La primera sentencia favorable fue en verano de 2015 y, desde entonces, más de 300 trabajadores han tenido que acudir a reclamar judicialmente a la extensión de sentencia en ese Juzgado, lo que ha supuesto una “avalancha” de procedimientos. La cuantía de las sucesivas condenas en costas derivadas de los numerosos procedimientos abreviados asciende ya a una suma de miles de euros. Esto ha supuesto un gasto extraordinario a la Comunidad Autónoma, además de un despilfarro en recursos humanos de la Administración riojana.

 Es fácil ser cabezota y negarse a negociar y a reconocer derechos cuando el que paga es el pueblo riojano. Con la primera sentencia, la Administración tenía que haberse sentado a negociar y reconocer el carácter retroactivo de los ‘canosos’ a todos los trabajadores, incluido el personal laboral.

Por ello, CCOO exige al Gobierno regional que los responsables políticos culpables de esta metedura de pata paguen estas costas de su propio bolsillo y no lo carguen a las cuentas públicas. En concreto, deberían asumir su responsabilidad el Consejero de Administraciones Públicas, el Director de Servicios Jurídicos y la Directora de Función Pública.

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