El sindicato considera imprescindible establecer garantías en materia de carrera profesional, salarios, extensión a la totalidad del personal, igualdad, movilidad, desarrollo de grupos profesionales, comisión evaluadora del desempeño o reconvocatoria de las vacantes que resulten de las ofertas de empleo público, entre otras.

Las movilizaciones se iniciaron el día 31 de enero en Madrid, y continúan con 20 convocatorias en cada una de las comunidades y ciudades autónomas a lo largo del mes de febrero. Además de la concentración, se llevan a cabo asambleas informativas para exponer el contenido del anteproyecto, señalando sus aspectos más lesivos y destacando las propuestas presentadas por CCOO en los grupos de trabajo de negociación.

El sindicato ha destacado el carácter esencial del servicio público que se presta en la Administración General del Estado, y advierte de las dramáticas consecuencias que puede tener para la ciudadanía el recorte de derechos del personal, que pone en marcha las políticas públicas y sociales del Gobierno.

CCOO confía en que se sigan introduciendo mejoras en negociación, e insta a eliminar los artículos que recortan derechos, Considera imprescindible incorporar modificaciones profundas, que conduzcan a una modernización de la AGE, y no se limite a una repetición del articulado de las normas vigentes de 1964 y 1984 a las que debe sustituir. Advierte de que mantener la limitación de derechos es posicionar al personal público contra la ley que debe ordenar su actividad en las próximas décadas.

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La nueva Ley de Función Publica defendida por CCOO viene a sustituir la actual que data de 1990 y que claramente ya no recogía las necesidades de la Administración actual. Mucho ha sido lo acontecido desde entonces, la Comunidad Autónoma ha sufrido multitud de cambios tanto poblacionales como administrativos que hacían imprescindible la renovación y actualización de la norma fundamental que constituye el marco normativo básico del personal empleado público.

Esta Ley mejora la eficacia y la eficiencia de las Administraciones Públicas de su ámbito, simplificando los procesos de gestión de personal y enmarcando adecuadamente en relación con sus funciones los Cuerpos, Escalas y Categorías a las que se asocian, permitiendo una mejor prestación de los servicios públicos que tienen encomendados. 

Esta nueva Ley actualiza también valores como la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, redundando en mejoras sustanciales de la calidad de vida de los empleados públicos de su ámbito de aplicación.

CCOO aprecia que esta Ley es positiva para la evolución de la Administración en la Comunidad Autónoma e insta a su aprobación con premura. 

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Mucho se ha aguardado este momento por el sector público riojano, ya que la vigente Ley data de 1990 y pese a que ha permitido el desarrollo de la Función Pública Riojana durante muchos años, no permite ya recoger las necesidades del actual rumbo del sector público.

El nuevo anteproyecto de Ley recoge sin embargo reivindicaciones necesarias para el avance de unos servicios públicos de calidad y con un personal que encuentra en este texto unas obligaciones y derechos dignos de la función que desempeñan.

Desde CCOO se ha trabajado intensamente en la negociación de este texto, incorporando novedades significativas que redundarán en unas mejoras laborales de calado para los empleados públicos. Nuevos cuerpos y categorías vienen a mejorar el encuadre de la actual Administración Riojana, redefiniendo las nuevas necesidades de la ciudadanía.

Por todo ello, desde CCOO se insta a la tramitación de urgencia del anteproyecto de Ley, para que las mejoras en la Función Pública Riojana, tanto de empleo como de atención al ciudadano, sea una realidad.

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Además, la central sindical está desinformando a todas las empleadas y empleados acerca de las negociaciones en curso y los acuerdos alcanzados, como en cuestiones de especial relevancia como la Oferta de Empleo Público de estabilización.

Incluso están difundiendo material confidencial entregado para las negociaciones, lo que redunda en la transmisión errónea de la información.

Esta práctica viene siendo habitual en dicha formación y ha sido recriminada en la Mesa General de Negociación en varias ocasiones pero ellos hacen caso omiso, poniendo de este modo en peligro las negociaciones con la Administración.

Desde CCOO no estamos dispuestos a tolerar que se vean enturbiados los intereses de los empleados y empleadas públicas por un afán electoralista.

El resto de las negociaciones sindicales se sujetan a la buena fe negociadora a la que todos las organizaciones sindicales se comprometieron en el acuerdo de legislatura de noviembre de 2020, siendo CSIF quien rompe los mismos para tergiversar la realidad en favor de sus propios intereses.

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En ella queda reflejado que esta administración considera prioritario la creación de puestos de los grupos A1 y A2 y la subidas de sus complementos específicos.

Implantan la “Libre Designación” como modelo de provisión de estos puestos, que consideran “de confianza”.

Las principales alegaciones presentadas por CCOO defienden un sistema de provisión de puestos objetivo como lo son los Concursos de Méritos y no basada en la “confianza” con la que cubrir puestos de la estructura a través de las libres designaciones; la no amortización de plazas de categorías inferiores para dotar los grupos ya mencionados y la creación de puestos donde todos los grupos resulten beneficiados y no amortizados.

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