La secretaria de la federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Carmen Martínez, ha explicado que los sindicatos convocantes, tras varias reuniones infructuosas con la Patronal, denuncian que la parte empresarial no muestra voluntad de mejorar de manera significativa y urgente las condiciones laborales del sector. 

“En unidad de acción, las organizaciones sindicales han decidido dar un paso adelante y movilizarse”, ha señalado Martínez, quien ha añadido que el próximo 10 de septiembre la Patronal se ha comprometido a trasladar a la parte social una propuesta con avances reales, compromiso que esperan se materialice. De no ser así, se intensificarán las movilizaciones y se adoptarán nuevas medidas de presión.

Martínez ha subrayado que las organizaciones sindicales no se detendrán hasta lograr mejoras efectivas que dignifiquen el sector y lo hagan más atractivo. En este sentido, consideramos imprescindible que se respeten las medidas de conciliación impulsadas por el Gobierno estatal, incluyendo permisos retribuidos para acompañar a hijos e hijas menores a consultas médicas, así como a familiares dependientes; el cumplimiento con las negociaciones relativas a la adaptación de la jornada laboral; que no se denieguen, sin negociación, las reducciones ni las adaptaciones de jornada; y que se respeten los días de libre disposición y los descansos, evitando que el personal se vea obligado a doblar turnos para cubrir ausencias.

Por su parte, el responsable de Acción Sindical de CSIF, Ángel Laspeñas, ha destacado que el sector sociosanitario resulta poco atractivo para las trabajadoras, ya que se caracteriza por una baja remuneración, una elevada exigencia física y emocional y jornadas laborales extensas que dificultan la conciliación. “Esta realidad ha generado una falta de personas profesionales cada vez más preocupante, lo que provoca una sobrecarga de trabajo en las plantillas y, en consecuencia, serias dificultades para garantizar una atención adecuada y de calidad a las personas usuarias”, ha denunciado.

Laspeñas ha incidido en que es imprescindible cubrir de manera efectiva las bajas laborales, reforzar las plantillas y poner en marcha programas de formación incentivada que permitan atraer a nuevas profesionales y mejorar la preparación del personal existente. “Solo así será posible ofrecer a nuestras personas mayores la atención digna y de calidad que merecen”, ha agregado.

Además, el responsable de la federación de Servicios de USO, Jesús Fernández, ha reclamado una reducción de la jornada anual que equipare al sector a las 37 horas semanales, con el compromiso de seguir avanzando progresivamente hasta alcanzar las 35 horas. “No es de recibo mantener jornadas tan extensas en un calendario laboral de lunes a domingo, donde apenas se descansa un único domingo al mes, y al mismo tiempo pretender hacer del sector un ámbito atractivo y protegido”, ha criticado.

En cuanto a la jubilación, Fernández defiende que la edad ordinaria de jubilación no debe superar los 65 años y subraya la necesidad de medidas complementarias. Los sindicatos recuerdan que el personal sociosanitario padece altos índices de morbilidad: problemas osteomusculares derivados de la carga física y postural, exposición a infecciones por el contacto con fluidos y gérmenes, y trastornos psicosociales como estrés, ansiedad o burnout vinculados a la elevada exigencia, los turnos y la carga emocional. Por ello, reclamamos la aplicación de coeficientes reductores, la aceptación de jubilaciones parciales y la posibilidad de que, a partir de los 55 años, las y los trabajadores puedan quedar exentos del turno nocturno.

Por último, la secretaria del sector de Servicios de Atención Social de UGT, Dary Saiz, ha explicado que el salario base de una persona gerocultora, que suponen más del 60% de las plantillas, es de apenas 17 míseros euros/mes por encima del Salario Mínimo Interprofesional. Además, algunas ategorías profesionales, como el personal de lavandería, recepción, limpieza o pinches de cocina ni siquiera alcanzan el SMI, siendo absorbidos sus pluses por esta razón y por tanto trabajando gratis los domingos y festivos, y no viendo recompensada su antigüedad.

Ha destacado que el salario base mensual de una persona gerocultora en la vecina Vizcaya según su convenio colectivo es de 1800€, frente a los 1202,42€ que percibirá en La Rioja, lo que suponen 600€ de diferencia por igual trabajo. “Esto evidencia que el salario de todo el personal de residencias y centros de día en La Rioja está muy por debajo del mercado”, ha añadido. Por ello, ha subrayado que es necesaria una subida inminente de al menos un 25% en los próximos tres años, para equiparar los salarios al mercado laboral.

Saiz ha destacado que es imprescindible mejorar las ratios de personal por persona usuaria, y cómo mínimo equipararlas al decreto estatal; así cómo vincularlas a las presencias, no a los contratos. Además, los sindicatos negociadores del convenio rechazamos rotundamente la ‘amnistía’ del Gobierno de La Rioja a las empresas de residencias de personas mayores que no cumplan con las ratios.

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La reducción de la jornada laboral en España no es solo una necesidad, sino una cuestión de justicia social y un mecanismo para reducir las desigualdades laborales y sociales. 

En La Rioja la mayoría de los sectores y empresas verán mejoradas sus condiciones con una reducción de la jornada y debemos ir estableciendo las estrategias sindicales para su traslado a los distintos sectores: comercio, industria, dependencia, servicios, etc. 

La última reducción legal de la jornada laboral se produjo hace más de 40 años, situándose en 40 horas semanales. La negociación en los convenios nos ha permitido que esta cifra se reduzca progresivamente, pero hay muchos sectores y empresas no han visto reducido el tiempo de trabajo, generando una competencia desleal y repercusiones negativas en el empleo.

¡Reducción de jornada, ya!

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Las concentraciones programadas se iniciarán con un minuto de silencio en señal de duelo por la memoria de nuestra compañera Nuria.

El trágico suceso ocurría ayer por la tarde mientras estaba trabajando en el departamento de cocina de este centro penitenciario, cuando un interno que tenía su destino de trabajo en cocina le asestaba varias puñaladas, causándole la muerte. Después de cometer el delito, el interno se suicidó. Están abiertas diligencias judiciales y se están investigando los hechos.

Los sindicatos de prisiones hemos mostrado las condolencias a la familia y personas allegadas a la víctima. Nuestra profesión conlleva muchos riesgos laborales pero morir trabajando es el más dramático y nunca esperas que pueda suceder. Hoy las plantillas penitenciarias estamos consternadas por lo sucedido en la prisión de Tarragona, y exigimos los medios necesarios para regresar cada día
a casa con vida.

Esta muerte trabajando debe ser el punto de inflexión para que las distintas administraciones penitenciarias protejan, de una vez, al personal que trabaja en los centros penitenciarios y sean garantes de la salud y seguridad laboral de sus trabajadores.

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Con un convenio caducado desde diciembre de 2021 y tras innumerables mesas de negociación, nos encontramos en una situación de bloqueo por parte de las patronales que se niegan a pactar una mejora en las condiciones laborales del sector de Atención a Personas con Discapacidad. Por este motivo, se concentraron ayer frente a la Delegación del Gobierno de La Rioja, medio millar de personas.

Es un sector de marcado carácter social, en el que las personas trabajadoras, formadas y cualificadas, representan el mayor valor que tienen las entidades, las que permiten visibilizar al sector de la discapacidad en la sociedad y sobre las que pivota el principal apoyo con el que cuentan las personas usuarias. El convenio en cuestión afecta en España a más de 200.000 personas trabajadoras y en La Rioja a alrededor de dos mil personas.

Hay organizaciones patronales que alardean de su compromiso con la creación de un marco de relaciones laborales justo que permita a los y las profesionales del sector trabajar en un entorno de reconocimiento y calidad adecuados, que redunde en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. 

Pero la realidad es que las condiciones laborales actuales no se ajustan ni al compromiso, ni a la calidad, ni al reconocimiento del esfuerzo que realizan las personas trabajadoras en sus centros. La elevada rotación de personal en las empresas y entidades del sector, junto a la falta de profesionales en determinados puestos de trabajo, ocasionada por los bajos salarios y la precariedad del resto de condiciones, no parecen ser motivos suficiente para que las patronales realicen una apuesta inequívoca en defensa del sector.

Este convenio da cobertura tanto a Centros Especiales de Empleo como a Entidades de Atención Especializada, Residencias, pisos tutelados y Colegios de Educación Especial. Sin embargo, las plantillas no se sienten respaldadas por considerar insuficientes las mejoras alcanzadas y si se estanca el conflicto, acabará trasladándose  a los centros de trabajo. 

Por todo ello, reclamamos un convenio justo y unos salarios dignos para las personas trabajadoras y solicitan el apoyo y comprensión de las personas usuarias y de sus familias en estas reivindicaciones.

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 Desde las organizaciones sindicales exigimos que el Gobierno de La Rioja rescinda el contrato de Vigilancia y Seguridad con la empresa Norvik.

Así mismo, desde CCOO del Hábitat de La Rioja denunciamos el incumplimiento por parte de NORVICK SECURITY SERVICES del contrato de adjudicación firmado con el SERIS, debido a que no ha cubierto el número de vigilantes  asignados en el Hospital San Pedro de Logroño, Hospital San Pedro y Carpa.  Igualmente, en la Universidad de La Rioja tampoco se está cubriendo la Seguridad con el número de vigilantes que están contratados.

La empresa NORVICK SECURITY SERVICES, presta servicio de Vigilancia y Seguridad en los Centros del SERIS como Hospital San Pedro, Hospital Provincial, Carpa, Centros de Salud, Riojaforum, Ader,  así como en la Universidad de La Rioja y en diferentes empresas privadas de La Rioja.

Únicamente en La Rioja, cerca de un centenar de familias están afectadas por los continuos impagos y retrasos salariales, con las consecuencias que supone no poder hacer frente a primeros de mes los gastos normales y habituales que hay en cualquier hogar.

Exigimos al Gobierno de La Rioja, al Servicio Riojano de Salud y a la Gerencia de la Universidad de La Rioja, la resolución inmediata del contrato de adjudicación del Contrato de Seguridad y Vigilancia con la empresa NORVIK SECURITY SERVICES, por incumplimiento del artículo 211 de la Ley de Contratación Pública, ante el muy grave riesgo existente por la falta de personal de seguridad, así como el incumplimiento en el pago de salarios al personal de la empresa.

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Esta agresión se ha producido por uno de los presos implicados en el intento de fuga mediante butrón descubierto este pasado martes. Donde ha resultado herido un jefe de servicios requiriendo servicios hospitalarios.

Estas agresiones, por desgracia, no son las primeras ni van a ser las últimas. Estas situaciones de riesgo innecesario se producen debido a la falta de personal y medios, cuestión conocida por parte de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias sin que hayan dado una solución. Estas agresiones son consecuencia del perfil de internos que alberga el centro, muchos de ellos derivados (los más conflictivos) de los centros penitenciarios del País Vasco y de Navarra. Este Centro no reúne las condiciones materiales, arquitectónicas y de personal requeridas por la Legislación Penitenciaría, para un adecuado tratamiento de dichos internos, además de ser considerada una prisión de tipo C (bajo riesgo).

Desde los sindicatos, abajo formantes, llevamos mucho tiempo reivindicando el reconocimiento de los funcionarios y funcionarias de prisiones como agentes de la autoridad de cara a proteger su integridad, cuestión ignorada por parte del Ministerio del Interior.

El aumento de internos psiquiátricos está aumentando la carga de conflictividad y agresividad en los centros penitenciarios, donde no se dispone ni de psiquiatras ni de módulos para su tratamiento.

Volvemos a insistir en el traslado de los internos que realizaron las agresiones a Centros más modernos y con mayor seguridad, para evitar posibles altercados, y con mayor celeridad de la que se está realizando.

Exigimos que por parte de la Dirección del Centro Penitenciario, autoridades penitenciarias y del Ministro del Interior se tomen las medidas necesarias para que estas situaciones no se vuelvan a repetir.

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El sindicato considera imprescindible establecer garantías en materia de carrera profesional, salarios, extensión a la totalidad del personal, igualdad, movilidad, desarrollo de grupos profesionales, comisión evaluadora del desempeño o reconvocatoria de las vacantes que resulten de las ofertas de empleo público, entre otras.

Las movilizaciones se iniciaron el día 31 de enero en Madrid, y continúan con 20 convocatorias en cada una de las comunidades y ciudades autónomas a lo largo del mes de febrero. Además de la concentración, se llevan a cabo asambleas informativas para exponer el contenido del anteproyecto, señalando sus aspectos más lesivos y destacando las propuestas presentadas por CCOO en los grupos de trabajo de negociación.

El sindicato ha destacado el carácter esencial del servicio público que se presta en la Administración General del Estado, y advierte de las dramáticas consecuencias que puede tener para la ciudadanía el recorte de derechos del personal, que pone en marcha las políticas públicas y sociales del Gobierno.

CCOO confía en que se sigan introduciendo mejoras en negociación, e insta a eliminar los artículos que recortan derechos, Considera imprescindible incorporar modificaciones profundas, que conduzcan a una modernización de la AGE, y no se limite a una repetición del articulado de las normas vigentes de 1964 y 1984 a las que debe sustituir. Advierte de que mantener la limitación de derechos es posicionar al personal público contra la ley que debe ordenar su actividad en las próximas décadas.

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Esta afirmación es totalmente falsa. Desde CCOO se ha tendido la mano a la patronal para negociar el convenio. Pero no un convenio en el que la clase trabajadora perdiera poder adquisitivo. Desde nuestras organizaciones se apuesta por un convenio ajustado al IPC real y con revisión salarial. 

Según ha manifestado la patronal, son “nuestros mayores” quienes no dejan a las personas trabajadoras del calzado firmar el convenio, refiriéndose a la dirección de nuestros sindicatos, una afirmación que está totalmente desmontada por lo vivido en las múltiples asambleas realizadas y las concentraciones tanto el día 21 de julio como el 6 de octubre en el Centro Tecnológico del Calzado.

Las trabajadoras y trabajadores decidieron y apoyaron la próxima concentración para hoy día 20 de Octubre para defender un convenio sin perdida de poder adquisitivo. 

La patronal también cuenta verdades a medias cuando pone de ejemplo la subida del 3.5% de los empleados públicos, ya que no cuenta que para el 2024 es un 9.5% acumulado y con unas jornadas laborales mucho más reducidas que las que tiene nuestro sector. Nuestras pretensiones no están tan alejadas con un 4.3, 2.5 y 2% con clausula de revisión. 

Por ello nuestra postura no es una negativa a negociar. Es una mano tendida para llegar a un acuerdo en el que no sean las personas trabajadoras las que pierdan, mientras las empresas del sector siguen teniendo beneficios. 

Por todo ello, en CCOO nos seguiremos movilizando para reclamar, en un convenio con salarios mileuristas, lo que consideramos justo , en unos momentos en los que la inflación está ahogando nuestros bolsillos. 

Se ha convocado una concentración, hoy jueves 20 de octubre a las 19h en la Puerta Munillo. (Arnedo). 

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