Sin embargo, esta nueva apertura sigue siendo insuficiente para las organizaciones sindicales, debido a la falta de efectivos en cocina y camareras. Además, sólo se servirán comidas de lunes a viernes, y no de lunes a domingo como se hacía hasta ahora. Por tanto, se trata de una apertura limitada.

Las organizaciones sindicales han recibido una notificación por correo electrónico este viernes por parte del director-gerente del centro en el que ha anunciado que el centro retomará la actividad el próximo domingo 10 de septiembre, una vez regularizados los contratos de servicio obligatorios.

“Para ello, autorizo a todo el personal propio y externo a retomar sus puestos de trabajo en la fecha señalada, dado que el centro ofrece las condiciones mínimas de seguridad. Ya he dado las instrucciones a los responsables de los servicios afectados. Ese día podrán incorporarse los alumnos a partir de la tarde”, ha explicado.

También ha señalado que el servicio de comedor que el centro puede ofrecer será desde el desayuno de los lunes hasta la comida del último día laborable de la semana, pudiendo solicitar picnic para la cena de dicho día. Además, las clases se retomarán con normalidad según el calendario previsto.

No obstante, ha precisado que, durante los fines de semana, habrá personal de atención directa (TCAE y ordenanzas) para los alumnos que decidan quedarse, pero sin camareras ni personal de cocina por la carencia de efectivos. 

Este funcionamiento queda establecido para todo el mes de septiembre, a la espera de las incorporaciones de la Oferta de Empleo Público de 2018 y 2019. El director-gerente ha reconocido que “la normal prestación de servicios a nuestro alumnado está amenazada a corto plazo por otras”.

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Este martes 13 de diciembre, el Comité de Empresa de Osga S.L., con mayoría y presidencia de CCOO, ha conseguido a través del conflicto colectivo que se reconozca la correcta aplicación del actual convenio en vigor de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad.

El Centro Especial de Empleo decidió descolgarse unilateralmente del último convenio publicado en 2019 y mantenían la aplicación del XIV Convenio Colectivo, publicado en el año 2012.

Esto hecho, afectaba a la plantilla de diversas maneras, desde jornadas de trabajo efectivo más elevadas, hasta cotizaciones y retribuciones inferiores.

A raíz del acto de conciliación, Osga Centro Especial de Empleo se compromete a regularizar cotizaciones y salarios de las personas afectadas desde Noviembre de 2021 (año en el que CCOO ganó por mayoría las elecciones sindicales y comenzó a investigar).

Desde CCOO queremos agradecer a toda la afiliación y representantes legales su compromiso en la defensa de los derechos laborales de las personas trabajadoras.

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La negativa sistemática de las organizaciones patronales presentes en la Mesa Negociadora a cumplir con lo dispuesto en el artículo 32.1 del convenio colectivo sobre la revisión salarial que se acordó en su momento para 2022, obligó a la Federación de Enseñanza de CCOO a interponer conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional y a convocar movilizaciones en el sector durante los últimos meses, coincidiendo con las negociaciones del XVI Convenio Colectivo. 

La sentencia supone un varapalo a la actitud inmovilista de las entidades y empresas del sector y a su apuesta por pasar por los tribunales, y obliga a la realización de las actuaciones precisas para la actualización de las tablas salariales que constan en el Anexo III del convenio, de forma que se incremente, desde el 1 de enero de 2022, el salario base en el 3,75%, y se establezca el importe del primer nivel (N1) del complemento de desarrollo y capacitación profesional en un 9,20% del salario base incrementado, y el importe del segundo nivel (N2) del mismo complemento en un 7,20% del salario base incrementado.

En definitiva, una victoria sin paliativos que fuerza a las empresas a aplicar y pagar en los términos indicados y que supondrá que más de 150.000 trabajadores y trabajadoras del sector vean actualizadas sus retribuciones de manera significativa, en un momento especialmente complicado, con una inflación disparada que venía disminuyendo su poder adquisitivo, especialmente de quienes perciben las retribuciones más bajas. Con la aplicación de lo dispuesto en el artículo 32, los incrementos salariales para este 2022 pueden llegar hasta un 13%, en función de la antigüedad de la persona trabajadora.

Tras el fallo del tribunal, CCOO ha solicitado la convocatoria de la Mesa Negociadora, con carácter de urgencia, para poner fin al conflicto, adecuar las tablas salariales tal y como recoge la sentencia y continuar negociando el XVI Convenio Colectivo. Entendemos que en estos momentos el sector necesita de certidumbre y sosiego, y no contemplamos otro escenario que no sea el del diálogo y el de la búsqueda de acuerdos, en beneficio de las personas trabajadoras y de las entidades que las emplean.

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Alrededor de 350 trabajadores y trabajadoras han secundado la  convocatoria realizada para exigir una negociación real que  garantice el mantenimiento del poder adquisitivo mediante  la aplicación del artículo 32 o a través de la inclusión de  cláusulas de revisión salarial, así como el cumplimiento de  los compromisos adquiridos en materia social. 

AEDIS, la patronal mayoritaria, no ha tardado en tacharnos de irresponsables por bloquear la negociación y por judicializar el incumplimiento del artículo 32 y la absorción que muchas entidades realizan de complementos salariales no absorbibles y no compensables. ¿Y qué esperaban? ¿Que nos cruzáramos de brazos? ¿Qué les aplaudiésemos? 

Las tablas salariales de 2022 ya deberían estar revisadas  conforme al artículo 32 y firmadas. No es así por la  intransigencia patronal y su negativa a cumplir con lo dispuesto en el XV Convenio Colectivo. Ellos son los  irresponsables. Si firman las tablas, se acaba el conflicto. Así de sencillo.  

Si las organizaciones patronales no rectifican y siguen ninguneando la negociación colectiva y el cumplimiento del  artículo 32, las medidas de presión irán en aumento y se  acabarán por trasladar a los centros de trabajo.  

Si la defensa de los derechos de las personas con discapacidad  por la que dicen trabajar AEDIS o Plena Inclusión pasa por  negarles el derecho básico a un salario digno, que les permita  llevar una vida digna, o si el modelo de empleo que proponen pasa por la mercantilización del sector y por la precarización  del conjunto de las personas trabajadoras, entonces CCOO seguirá poniendo todos sus recursos a disposición de esas  personas y mostrará su lado más beligerante y menos amable.

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En un contexto económico de alza de precios, resulta imprescindible garantizar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, en especial de aquellas con retribuciones más bajas. La negativa de las patronales a cumplir con la cláusula de revisión salarial pactada en el convenio colectivo y su pretensión de rebajar el alcance de las mejoras sociales ya comprometidas en la negociación, lleva a CCOO, con más del 50% de representatividad en la Mesa Negociadora, a convocar en solitario movilizaciones para el próximo 14 de septiembre en todo el territorio nacional, que se enmarcan dentro de la campaña confederal de Salario o Conflicto.

La actitud inmovilista de la representación patronal del sector y su apuesta por pasar por los tribunales, mantenida en el acto de mediación celebrado del pasado 8 de julio, en el que CCOO llegó a plantear hasta tres propuestas retributivas diferentes para desencallar la negociación, nos lleva a un escenario de incertidumbre que, a medio plazo, puede suponer para aquellas entidades que dejen de abonar lo regulado en el actual convenio colectivo la puesta en riesgo de su viabilidad económica.

A pesar de que las administraciones públicas ya están recogiendo en los pliegos de licitación los incrementos salariales que se habían pactado en el XV Convenio Colectivo para 2022, las patronales se siguen negando a aplicar esas subidas. Asimismo, desde CCOO no entendemos cómo AEDIS, patronal mayoritaria del sector e integrante de Plena Inclusión, entidad que dice apostar por que las personas con discapacidad puedan desarrollar su propio proyecto de calidad de vida, se muestra intransigente a cumplir con lo dispuesto en el convenio colectivo para quienes trabajan en sus entidades, tengan o no discapacidad.

En un sector de marcado carácter social, en el que las personas trabajadoras representan el mayor valor que tienen las entidades, las que permiten visibilizar al sector de la discapacidad en la sociedad y sobre las que pivota el principal apoyo con el que cuentan los usuarios y las usuarias, profesionales cualificados y formados que pretenden vivir dignamente de su trabajo, obliga al sindicato a la judicialización y la movilización ante los incumplimientos patronales y en defensa del conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras.

CCOO va a ser muy beligerante si el modelo de empleo que proponen está marcado por la precariedad laboral, y avisa de que, si la situación actual se estanca, el conflicto se trasladará a los centros de trabajo. No podemos permitir que la personas trabajadoras sean, una vez más, las afectadas por una situación económica que no han generado. El efecto de los beneficios empresariales sobre la inflación es cinco veces superior al de los salarios, por lo que no vamos a tolerar actuaciones partidistas sobre los recursos económicos que las administraciones están destinando a las entidades. Urge una redistribución de rentas que permita el incremento de los salarios, acorde a la evolución del IPC, y la contención de los márgenes empresariales. 

La Federación de Enseñanza de CCOO hace un llamamiento al conjunto de trabajadoras, trabajadores, personas usuarias y familias para que participen en las concentraciones que tendrán lugar en las principales capitales de provincia el próximo miércoles 14 de septiembre, ante las sedes de Plena Inclusión y de AEDIS.

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CCOO se suma a esta jornada reivindicativa y señala la necesidad de una Estrategia Europea de Discapacidad para 2021-2030 que se base en la estrategia actual pero que se complete con acciones específicas para velar por la incorporación real de los derechos de las personas con discapacidad en la política, los programas y los instrumentos de la UE.

Esa estrategia debe abordar el actual contexto social y económico europeo, teniendo en cuenta la difícil situación de las personas con discapacidad en el marco de la crisis sanitaria y económica resultante de la pandemia de la Covid-19. Todo ello sin olvidarnos de los compromisos contraídos por España en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la legislación de la UE, el Pilar Europeo de Derechos Sociales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Reforzar las medidas para la integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral ordinario ha de ser uno de los objetivos principales de esa nueva estrategia, buscando garantizar la plena inclusión social y económica de todas las personas.

También es necesario que desde el marco europeo se adopten medidas específicas en relación con los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo que afectan a este grupo de trabajadores, adoptando un enfoque preventivo al apoyar la contratación y la reincorporación al trabajo de personas con discapacidad.

CCOO es partidaria, junto con la mayoría de sindicatos europeos, de que se refuercen las obligaciones, de ofrecer una adaptación razonable de los lugares de trabajo a los trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Así como de la obligación de consulta periódica a la representación sindical sobre las políticas de integración aplicadas a nivel sectorial y de empresa.

Por último, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad CCOO reclama que la nueva estrategia europea incluya y apoye campañas de sensibilización sobre las barreras que se encuentran las personas con discapacidad. Estas campañas deberían poner de relieve la discriminación múltiple e interseccional a la que se enfrentan ciertos grupos de personas con discapacidad, en particular las mujeres y las niñas, las personas LGBTI, las personas migrantes, refugiadas y pertenecientes a minorías étnicas.

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Entre las reivindicaciones más destacadas, figuran incrementos salariales para 2017 y 2018, por encima del IPC, para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, cifrado en un 5,4%.

Además, reclaman que ninguna categoría profesional perciba un salario base por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), así como limitar los efectos de los Reales Decretos que permiten computar los complementos personales en las retribuciones anuales a la hora de determinar si se está o no por debajo del SMI.

Piden asimismo la reducción de la jornada semanal a 37,5 horas, tanto para los centros de atención especializada, como para los centros especiales de empleo, al tiempo que se adecue la jornada anual a la semanal.

También han pedido un mes de vacaciones, preferentemente en verano, que en ningún caso podrán ser compensadas económicamente. De los 30 días de vacaciones, 15 podrán ser elegidos por el trabajador, además de que las vacaciones deberán ser notificadas con un mínimo de dos meses de antelación. Los representantes sindicales han exigido que cuando el periodo de vacaciones coincida con una situación de incapacidad temporal, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones aunque haya finalizado el año natural a que correspondan, así como seis días de asuntos propios.

Entre sus propuestas también se encuentran mejoras en los permisos retribuidos incorporando uno nuevo por asistencia al médico y por acompañar a un menor de doce años o familiar con dependencia a su cargo. Finalmente, han abordado la situación de las bajas laborales, para que el primer mes se pague el cien por cien del salario, entre otras cuestiones.

CONVENIO

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Entre las reivindicaciones más destacadas, figuran incrementos salariales para 2017 y 2018, por encima del IPC, para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, cifrado en un 5,4%.

Además, reclaman que ninguna categoría profesional perciba un salario base por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), así como limitar los efectos de los Reales Decretos que permiten computar los complementos personales en las retribuciones anuales a la hora de determinar si se está o no por debajo del SMI.

Piden asimismo la reducción de la jornada semanal a 37,5 horas, tanto para los centros de atención especializada, como para los centros especiales de empleo, al tiempo que se adecue la jornada anual a la semanal.

También han pedido un mes de vacaciones, preferentemente en verano, que en ningún caso podrán ser compensadas económicamente. De los 30 días de vacaciones, 15 podrán ser elegidos por el trabajador, además de que las vacaciones deberán ser notificadas con un mínimo de dos meses de antelación. Los representantes sindicales han exigido que cuando el periodo de vacaciones coincida con una situación de incapacidad temporal, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones aunque haya finalizado el año natural a que correspondan, así como seis días de asuntos propios.

Entre las propuestas también se encuentran mejoras en los permisos retribuidos incorporando uno nuevo por asistencia al médico y por acompañar a un menor de doce años o familiar con dependencia a su cargo. Finalmente, han abordado la situación de las bajas laborales, para que el primer mes se pague el cien por cien del salario, entre otras cuestiones.

Si las Patronales continúan ninguneando a los y las profesionales del sector, se anuncian nuevas movilizaciones.

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