► Entonces recordábamos que sólo el mes de junio fue, en realidad, un mes libre de COVID-19 pues partir de entonces se registraron casos positivos de forma constante, si bien con una incidencia cuantitativa baja y cualitativamente leve.

El 1 de septiembre, en cambio, ya ascendían a 11 los pacientes ingresados en FHC por dicha causa. Téngase en cuenta que, dado el período de incubación del virus, tales contagios ya eran anteriores a las fiestas locales de Calahorra. La misma cifra se mantuvo el día siguiente. El 3 de septiembre eran 14 los ingresos, 12 el viernes día 4 y repuntaron hasta 15 el lunes 7 de septiembre

El martes, 8 de septiembre, las personas ingresadas eran 16, una de los cuales, varón de 56 años de edad, debió ser derivado al Hospital San Pedro de Logroño en atención a la gravedad de su evolución.

El miércoles día 9, se mantenía idéntica tendencia: 16 ingresos.

El jueves, día 10 de septiembre, los pacientes ingresados en FHC por COVID-19 ascendían a 15, contabilizando ese día el fallecimiento de un paciente de FHC por dicha causa, el primer exitus por COVID-19 tras el desconfinamiento y la finalización del estado de alarma: un varón de 87 años proveniente de Alfaro (el óbito se produjo a las 18:00 horas del día anterior).

El viernes 11 de septiembre los ingresos de casos positivos subieron a 20. Una paciente, mujer de 72 años, hubo de ser trasladada al Hospital San Pedro ante el agravamiento de su estado. Ese mismo día, finalmente, de la segunda Planta del Hospital -habitualmente destinada a Hospitalización Médica y que durante los meses de marzo a mayo fue dedicada exclusivamente a los casos COVID-19- fueron desalojados los pacientes NO COVID en ella ingresados, con destino a la Primera Planta del centro. Tal traslado encuentra su fundamento en la necesidad de dar dedicación exclusiva, de nuevo, a la Segunda Planta de FHC para el cuidado de los pacientes ingresados por COVID-19.  Durante los días anteriores este Comité de Empresa venía exigiendo la inmediata adopción de tal medida ante el evidente riesgo sanitario que suponía mantener en el mismo espacio pacientes COVID y NO COVID.

El sábado 12 los ingresos por COVID-19 ascendieron a 25 y se dieron cuatro altas a domicilio.

Además, en la CARPA instalada en el exterior de FHC también hemos realizado pruebas PCR el sábado, con 171 pacientes citados, encontrándonos ahora mismo citando para mañana las solicitudes recibidas el jueves 10.

Ahora mismo, lunes 14 de septiembre, los ingresos son 29, 22 de ellos positivos ya confirmados, permaneciendo 7 a la espera de resultado. Respecto de las personas ingresadas el sábado, se ha dado un alta, varón de 65 años, y han debido ser realizadas dos derivaciones a la UCI del Hospital san Pedro de Logroño, dos varones de 40 y 53 años respectivamente.

► En consecuencia, la actual tasa de ingreso por COVID-19 en la Segunda Planta de FHC se acerca al 90% de la capacidad ordinaria de dicha planta de Hospitalización Médica (32 camas), si bien es posible la ampliación de su capacidad hasta las 40 camas. También podremos disponer de las camas utilizables en la CI (Cuidados Intermedios) y Hospital de Día, al igual que hicimos el pasado mes de abril.

Lamentablemente, los dirigentes de nuestra sanidad regional parecen no haber aprendido de la experiencia pasada. No obstante, la plantilla del centro sí es profesional y sí está preparada.

En la GRÁFICA, en color rojo, la evolución de los INGRESOS en FHC  por COVID-19 (Confirmados + Pendientes PCR) entre el 1 y el 14 de septiembre: 

Sobre la verdad del número de “rastreadores epidemiológicos”

► El viernes 28 de agosto, la Presidenta del gobierno regional, Sra. Andreu, siguiendo a la actual Consejera de Salud, Sra. Alba, anunció que “La Rioja incrementará en 25 los rastreadores con los que ya contaba la región”. De esa forma, se presumía desde el gobierno, tendríamos «110 rastreadores propios» al sumar los 25 anunciados a los teóricos 85 ya existentes. Alardeaba, asimismo, la Presidenta de que “la región dispondría de “una ratio de un rastreador por cada 2.864 riojanos”, mejor que la media nacional de forma que no sería necesario recurrir al ofrecimiento realizado por el Gobierno central de poner los efectivos del Ejército a disposición de las comunidades autónomas.

► Sobre la falacia de los 85 “rastreadores” supuestamente existentes ya se pronunció la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública el pasado agosto, demostrando la inexactitud de tal cifra, evidentemente hinchada y contradictoria con la propia cifra oficial que la Consejería de Salud había enviado al Ministerio de Sanidad. Como señalaba dicha Plataforma, los escasos rastreadores epidemiológicos realmente existentes, tanto del Servicio de Epidemiología de Salud como la decena de enfermeras contratadas con tal fin (la mitad de las cuales fueron destinadas inmediatamente a los Centros de Salud ante la escasez de medios en estos), no sumaban ni de lejos la cifra publicitada. Denunciaba atinadamente la Plataforma que “rastreador epidemiológico” es lo que es y debe ser, no lo que interesadamente alguien quiera vestir como tal a su conveniencia: el rastreo epidemiológico implica localización (detección inmediata), seguimiento y alerta urgente de los contactos sintomáticos y asintomáticos, realizado por profesionales con la debida cualificación y formación práctica.

Es actitud constante de este gobierno regional fiar toda su labor a la mera propaganda, sin importarle la verdad lo más mínimo en tal empeño. Por ello, los resultados son los que son y que todos padecemos a la postre: se presume con gran autobombo de imaginarias ratios ejemplares pero la verdad es que los riojanos padecimos la mayor tasa en Europa de contagios por 100.000 habitantes durante la primera oleada, se presume obsesivamente de una ficticia situación de mejoría respecto de la media nacional (en lo que sea) pero luego la Seguridad Social desvela los datos oficiales y, por ejemplo, nuestras bajas de enfermedad (IT) por COVID-19 son, claro, bastante superiores a esa media.

Tal afán por ocultar la realidad define a quien lo practica tan compulsivamente pero resulta absurdamente ineficaz pues las mentiras tienen las patitas muy cortas; cuando la única acción de gobierno es la vacua propaganda, ese gobierno se ha marcado a sí mismo una fecha de caducidad bien temprana, lo cual sería su exclusivo problema si no fuera porque sus desatinos los padecemos todos.

►La manifestación de la Sra. Andreu el jueves 30 de agosto, siguiendo a pies juntillas los castillos en el aire que levanta la Sra. Alba, al anunciar “25 rastreadores” más, en verdad se quedó en el apresurado “reclutamiento” que hizo la Dirección de FHC -mediante e-mail que obra en nuestro poder- de hasta 24 enfermeras (claro que no es casualidad) para hacer las pruebas PCR en Alfaro ese fin de semana, desde el viernes 31 de agosto hasta el lunes 3 de marzo. Y, efectivamente, hasta Alfaro se desplazaron algunas enfermeras de FHC y cinco de nuestros auxiliares administrativos para realizar dichas pruebas. Y lo hicieron con gusto y profesionalidad pese a ser fin de semana, festivo el lunes 3 en Calahorra, fuera de su centro de trabajo, suspendiendo en algunos casos sus vacaciones y sin cobrar.

Pero, como todos sabemos, esa toma nasofaríngea de muestras para el diagnóstico por PCR no es una labor de rastreo epidemiológico: no, no era cierto que La Rioja incorporase a 25 nuevos rastreadores ese fin de semana para atender, entre otros, el pico epidémico en Alfaro.

Mientras no dispongamos de una médicamente eficaz, la mejor vacuna es la verdad.

Una reflexión final (tangencial pero importante):

La integración directa de la FHC en el Servicio Riojano de Salud (SERIS) no es una reivindicación laboral sino una exigencia ineludible para la gestión misma de los recursos del propio Sistema Nacional de Salud. La integración directa de la FHC en el SERIS es la única medida sanitaria capaz de asegurar la calidad y continuidad de la provisión de Atención Especializada a los más de 80.000 riojanos y riojanas cuyo centro de referencia es la FHC. La integración directa de la FHC en el SERIS es una prioridad inexcusable por ser la única garantía de mantenimiento de la universalidad del derecho a la salud en las comarcas de Alfaro, Arnedo, Calahorra y Cercera del Río Alhama.

No existe mejor prueba de la profunda coherencia de la necesidad de integración directa de la FHC en el Servicio Riojano de Salud que el ejemplo que se denuncia en esta Nota de Prensa: las pruebas PCR masivas realizadas a los ciudadanos de Alfaro los pasados días 29, 30 y 31 agosto no pudieron ser asumidas por personal del SERIS -bien por falta de recursos bien por su desorganización actual- debiendo hacerlo personal de FHC que, para ello, hubo de incumplir toda la legislación laboral vigente, pues, efectivamente, debieron abandonar su centro de trabajo ilegalmente y asumir tareas sanitarias directas fuera de su hospital sin tener habilitación para actuar en el Área de Salud.

Entiéndasenos bien: lo hicimos con gusto y vocación de servicio, y lo volveremos a hacer cuantas veces sea preciso, anteponiendo siempre el bien social a nuestra comodidad y hasta a nuestro salario y derechos laborales. Lo hemos demostrado reiteradamente. Pero es evidente que algo se está haciendo muy mal cuando tenemos que incumplir la legalidad para curar a nuestros conciudadanos.

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Los servicios de prevención no están desempeñando el papel que debieran en esta crisis. Sus criterios mercantilistas de gestión y la feroz competencia entre ellos, han dado como resultado unas ratios inasumibles de empresas por cada uno de sus técnicos, lo que imposibilita a sus profesionales, desarrollar una actividad de calidad y les somete a unas cargas de trabajo y de responsabilidad incompatibles con su propia salud.

Cada 28 de abril UGT y CCOO recordamos a las trabajadoras y trabajadores que están detrás de las estadísticas de accidentes y enfermedades laborales y que sufren sus peores consecuencias, denunciamos las condiciones de trabajo que están en el origen de esta lacra social y realizamos propuestas de cambio en la normativa y en las políticas para mejorar la salud y la seguridad de la clase trabajadora.

Este año, nuestro recuerdo debe ser también para todas aquellas personas que desde sus puestos de trabajo se han convertido en el principal baluarte de defensa frente al COVID 19, poniendo en riesgo su salud y, en demasiadas ocasiones, sus propias vidas. Personas de clase trabajadora que hoy se demuestra que son la clave para garantizar los aspectos más básicos de nuestra sociedad. Son los trabajadores y trabajadoras de los servicios esenciales como, por ejemplo: sanitarios, transportistas, trabajadores del campo, dependientes, trabajadores y trabajadoras de la limpieza, cuidadores y cuidadoras, personal de los cuerpos del orden y seguridad del Estado. Todos ellos, han demostrado la importancia de la clase trabajadora para garantizar el funcionamiento de nuestra sociedad.

CCOO y UGT  denunciamos que la  reducción de inversiones en prevención de riesgos laborales en las empresas y de financiación de políticas públicas activas en materia preventiva, la configuración de la prevención como un negocio y no como un derecho, la  externalización de su gestión, la imposibilidad de articulación sindical en un universo de PYMEs y microPYMEs, y un entorno institucional de actuación pública,  que apenas regula mínimamente el “mercado de la prevención”, han provocado el repunte de los accidentes de trabajo en los últimos 10 años. La precariedad mata. 

La llegada de la pandemia de COVID-19 ha desatado el caos en nuestro sistema preventivo. Los servicios de prevención, han mostrado tremendas limitaciones a la hora de hacer frente al reto de evaluar y establecer medidas preventivas para limitar las exposiciones al virus. La mayoría de los servicios de prevención ajenos no venían desarrollando una verdadera prevención en las empresas, sino que se limitaban a tramitar la documentación requerida con el fin de cumplir con la normativa. Criterios mercantilistas de gestión, unas ratios inasumibles de hasta más de 200 empresas por técnico en algunos casos, imposibilitan a estos profesionales desarrollar una actividad de calidad y les somete a unas cargas de trabajo y de responsabilidad incompatibles con su propia salud.

No podemos dejar al margen los intentos de algunos de estos servicios de prevención que, en medio de esta crisis y de manera irresponsable, han solicitado ERTEs para parte de sus plantillas mientras alguno de ellos, en paralelo, oferta test de COVID-19 a sus clientes.

Desde UGT y CCOO seguimos trabajando para afrontar esta crisis sanitaria defendiendo a la clase trabajadora, denunciando y exigiendo el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. Contamos con un equipo irremplazable para llevar a cabo esta tarea, como son los miles de delegados y delegadas de prevención y los comités de seguridad y salud que trabajan cada día en los centros de trabajo para garantizar unas condiciones de seguridad y salud adecuadas para sus compañeros y compañeras.

Algunas demandas

Tanto CCOO como UGT consideramos que para lograr la plena integración de la salud laboral en la salud pública es precisa una mayor coordinación entre los departamentos de sanidad y de trabajo tanto en la Administración General del Estado, como en las CCAA.  Sin embargo, en lugar de reforzar las instituciones que deberían liderar ese proceso, como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se ha reducido su plantilla.

Además, la escasez de inspectores de trabajo, España tienen una de las ratios más baja de Europa, ha dificultado sobremanera la atención a las denuncias que personas trabajadoras y sindicatos han presentado.

A esto se añade otro obstáculo: el criterio seguido por el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que ha renunciado a paralizar actividades por riesgo grave e inminente de contagio ante el coronavirus o a proponer sanciones en una mayoría de situaciones.

Pese a todas estas barreras, ambos sindicatos seguiremos trabajando para afrontar esta crisis sanitaria y continuaremos denunciando donde sea preciso y exigiendo el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. En este sentido, ponen en valor la acción de los miles de delegados y delegadas de prevención y los comités de seguridad y salud.

Por último, tras el Covid-19 la salud y la seguridad de las personas trabajadoras debe convertirse en un eje central en las relaciones laborales y en las políticas económicas.  Para ello, es necesaria la capacidad de movilización del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. No se puede consentir que el sistema económico se contraponga a lo importante, que es la salud y la vida de las personas trabajadoras.

Datos enero – diciembre 2019 en La Rioja

• Durante la jornada laboral en todo el año hubo 4.272 accidentes laborales con baja. De los cuales 4.227 fueron leves, 41 graves, y 4 mortales.
• In Itinere fueron 353 accidentes, de los cuales 347 fueron leves, 5 graves y 1 mortal.

En lo que va de año, ha habido 4 accidentes laborales mortales en La Rioja.

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Tanto el contagio por SARS-COV-2, virus causante de la COVID-19, como el aislamiento preventivo tienen la consideración de “suspensión del contrato de trabajo” como “situaciones asimiladas al accidente de trabajo” (AT), de conformidad con el Real Decreto-Ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptaron determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública con ocasión del actual estado de alarma.

Dicha consideración como accidente de trabajo lo es para la prestación económica: en una IT por contingencia común no se percibe ninguna prestación los primeros días de la baja, el 60% de la base reguladora desde el 4º día y el 75% desde el día 21º, mientras que si la contingencia es profesional se percibe el 75% de la base reguladora desde el día siguiente al del AT.

Los contagios de COVID-19 en los sectores sanitarios y sociosanitarios se tramitan actualmente como contingencia común por parte del facultativo de Atención Primaria con un código de enfermedad especial, para que el INSS lo traslade a la Mutua de cara a que, a efectos económicos, conste como contingencia profesional (AT) pero sin que compute como accidente de trabajo en las estadísticas.

No se ha establecido ningún procedimiento especial para notificar los casos de COVID-19 contraídos con motivo del trabajo, por lo que la única vía para lograr el reconocimiento es la reclamación posterior por el trabajador de la determinación de contingencia ante el INSS.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) insta al Gobierno a que facilite el reconocimiento a todos los efectos de estas bajas como accidentes laborales y así evitar que las trabajadoras y los trabajadores se vean obligados a recurrir a los tribunales de lo Social para conseguir el cambio de contingencia y recargo de prestaciones.

A día de hoy, según cálculos de este sindicato, son más de 28.000 los y las profesionales sanitarios y sociosanitarios contagiados por lo que urge establecer un procedimiento especial en estos sectores para determinar de oficio la contingencia profesional, y evitar así un bloqueo en procesos judiciales.

El fundamento de la necesidad de la consideración plena de los contagios de COVID-19 como AT no es la cuestión retributiva durante la baja, sino otros aspectos, fundamentales, puramente sanitarios, de prevención de riesgos laborales y de salud pública:

• Las consecuencias y secuelas para la salud que se puedan derivar del contagio laboral por COVID-19 son en este momento desconocidas, pero deben ser tenidas en cuenta de forma inmediata para realizar una correcta vigilancia de la salud y su reconocimiento como enfermedad profesional si se diese el caso.
• Asimismo, para CCOO se hace necesario este mismo reconocimiento para los casos en los que desgraciadamente se ha producido el fallecimiento de la persona trabajadora para el reconocimiento de las prestaciones que correspondan a los familiares supervivientes.
• Todos los AT deben ser, por imperativo legal, objeto de una investigación específica sobre su origen causal y circunstancias contextuales, entre ellas la existencia y adecuación, o no, de Equipos de Protección (EPI). Al no computarse como AT se pretende justificar la ausencia de dichas investigaciones. De hecho, en las comunicaciones de AT correspondientes al mes de marzo, en el sector público sorprendentemente se informa de la inexistencia de AT pese a ser varios centenares los contagios acreditados como positivos entre profesionales. Por ello, CCOO advierte que tales investigaciones serán exigidas en todo caso y será instada la depuración de las responsabilidades oportunas, tanto judiciales como políticas.

La familia coronaviridae, de la que forma parte el virus SARS-CoV-2 responsable de la pandemia de COVID-19, al desconocerse hasta ahora su transmisión a humanos. está clasificada actualmente como agente biológico del grupo 2, el cual engloba a todos aquellos agentes que pueden causar una enfermedad en el hombre y pueden suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz.

A juicio de este sindicato, es obvio que tal definición sin embargo, no encaja con las características del SARS-CoV-2, dada su elevada transmisibilidad y ausencia de tratamiento. Dicho coronavirus, a la luz de la evidencia científica demostrada durante esta pandemia, se corresponde con el grupo 4 de agentes biológicos: aquellos que causando una enfermedad grave en el hombre suponen un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz.

Desgraciadamente, se ha podido comprobar que causa enfermedad grave y muertes, y a día de hoy no existe ni tratamiento específico para su curación ni vacuna. Por estas razones solicitamos que se proceda a la clasificación específica del SARS-CoV-2 como agente biológico del grupo 4.

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En lo que respecta al ámbito laboral, las mujeres afrontan esta crisis desde un punto de partida peor: las mujeres acceden y permanecen en el mercado de trabajo en peores circunstancias y condiciones, siendo las que mayor tasa de paro, de parcialidad no deseada y de temporalidad soportan. Además, nuestra presencia se concentra en los sectores con menor reconocimiento social, hasta ahora,  por tanto, con remuneraciones más bajas, como son servicios, ayuda domiciliaria, dependencia, sanidad y limpieza. Sectores, todos ellos, imprescindibles antes y ahora durante esta pandemia, esenciales y aplaudidos.

Dentro de su labor sindicalista, CCOO ha elaborado unas guías que recogen las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a los retos que la crisis sanitaria ha agravado en materia de conciliación corresponsable, de la situación de vulnerabilidad de las trabajadoras del hogar y de combatir las violencias machistas. Sin embargo y a pesar de que estas medidas recogen algunas de las peticiones reivindicadas por el sindicato, no podemos dejar de hacer una valoración crítica y poner de manifiesto que aún sigue habiendo situaciones de vulnerabilidad y desprotección a las que hacer frente.

Así, en relación a las medidas de conciliación y corresponsabilidad aprobadas en el RD-L 8/2020, alertamos de que no se recoge ninguna que faciliten la corresponsabilidad de los hombres tanto  en las Administraciones Públicas como en  las empresas privadas y que quedan fuera de toda protección, las trabajadoras del hogar que ejercen de forma informal y las personas desempleadas sin prestación. Tampoco sirve de mucho la posibilidad de reducir la jornada al 100% si no va acompañada de una prestación compensatoria, ni contempla como colectivo vulnerable a las familias monomarentales encabezadas por una madre y que suponen 1,5 millones de los hogares españoles, de los cuales 1 de cada 2 están en riesgo de pobreza.

Del mismo modo, el subsidio extraordinario para las trabajadoras empleadas del hogar adoptado en el RD-L 11/2020, sólo protege a las dadas de alta en el régimen de la Seguridad Social, olvidando a las que lo ejercen de modo informal, cuya situación tampoco les permite acogerse a ERTE, a una baja por enfermedad en caso de contagio o necesidad de ponerse en cuarentena; y las obliga a seguir ejerciendo con la equipación preventiva necesaria. Este real decreto tampoco recoge las reclamaciones de equiparación con el resto de las personas asalariadas de derechos laborales y prestaciones sociales ni de la ratificación del convenio 189 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que CCOO viene reivindicando desde hace tiempo.

Por todo esto, desde CCOO alertamos no sólo de que es preciso poner el foco en los trabajos de cuidados y en que quienes los realizan, mayoritariamente mujeres, tengan condiciones laborales dignas y cuenten con los equipos y medidas adecuadas de prevención, durante la crisis del COVID-19. Si no también, recordar a gobiernos, administraciones públicas y empresas su compromiso con la igualdad de género para que lo que mañana nos vuelva a parecer urgente no deje de lado a las mujeres que hoy sostienen nuestras vidas, dentro y fuera de los hogares.

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