Se da la circunstancia de que fue la propia empresa quien denunció el convenio colectivo, bajo el pretexto de adaptar este a las nuevas necesidades y realidades del sector en que desarrolla sus actividades. Sin embargo, desde que hace un año se constituyó la mesa negociadora no ha hecho una sola propuesta en firme, aparte de negarse reiterada e injustificadamente a abonar a sus trabajadores la revisión salarial que recoge el convenio colectivo correspondiente a la actualización del IPC de 2017.

La insostenible tesitura, unida a la práctica congelación salarial que desde hace ocho años vienen sufriendo trabajadores y trabajadoras, han llevado a las secciones sindicales de CCOO y UGT en la empresa, por una parte, a interponer un conflicto colectivo en la Audiencia Nacional por el impago del IPC y, por otra, a comenzar a realizar movilizaciones como protesta y denuncia de la situación que vienen sufriendo los trabajadores.

Paralelamente, delegados y delegadas de ambas centrales sindicales comenzarán a solicitar a las distintas administraciones –que son quienes dotan presupuestariamente estos servicios (menores infractores, mayores, protección de menores, etc.) y últimas responsables de esta gestión de un servicio público– a que insten a la empresa a emplear ese dinero en el capítulo que por ley les corresponde, es decir, a las retribuciones salariales de los trabajadores.

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