencia las personas que fueron afectadas inicialmente. Esta adscripción finalizará el plazo el 3 de junio, habilitándose para ello un procedimiento interno del que se informará en breve.

Indemnización de 45/33 días más una prima por antigüedad: Hasta 5 años: 3000 € brutos, de 5 a 10 años: 4000 € brutos, más de 10 años: 5000 € brutos.

Como medida para reducir los despidos se produce una modificación reducción de jornada para 170 personas, que no podrá ser superior al 20% de jornada contratada, con una duración de 24 meses. Después se revisará para poder volver a su jornada inicial. Las horas que se reduzcan tendrán la misma indemnización que el despido.

Igualmente, se han conseguido que se oferten 401 vacantes. Las condiciones en caso de vacantes de menor jornada serán las mismas que para la modificación de reducción de jornada.

Este acuerdo no habría sido posible sin el seguimiento masivo por parte de la plantilla de los paros parciales y huelgas convocadas, así como el trabajo incansable de los miembros de la mesa de las organizaciones firmantes y, de la representación legal de los trabajadores en su conjunto.

Gracias.

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Andreu ha recordado que los agentes riojanos tras la pandemia se encuentran ante “un reto histórico y apasionante para convertir nuestra tierra en la región que queremos que sea: más innovadora, más inteligente, más justa, más activa”.

La presidenta ha explicado cuál es el fundamento, los objetivos y el fin de este Acuerdo. “Es el resultado de semanas de trabajo e incluye las grandes cuestiones que es necesario abordar y a las que vamos a dedicar esfuerzo, tiempo y recursos, con el único objetivo de impulsar la reconstrucción económica y social de La Rioja”, ha explicado la presidenta. “Un acuerdo que surge con el objetivo de que los ciudadanos obtengan la confianza necesaria en que el Gobierno, las empresas y los trabajadores se van a ocupar de lo verdaderamente importante ahora: ponernos en marcha y avanzar”, ha concretado.

El secretario general de CCOO, Jorge Ruano, ha incidido en que este pacto supone una “apuesta clara por el reforzamiento y mejora de los servicios públicos, por impulsar herramientas para proteger la seguridad y salud de los trabajadores y ciudadanos” y ha destacado que cuenta con planes específicos para los sectores más castigados por esta crisis.

“El acuerdo mira al futuro, con actuaciones en materia de digitalización, sostenibilidad y vivienda”, ha añadido, valorando muy especialmente la medida anunciada de apoyo a los trabajadores en ERTE, “que se recoge por primera vez en La Rioja” y permite apoyar a “aquellos trabajadores con rentas más bajas”, de sectores precarizados que emplean principalmente a mujeres y jóvenes.

Asimismo, ha elogiado que el acuerdo recoja medidas para dar respuesta a la “necesidad de conciliación y corresponsabilidad”, para que “la igualdad se abra hueco en esta reconstrucción que La Rioja necesita”.

Ruano ha reclamado también acciones en materia de políticas activas de empleo y formación y ha hecho un llamamiento a alcanzar acuerdos porque “es esencial salir todos juntos de esta crisis y no cometer los errores de la crisis de 2008”.

El Acuerdo

El documento rubricado esta mañana contempla las líneas maestras sobre las que construir un proyecto que transmita confianza en el futuro a la sociedad e identifique herramientas útiles para el desarrollo sostenible de la comunidad autónoma. Para ello,, que se abordarán en mesas de trabajo, comisiones específicas o reuniones de carácter transversal con organismos o entidades.

El documento establece la necesidad de poner en marcha de manera urgente medidas en cuatro ámbitos concretos, que comenzarán a trabajarse de manera inmediata:

– Medidas relacionadas con los incentivos a la contratación antes del 31 de julio de 2020.

– Líneas de ayuda económicas dirigidas a los trabajadores afectados por ERTE provocados por el COVID-19, con efectos a partir del 1 de julio de 2020 y el compromiso de alcanzar un acuerdo antes del 31 de julio de 2020.

– Nuevas líneas de ayudas en el ámbito de la conciliación y corresponsabilidad, también con efectos a partir del 1 de julio de 2020 y el compromiso de alcanzar un acuerdo antes del 31 de julio de 2020.

– Desarrollo de las Políticas Activas de Empleo y de Formación Profesional, con la participación de los agentes sociales, antes del 31 de julio de 2020.

Acuerdo reconstrucción económica y social

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Este pacto contribuye de manera de determinante a dar certezas a la ciudadanía en cuanto a cómo afrontar la vuelta a la actividad educativa presencial e incluye suficiente grado de voluntariedad que hará posible adquirir la necesaria experiencia para afrontar el curso 20/21 con una comunidad educativa más preparada para cualquier escenario que se pueda presentar en el mes de septiembre.

Desde CCOO entendemos que para el próximo curso, hacía falta habilitar medidas extraordinarias que tendrían que ir acompañadas de un plan extraordinario de financiación educativa para posibilitar que haya un incremento sustancial del número del profesorado, que haya medidas que permitan paliar la brecha digital, social y económica, y que se refuercen en las plataformas tecnológicas que se han estado utilizando, medidas para garantizar la adecuación de las infraestructuras en los centros educativo

El secretario de la Federación de Enseñanza, Mikel Bujanda, ha recalcado tras la firma del Pacto la importancia de la creación de la Escuela Abierta de Verano: “si se hacía, pero se hacía privadamente, ahora los alumnos más necesitados van a poder volver al colegio – en la medida que lo permitan las autoridades sanitarias – para tener ese refuerzo educativo y si es posible también con el funcionamiento de los comedores escolares”.

Pacto para la Reconstruccion Educativa 2020

“Este año el Gobierno de La Rioja va a organizar actividades gratuitas y voluntarias para nuestros hijos”, hemos apuntado satisfechos. “Este acuerdo refuerza la Escuela Pública”, consideramos. Mikel Bujanda ha entregado a Andreu y Cacho el ejemplar de la revista Piedra de Rayo que recoge las misiones pedagógicas del riojano Bartolomé Cossío.

CCOO reconoce el esfuerzo, la responsabilidad y la adaptación de toda la educativa, el profesorado, los alumnos y las familias, que nos va a llevar el próximo curso con toda la seguridad.

La Federación de Enseñanza de CCOO de La Rioja, conscientes del momento excepcional y de emergencia que estamos viviendo, ha contribuido y contribuirá arrimando el hombro, intentando consensos que necesariamente deben pasar por el fortalecimiento de lo Público: Hemos conseguido un Acuerdo de Reconstrucción de la Educación en La Rioja en el que, con las necesarias medidas sociales y con la imprescindible UNIDAD salgamos cuanto antes de esta crisis.

Las enseñanzas autorizadas en la fase II en La Rioja y cuya asistencia será siempre voluntaria son:

• EDUCACIÓN PRIMARIA:
  Se autoriza su apertura para el alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria y las actividades serán de tutoría, refuerzo y contra la brecha digital, social y económica. Los centros definirán el perfil de prescripción del alumnado invitado.
  EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO:
• Se autoriza la apertura para el alumnado de todas sus enseñanzas, etapas y niveles con actividades de tutoría, refuerzo y contra la brecha digital, social y económica. El alumnado de 4º de ESO y de 2º de Bachillerato que lo necesiten o lo demanden deberán ser, necesariamente, objeto de especial atención y refuerzo para su titulación y EBAU. Y serán los centros quienes definirán el perfil de prescripción del alumnado invitado.
  FORMACIÓN PROFESIONAL:
  Se autorizan actividades de tutoría, refuerzo y contra la brecha digital, social y económica, con especial atención al alumnado de Formación Profesional Básica y 2º curso de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior. El equipo docente, definirá el perfil de prescripción del alumnado invitado.

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