En esta ocasión el Real Decreto publicado con fecha de hoy, señala el reconocimiento de enfermedad profesional del COVID para profesionales sanitarios y sociosanitarios, pero no incluye a otros profesionales que desempeñan sus funciones en estos centros; com son las limpiadoras y limpiadores, vigilantes de seguridad, trabajadores de servicios funerarios, auxiliares, celadores y otros profesionales.

De igual manera se desprende del RD la ambigüedad, al no dejar clara su aplicación a otros profesionales como los de ayuda a domicilio y teleasistencia. Esta federación sindical considera que estos trabajadores y trabajadoras han estado en primerísima línea ante la pandemia desde el principio y sufren los mismos riesgos que el personal sanitario en el desempeño de sus funciones. Muchas y muchos de ellas y ellos han pagado su dedicación con la vida.

Por todo ello desde CCOO de Construcción y Servicios no podemos entender como estos colectivos han quedado fuera de esta regulación y exige las mismas medidas adoptadas para estos colectivos profesionales.

CCOO de Construcción y Servicios, va a realizar las consultas pertinentes en el interno de la organización para proponer y llevar a cabo las movilizaciones que se acuerden y se consideren necesarios para reconocer y situar a estos profesionales en el lugar que les corresponde.

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El Real Decreto-ley publicado este miércoles, 3 de febrero de 2021, supone un evidente paso adelante al reconocer el carácter de enfermedad profesional de los trabajadores y trabajadoras sanitarios y sociosanitarios. Sin embargo, CCOO manifiesta su preocupación porque no dé una cobertura completa a todas las personas potencialmente afectadas por su empleo en centros sanitarios y sociosanitarios.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) mantiene así la reivindicación de que también sean reconocidos con este mismo derecho la totalidad de actividades sanitarias y sociosanitarias, lo que incluye al personal subcontratado que trabaja en centros sanitarios, de ambulancias, ayuda a domicilio, servicios funerarios, y todas las residencias de mayores (no sólo las medicalizadas), así como al conjunto de actividades auxiliares que participan en la atención sanitaria y sociosanitaria, y que están expuestas al contagio por contacto con pacientes.

La FSS-CCOO considera que se ha perdido la oportunidad de zanjar la protección al personal de centros y servicios sanitarios y sociosanitarios que han sufrido el contagio por Covid, que hoy en día ya alcanza a 118.000 trabajadores y trabajadoras. Siendo un avance importante esta solución parcial de la enfermedad profesional, se hacen necesarias algunas aclaraciones en el texto que clarifiquen el alcance de las medidas.

Asimismo, para este sindicato el reconocimiento de la existencia de enfermedad profesional por contagio a este riesgo biológico no puede tener una limitación temporal tal y como recoge el Art. 6 del RD ley 3/2021 porque la exposición a este riesgo no acaba con el levantamiento por las autoridades sanitarias de todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el mencionado virus SARS-CoV-2.

El Real Decreto-ley publicado hoy, 3 de febrero de 2021, por el Consejo de Ministros reconociendo la enfermedad profesional para los profesionales sanitarios y socio-sanitarios es fruto de la movilización sindical que CCOO y otras organizaciones venimos llevando a cabo desde que se declaró la pandemia. Desde el inicio de la pandemia, CCOO viene reclamando el reconocimiento de enfermedad profesional para todos los contagios por covid-19 producidos en el desarrollo de su trabajo para la totalidad de las plantillas de los sectores sanitarios y socio-sanitarios, así como para el personal de las actividades esenciales que se contagiaron durante el primer estado de alarma, cuando se vieron obligados a trabajar de cara al público, sin ni siquiera disponer de mascarillas ni los más elementales equipos de protección.

Junto a ello, CCOO ha mantenido una línea de trabajo institucional, tanto en los espacios de Seguridad Social como en los de Salud Laboral y los estrictamente sanitarios con cada uno de estos Ministerios, en los que se han presentado propuestas concretas basadas en evidencias científicas que avalan el reconocimiento de enfermedad profesional; una de las últimas mantenida con el Ministerio de Seguridad Social el pasado 26 de noviembre.

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El reconocimiento del Accidente de Trabajo se determina de forma directa en el Real Decreto-Ley aprobado esta mañana y se reconoce a quienes prestan servicios en centros sanitarios y socio-sanitarios y que hayan contraído la enfermedad COVID-19 durante cualquiera de las fases de la pandemia, por haber estado expuestos a ese riesgo específico durante la prestación de servicios sanitarios y sociosanitarios. Estas personas, o sus familiares en el caso de que desgraciadamente hayan fallecido, podrán solicitar el reconocimiento de accidente de trabajo hasta el mes posterior a la finalización del estado de alarma, previsiblemente julio.

Este reconocimiento, debe entenderse, alcanza a las prestaciones de incapacidad temporal, incapacidad permanente, así como todas las prestaciones de muerte y supervivencia que se puedan derivar de las mismas. Garantizando de este modo el nivel más alto de protección social que ofrecen las prestaciones de Seguridad Social, al exigir menores requisitos de acceso y cuantías más altas en las prestaciones.

No obstante, este paso mantiene cuatro severas carencias:

1. 1. La nueva norma limita su efectividad la efectividad de la norma quienes han contraído la enfermedad solamente hasta el mes posterior a la finalización del estado alarma, lo cual es insuficiente y, en nuestra opinión, insostenible. Una persona infectada en su desempeño profesional en un centro sanitario tras la finalización de ese periodo, no debe tener un tratamiento distinto a las personas infectadas durante el mismo.
2. 2. Debe incluirse también la previsión de incapacidades permanentes futuras por secuelas.
3. 3. Por otra parte, la aplicación de esta norma debe incluir al personal expuesto a los mismos riesgos en transporte sanitario, servicios funerarios o servicios auxiliares en centros sanitarios o socio-sanitarios (limpieza, servicio de comidas,…) Así se lo hemos trasladado al Gobierno y defenderemos ese criterio en la aplicación concreta de esta norma y, en su caso, la adaptación normativa de la misma para trasladar la máxima seguridad jurídica a las personas afectadas.
4. 4. Permanece abierta la cuestión de que se reconozca la COVID-19 como enfermedad profesional, así como la necesidad de actualizar el cuadro de enfermedades profesionales, sin apenas variación desde su puesta en marcha hace varias décadas, y la revisión del procedimiento que actualmente regula este tipo de enfermedades de origen profesional.

Para CCOO es indudable que los contagios masivos se han producido en el trabajo por la escasez o inexistencia de equipos de protección individual y por la utilización, en muchos casos, de equipos de protección individual (EPI) que se han demostrado defectuosos. Y en este sentido sus servicios jurídicos orientarán a las personas afectadas para que, en función de las situaciones concretas en las que se hayan producido los contagios, puedan reclamar todas las mejoras previstas para los Accidentes de Trabajo cuando no se han cumplido las medidas de prevención de riesgos laborales, como el recargo de prestaciones que pueden incrementar las cuantías de éstas.

LA RIOJA

Es necesario recordar que en La Rioja han brillado por su ausencia los EPIs, sobre todo en las residencias de tercera edad y centros sociosanitarios privados, también en el propio sector público.

En las residencias de mayores y centros de dependencia de nuestra región la pasividad gubernamental ha sido palmaria y sus consecuencias letales. La competencia en materia de salud pública, que viene atribuida en exclusiva a la Administración autonómica, ha radicado siempre íntegramente en la Consejería de Salud, la cual ha permanecido inoperante ante situaciones de descontrol epidemiológico manifiesto.

Por su parte, el Servicio Riojano de Salud iba minorando los estándares de protección en función de los escasos EPI existentes y no de los riesgos reales, de forma que, por ejemplo, 1/3 de los contagios habidos en el hospital de Calahorra tienen causa directa en el desempeño profesional sin EPI durante la primera quincena del pasado mes de abril y en Fundación Rioja Salud el impacto de contagios ha sido notablemente superior a la media por falta de una planificación preventiva básica.

Así mismo, debe señalarse que la Consejería de Salud impidió primero, por pura propaganda política, que las distintas entidades se aprovisionaran de EPI a través de sus propios medios con la indicación de que se les suministrarían de forma centralizada a través del INGESA, lo que nunca sucedió, y mantuvo, más tarde, oculto hasta fecha bien reciente el total agregado de profesionales contagiados, cifra que fue preciso obligarle a hacer pública al amparo de la Ley de Transparencia con el apercibimiento de acciones judiciales en caso contrario.

Todas estas circunstancias, y otras que nos constan documentalmente acreditadas, deberían ser objeto de una rigurosa investigación independiente que ponga de manifiesto las carencias y áreas de mejora a la luz de la experiencia vivida (aún no se ha reconocido ninguna más allá de meras declaraciones puramente retóricas), pues los errores cometidos han puesto en riesgo derechos fundamentales que gozan de máxima protección constitucional, cuales son el derecho a la vida y la integridad física de las personas, y aprender con humildad de dichos errores es, entre otras cosas, una inteligente y útil preparación ante futuros rebrotes.

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La sentencia del Tribunal Constitucional ve ajustados a la Carta Magna los despidos por bajas laborales según el Artículo 52.d de esta reforma y, ante ella, el secretario general de Comisiones Obreras, Jorge Ruano, ha advertido de que no vamos a admitir que los trabajadores acudan a su puesto enfermos por miedo al despido.

Pedimos al nuevo gobierno progresista que tenga como prioridad derogar aspectos como la posibilidad de despedir por acumulación de bajas por enfermedad justificada.

Esto ya se regula en el Estatuto de los Trabajadores pero ahora se están viendo los casos individuales, permitiendo, por ejemplo, despedir a una persona tras una intervención quirúrgica tras dos gripes.

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Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo la próxima semana, CCOO ha denunciado que la siniestralidad en el trabajo ha aumentado en España y en La Rioja desde la aprobación de la Reforma Laboral y la precariedad que ésta conlleva.

La responsable de Acción y Comunicación de CCOO La Rioja, Marian Alcalde, y el secretario confederal de Salud Laboral y Medioambiente, Pedro Linares, han detallado hoy en rueda de prensa el alto coste que está suponiendo la precariedad en términos de prevención. Durante toda la mañana, la sede de CCOO La Rioja acoge una jornada sindical sobre este asunto.

Según ha detallado Alcalde, los accidentes han aumentado en 2016 con respecto al 2015 en un 6,8% de media, si bien el incremento asciende hasta un 300% en el caso de los accidentes muy graves y hasta un 40 en el caso de los mortales. El número de enfermedades profesionales también ha aumentado.

«A la mínima pequeña recuperación económica, hemos recuperado las cifras de accidentes laborales anteriores a la crisis y la mayoría son evitables con inversiones en formación y prevención», ha lamentado Alcalde.

Linares ha incidido en que la Reforma Laboral ha condicionado estas cifras, al propiciar «una altísima rotación y temporalidad, lo que dificulta la formación y agudiza las diferencias en términos de discriminación». Los colectivos más vulnerables son los que acumulan mayores tasas de parcialidad, a su vez relacionadas con mayores índices de siniestralidad. Así, las mujeres tienen mayor probabilidad de sufrir una enfermedad laboral y los jóvenes tienen más posibilidades de sufrir un accidente en el trabajo. Además, a partir de los 55 años aumenta la siniestralidad mortal.

Este modelo de mercado de trabajo también esconde cifras de siniestralidad tras el autoempleo y la economía sumergida, donde los daños ocasionados a la salud, en ocasiones, no quedan registrados ni existe prevención de riesgos. Así mismo, el nivel de prevención es menor en las pequeñas empresas que no cuentan con representación sindical.

Ante esta situación, CCOO cree «imprescindible» derogar la Reforma Laboral, modificar el marco normativo para buscar mecanismos de mayor protección, intensificar las políticas activas en materia de prevención y reforzar los sistemas de control para que las empresas cumplan la legislación en materia de igualdad y de lucha contra el fraude laboral y la economía sumergida. Además, apuesta por establecer la figura de delegado de prevención territorial o sectorial para las empresas que no tienen derecho a elegir un delegado de personal.

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