En la actualidad, los cerca de 300 trabajadores de este colectivo llevan años reclamando el derecho a la promoción interna pese al compromiso anunciado por el actual rector, Juan Carlos Ayala. Por otro lado, también existen irregularidades que afectan a trabajadores que pese a haber aprobado una oposición hace dos años, siguen sin tomar posesión en su puesto. Además, hay personal interino en mejores condiciones que el personal funcionario de carrera a quien no le permiten moverse de su puesto de trabajo por falta de suficientes convocatorias.

A esto se suman las deficientes condiciones en la concesión de los permisos, licencias y vacaciones, llevando a trabajadores a no poder disfrutarlas e incluso a no poder realizar cursos de formación por verse obligados a trabajar debido a la falta de personal disponible.

La inestabilidad laboral también se refleja en colectivos como el de los auxiliares de servicios generales, que tienen que desempeñar sus funciones cada día en un lugar diferente y con un horario distinto. Algo que se evitaría si se hubiera revisado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), también prometida por el actual rector, y tan demandada por todo el personal para garantizar unas condiciones de trabajo de calidad y de estabilidad.

Los representantes sindicales también critican las insuficientes medidas adoptadas para conciliar la vida laboral y familiar de la mayoría de estos trabajadores, algo que fue uno de los compromisos “estrella” en la campaña electoral de Ayala al igual que la carrera profesional actualmente paralizada.

La frustración de los sindicatos ante los continuos incumplimientos y vulneración de derechos por parte de Juan Carlos Ayala confían en que los nuevos candidatos a rector tomen nota de estas reivindicaciones y asuntos pendientes para acordar medidas urgentes y solucionar la situación de este colectivo tan necesario para el funcionamiento de la UR.

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A través de la Ley 2/2021, de 29 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2021 el Ejecutivo establece una modificación de las tasas y también exenciones para los colectivos más desfavorecidos.

Se corrige así una situación que se prorrogaba durante años, con el cobro de unas tasas abusivas. La Rioja era la única comunidad que no aplicaba ninguna exención y en la que las tasas eran más elevadas, de manera que para un grupo E llegaba a pagarse hasta tres veces más que la media nacional. Un importe que no podía justificarse por el gasto generado por estos procesos.

Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en La Rioja valoramos que, por fin, el Gobierno regional haya atendido nuestra reivindicación. Es inadmisible que las tasas de oposición supusieran una oportunidad de hacer caja a través de las ofertas de empleo público. Esperamos que esta medida suponga el final de lo que considerábamos un grave agravio comparativo con el resto de las Administraciones y confiamos en que, en el futuro, dejen de producirse este tipo de abusos.

• La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
  Subgrupo A1 (Funcionarios), Grupo A (Laborales) …………………………………… 30,49 €
  Subgrupo A2 (Funcionarios), Grupo B (Laborales) …………………………………… 22,87 €
  Subgrupo C1 (Funcionarios), Grupo C (Laborales) …………………………………… 15,27 €
• Subgrupo C2 (Funcionarios), Grupo D (Laborales) …………………………………… 11,43 €
  Agrupaciones Profesionales (Funcionarios), Grupo E (Laborales) ………………….9,14 €

Exenciones y bonificaciones:

a) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% estarán exentas del pago de la tasa.

b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante al menos un mes antes de la fecha de la convocatoria estarán exentas del pago de la tasa. Serán requisitos para el disfrute de la exención:

1. Que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado una oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales.

2. Que, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional en vigor.

3. Presentar certificado de demandante de empleo.

c) Familias numerosas:
· exención del 100% de la tasa los miembros de familias de categoría especial.
· bonificación del 50% los miembros de las familias de la categoría general
e) Exención del pago de la tasa a las víctimas del terrorismo

f) Exención del pago de la tasa las mujeres víctimas de violencia de género, así como los hijos e hijas a su cargo menores de 25 años.

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La respuesta de Dirección  General de Función Pública, ha sido remitir hoy a las Organizaciones Sindicales, un documento informativo en el que expresa su intención de no convocar a los órganos de representación de los trabajadores para participar en la planificación de la vuelta al trabajo presencial en los diferentes centros de la Administración General riojana.

En dicho documento se limita a explicar la vigencia de la Resolución del 11 De Marzo en la que se establecían medidas a adoptar en materia de gestión de personal, previa al Estado de Alarma, y deja en manos de las Secretarías Generales Técnicas la determinación en el ámbito de sus consejerías, de la organización de sus servicios y de su personal.

Amparándose en dicha vigencia y en el establecimiento de medidas preventivas por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y su publicación en el Portal del Gobierno de La Rioja, consideran innecesario el dialogo, mostrando un total desprecio por la Mesa Sectorial de Servicios Generales.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO La Rioja manifiesta su absoluto asombro e indignación ante este hecho, pues de esta manera La Rioja se convierte en la única CCAA que no ha convocado a los sindicatos a negociar. Al margen de que se hayan alcanzado acuerdos o no, todas las Administraciones Autonómicas lo han hecho. También  la Administración General del  Estado o la Administración de Justicia han hecho lo propio con sus Órganos de Representación.

Solicitamos a la DG de Función Pública que rectifique, y tomando los protocolos de  seguridad necesarios para ello, convoque de inmediato las Mesas de Negociación, para participar en la elaboración de la evaluación de riesgos y de los planes y medidas preventivas previos a la incorporación de los trabajadores.

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Después de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación, el pasado viernes, en relación al augurio que hace el Partido Popular sobre el cierre del Centro de Recuperación de personas con Discapacidad Física de Lardero, desde el Sector de la Administración del Estado, Servicios a la Ciudadanía CCOO La Rioja, queremos manifestar:

• Que el Partido Popular  manipula una información, para ocasionar inquietud, tanto en el personal del centro, como en los usuarios del mismo.
• Que la situación actual, (información dada, tanto por la Directora del Centro, como por representantes de la Delegación del Gobierno) no es sino el fruto de un problema administrativo, tanto de los víveres, como de los profesores por el cambio del sistema de contratación de los mismos, ya que se debe realizar a través de una nueva plataforma, que ha ocasionado retrasos en dichas contrataciones.
• Que en ningún momento nos consta que el IMSERSO ha pretendido  el cierre del CRMF de Lardero, que éstas son las elucubraciones tanto del Partido Popular como de algún sindicato, que han creado unas alarmas, del todo infundadas, ya que la contratación del servicio de vigilancia ya está hecha, el suministro de víveres ya se ha solucionado y solo queda solucionar el trámite de la contratación del profesorado.

Por todo ello, desde éste Sector de la Administración del Estado, Servicios a la Ciudadanía CCOO La Rioja, instamos al Partido Popular a no difundir informaciones malintencionadas que solamente crean malestar en el colectivo de personas con discapacidad y en los trabajadores y trabajadoras del CRMF de Lardero.

Asimismo instamos a los responsables del CRMF y del IMSERSO a solucionar lo antes posible la situación administrativa creada.

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José Antonio Torres, secretario general de CCOO de Construcción y Servicios de La Rioja, y Vicente Sánchez, secretario general de CCOO de Construcción y Servicios, han explicado hoy que, pese a la aprobación de la Ley de Contratación Pública en 2017, todavía se sigue dando más peso al precio respecto a la calidad, lo que repercute en los derechos de los trabajadores.

Los primeros datos del Observatorio, referentes al último trimestre de 2019, reflejan que en La Rioja se adjudicaron en ese periodo 31 contratos por valor de 23,5 millones de euros, en los que las administraciones “se ahorraron” siete millones, un 26%. Así, hay contratos, como uno de Logroño Deporte de octubre, con una reducción del presupuesto inicial hasta en un 98%.

CCOO denuncia que estas adjudicaciones a la baja se traducen en una reducción significativa de puestos de trabajo y de calidad. Para cambiar esta situación, es necesario que se dote de recursos a la Oficina de Control de la Contratación Pública y que se derogue la Ley de Desindexación, aprobada por el PP en 2015.

Esta ley sigue vigente, pese a que dos años después se aprobó la Ley de Contratación Pública, y rebaja las obligaciones por parte de las administraciones públicas de controlar si la adjudicataria paga los salarios, las cuotas de la Seguridad Social y sus obligaciones con Hacienda.

El Observatorio tiene prevista la publicación de informes periódicos por territorios y sectores en base a las adjudicaciones concedidas por las diferentes administraciones en la web http://construccionyservicios.ccoo.es.

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Como es natural, al conocer tal anuncio a través de los medios de comunicación, explica el Comité de Empresa de la FHC, el interés despertado entre la plantilla de la FHC fue enorme: RRSS, grupos de WhatsApp y demás torturas modernas “echaban humo”. En cuanto nos fue posible, accedimos a los vídeos de la comparecencia pública de los portavoces del PSOE regional, Sra. Concha Andréu y Sr. Raúl Juárez, devoramos todas las noticias relacionadas con este asunto, todas las explicaciones, todos los comentarios, todas las reacciones.

El mismo lunes 25 por la tarde, el Comité de Empresa se puso en contacto con el PSOE de La Rioja al objeto de solicitarles una copia de la Proposición de Ley, la cual tuvieron la amabilidad de facilitarnos ese mismo día. De hecho, hoy miércoles 27, tal Proposición ha sido publicada ya en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja (Serie A, Núm. 204, de 27/06/2018). Accesible haciendo CLIC AQUÍ.

Una vez que el Comité ha podido analizar el texto de la Proposición de Ley -publicada oficialmente hoy, 27 de junio-, vistas algunas manifestaciones públicas (en particular una nota publicada por el Partido Popular el mismo lunes 25), considera preciso, y útil, realizar las siguientes manifestaciones:

1.- Este Comité de Empresa se ha caracterizado, siempre, por su independencia respecto de cualquier opción política, procurando, como es natural y obligado, mantener una relación eficaz y productiva con todos los partidos y grupos con representación en el Parlamento de nuestra comunidad y en los diferentes municipios de La Rioja Baja. Hemos estados, estamos y estaremos, siempre, a disposición de todos ellos, para abordar cualesquiera cuestiones relacionadas con nuestro hospital. En este sentido, conviene recordar que hace ahora un año, en julio de 2017 mantuvimos con todos los grupos parlamentarios (PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos) una ronda de reuniones al objeto de presentarles las necesidades de FHC, en particular su ineludible e imperiosa necesidad de integración, tratando, ya entonces, conjuntamente sobre las vías técnicas para lograrlo.

2.- Analizado el texto de la Proposición de Ley presentada por el PSOE de La Rioja, constatamos que articula una vía que hace posible la integración real del FHC en el SERIS. Efectivamente, se plantea la conversión de FHC en una auténtica “fundación pública sanitaria”, adscrita al SERIS, y a la que se puede adscribir, a su vez, personal estatutario (funcionarios de los servicios de salud) del SERIS.

Se trata del mismo itinerario legal que siguió el Gobierno de Baleares en 2011 para la integración de sus dos “fundaciones sanitarias en mano pública”, idénticas a FHC, la Fundación Hospital Manacor y la Fundación Hospital Son Llatzèr. La ley de Baleares pueden verla vds. haciendo CLIC AQUÍ (BOIB de 28/02/2011). Y en el BOE (7/03/2011) haciendo CLIC AQUÍ. Comprobarán vds. lo que decimos: sus similitudes con la Proposición de Ley presentada en La Rioja, pues se trata de un mecanismo técnico-jurídico bien conocido por quienes no dedicamos en España a la gestión de los servicios sanitarios en el Sistema Nacional de Salud.

3.- Cuando se tratan cuestiones tan serias y trascendentes para la vida de los ciudadanos como la provisión y gestión de los servicios sanitarios, lo menos que se les debe exigir a los representantes públicos es que actúen con rigor y responsabilidad. El conocimiento en la materia se les supone.

FHC nace en el año 2000 al amparo de la Ley 15/1997 y el Real Decreto 29/2000, como una persona jurídico-privada (sometida al derecho privado, y así sigue siendo en la actualidad) integrada en el “sector público” sólo porque su financiación es pública en más del 50% (en nuestro caso el 100%). Somos pues, y esto lo sabe cualquiera, una persona jurídica de base fundacional, sometida al derecho privado, que provee servicios en el Sistema Nacional de Salud y que por ser financiada con fondos públicos forma parte del llamado “sector público”. Pero ni FHC es una “Administración Pública” (ni lo es ahora ni lo fue nunca), ni se somete al derecho público (ni su personal son funcionarios, ni se haya sometida a la jurisdicción contencioso-administrativa) ni forma parte del Servicio autonómico de Salud (SERIS). Esto es algo que sabe cualquiera que entienda mínimamente de gestión sanitaria.

Fundaciones como FHC han existido otras tres más en España: los hospitales Son Llatzèr y Manacor en Baleares y Fundación Hospital Alcorcón en Madrid. Las dos primeras ya fueron integradas en el Servicio Balear de Salud por el Gobierno de Baleares en 2011, la madrileña está en trance de serlo (ya existe una Ley que así lo prevé). A estas fundaciones la doctrina administrativista española las ha denominado “fundaciones sanitarias en mano pública”. Y esa denominación, “fundación sanitaria en mano pública”, se ha impuesto desde las cátedras de derecho administrativo para diferenciarlas de otras fundaciones denominadas técnicamente “fundaciones públicas sanitarias”, creadas no por la Ley 15/1997, sino un año después, por la Ley 50/1998. A diferencia de FHC, las “fundaciones públicas sanitarias” son “Administración Pública”, pueden tener personal estatutario y se someten al derecho administrativo plenamente.

Como sabemos bien, las palabras son hermosamente flexibles, por ello muy adecuadas para decir y para ocultar, para desvelar la verdad pero también para perpetuar el engaño. Podemos decir que FHC es una fundación y eso es cierto, claro. Podemos decir que es pública, sí, y lo es desde el punto de vista de que su presupuesto es público en más de un 50% (y este criterio es el que define al llamado “sector público”). Podemos decir que es sanitaria, toma claro, como que es un hospital. Podemos decir, pues, que es una fundación, que es pública y que es sanitaria, en los sentidos indicados. Pero FHC no es una “fundación pública sanitaria” en sentido técnico-jurídico (Ley 50/1998) porque no es Administración Pública ni su personal puede ser funcionario estatutario, ni ejerce potestades administrativas, ni se somete al derecho administrativo. Somos públicos, pero no somos una “Administración Pública”, nunca lo hemos sido y por eso no podemos cubrir nuestros servicios.

4.- Es obligado referirse, pues, a la nota hecha pública por el Partido Popular el pasado lunes día 25. Estamos seguros de que se trató de una primera reacción, un tanto apresurada, que no refleja el sentir del Gobierno regional. Nos parece deseable, como ciudadanos, que el debate político no siga las mismas pautas que una pelea de hooligans. Se podrá, o no, estar de acuerdo con lo que propone otro partido o grupo parlamentario, pero el debate debe ser riguroso y, sobre todo, veraz. Es nuestra vida, la de todos los riojanos, la que se ve afectada por las mentiras interesadas de los gobernantes.

Tal y como hemos explicado, lo único cierto que se dice en esa desafortunada nota del PP del lunes 25 es que la expresión “fundaciones sanitarias en mano pública” no se menciona en la Ley 15/1997 ni en ninguna otra. Claro, lo que hace esa Ley, de la cual nace FHC, es admitir que los servicios sanitarios en el Sistema Nacional de Salud se provean mediante cualquier forma de personificación jurídica (empresa, fundación…) y no sólo por una “Administración Pública”. Ha sido la doctrina administrativista española, como hemos explicado, la que llamó así a FHC (y a las otras tres fundaciones similares que han existido) para diferenciarlas, precisamente de las “fundaciones públicas sanitarias” en sentido estricto (FHC no lo es).

Transformar FHC en una auténtica “fundación pública sanitaria (Ley 50/1998) es una de las formas posibles de proceder a la integración de FHC en el SERIS, haciendo posible la captación de profesionales a los que ofertar plazas estatutarias como en el resto de centros del Sistema Nacional de Salud. De hecho, como señalamos, ese ha sido el itinerario de integración seguido por Baleares en 2011 para integrar a sus dos “fundaciones sanitarias en mano pública” en el Servicio Balear de Salud.

Si no gusta esa vía y se prefiere otra para obtener el mismo resultado, ello es posible. Y si no se quiere integrar a FHC, si prefieren vender o desmantelar nuestro hospital, como intentaron en 2012, también lo pueden decir; nos parecerá un gravísimo error pero es una opción política que algunos parecen seguir albergando a la espera de poder reintentarlo. Pero lo que no podemos permitirnos, todos, como riojanos, es engañarnos (menos aún intentar engañar a los ciudadanos) faltando a la verdad.

5.- El mismo lunes día 15 de junio, el Pleno del Ayuntamiento de Calahorra aprobaba una moción instando al Gobierno regional a la integración de la “fundación sanitaria en mano pública” FHC en el SERIS. Y lo hacía por unanimidad de todos los grupos, también del Partido Popular.

Ese, el del acuerdo, es el camino. La ventaja que tenemos en La Rioja es que una “fundación sanitaria en mano pública” como es FHC, cuya plantilla hemos sido seleccionados conforme a rigurosos procedimientos homologables (y aun mejores y más rigurosos) que cualquier posición administrativa puede ser integrada directamente por preverlo así la Ley expresamente (ratificado por el Tribunal Constitucional). Les pedimos al Parlamento y al Gobierno que lo hagan. Por favor.

La alternativa a la integración de FHC es su desintegración, que no podamos atraer profesionales pues optan por otras CCAA que les ofrecen la seguridad de una plaza funcionarial que FHC no puede ofrecer porque no somos un Administración Pública. La situación el servicio de Urgencias (ver nuestra Nota del pasado 15 de junio) es la mejor prueba.

6.- Este Comité de Empresa se pondrá inmediatamente en contacto con todos los partidos y grupos parlamentarios, agradeciéndoles de antemano su amable interés para garantizar el futuro de hospital calagurritano con el rigor y dedicación que algo tan serio merece.

Entendemos, cómo no, que se tengan diferentes ideas, que se planteen opciones variadas sobre cómo hacerlo, pero la integración directa de FHC y la estatutarización de su personal no sólo es algo legalmente previsto, es una necesidad urgente.

A día de hoy, tras años advirtiéndolo en vano, ya no es una opción. Es una necesidad inaplazable.

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Por qué hemos votado en contra

Los empleados públicos de La Rioja teníamos reconocido el derecho al pago de la carrera profesional desde 2011 en una cuantía que doblaba a las previstas en este nuevo Decreto, pero el Gobierno de Pedro Sanz suspendió el pago de dicha carrera, que ahora se recupera parcialmente y seis años después, sin efectos retroactivos.

El nuevo Decreto contempla una carrera recortada, rebajada, burocrática, con cuantías mínimas (50% de lo previsto en 2011, sin recuperar lo perdido y con evaluaciones reiteradas) ya que todos los años será necesario revalidar la adquisición del Grado correspondiente, dado que éstos son expresamente declarados como no consolidables.

Además de no recuperar lo arrebatado, los sindicatos firmantes (UGT, CSIF y STAR) están avalando la política de recortes del Gobierno del PP de La Rioja. ¿Dónde está la recuperación de las 35 horas, de los 18 periodos lectivos, del complemento IT…?

Al aplicar un criterio restrictivo y cicatero, dejará fuera a un número de funcionarios interinos y jubilaciones producidas a lo largo de 2017. CCOO solicitó que se incluyeran a todos los empleados públicos que hubieran trabajado a lo largo de 2017.

CCOO ha pedido y argumentado que el abanico salarial que abre la carrera profesional debe reducirse hacia cantidades más lineales, porque un trabajo bien hecho es independiente del puesto desempeñado. La calidad del servicio público la garantizamos entre todo el personal, desde el operario hasta la catedrática.

En 2017 podremos adquirir el primer grado. El segundo grado solo se podrá adquirir seis años después, es decir, en 2023. La Administración ha rechazado la propuesta de CCOO de establecer un periodo transitorio, de tal manera que cada año se pudiera adquirir un nuevo grado.

CCOO, el sindicato mayoritario entre el personal docente de la Enseñanza Pública riojana, critica que este borrador de Decreto no haya pasado por la Mesa Sectorial de Educación. Los sindicatos firmantes representan el 44% del profesorado, por lo tanto exigimos que el desarrollo de este Decreto pase previamente por la Mesa Sectorial de Educación y sea negociado con los representantes legales y legítimos del profesorado.

El pago y efectividad de la Carrera Profesional dependerá cada año de la aprobación de los correspondientes Presupuestos Generales de La Rioja, de tal manera que, si la Administración decide no ejecutar la correspondiente convocatoria, no se llevará a cabo el pago de la misma, teniendo en cuenta además que ningún empleado público consolida el grado adquirido.

La carrera profesional

La carrera horizontal consiste en la progresión voluntaria de grado, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. Se valorara la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y transferidos y el resultado de la evaluación del desempeño. El decreto aprobado contempla un concepto retributivo para el personal funcionario y laboral y para los temporales e interinos.

Para el año 2017 las cuantías del Grado I son las siguientes:

Grupo A1: 1.144,40 euros

Grupo A2: 858,30 euros

Grupo C1: 643,49 euros

Grupo C2: 482,74 euros

Agrupación Profesional: 362,17 euros.

Se realizará un pago a cuenta al empleado público durante el mes de diciembre de 2017, siempre que no medie renuncia expresa a participar en el plazo de 5 días hábiles a contar desde la publicación del Decreto. Dicho abono a cuenta se hará firme, si se  cumplen los siguientes REQUISITOS:

-Tienen derecho a cobrar estas cantidades todos los empleados públicos (funcionarios y laborales) de la CAR incluidos los docentes, personal interino y temporal que hayan trabajado en la Administración Pública durante 5 años, (aunque sean discontinuos), en el mismo cuerpo o categoría y que estén en activo a fecha 1 de enero de 2017 en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Ojo interinos y jubilados en esa fecha.
-Objetivo Individual: se deberá elaborar un “Mapa individual del puesto de trabajo”. Este consistirá en identificar y describir las funciones, tareas y aspectos del puesto de trabajo, cumplimentado por el propio empleado público, en un formulario especial. Dicho Mapa deberá contar con el visto bueno del superior jerárquico.
-Formación: haber realizado un curso de formación homologado en los últimos 5 años a contar desde la entrada en vigor de este Decreto o en los 6 meses posteriores.

Esta documentación que acredite los requisitos se deberá presentar de manera electrónica dentro del plazo máximo de 6 meses a partir del siguiente al de su publicación.

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Al contrario de lo que Domínguez afirmó, CCOO cree que se ha negociado poco y mal y recuerda que se ha devuelto la paga extra robada por el Ejecutivo estatal a plazos. No hablen ustedes del esfuerzo económico que ha supuesto para las arcas de la Comunidad porque a nosotros como trabajadores nos supuso bastante más destrozo en nuestras ya recortadas nóminas.

En el acuerdo firmado en abril de 2016 para la recuperación de los derechos, -sin el apoyo de CCOO, que votó en contra-, el Gobierno regional concedió ‘los canosos’ obligado por la normativa estatal y la presión del Juzgado, lo que, por cierto, ha costado dinero público en concepto de costas. Una buena medida habría sido devolver los canosos, de manera universal y con carácter retroactivo, a todo el personal funcionario y laboral, y de paso ahorrarnos el dinero de la condena de costas.

Respecto al resto de derechos robados por el Ejecutivo central, de momento, no se sabe nada de la Carrera Profesional, que no es otra cosa que el aumento de la diferencia salarial entre los distintos grupos.

Y ya ni hablemos de la jornada de 35 horas, que generó en su momento una importante oferta de vacantes, amortizadas tras el aumento de la jornada a todos los empleados públicos. Si Domínguez reconoce que ahora somos más empleados y lo vende como un logro de su Ejecutivo, la pregunta a continuación es clara: ¿por que destruyeron empleo, sabiendo que perjudican los servicios?

No contentos aún así se atrevieron con el recorte del 100% de las bajas por enfermedad común, lo que CCOO considera una clara agresión a los trabajadores enfermos. En este sindicato aún estamos a la espera de que se faciliten los datos del absentismo laboral.

En cuanto a la transparencia, CCOO cree que el acuerdo con Ciudadanos para evitar el aumento de de las comisiones de servicio no ha logrado evitar que se sigan dando de manera discrecional, o dedocracia, puesto que no hay una comisión de valoración pública y un baremo que se pueda comprobar y, en su defecto, protestar.

Respecto del resto de acuerdos, no dejan de ser acuerdos parciales, pequeños parches para las grandes heridas, que también se acordaban con el anterior Ejecutivo, ya que siempre hay alguien que les firma.

Los grandes acuerdos están por llegar de la mano de la estabilización por el empleo, la devolución de la jornada de 35 horas, la suspensión del recorte del 100% de las IT y la devolución real de los canosos con carácter retroactivo a todo el personal.
Dejen de mirarse el ombligo, de ser autocomplacientes y devuélvanos todo lo que nos robaron.

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