Las concentraciones programadas se iniciarán con un minuto de silencio en señal de duelo por la memoria de nuestra compañera Nuria.

El trágico suceso ocurría ayer por la tarde mientras estaba trabajando en el departamento de cocina de este centro penitenciario, cuando un interno que tenía su destino de trabajo en cocina le asestaba varias puñaladas, causándole la muerte. Después de cometer el delito, el interno se suicidó. Están abiertas diligencias judiciales y se están investigando los hechos.

Los sindicatos de prisiones hemos mostrado las condolencias a la familia y personas allegadas a la víctima. Nuestra profesión conlleva muchos riesgos laborales pero morir trabajando es el más dramático y nunca esperas que pueda suceder. Hoy las plantillas penitenciarias estamos consternadas por lo sucedido en la prisión de Tarragona, y exigimos los medios necesarios para regresar cada día
a casa con vida.

Esta muerte trabajando debe ser el punto de inflexión para que las distintas administraciones penitenciarias protejan, de una vez, al personal que trabaja en los centros penitenciarios y sean garantes de la salud y seguridad laboral de sus trabajadores.

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Esta agresión se ha producido por uno de los presos implicados en el intento de fuga mediante butrón descubierto este pasado martes. Donde ha resultado herido un jefe de servicios requiriendo servicios hospitalarios.

Estas agresiones, por desgracia, no son las primeras ni van a ser las últimas. Estas situaciones de riesgo innecesario se producen debido a la falta de personal y medios, cuestión conocida por parte de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias sin que hayan dado una solución. Estas agresiones son consecuencia del perfil de internos que alberga el centro, muchos de ellos derivados (los más conflictivos) de los centros penitenciarios del País Vasco y de Navarra. Este Centro no reúne las condiciones materiales, arquitectónicas y de personal requeridas por la Legislación Penitenciaría, para un adecuado tratamiento de dichos internos, además de ser considerada una prisión de tipo C (bajo riesgo).

Desde los sindicatos, abajo formantes, llevamos mucho tiempo reivindicando el reconocimiento de los funcionarios y funcionarias de prisiones como agentes de la autoridad de cara a proteger su integridad, cuestión ignorada por parte del Ministerio del Interior.

El aumento de internos psiquiátricos está aumentando la carga de conflictividad y agresividad en los centros penitenciarios, donde no se dispone ni de psiquiatras ni de módulos para su tratamiento.

Volvemos a insistir en el traslado de los internos que realizaron las agresiones a Centros más modernos y con mayor seguridad, para evitar posibles altercados, y con mayor celeridad de la que se está realizando.

Exigimos que por parte de la Dirección del Centro Penitenciario, autoridades penitenciarias y del Ministro del Interior se tomen las medidas necesarias para que estas situaciones no se vuelvan a repetir.

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Se están incumpliendo requisitos elementales de salubridad, (hornos en el suelo, cámara frigorífica en el despacho del funcionario, menaje de cocina en el acceso al polideportivo, etc.), puesto que la elaboración de la comida se lleva a cabo en el mismo lugar donde se están realizando las obras. Actualmente la elaboración de la comida es para unos 270 internos. 

La falta de previsión evidencia una vez más la nula organización de esta dirección, que además de problemas de seguridad alimentaria generados, provoca que el funcionario de cocina, encargado de la seguridad de la misma, apenas pueda controlar a los internos ya que tiene por el medio a obreros poniendo baldosas o haciendo hormigón. En estas circunstancias, resulta más complicado garantizar la seguridad tanto de los internos, como de los obreros, así como la propia seguridad del funcionario.

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En estos momentos existen 16 positivos aislados entre la población reclusa, asimismo se ha aplicado confinamiento a varios módulos del establecimiento penitenciario por haber tenido contacto estrecho con alguno de los afectados.

Estas medidas son necesarias, pero para CCOO no son suficientes, pues una vez acreditado que las barreras para impedir la entrada del virus han fracasado, es necesario evitar su expansión, especialmente en una prisión donde existe un porcentaje elevado de población vulnerable, tanto entre el personal por el envejecimiento de las plantillas, como entre los internos con patologías.

CCOO exige a los responsables del Centro penitenciario y a las autoridades sanitarias que se tomen con urgencia las medidas para garantizar la prevención y la protección de la cárcel e Logroño frente al Covid, considerando necesario un cribado general inmediato que permita detectar casos asintomáticos, que deben de ser sostenido en el tiempo.

CCOO denuncia que nuevamente las prisiones están padeciendo la falta de prevención de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y como consecuencia se asiste a un incremento exponencial de los casos de coronavirus, tanto entre la población reclusa como entre el personal penitenciario.

CCOO demanda a los responsables penitenciarios un ejercicio de responsabilidad, y no olvidar que la pandemia continúa, que no todos los vacunados desarrollan inmunidad, por lo que pueden, además, contagiarse y contagiar. Por ello, todas las medidas preventivas deben seguir activadas al máximo nivel facilitando todos los medios y medidas de prevención al personal penitenciario y a la población reclusa.

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Se ha producido una situación que CCOO considera de extrema gravedad, toda vez que tras comunicarse al Centro Penitenciario un positivo, no se toma ninguna medida preventiva con el personal que ha compartido su actividad durante cuarenta horas en contacto estrecho.

No solamente no se realiza diligentemente el estudio de contactos, y se participa al servicio de prevención y a la consejería de salud, sino que el siguiente ciclo de trabajo se les obliga a acudir al centro a prestar servicio poniendo en riesgo al resto de la plantilla y a la población reclusa.

Evitar que el COVID sea endémico en prisiones es fundamental, pues al tratarse de una organización cerrada, el contagio es muy fácil y podría repetirse una situación tan dramática como en las residencias.

Los riesgos se incrementan por las patologías existentes entre la población reclusa que la deja muy expuesta o el envejecimiento de las plantillas que aumenta su vulnerabilidad

CCOO ha exigido al Centro Penitenciario de Logroño y a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, medidas eficaces para proteger y prevenir frente a la pandemia la prisión riojana, que son básicas y se enmarcan en criterios objetivos

• Mejora del rastreo y de los estudios de contactos
• Mascarillas para toda la población reclusa
• Mecanismos de control y cuarentana para toda la población reclusa con contacto con el exterior
• Medidas como el teletrabajo para el personal vulnerable
• Dotación de mascarillas fp2 para el personal que trabaja en contacto estrecho con la población reclusa

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En la reunión han dejado constancia de que el tema principal es el estado de salud del compañero agredido y las medidas que se van a tomar al respecto para evitar que dichos actos se vuelvan a repetir.

En todo momento, el director ha asumido la responsabilidad de lo acaecido y les ha trasladado que tomará las medidas oportunas para evitar que hechos similares puedan repetirse.

El trabajador fue agredido por un interno al que se le había notificado la prolongación de la situación de aislamiento en la que se encontraba por haber agredido a otro interno el día anterior. No sólo le pegó un puñetazo, pillándole desprevenido, sino que continuó dándole patadas en la cabeza. El funcionario tuvo que esperar a que otros internos frenaran al agresor hasta que llegaron sus compañeros a asistirle.

Como ha detallado Teo Lera, delegado de CCOO en la prisión de Logroño, este suceso no habría sido tan grave si la prisión hubiera contado con el personal suficiente para que el funcionario fuera acompañado en esta tarea.

Los representantes sindicales han solicitado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la conducción urgente del interno a otro centro y la elaboración de un protocolo de actuación para casos de aislamiento provisional y aislamiento en celda.

Además, reclaman la puesta en conocimiento de los hechos acaecidos al Juzgado de Guardia remitiéndole toda la documentación necesaria.

Otra de sus peticiones es instar a la dirección del centro a que internos de estas características con primer grado o recién progresados del primer grado no ingresen en la prisión de Logroño, ya que esta no reúne las condiciones necesarias para ello, por ser una prisión 2.2 (de baja peligrosidad), a lo que hay que sumar la falta notable de personal para poder realizar los servicios de manera adecuada y  con un mínimo de seguridad.

CCOO ha denunciado que la prisión de Logroño cada vez recibe más internos que no cumplen las condiciones y los funcionarios no cobran por ello, por lo que pide que se elimine las baremaciones entre prisiones.

Lera estima que en la prisión de Logroño harían falta unos 30 funcionarios más, dadas las bajas que se están dando por jubilaciones o por paso a segunda actividad en interior.

A todas estas reclamaciones, el director ha dejado claro que los internos son impuestos por la Dirección General y que el traslado de los internos conflictivos debe ser motivado por informes y partes sin los cuales es imposible justificar la petición de traslado.

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CCOO ha venido denunciado la situación alarmante del Centro Penitenciario de Logroño, donde existe un déficit estructural de personal que alcanza ya el 17% de vacantes, a lo que hay que añadir el envejecimiento de la plantilla y la necesidad de estrategias para abordar la enfermedad mental, así como contar con los medios necesarios.

Las agresiones en prisiones se han duplicado en el último año, sin que se haya tomado ninguna medida. El propio Ministerio del Interior reconoce que fueron 2.132 en los últimos 6 años y la cifra va en aumento. 

CCOO exige que se adopten las medidas necesarias para salvaguardar la salud del personal penitenciario de Logroño y denuncia que el protocolo contra las agresiones en Instituciones Penitenciarias es una mera declaración de intenciones y que no aborda los problemas estructurales que generan las agresiones en los Centros Penitenciarios.

CCOO lleva meses defendiendo:

– Hacen falta medidas legales como el reconocimiento inmediato de agente de la autoridad al personal penitenciario y la defensa jurídica.

– La necesidad de personal suficiente con una oferta de empleo público extraordinaria.

– Un plan integral contra las agresiones al personal penitenciario digno que garantice la salud laboral.

Desde CCOO se insta a IIPP a que adopte las medidas necesarias y urgentes para dar solución a la falta de personal y a las agresiones que sufren los trabajadores penitenciarios.

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Los trabajadores de prisiones se han concentrado hoy frente al acuartelamiento de la Guardia Civil en Logroño con motivo de la visita del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para pedir un trabajo digno y justo.

Junto a UGT, CSIF, ACAIP y CIG, CCOO ha convocado esta concentración para conseguir la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos de las prisiones españolas. Durante octubre y noviembre, se han celebrado varios días de huelga a nivel estatal, secundada también en el centro penitenciario de Logroño. Buscan visibilizar el abandono que sufre el colectivo y reivindicar unas mejoras salariales justas.

También reclaman más dotación de personal y de medios en el Centro Penitenciario logroñés, ya que su plantilla de trabajadores de vigilancia tiene actualmente 43 vacantes, con un grave problema de envejecimiento de la plantilla.

Asimismo, consideran urgente que la Administración Penitenciaria implante una verdadera política de prevención de riesgos laborales y desarrolle programas de tratamiento y prevención de la violencia en las cárceles.

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Tras dos jornadas de huelga en el mes de octubre, la indignación del colectivo de trabajadores penitenciarios ante el inmovilismo del Gobierno ha llevado a las cinco organizaciones sindicales a convocar nuevamente huelga los días 17,18, 19 y 20 de noviembre en los 84 centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, entre ellos el de Logroño.

La movilización, que llevará el paro total a los establecimientos penitenciarios, dará comienzo a las 22:00 horas de esta noche, coincidiendo con el relevo en el turno de noche en las prisiones. Al coincidir las jornadas de huelga en fin de semana, el servicio de comunicaciones de las cárceles españolas se verá especialmente afectado.

Para las organizaciones convocantes, el Ministerio del Interior ha demostrado poca voluntad política y manipulación mediática. Además, lamentan la falta de apoyo de los diferentes grupos parlamentarios a las justas reivindicaciones de las centrales sindicales de prisiones, que apostamos decididamente por corregir la brecha salarial existente en nuestro ámbito como consecuencia de una clasificación obsoleta de los centros penitenciarios que data de 1989.

La Administración Penitenciaria falta al respeto al colectivo de funcionarios, funcionarias y personal laboral de II.PP. al obviar nuestras legítimas reclamaciones de mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores de prisiones, dado que desde el día el 28 de septiembre ni el Ministerio del Interior ni la Secretaría General de II.PP. han convocado a la parte social para buscar una solución al conflicto laboral vigente. El malestar en las plantillas de las cárceles españolas crece por momentos.

Los convocantes de la huelga exigen al Ministro Fernando Grande Marlaska que desbloquee la situación de conflicto laboral y se siente a negociar y ponga encima de la mesa como mínimo la propuesta de subida retributiva que anunció a la parte social el 25 de septiembre el secretario general de II.PP., es decir, un incremento retributivo de media aproximativo de 375 euros en el complemento específico para los ejercicios de 2019, 2020 y 2021.

En el Centro Penitenciario de Logroño, reivindicamos más dotación de personal y de medios, ya que su plantilla de trabajadores de vigilancia tiene actualmente 43 vacantes, con un grave problema de envejecimiento de la plantilla. Precisamente, la falta de personal es una de las causas fundamentales del aumento de las agresiones que se viene produciendo en los últimos años.

A este respecto, los sindicatos consideran necesario que, de forma urgente, la Administración Penitenciaria implante una verdadera política de prevención de riesgos laborales y desarrolle programas de tratamiento y prevención de la violencia en las cárceles.

Otra de los grandes problemas del colectivo es la pérdida de poder adquisitivo, que alcanza el 14%, que viene agravada por brechas salariales injustificadas entre puestos de trabajo iguales, como consecuencia de la clasificación por categorías de los centros. En este sentido, los sindicatos instan a la actualización de la categoría del Centro Penitencio de Logroño, que ostenta una de las más bajas de España y, en consecuencia, sus trabajadores cuentan con unos de los peores salarios.

Además, los empleados no tienen posibilidad de acceder a promoción interna, carrera profesional ni a concursos de traslados, y están sufriendo recortes en formación y en acción social.

Asimismo, los sindicatos denuncian que la Administración está desmantelando la Sanidad Penitenciaria y que sigue privatizando servicios.

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Estos sindicatos, que ostentan la mayoría de la representación sindical, llevan realizando, desde principios de año, una intensa campaña de movilizaciones para denunciar la situación de deterioro público de la prisión de Logroño, visibilizar el abandono que sufre el colectivo penitenciario y reivindicar unas mejoras salariales justas para los empleados públicos que en ella trabajan.

Reivindicamos más dotación de personal y de medios en el Centro Penitenciario logroñés, ya que su plantilla de trabajadores de vigilancia tiene actualmente 43 vacantes, con un grave problema de envejecimiento de la plantilla. Precisamente, la falta de personal es una de las causas fundamentales del aumento de las agresiones que se viene produciendo en los últimos años.

Consideramos necesario que, de forma urgente, la Administración Penitenciaria implante una verdadera política de prevención de riesgos laborales y desarrolle programas de tratamiento y prevención de la violencia en las cárceles.

Otra de los grandes problemas del colectivo es la pérdida de poder adquisitivo, que alcanza el 14 por ciento, que viene agravada por brechas salariales injustificadas entre puestos de trabajo iguales, como consecuencia de la clasificación por categorías de los centros. En este sentido, instamos a la actualización de la categoría del Centro Penitencio de Logroño, que ostenta una de las más bajas de España y, en consecuencia, sus trabajadores cuentan con unos de los peores salarios.

Además, los empleados no tienen posibilidad de acceder a promoción interna, carrera profesional ni a concursos de traslados, y están sufriendo recortes en formación y en acción social.

La Administración está desmantelando la Sanidad Penitenciaria y sigue privatizando servicios.

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