La tasa de paro de la población extranjera está cinco puntos por encima de la española, especialmente alta en las nacionalidades peor tratadas: América Latina y otras zonas diferentes a Europa. “La mujer extranjera está doblemente castigada en el mercado de trabajo: por ser mujer y mujer extranjera”, indica Lola Santillana. Su tasa de desempleo supera en 7 puntos a la de la mujer española y 8 puntos a la tasa nacional global.

Agricultura y Servicios son los sectores más favorables al empleo extranjero. La población extranjera encuentra mayores oportunidades de empleo en sectores con condiciones de trabajo más precarias en términos de temporalidad, parcialidad y condiciones de trabajo. “El sector industrial caracterizado por una presencia sindical mayor, con mejores garantías y estabilidad de empleo y en general mejoras condiciones de trabajo, son ocupados fundamentalmente por la población española”, apunta la responsable sindical. Así pues, las personas extranjeras tienen menos oportunidades de acceso a un empleo de calidad. Están infrarrepresentados en sectores con una consolidación mayor de la intervención sindical, la negociación colectiva y los acuerdos de empleo de calidad.

Tampoco mejoran las oportunidades de la población extranjera para ocupar los mejores puestos en escala profesional, ya que trabajan fundamentalmente en ocupaciones elementales y en servicios de restauración. Solo en ocupaciones elementales la tasa de ocupación en la población extranjera es superior a la española.

La contratación extranjera representa el 19% del total de la contratación. Jóvenes, mujeres y mayores de 45 extranjeros tiene un peso menor en la contratación que el que tiene la población autóctona. La temporalidad y la tasa de rotación son mucho mayores en la población extranjera, y especialmente altas en el sector de la agricultura.

Por otro lado, el 77% de la población ocupada extranjera reside en España desde hace más de 7 años. Se trata de personas con suficiente arraigo y con derecho a tener las mismas oportunidades de acceso a un trabajo adecuado, estable y de calidad.

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Aunque la pobreza extrema se ha reducido de forma considerable en todo el mundo (1), la desigualdad no ha dejado de crecer dentro de cada país, ya sean estos ricos, emergentes o pobres.

Según Antón Costas “La desigualdad es el rasgo más característico de la evolución de la economía desde la década de los ochenta del siglo pasado. Y, a la vez, es el factor más determinante de la crisis financiera de 2008, del débil crecimiento de las economías, del malestar social y del populismo político“.

Se viene afirmando que la crisis económica ya se ha superado, pero sectores importantes de la sociedad española siguen en crisis dada la precariedad  económica y social en la que viven, y de hacerse realidad una nueva crisis contribuirá a aumentar el número de personas en esta situación.

En España, el 30% de la población total, 14 millones de personas con ingresos más bajos, pierden rentas, capacidad de compra, derechos y futuro desde hace una década. Se afanan y se agotan en la lucha diaria por sobrevivir, viven el día a día con angustia. Solo cuentan con el 10,8% de la renta.

La mitad de ellos atraviesan una situación aún más grave.

Sin embargo, 4,7 millones de personas que han sido los principales beneficiados de la crisis y de las políticas de austeridad y devaluación salarial aplicadas a los más pobres, concentran los aumentos de ingresos y tasas de participación en el total de la renta y acumulan el 26% de la renta.

Al tiempo, la evolución del número de superricos, con más de 30 millones de euros de ingresos, eran 352 en 2011 y 611 en 2017. De ellos, solamente 200 pagan el Impuesto del Patrimonio.

Aterrizando en la realidad riojana, tenemos un claro reflejo de esa desigualdad:

Según el INE en el año 2018, el 20,4 % de los riojanos estaban en riesgo de pobreza o exclusión social. Uno de cada cinco riojanos seguía rozando el umbral de la pobreza después de la crisis, unas 64.400 personas.

Y al mismo tiempo, crece el número de millonarios:

En 2011, eran 3.619, y en 2017, crecieron hasta los 4.319.

Y estos pagan menos impuestos, por ejemplo, a través del Impuesto de Sociedades en el 2007 pagaron 228,5 millones, y solamente tributaron con 142,3 en 2018.

En la medida en que los más ricos acumulan más dinero, la sociedad se degrada y corrompe cada vez más. Esta acumulación les permite adquirir un gran poder e incrementar su influencia en las instancias económicas, políticas, judiciales y sociales, haciendo bascular las decisiones económicas y políticas cada vez más en su beneficio y en perjuicio de la mayoría social. Lo que explica la creciente desafección ciudadana contra los gobiernos, la banca, los partidos políticos y otras instituciones, que lleva a debilitar la democracia y dar alas a los partidos de extrema derecha.

La creciente evasión fiscal por medio de los paraísos fiscales, y otros recursos aprovechando las fisuras legales, son una de las principales causas de este enriquecimiento en contra del bien común para la sociedad.

En un Informe reciente del FMI calculan el dinero oculto en paraísos fiscales en 6,3 billones de euros y con tendencia a aumentar. Y la utilización de inversiones en sociedades instrumentales, por un monto de 15 billones para pagar menos impuestos. Para más escarnio, Luxemburgo, Holanda e Irlanda entre otros países facilitan esta estafa para beneficio de las grandes empresas. La mayor parte de las empresas del IBEX35 realizan estas prácticas antisociales.

Si queremos que los Gobiernos dispongan de los recursos necesarios para atender las demandas sociales (sanidad, educación vivienda, pensiones, dependencia…) es imprescindible que la Unión Europea armonice el tratamiento fiscal en todos los países europeos, persiguiendo la evasión fiscal e incrementando la lucha contra los paraísos fiscales.

Tarea en la que debemos involucrarnos las organizaciones sociales para hacer avanzar la justicia fiscal en beneficio de la mayoría social. Sobre todo con la continua exigencia al Gobierno Regional para que cumpla el acuerdo firmado por el PSOE, Podemos, IU y Equo “por una política fiscal justa, progresiva y redistributiva”.

(1) A  pesar de estos avances la lucha por erradicar la pobreza está muy lejos de concluir, según la ONU 1.300 millones de personas se hayan por debajo de la línea de pobreza multidimensional que recoge ingresos y necesidades de educación y salud. La mayoría viven en el sur de Asia y sobre todo en el Africa Subsahariana.

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La responsable de Acción Sindical y Comunicación, Marian Alcalde, y la responsable de Igualdad, Eunate García, han explicado hoy que todavía falta concienciación, incluso en los sectores más feminizados, sobre estas desigualdades.

Según los últimos datos del paro, el desempleo en La Rioja tiene rostro femenino, con un 11,33% de desempleadas frente a un 9,37% de parados. Además, el salario medio de un hombre es de 24.653 euros frente a los 19.047 euros de una mujer. Son las mujeres las que más jornadas parciales tienen, un 80,87%, mientras que el 58,86% de los hombres trabaja a jornada completa.

Así, las mujeres son mayoría en sectores como Servicios, la actividad con los peores salarios. “Cuando las mujeres nos incorporamos masivamente al mercado de trabajo, lo hacemos en sectores en los que reproducimos las tareas que hacíamos en el hogar, como Servicios o Educación, donde no se necesita una gran formación ni se paga demasiado”, ha detallado García.

También existe una importante desigualdad en la valoración de las tareas que realizan las mujeres y los hombres. El 44% de la brecha salarial se debe a la percepción o no de complementos salariales, que se asignan de manera personal y discrecional. Se valora la penosidad, la nocturnidad o la peligrosidad, en trabajos que han venido desarrollando los hombres, pero no se premia, por ejemplo, la satisfacción de los usuarios en la atención a la discapacidad, una tarea desempeñada mayoritariamente por mujeres.

CCOO, en función de los últimos datos disponibles de 2016, también observa sesgo de género en la promoción interna. En casi todas las actividades económicas las mujeres reciben un salario peor que los hombres, ya que suelen ocupar categorías inferiores.

La formación es otro de los apartados en los que el sindicato ha comprobado que existe desigualdad. “Hay una gran brecha de género en la oferta formativa, ya que se ofrecen cursos más relevantes para los hombres”.

Así mismo, el sindicato cree que las mujeres todavía tienen una doble exigencia en su puesto de trabajo, al tener que demostrar constantemente su valía.

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Un escrito en el que recuerdan el compromiso de avanzar en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible acordado en 2015 en la ONU. Estos objetivos pretenden acabar con la pobreza y el hambre, reducir la desigualdad económica y la desigualdad de género, avanzar en salud y educación y combatir el cambio climático que amenaza la existencia humana y afecta en primer lugar a los pobres. Tres años después, el panorama es bastante desalentador.

Por ello, la Plataforma quiere hacer hincapié en cinco cuestiones:

1- 821 millones de personas pasan hambre en el mundo, sobre todo en África y en Asia. El hambre crece por tercer año consecutivo. Los conflictos armados, sucesos climáticos extremos  la crisis económica son las causas principales. Pedimos recuperar la Cooperación al Desarrollo, a un 0,4% en España y, en La Rioja, seguir en la senda de conseguir el 0,7%. 

2– Se mantienen altas cotas de pobreza en España. El 18% de la población española está en riesgo de pobreza y exclusión social, en La Rioja el 15,3%. No aceptamos el argumento conformista de que otras comunidades están peor, pues no resuelve los graves problemas de esta población.

3- El número de personas ricas o muy ricas no para de crecer. En La Rioja ha pasado de 2.054 personas en 2011 a 2.259 en 2016, con una media de 2,8 millones de euros. Las causas son las políticas de austeridad, los recortes salariales, la precariedad en el empleo, una injusta política fiscal para los más ricos que pagan poco o nada, la evasión fiscal y la ocultación de fortunas en paraísos fiscales. Reclamamos en La Rioja el mantenimiento del impuesto de Patrimonio, sin bonificaciones y el impuesto de Sociedades. 

4- Queremos recuperar la Sanidad y la Educación de los grandes recortes producidos por las políticas de austeridad y recuperar igualmente las políticas de dependencia, muy abandonadas durante la crisis. Queremos una Educación y Sanidad públicas y de calidad, revertiendo la privatización. 

5- Reclamamos avanzar contra el cambio climático. Nos afecta a todos y sobre todo a las poblaciones más empobrecidas, como lo demuestra el crecimiento del hambre. Es preciso un cambio radical en las políticas económicas y orientarse decididamente a acabar con los combustibles fósiles e impulsar las energías sostenibles, así como promover un modo de vida acorde con la sostenibilidad ambiental.

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Los concentrados, situados en círculo, portaban una pancarta en la que se podía leer ‘Por un mundo sostenible. Sin Pobreza, ni desigualdad’. Asimismo mostraron carteles con mensajes de denuncia y de concienciación sobre la situación de la pobreza a nivel mundial, además de pegatinas que decían “Muévete contra la desigualdad obscena’ y pulseras de ‘Pobreza cero’.

Como portavoz ha actuado Samuel Pérez, miembro de la Plataforma convocante, quien ha puesto el acento en que “ocho hombres acumulan en el mundo tanta riqueza como la mitad de la humanidad”, así como que el 95 por ciento de las empresas del IBEX “tienen filiales en paraísos, donde hay 7,6 billones de dólares ocultos”.

También ha alertado de que hay 38.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión social en La Rioja. De ahí, que haya exigido mayor protección social en la comunidad, el mantenimiento del Impuesto de Patrimonio sin bonificaciones, puesto que podría aumentar la recaudación en más de 6,7 millones de euros.

Además, en cooperación al desarrollo ha exigido que para 2018 se llegue al 0,2 por ciento, ya que “ahora no llegamos ni al 0,1 por ciento”, ha destacado, para a continuación reclamar la puesta en marcha de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. En este punto, ve necesario crear un órgano que lidere y coordine la agenda 2030, ubicado en Presidencia del Gobierno.

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Asistimos a una época de profunda incertidumbre en torno al futuro del trabajo. La gente se pregunta si va a haber trabajo para todos o cómo va a influir la robotización en los empleos actuales.

Esta preocupación es normal, fenómenos como la digitalización, la robotización o la globalización se van a incrementar de forma vertiginosa en los próximos años, con repercusiones clarísimas sobre el mundo del trabajo. También van a influir las tendencias migratorias. Hoy en el mundo hay 244 millones de emigrantes, el 40% más que a principios de siglo y la mitad de los que habrá en 20 años.

Además, hay 200 millones de parados y 40 millones de jóvenes se incorporan cada año al mundo laboral. En los próximos 10 o 15 años se tendrán que crear 400 o 500 millones de empleos para responder a esa demanda.

Así mismo, se necesitan cambios profundos en la manera de trabajar, consumir y producir para cumplir los Objetivos de París sobre el cambio climático. Sectores como el petróleo, el gas o el carbón van a tener que desaparecer. Tenemos que ir a una economía baja en carbono, con lo que millones de empleos van a desaparecer y otros se van a crear.

Y todo esto en un contexto de desigualdad creciente, no sólo entre países, sino también en cada país. Hay, además, un deterioro en las relaciones laborales y en la calidad del trabajo. En España la recuperación económica no está acompañada de una recuperación social.

¿Cómo podemos hacer frente estos cambios?

Estos cambios pueden repercutir para mal, y generar millones de desempleados y marginados, o pueden repercutir para bien. Las nuevas tecnologías pueden significar unas ganancias que pueden crear trabajo en educación o en cuidados a las personas. También debemos renovar la economía para ir a una economía verde que responda a los desafíos del cambio climático.

Todo depende de si esa transición se hace de manera justa y eso requiere diálogo social. En este sentido la OIT es un espacio de diálogo privilegiado, porque es la única agencia de la ONU en la que no sólo están presentes los gobiernos, sino también la sociedad civil.

¿Las próximas generaciones vivirán peor que nosotros?

Las generaciones venideras podrían vivir peor que las presentes o no. El futuro no está escrito, lo podemos construir, aunque tiene que haber un cambio muy profundo en la manera de trabajar, de consumir y de producir. Si no, la sociedad va hacia a un colapso socioambiental. Debe haber un cambio en las energías, en el transporte, en la agricultura y también en las relaciones laborales. Tiene que extenderse el trabajo decente, que es aquel con derechos, sin discriminaciones, en condiciones saludables, con ingresos para vivir dignamente y con protección social. Si se extiende el trabajo decente será más fácil hacer esa transición.

La fiscalidad también deberá cambiar.

Ahora hay un debate sobre si hay que poner impuestos a los robots para obtener la recaudación que no va a venir de los trabajadores a los que sustituyen, pero esto también supondría un frenazo a las nuevas tecnologías. Habrá que ir a una nueva fiscalidad para garantizar la protección social. Igual no hay que poner impuestos a los robots, pero sí a los beneficios que su incorporación aporta a la empresa.

También se discute sobre si la renta básica universal es un instrumento de interés para garantizar que esa transición sea justa y sobre la necesidad de cambiar el sistema educativo porque los trabajadores tendrán que formarse toda la vida.

En un escenario sin cambios, la sociedad puede colapsar por aumento de la desigualdad, por crisis en el sistema de protección social o por razones climáticas. Si no se producen cambios que puedan responder a estos desafíos, la sociedad colapsará.

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¿Ha cambiado mucho el mercado de trabajo como consecuencia de la crisis?

Sí, hay tendencias que ya estaban presentes en la sociedad española en el mercado de trabajo, pero se han acelerado muchas de ellas con la gestión que se ha realizado de la crisis, sobre todo al impulso de las reformas laborales, la del año 2012 y también la de 2010. Esto está dejando una secuela, aparte del desempleo -que tiene un riesgo de cronificación importante en España- está dejando una brecha de género muy evidente. La proliferación de la contratación a tiempo parcial forzada, sobre todo, está haciendo estragos en el empleo femenino en nuestro país. Casi el 90% de las personas que acceden a un contrato parcial son mujeres.

Además, hay una figura, la del trabajador nómada, que rota de una empresa y de un empleo a otro y muchas veces sale de esa situación para ir al desempleo sin generar prestaciones, que es otra de las características de esta situación, además del paro de larga duración, con personas desempleadas en su mayoría con escasa cualificación. Y luego está el fenómeno de la migración hacia el exterior, que es, en muchos casos, la única puerta al empleo que encuentra la gente más joven.

La precariedad en el trabajo está provocando que haya gente pobre con un empleo.

Nosotros venimos hablando de la pobreza laboral hace años. Hoy ya tener un empleo no es garantía de salir de la pobreza o de no caer en ella. Este era un fenómeno típico del franquismo: las precarísimas condiciones de trabajo que tenía la mayoría de la gente habían extendido la pobreza laboral. Esto había desaparecido con la democracia y con el proceso de modernización de este país, pero ahora está muy presente y hay millones de trabajadores y, sobre todo, de trabajadoras que tienen esa condición. Sobre todo está asociada a las modalidades de contratación precarias y a un proceso de devaluación salarial, que se ha producido no precisamente en los colectivos más cubiertos por la negociación colectiva, sino en aquellos a los que la reforma laboral ha dejado sin protección.

Además, la devaluación salarial afecta más a los que menos ganan.

Efectivamente, no hay más que asomarse a las estadísticas y a la evaluación de los salarios. Los directivos en las empresas del Ibex35 han visto mejoradas sus retribuciones y las capas medias de trabajadores cualificados han perdido entre el 7 y el 8 % en sus retribuciones, también en el empleo público, pero ha sido precisamente la franja de personas menos cualificadas con empleos más precarios en el sector servicios, fundamentalmente, quienes han visto devaluados sus salarios hasta niveles de menos 40% con respecto a las retribuciones en esos mismos sectores antes del inicio de la crisis.

¿Cuáles deberían ser las prioridades del nuevo Parlamento y el nuevo Gobierno? ¿Qué hay que hacer urgentemente?

Existe la prioridad en el terreno político de buscar un cauce para superar la crisis territorial, el conflicto entre Cataluña y el Estado, que yo pienso que pasa por una reforma a fondo de la Constitución española, no sólo en clave territorial. Luego están las prioridades derivadas de una forma muy insolidaria de gestionar la crisis económica. España necesita de un plan de choque para la activación de la economía y eso necesita recursos y mover la demanda interna, que en un 60% depende de la capacidad de consumo de las familias españolas, lo que son salarios, pensiones y prestaciones sociales. También es necesario luchar contra la pobreza y contra las desigualdades.

Si esas son las prioridades, la acción del Gobierno debería orientarse también en esa dirección, sabiendo que necesitamos un tiempo para superar los efectos de una gestión desde 2010 en clave de austeridad, de recortes y de reformas que han devaluado el mercado de trabajo…y que probablemente en una sola legislatura no se pueda recuperar todo lo perdido, pero hay que iniciar esa senda.

El inicio del camino debe además contar con una reforma fiscal, sin ingresos públicos no hay posibilidades de afrontar eso y necesitamos al mismo tiempo una negociación para conseguir un calendario de consolidación fiscal distinto y más flexible en el tiempo, para que el crecimiento que experimente la economía española no se lo lleve la gatera de la exigencia de consolidación fiscal. Hay que reducir el déficit y la deuda pero en un tiempo adecuado y no precisamente en el momento más duro de necesidad en materia de empleo, pobreza y de desigualdad, que España no está en condiciones de afrontar, como no lo está Portugal o no lo estaba Grecia.

¿Qué pasará si seguimos en la misma línea?

Sería dramático que la sociedad española no aprovechase la oportunidad que ha tenido más clara en diciembre, más difusa en junio, para producir un cambio, que pasa por alinear la economía con las necesidades de las personas. Los gobiernos tienen que saber que de nada sirve el crecimiento económico si todo sus beneficios van destinados a mejorar las rentas de una franja muy reducida de la población, mientras mantienen a la mayoría en una situación de pobreza. Yo creo que hay mimbres parlamentarios suficientes para un gobierno de cambio, para forzar un cambio en las políticas económicas y en la orientación de las políticas sociales.

Recientemente conocíamos que Rajoy ha retirado 8.700 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. ¿Las pensiones corren peligro?

Las pensiones teóricamente están garantizadas por la Constitución española. Hubo un tiempo en el que no existía un Fondo de Reserva y se pagaban las pensiones de igual manera. Cuando se creó, en el año 96, estábamos previendo lo que iba a suceder de ahora en 15 años. El Gobierno lo que ha hecho es una política muy negativa de empleo, una política salarial de devaluación, ha utilizado las cotizaciones a la Seguridad Social como elemento de bonificación de empleos que se habrían creado de todas maneras, ha congelado el salario mínmo, que determina la base mínima de cotización a la Seguridad Social… Toda una serie de cuestiones que cada una de ellas por sí sola parece no muy importante, pero que sumadas todas ellas nos han llevado a este agujero que tiene la Seguridad Social en estos momentos. Hay que corregir esta situación y hay que hacerlo rápidamente.

La Seguridad Social de aquí al año 2040 necesita cuatro puntos adicionales de PIB, de ingresos, si no es así, no quedará otra alternativa que recortar el gasto y debilitar las pensiones. No son 40.000 millones de euros de hoy para mañana, hay un espacio temporal suficiente para ir haciendo correcciones, por ejemplo, llevando el salario mínimo interprofesional a 800 euros al año que viene, como nosotros proponemos, y probablemente buscando en los impuestos generales la parte necesaria para cubrir todas las contingencias no contributivas de la Seguridad Social. Se hizo un esfuerzo en los años anteriores, desde 1996, y ahora hay que completarlo.
Todas estas medidas, que si se espera al último minuto serían durísimas, si se hacen en los próximos 15 o 20 años son asumibles y darían la solidez necesaria a nuestro sistema de pensiones para garantizar al menos la calidad que tienen las pensiones hoy.

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Los secretarios generales de CCOO y UGT en La Rioja, Juan José Bárcenas y Jorge Ruano, han presentado hoy este documento, que ya han entregado a los distintos partidos, emplazándolos a comprometerse a llevarlo a cabo.

Así, los sindicatos consideran que la lucha contra el desempleo debe ser el objetivo número uno, por lo que proponen un Plan de Choque por el Empleo, además de la derogación de las reformas laborales y la lucha contra la precariedad laboral.

Acabar con la política de “austeridad compulsiva” en España y en la Unión Europea, elevar el Salario Mínimo, reforzar las políticas activas de empleo y reformar la política fiscal son otras de las medidas propuestas, además de la promoción de un suelo de gasto social en la Constitución, para mantener los niveles de protección.

Así mismo, el documento incluye acciones como el fortalecimiento del gasto social, la recuperación del Pacto de Toledo y la derogación de la LOMCE y de las reformas sobre las pensiones desde 2012.

También garantizar la igualdad de trato y la no discriminación, reforzar la prevención de riesgos laborales, luchar contra la pobreza, aplicar la Ley de Dependencia y construir un sistema integral de Servicios Sociales forman parte de este listado.

CCOO y UGT apuestan, además, por poner en marcha un Plan Estratégico para la Industria, por derogar la Ley Mordaza, por defender una UE social y respetuosa con los derechos humanos y por rechazar las actuales formulaciones dadas a los Tratados de Libre Comercio.

“De una vez por todas, hay que plantear en la comunidad autónoma una política industrial capaz de generar empleo”, ha dicho Ruano, quien también ha apostado por asegurar los ingresos mínimos para las personas que quedan fuera del mercado de trabajo y tienen complicada la inserción, así como por “legislar de manera clara para combatir la pobreza y la desigualdad”.

Las elecciones deben ser, en palabras de Bárcenas, “el punto de partida para comenzar un giro hacia el progreso de forma clara y sin más demora”, después del “mensaje de rechazo a las políticas del PP” de los pasados comicios y de “la gestión frustrante” de ese resultado por parte de los partidos políticos.

“Existe cierta incertidumbre sobre los nuevos partidos, pero si algo tenemos claro es que si repite un gobierno del PP no vamos a recuperar derechos y no van a cambiar las políticas de austeridad“, ha explicado Ruano, quien ha lamentado que “los partidos no hayan sido capaces de hacer lo que los sindicatos hacemos todos los días: llegar a acuerdos”.

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