En los últimos meses, nuestro mundo ha experimentado un cambio sin precedentes. La pandemia de la COVID-19 ha hecho tambalear los cimientos de nuestro sistema. Se han evidenciado las debilidades y contradicciones de una economía depredadora que se encuentra al límite del colapso. El virus no es causa, sino consecuencia de una crisis sistémica profunda, y supone un cambio de paradigma que apenas empezamos a comprender. Necesitamos abandonar un sistema que descarta a las personas y destruye el planeta, y caminar hacia la justicia social y climática para poner en el centro los colectivos más vulnerables y garantizar el derecho a una vida digna.

La emergencia climática ya era una expresión de esta crisis sistémica. El desastre se advertía desde hace décadas en los numerosos informes científicos, en el constante flujo de personas obligadas a abandonar sus lugares de origen o en las voces de quienes resisten ante empresas y políticas extractivitas que son impulsadas y consolidadas a través de acuerdos internacionales de comercio e inversión. Ahora, la pandemia nos coloca en un punto de inflexión crítico en el que, más que nunca, nos jugamos el futuro.

Nos enfrentamos a un amplio espectro de escenarios posibles y no podemos bajar la guardia: está en nuestras manos impulsar un cambio que avance hacia un proyecto ecosocial, justo y democrático, o bien que nuestra inacción nos lleve hacia el agotamiento definitivo de los recursos que sostienen la vida y a un agravamiento importante de la exclusión social y la vulneración de los derechos humanos.

La pandemia ha demostrado la importancia y necesidad de blindar los servicios públicos que dan cobertura a los derechos fundamentales de la población que, siendo esenciales, han sido objeto de múltiples recortes y privatizaciones en los últimos años. En un contexto mundial donde las crisis sociales, económicas y ecológicas se acentuarán cada vez más, es imprescindible consolidar y ampliar los servicios públicos. Tienen que ser capaces de dar respuesta a la totalidad de la población, y especialmente a las personas más vulnerables que sufren en mayor grado las consecuencias de las crisis. Una respuesta que debe ser equitativa, suficiente y eficiente, sin importar el origen, la etnia, el género, la orientación sexual, su ideología, sus creencias religiosas y/o la clase social.

Desde la Plataforma por la Emergencia Climática de La Rioja celebramos las nuevas medidas de movilidad y redistribución del espacio urbano realizadas por el Ayuntamiento de Logroño, pero creemos imprescindible su extensión y consolidación con actuaciones definitivas e infraestructuras que protejan los modos más vulnerables de movilidad, garanticen la viabilidad del transporte público colectivo y hagan avanzar dotando presupuestariamente los planes de sostenibilidad en movilidad urbana.

La situación del transporte colectivo está empeorando. A pesar de que no se han encontrado brotes de contagios de COVID–19 relacionados con el transporte público, este medio está siendo estigmatizado como poco seguro. Los mensajes sin fundamento científico lanzados por algunas autoridades y medios de comunicación señalando al transporte público como medio poco seguro han hecho estragos. A esto se une el hecho de no se han puesto medios para que las frecuencias del transporte colectivo eviten aglomeraciones, fomentar el trasvase de viajes a la movilidad activa y evitar el previsible repunte del abuso individual del coche.

Para hacer posible la transferencia de viajes a la movilidad activa en bicicleta, a través de esta bicicletada reclamamos:

– una red de vías ciclistas efectiva para Logroño, aprobada por unanimidad de todos los grupos desde 2013 en el PMUS de Logroño, con actuaciones inmediatas como el eje ciclista Este-Oeste.

– permeabilidad ciclista a través de las intervenciones de Calles Abiertas

– entornos escolares seguros,  conector escolar y ciclista que las asociaciones de San José y Madre de Dios reclaman a través de los barrios.

Destacamos también que, en estos momentos, es alarmante la situación del tren en La Rioja. A día de hoy, Renfe no ha vuelto a poner en marcha todos sus servicios, lo que hace que caiga más aún el número de personas que utilizan los trenes y que una larga lista de ciudades y pueblos hayan visto aún más mermadas sus conexiones. Una política que va en dirección contraria a la transición ecológica.

Frente a esta realidad es necesario debate y participación ciudadana tanto a nivel municipal como autonómico, la emergencia climática obliga a nuevos modelos de movilidad. Modelos que deben responder a varios criterios, todos ellos en condiciones de igualdad:

La sostenibilidad del medioambiente.
La equidad social y el equilibrio territorial.
La prosperidad económica basada en actividades ambientales, socialmente sostenibles y justas.

Bajo estos principios abordaremos el necesario debate y movilidad social en torno a los planes y políticas de movilidad en los diferentes niveles territoriales. Con el fin de lograr una TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOCIAL JUSTA.

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Imagínate que el virus no es la causa, sino la evidencia de que vives una crisis económica y climática…

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Las confederaciones sindicales CCOO, UGT y USO nos sumamos a la convocatoria de la Confederación Sindical Internacional (CSI), en el marco del Día Mundial de Acción Climática en los Centros de Trabajo, cuyo objetivo es sensibilizar a empresas, administraciones públicas y a trabajadoras y trabajadores de la necesidad de evaluar el impacto ambiental de la actividad, adaptar los centros de trabajo a las consecuencias del cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Para la campaña, además de movilizarnos el día 24 de junio mediante el envío de cartas a las empresas, solicitando reuniones y diálogo con el fin de intentar alcanzar compromisos concretos para abordar la transición ecológica justa que nos demanda el planeta, en los centros de trabajo hemos elaborado el manifiesto “LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA JUSTA: ES AHORA”.

Con él, las confederaciones sindicales queremos hacer hincapié en que es evidente que ahora, más que nunca, necesitamos una transición justa hacia un cambio de modelo productivo. Debemos enfocar la recuperación en el sentido adecuado, sin repetir las recetas de austeridad y precariedad laboral aplicadas en anteriores crisis, que aumentaron la desigualdad social y empeoraron las condiciones de vida del conjunto de la sociedad.

Hay que ponerse en marcha y hacerlo de forma decidida y contundente, aplicando los principios de la justicia climática y social. Solo así, sin dejar a nadie en el camino, podremos transformar nuestra forma de producir y de consumir, nuestro estilo de vida, hacia uno que esté en mayor consonancia con la naturaleza y las personas.

Para ello, es imprescindible estructurar una participación efectiva con los agentes económicos y sociales. Los sindicatos tenemos que formar parte de la solución, porque millones de puestos de trabajo se encuentran afectados tanto por las políticas de mitigación como por la necesaria adaptación al cambio climático.

El movimiento sindical sigue trabajando para conseguir que todos los trabajos sean decentes y compatibles con la sostenibilidad del planeta, y también para lograr un compromiso mundial en favor de la transición justa. Esa es la única herramienta posible para garantizar el futuro y los medios de subsistencia para los trabajadores y las trabajadoras y sus comunidades, en el camino hacia una economía con bajas emisiones de carbono y adaptada al cambio climático.

En este sentido, la celebración del Día Mundial de Acción Climática en los Centros de Trabajo, el próximo 24 de junio, debe servir para impulsar y situar en el debate la importancia de adaptar las empresas y administraciones públicas con carácter urgente hacia un modelo de producción más sostenible, que sea garantía de estabilidad y de futuro para las personas trabajadoras.

En el marco de esta campaña las organizaciones sindicales nos hemos dirigido a la Vicepresidenta 4ª del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pidiendo que la crisis por la pandemia no suponga un retroceso en la determinación para hacer frente a la emergencia climática y los paquetes de estímulos económicos sirvan para impulsar la transición ecológica, con un compromiso pleno con la transición justa. Los paquetes de reconstrucción y el European Green Deal representan la última oportunidad para reorientar nuestro modelo hacia una economía más diversificada y sostenible que tenga como prioridad la generación de empleo verde de calidad, digno y seguro.

manifiesto

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Hoy en nuestra sede nos hemos concentrado y hemos guardado 4’15” de silencio para recordar las 415 partes por millón de dióxido de carbono que hay ahora mismo en la atmósfera, un nivel que no se registraba en nuestro planeta desde hace tres millones de años. Las recientes informaciones sobre el estado de la biodiversidad y sobre el calentamiento global alertan del deterioro de ecosistemas y extinción de especies. Se está al borde de un punto de no retorno frente al cambio climático. 

En esta misma jornada reivindicativa, CCOO se ha unido al conjunto de las organizaciones que secundan estar jornada de necesaria llamada de atención, participando en la concentración que ha tenido lugar en la Plaza del Mercado de Logroño y firmando este manifiesto conjunto:

27 DE SEPTIEMBRE HUELGA MUNDIAL POR EL CLIMA

Los recientes informes sobre el estado de la biodiversidad del IPBES y sobre el calentamiento global de 1,5 ºC del IPCC, que alertan de un rumbo que lleva al deterioro de un gran número de ecosistemas, tanto terrestres como marinos, así como a la extinción de 1 millón de especies que se encuentran gravemente amenazadas por la actividad humana. También se está al borde de un punto de no retorno frente al cambio climático.

Una crisis climática que es consecuencia de un modelo de producción y consumo que ha demostrado ser inapropiado para satisfacer las necesidades de muchas personas, que pone en riesgo nuestra supervivencia e impacta de manera injusta especialmente a las poblaciones más pobres y vulnerables del mundo. No responder con suficiente rapidez y contundencia a la emergencia ecológica y civilizatoria supondría la muerte de millones de personas, además de la extinción irreemplazable de especies imprescindibles para la vida en la Tierra, dadas las complejas interrelaciones ecosistémicas.

La contundencia de los datos que señala como las regiones mediterráneas son de las más vulnerables al cambio climático, de forma que no limitar la temperatura global en 1,5 ºC será una factura demasiado cara para las generaciones presentes y futuras. La responsabilidad de las instituciones europeas y el Gobierno español, así como los gobiernos de las distintas comunidades autónomas y ayuntamientos coordinados con todos los grupos políticos, es estar a la altura de las necesidades que exige el momento.

Las organizaciones firmantes piden que en la nueva etapa política se declare, de manera inmediata, la emergencia climática y se tomen las medidas concretas necesarias para reducir rápidamente a cero neto las emisiones de gases de efecto invernadero, en línea con lo establecido por la ciencia y bajo criterios de justicia climática. Evitar que la temperatura global se eleve por encima de 1,5 °C debe ser una prioridad de la humanidad. Es necesario reducir con carácter urgente las emisiones de CO2eq (equivalente de carbono), reajustando la huella ecológica a la biocapacidad del planeta.

Lograr estos objetivos requiere necesariamente de:

Verdad. Asumir la urgencia de la situación actual admitiendo el diagnóstico, indicaciones y sendas de reducción reflejadas en el último informe sobre 1,5 ºC avalado por la comunidad científica. Reconocer la brecha de carbono existente entre los compromisos españoles y las indicaciones científicas. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental para transmitir esa realidad.

Compromiso. Declarar la emergencia climática a través de asumir compromisos políticos reales y vinculantes, mucho más ambiciosos que los actuales, con la consiguiente asignación de recursos para hacer frente a esta crisis. Garantizar reducciones de gases de efecto invernadero en línea con el Informe del IPCC para no superar un aumento de temperatura global de 1,5ºC, que establece una senda de reducción de emisiones global entre el 40 al 60% para 2030 respecto a 2010. Además, es imprescindible detener la pérdida de la biodiversidad para evitar un colapso de todos los sistemas naturales, incluido el humano. Acción. Abandonar los combustibles fósiles, apostar por una energía 100 % renovable y reducir de manera urgente y prioritaria a cero las emisiones netas de carbono lo antes posible. Demandamos que los gobiernos analicen cómo lograr este objetivo y propongan los planes de actuación necesarios: frenen nuevas infraestructuras fósiles (centrales, exploraciones, grandes puertos, etc).; reducción de los niveles de consumo de materiales, energía y de las necesidades de movilidad; cambio de modelo energético sin falsas soluciones como la energía nuclear; reorganización del sistema de producción; educación, además de otras medidas contundentes. Todo esto debe quedar reflejado en la Ley de Cambio Climático y Transición energética y en el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía.

Solidaridad. El deterioro ambiental de las condiciones de vida se sufre de forma desigual en función de la clase social, el sexo, la procedencia, o las capacidades. Defendemos que la transición ha de enfrentar estas jerarquías y defender y reconocer de forma especial a la población más vulnerable.

La degradación planetaria y la creciente desigualdad tienen un origen común y se alimentan entre ellas. Así, por ejemplo, muchas grandes empresas y bancos obtienen enormes beneficios a través de la especulación inmobiliaria, el desahucio, la gentrificación o la turistificación que expulsa a las familias de sus casas, a los vecinos de sus barrios. Aunque cada vez hay más inversiones en tecnologías para la transición energética, sigue habiendo muchos fondos que sostienen y financian a las grandes empresas del oligopolio energético en su explotación del planeta, y cuyo resultado es el incremento de la pobreza, incluida la energética.

Los colectivos más desfavorecidos no pueden empeorar su situación, por lo que la transición se tiene que realizar con justicia social. En el caso de los territorios y trabajadores y trabajadoras afectados es preciso adoptar medidas para asegurar empleos alternativos en sectores sostenibles, afrontar la crisis energética, reducción de la jornada laboral, un mejor reparto del empleo y el desarrollo de otros mecanismos en torno a la Transición Justa que deben lograr que no se deje a nadie atrás.

Democracia. La justicia y la democracia deben ser pilares fundamentales de todas las medidas que se apliquen, por lo que han de crearse los mecanismos adecuados de participación y control por parte de la ciudadanía para abordar las cuestiones sociales difíciles y para formar parte activa de la solución mediante la democratización de los sistemas energéticos, alimentarios, de transporte, etc. En estos procesos se debe garantizar la igualdad de género en la toma de decisiones.

Realizar un giro de 180 grados en las políticas comerciales internacionales, acabando con la firma de tratados de comercio e inversión que ahondan la problemática del aumento de gases de efecto invernadero vía incremento del transporte marítimo interoceánico, así como de la aviación civil, que dificultan la lucha contra el cambio climático a través de las cláusulas de protección de inversiones (ISDS). Las medidas de mercado no pueden sustituir la adecuada planificación de la transición ecológica.

Los países empobrecidos son los menos responsables de la degradación planetaria. Sin embargo, son a su vez los países más vulnerables a las consecuencias de esta ruptura de los límites. Los países más enriquecidos son quienes acumulan una mayor deuda ambiental, por ello y atendiendo a los criterios de justicia climática, deberán ser países como los europeos los que deban adquirir unos compromisos mayores. Se hace necesario revertir el hecho de que el 20 % de la población mundial absorbe el 80 % de los recursos naturales.

En defensa del futuro, de un planeta vivo y de un mundo justo,  nos hemos concentrado hoy en Logroño, sumándonos así a miles de ciudades a nivel mundial para exigir la declaración de emergencia climática en nuestra comunidad autónoma y nuestras ciudades y pueblos en La Rioja.

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