En la Mesa de Diálogo Social, conformada por el gobierno regional y los agentes sociales más representativos de nuestra región, reunida ayer miércoles 11 de marzo, CCOO de La Rioja propuso a la Presidenta del Gobierno de La Rioja, entre otras medidas, la convocatoria extraordinaria y urgente de la Mesa General de Negociación de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

La situación generada por la evolución del coronavirus COVID-19 y su “transmisión comunitaria significativa” ha supuesto la adopción de medidas de contención extraordinarias por las autoridades de salud pública que incluyen, entre otras, el cierre de centros educativos y de atención a mayores.

Por ello, adicionalmente se requiere la adopción de otras medidas que aúnen la protección de la salud de las empleadas y empleados públicos con la garantía de la adecuada prestación de los servicios públicos. Tales medidas deberán ser especiales y específicas en los servicios más sensibles o con mayor riesgo, como son los servicios sanitarios, de educación, servicios sociales y de atención a la dependencia, centros de menores, servicios de atención al público, servicios de justicia o instituciones penitenciarias.

Con tal fin, CCOO de La Rioja planteó ayer la perentoria necesidad de realizar una convocatoria inmediata de la Mesa General de Negociación de la CAR con el propósito de arbitrar, entre otras, las medidas necesarias para que el personal al servicio de la CAR que se encuentre en situación de aislamiento por motivo del COVID-19 continúe percibiendo durante el tiempo que permanezca en dicha situación el cien por cien de sus retribuciones, que se adopten medidas de flexibilización de la jornada laboral, así como que se haga posible, en el caso de que sea imprescindible, la permanencia del personal en su domicilio, teniendo la consideración de permiso retribuido por deber inexcusable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 j) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Finalmente, en la noche de ayer, se ha concretado dicha convocatoria de la Mesa General. El Área Publica de CCOO de La Rioja valora muy positivamente el esfuerzo y la disponibilidad de la Dirección General de la Función Pública y la Consejería de Gobernanza, en momentos tan difíciles, para articular tan pronta y eficaz respuesta.

Así mismo, CCOO de La Rioja instará, a continuación, la convocatoria en cascada de las Mesas Sectoriales de Educación, Servicios Generales, Justicia y el Servicio Riojano de Salud al objeto de establecer de forma ordenada y eficaz las medidas laborales necesarias e cada ámbito, en particular las adaptaciones funcionales específicas precisas para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos.

Igualmente, se instará la convocatoria con carácter urgente de los Comités de Seguridad y Salud constituidos en nuestro Sector Público autonómico, por ser en tales foros de configuración legal para la consulta y planificación de la actividad preventiva donde pueden ser afrontadas eficazmente todas las cuestiones organizativas relativas a la seguridad, salud e higiene en el trabajo.

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Los presupuestos son el instrumento fundamental para llevar a cabo las políticas públicas y definen las prioridades de la acción de gobierno,  “la exposición de motivos de la Ley de Presupuestos no depende de la herencia recibida, ni de los recursos”, los presupuestos tienen que situar los objetivos que se persiguen.  En ese sentido, “echamos de menos algunos elementos para ese giro social que Comisiones Obreras reclama”.

La clave es ver cómo se ejecutan las partidas, si van destinadas a invertir en lo público o si siguen derivados hacia el beneficio empresarial como ha ocurrido en los últimos años”, ha dicho Jorge Ruano, que ha anunciado que estarán atentos a la prórroga de los contratos en el ámbito de salud.

Aunque da un “aprobado” a los 100 primeros días del nuevo Gobierno de La Rioja porque “se han cumplido elementos que eran esperables”, Comisiones Obreras lamenta que no haya ninguna referencia al diálogo social en el dossier de los 100 días de Gobierno. Esto contrasta con las iniciativas de la presidenta que convocó encuentros con patronal y sindicatos en los primeros días tras su toma de posesión, que incluyó el Diálogo Social en una Dirección General y con la convocatoria de dos reuniones del Consejo de Diálogo Social, la primera de ellas con la presencia de la ministra de Trabajo en funciones, pero la omisión de los mismos en el documento que presenta el gobierno no lanza ese mensaje.

Se han mantenido encuentros con las Consejerías de Desarrollo Autonómico, Sostenibilidad y Transición Ecológica, y Servicios Sociales en el marco del Diálogo Social y donde ya avanzamos elementos en relación con la prevención de riesgos, la Renta de Ciudadanía o las infraestructuras. Y en lo referente a los encuentros bilaterales, se han mantenido reuniones con estas consejerías y con la de Gobernanza Pública para conocer sus prioridades.

Por contra, seguimos sin tener respuesta del resto de Consejerías, especialmente significativo es el caso de la Consejería de Educación y Cultura, que es donde residen las competencias en materia de empleo, formación y cualificación de los trabajadores, políticas activas de empleo. Cuestiones que afectan de manera directa a los elementos nucleares de la acción de los sindicatos y también de los empresarios.

En estos momentos se hace necesario establecer cuáles son los espacios de diálogo social y saber cómo se articula la participación de las organizaciones sindicales y patronales, y el alcance de los posibles acuerdos. “Hay una clara voluntad de la presidenta de abrir espacios de diálogo social pero hay acciones e inacciones que parecen ir en sentido contrario a la participación de los sindicatos y empresarios”, ha considerado el Secretario General.

Finalmente, ha lamentado que los agentes sociales se hayan sido excluidos del Consejo de Administración del IRVI, una herramienta importante para la ejecución de las políticas en materia de vivienda, y que se ha solicitado una reunión para pedir explicaciones porque “se nos informó telefónicamente de forma escueta y sin argumentarlo”. Ruano ha recordado que el Instituto Riojano de la Vivienda nació en 1991 en el marco de la concertación social, impulsada fundamentalmente por los sindicatos.

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