La Consejería de Sostenibilidad, Transición ecológica y portavocía del Gobierno regional, junto con la Consejería de Función Pública han dado, por fin, su visto bueno a la creación del Cuerpo de Bomberos Forestales de La Rioja, avanzando así hacia la profesionalización de un colectivo fundamental para el cuidado y protección de nuestro medio natural.

   Es un gran paso en el reconocimiento del trabajo que estos empleados públicos realizan, previniendo y extinguiendo incendios forestales y como apoyo en otras emergencias en el medio rural.

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A través de la Ley 2/2021, de 29 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2021 el Ejecutivo establece una modificación de las tasas y también exenciones para los colectivos más desfavorecidos.

Se corrige así una situación que se prorrogaba durante años, con el cobro de unas tasas abusivas. La Rioja era la única comunidad que no aplicaba ninguna exención y en la que las tasas eran más elevadas, de manera que para un grupo E llegaba a pagarse hasta tres veces más que la media nacional. Un importe que no podía justificarse por el gasto generado por estos procesos.

Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en La Rioja valoramos que, por fin, el Gobierno regional haya atendido nuestra reivindicación. Es inadmisible que las tasas de oposición supusieran una oportunidad de hacer caja a través de las ofertas de empleo público. Esperamos que esta medida suponga el final de lo que considerábamos un grave agravio comparativo con el resto de las Administraciones y confiamos en que, en el futuro, dejen de producirse este tipo de abusos.

• La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
  Subgrupo A1 (Funcionarios), Grupo A (Laborales) …………………………………… 30,49 €
  Subgrupo A2 (Funcionarios), Grupo B (Laborales) …………………………………… 22,87 €
  Subgrupo C1 (Funcionarios), Grupo C (Laborales) …………………………………… 15,27 €
• Subgrupo C2 (Funcionarios), Grupo D (Laborales) …………………………………… 11,43 €
  Agrupaciones Profesionales (Funcionarios), Grupo E (Laborales) ………………….9,14 €

Exenciones y bonificaciones:

a) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% estarán exentas del pago de la tasa.

b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante al menos un mes antes de la fecha de la convocatoria estarán exentas del pago de la tasa. Serán requisitos para el disfrute de la exención:

1. Que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado una oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales.

2. Que, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional en vigor.

3. Presentar certificado de demandante de empleo.

c) Familias numerosas:
· exención del 100% de la tasa los miembros de familias de categoría especial.
· bonificación del 50% los miembros de las familias de la categoría general
e) Exención del pago de la tasa a las víctimas del terrorismo

f) Exención del pago de la tasa las mujeres víctimas de violencia de género, así como los hijos e hijas a su cargo menores de 25 años.

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El representante de la Federación de Servicios a la Ciudadanía en la Administración General del Estado en CCOO La Rioja, Luis Arnedo, después de reconocer la labor callada, pero esencial, llevada a cabo por los trabajadores y trabajadoras de la Administración General del Estado,  ha anunciado la convocatoria de una concentración de delegados y delegadas de todo el territorio nacional en Madrid este jueves, 9 de julio, para reivindicar el cumplimiento de los acuerdos adquiridos por la Administración, que en La Rioja afectan a 935 trabajadores, 680 funcionarios y 255 de personal laboral.

La situación es especialmente grave en el SEPE, un servicio que se encuentra colapsado, como ha detallado Jesús Martínez, delegado de la junta de personal y funcionario de éste organismo “Hemos recibido en dos meses el volumen de trabajo de un año y tenemos un sistema informático de hace 35 años que no puede absorber tanta información, con lo que la mayoría de los trabajos tienen que hacerse manualmente”.

Jesús Martínez ha detallado que, desde marzo, están trabajando 12 horas diarias para tramitar todos los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Sólo diez personas han tenido que administrar 32.000 expedientes en La Rioja y se calcula que, para poder tramitar todos de forma más ágil, sería necesario doblar o triplicar la plantilla dedicada a esta labor.

CCOO ha denunciado también que las empleadas del hogar no han cobrado todavía el subsidio de desempleo y es posible que no lo reciban hasta septiembre u octubre.

Además, Teo Lera, delegado de la Junta de personal  y funcionario de Instituciones Penitenciarias, ha denunciado la situación de los funcionarios de prisiones con una falta de personal  debido a las jubilaciones, así como la falta de medios, que en un principio se tuvieron para  atender en La Rioja a dos enfermos de COVID-19 sin contar con la información ni los medios necesarios.

A estos problemas se suma el hecho de que la edad media de los funcionarios del Estado es de más de 50 años y todavía se está desarrollando la Oferta de Empleo Público de 2017. Falta personal y la Administración está optando por externalizar servicios públicos, lo que va a salir tres veces más caro a los ciudadanos.

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Ningún sindicato firmó la nueva jornada para el 2020.

Presentaron distintas cartas a los reyes magos, a sabiendas que hay un acuerdo de recuperación de derechos firmado que lo impide; como es que dejen la jornada que hemos realizado este 2019 o que en 2020 permanezca la hora de reducción de verano.

CCOO, junto con UGT, fueron los únicos sindicatos firmantes de ese acuerdo, que incluía la recuperación de 35 horas. Aunque UGT pretenda llevarse todo el protagonismo.

Quedó clara la preocupación general de todas las organizaciones para hacer una previsión real de las necesidades existentes en los centros de trabajo cuando se instaure la jornada de 35 horas y se requieran nuevas contrataciones.

La administración no contempló otro Moscoso a cambio del festivo 15 de Agosto que en 2020 figura en sábado.

Menos galones compañeros y más negociaciones.

La Jornada en cómputo anual planteada por la administración quedaría:

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El objetivo de estas movilizaciones es frenar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, actualmente en tramitación parlamentaria, que abre la puerta a la movilización forzosa de más de 50.000 funcionarios de este ámbito (330, en La Rioja). Además, se modifican aspectos que afectan al personal interino que deberían pasar por negociación.

Esta reforma se está ultimando a hurtadillas y al margen de la mesa de negociación con los sindicatos. Es la mayor agresión de la historia a los derechos laborales de los funcionarios de Justicia.

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Este acuerdo permitirá reducir la jornada laboral de forma progresiva hasta alcanzar las 35 horas en 2020 en todos los sectores de la Administración riojana y las 18 horas en Educación. Así, a partir del 1 de enero de 2019, se establece un máximo de 36 horas semanales, con la reducción de una hora en el horario de verano, para la Administración General  y, a partir del 1 de enero de 2020, se llegará al máximo de 35 horas semanales.

También se equiparan progresivamente el permiso de paternidad y el de maternidad (ocho semanas desde 2019 y tres semanas más cada año hasta alcanzar 20 en 2023). El pago íntegro de las bajas por enfermedad y otras medidas pendientes de acordar en la Mesa de Negociación completan el pacto.

CCOO está “razonablemente satisfecho” con este acuerdo porque supone mejorar en la calidad de los servicios públicos y en las condiciones de trabajo de los empleados públicos. Confiamos en que este acuerdo suponga un toque de atención a la patronal para avanzar en la negociación colectiva. 

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Las concentraciones darán comienzo a las 11 de la mañana del jueves y se llevarán a cabo en las puertas de los establecimientos penitenciarios, también en el de Logroño. Las mismas denuncian el incremento de las agresiones en el último año y trasladan la necesidad de que se establezcan medidas de prevención de riesgos laborales, que garanticen la seguridad y la salud de las empleadas y empleados públicos penitenciarios.

En este año 2018, en el interior de las cárceles se denuncia una agresión cada día. Los sindicatos convocantes señalan que entre 2015 y 2016 se produjeron 934 agresiones a trabajadores y trabajadoras de Instituciones Penitenciarias. El pasado año 2017, las lesiones graves sufrieron un incremento del 60% con respecto al año anterior.

Para hacer frente a este grave problema, los sindicatos consideran urgente resolver la acuciante falta de personal con más de 3.400 vacantes sin ocupar, lo que sin duda es una de las causas fundamentales del aumento de las agresiones. De este modo, Acaip, CC.OO. y UGT exigen un incremento de plantilla y una mejora en la clasificación regimental de la población reclusa.

Así, hay un 15% menos de efectivos de los que debiera haber, y las 831 plazas anunciadas para la oferta de empleo público del 2018 se muestran insuficientes para garantizar la seguridad interior de las prisiones.

Los accidentes laborales del personal penitenciario supusieron en 2017 un incremento del 30% hasta contabilizar la cifra de 1.186 (según los datos del Congreso de los Diputados).

Los delegados de Acaip, CC.OO. y UGT del centro penitenciario de Logroño recuerdan que el mismo cuenta con un total de 289 internos y que en la plantilla de funcionarios de vigilancia existen en la actualidad 43 vacantes. Desde el 30 de mayo del 2017 existe un protocolo específico de actuación para prevenir las agresiones al personal penitenciario, que se viene incumpliendo sistemáticamente por parte de la Administración.

Por otro lado, los sindicatos también apuntan la necesidad de abordar el problema grave de la enfermedad mental, dado el incremento de internos con patologías psiquiátricas en las prisiones, y reclaman de manera urgente la consideración de agentes de autoridad, así como dotar de una formación específica y adecuada para afrontar estas situaciones.

Para finalizar, los sindicatos denuncian que hay agresiones a diario en todo el país y los políticos no pueden seguir mirando hacia otro lado: es necesario que la Administración Penitenciaria implante una verdadera política de prevención de riesgos laborales, mejore la clasificación penitenciaria y genere programas de tratamiento y prevención de la violencia en las cárceles. Se tiene que frenar el actual abandono de las prestaciones sanitarias y asistenciales, y el deterioro de un servicio público que alerta contra la paulatina y continua privatización de los servicios públicos penitenciarios.

Esta movilización surge como preámbulo de las protestas que los funcionarios de prisiones tienen previsto llevar a cabo a partir del 1 de septiembre.

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Ahora resulta que para el carnaval electoral de 2019 vale cualquier disfraz. Así lavan sus caras y se colocan las armaduras de guerrero los que apenas portan lanzas en las habituales negociaciones.

El camino de la recuperación de las 35h, ITs y resto de conceptos, se inicia con la unión de todos los sindicatos  con representación en la Mesa General, salvo STAR.

Unión, que al segundo paso, se rompe con el mediático encierro del CSIF (que al mismo tiempo acudía a la reunión propuesta por el Consejero).

Mientras, el resto de sindicatos permanecemos en guardia, procurando llevar a efecto dicha recuperación a fecha, al menos, de enero de 2019.

La propuesta que llevamos como bandera pasa por la recuperación de 35h en 2019, el 100% de las bajas y procurar la negociación del resto de conceptos (OPE, proceso estabilización, carrera profesional, etc) en el último trimestre de este año.

Es fácil encerrarse y, curiosamente, que no te echen (como han hecho con CCOO en otras ocasiones), pretendiendo calzarse las zapatillas rojas para el baile electoral.

La guerra de los galones siempre nos divide, perdiendo así el verdadero horizonte y significado de cualquier negociación, que es la mejora de las condiciones laborales y sociales de todos nosotros.

Logroño 20 de julio de 2018

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Como es natural, al conocer tal anuncio a través de los medios de comunicación, explica el Comité de Empresa de la FHC, el interés despertado entre la plantilla de la FHC fue enorme: RRSS, grupos de WhatsApp y demás torturas modernas “echaban humo”. En cuanto nos fue posible, accedimos a los vídeos de la comparecencia pública de los portavoces del PSOE regional, Sra. Concha Andréu y Sr. Raúl Juárez, devoramos todas las noticias relacionadas con este asunto, todas las explicaciones, todos los comentarios, todas las reacciones.

El mismo lunes 25 por la tarde, el Comité de Empresa se puso en contacto con el PSOE de La Rioja al objeto de solicitarles una copia de la Proposición de Ley, la cual tuvieron la amabilidad de facilitarnos ese mismo día. De hecho, hoy miércoles 27, tal Proposición ha sido publicada ya en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja (Serie A, Núm. 204, de 27/06/2018). Accesible haciendo CLIC AQUÍ.

Una vez que el Comité ha podido analizar el texto de la Proposición de Ley -publicada oficialmente hoy, 27 de junio-, vistas algunas manifestaciones públicas (en particular una nota publicada por el Partido Popular el mismo lunes 25), considera preciso, y útil, realizar las siguientes manifestaciones:

1.- Este Comité de Empresa se ha caracterizado, siempre, por su independencia respecto de cualquier opción política, procurando, como es natural y obligado, mantener una relación eficaz y productiva con todos los partidos y grupos con representación en el Parlamento de nuestra comunidad y en los diferentes municipios de La Rioja Baja. Hemos estados, estamos y estaremos, siempre, a disposición de todos ellos, para abordar cualesquiera cuestiones relacionadas con nuestro hospital. En este sentido, conviene recordar que hace ahora un año, en julio de 2017 mantuvimos con todos los grupos parlamentarios (PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos) una ronda de reuniones al objeto de presentarles las necesidades de FHC, en particular su ineludible e imperiosa necesidad de integración, tratando, ya entonces, conjuntamente sobre las vías técnicas para lograrlo.

2.- Analizado el texto de la Proposición de Ley presentada por el PSOE de La Rioja, constatamos que articula una vía que hace posible la integración real del FHC en el SERIS. Efectivamente, se plantea la conversión de FHC en una auténtica “fundación pública sanitaria”, adscrita al SERIS, y a la que se puede adscribir, a su vez, personal estatutario (funcionarios de los servicios de salud) del SERIS.

Se trata del mismo itinerario legal que siguió el Gobierno de Baleares en 2011 para la integración de sus dos “fundaciones sanitarias en mano pública”, idénticas a FHC, la Fundación Hospital Manacor y la Fundación Hospital Son Llatzèr. La ley de Baleares pueden verla vds. haciendo CLIC AQUÍ (BOIB de 28/02/2011). Y en el BOE (7/03/2011) haciendo CLIC AQUÍ. Comprobarán vds. lo que decimos: sus similitudes con la Proposición de Ley presentada en La Rioja, pues se trata de un mecanismo técnico-jurídico bien conocido por quienes no dedicamos en España a la gestión de los servicios sanitarios en el Sistema Nacional de Salud.

3.- Cuando se tratan cuestiones tan serias y trascendentes para la vida de los ciudadanos como la provisión y gestión de los servicios sanitarios, lo menos que se les debe exigir a los representantes públicos es que actúen con rigor y responsabilidad. El conocimiento en la materia se les supone.

FHC nace en el año 2000 al amparo de la Ley 15/1997 y el Real Decreto 29/2000, como una persona jurídico-privada (sometida al derecho privado, y así sigue siendo en la actualidad) integrada en el “sector público” sólo porque su financiación es pública en más del 50% (en nuestro caso el 100%). Somos pues, y esto lo sabe cualquiera, una persona jurídica de base fundacional, sometida al derecho privado, que provee servicios en el Sistema Nacional de Salud y que por ser financiada con fondos públicos forma parte del llamado “sector público”. Pero ni FHC es una “Administración Pública” (ni lo es ahora ni lo fue nunca), ni se somete al derecho público (ni su personal son funcionarios, ni se haya sometida a la jurisdicción contencioso-administrativa) ni forma parte del Servicio autonómico de Salud (SERIS). Esto es algo que sabe cualquiera que entienda mínimamente de gestión sanitaria.

Fundaciones como FHC han existido otras tres más en España: los hospitales Son Llatzèr y Manacor en Baleares y Fundación Hospital Alcorcón en Madrid. Las dos primeras ya fueron integradas en el Servicio Balear de Salud por el Gobierno de Baleares en 2011, la madrileña está en trance de serlo (ya existe una Ley que así lo prevé). A estas fundaciones la doctrina administrativista española las ha denominado “fundaciones sanitarias en mano pública”. Y esa denominación, “fundación sanitaria en mano pública”, se ha impuesto desde las cátedras de derecho administrativo para diferenciarlas de otras fundaciones denominadas técnicamente “fundaciones públicas sanitarias”, creadas no por la Ley 15/1997, sino un año después, por la Ley 50/1998. A diferencia de FHC, las “fundaciones públicas sanitarias” son “Administración Pública”, pueden tener personal estatutario y se someten al derecho administrativo plenamente.

Como sabemos bien, las palabras son hermosamente flexibles, por ello muy adecuadas para decir y para ocultar, para desvelar la verdad pero también para perpetuar el engaño. Podemos decir que FHC es una fundación y eso es cierto, claro. Podemos decir que es pública, sí, y lo es desde el punto de vista de que su presupuesto es público en más de un 50% (y este criterio es el que define al llamado “sector público”). Podemos decir que es sanitaria, toma claro, como que es un hospital. Podemos decir, pues, que es una fundación, que es pública y que es sanitaria, en los sentidos indicados. Pero FHC no es una “fundación pública sanitaria” en sentido técnico-jurídico (Ley 50/1998) porque no es Administración Pública ni su personal puede ser funcionario estatutario, ni ejerce potestades administrativas, ni se somete al derecho administrativo. Somos públicos, pero no somos una “Administración Pública”, nunca lo hemos sido y por eso no podemos cubrir nuestros servicios.

4.- Es obligado referirse, pues, a la nota hecha pública por el Partido Popular el pasado lunes día 25. Estamos seguros de que se trató de una primera reacción, un tanto apresurada, que no refleja el sentir del Gobierno regional. Nos parece deseable, como ciudadanos, que el debate político no siga las mismas pautas que una pelea de hooligans. Se podrá, o no, estar de acuerdo con lo que propone otro partido o grupo parlamentario, pero el debate debe ser riguroso y, sobre todo, veraz. Es nuestra vida, la de todos los riojanos, la que se ve afectada por las mentiras interesadas de los gobernantes.

Tal y como hemos explicado, lo único cierto que se dice en esa desafortunada nota del PP del lunes 25 es que la expresión “fundaciones sanitarias en mano pública” no se menciona en la Ley 15/1997 ni en ninguna otra. Claro, lo que hace esa Ley, de la cual nace FHC, es admitir que los servicios sanitarios en el Sistema Nacional de Salud se provean mediante cualquier forma de personificación jurídica (empresa, fundación…) y no sólo por una “Administración Pública”. Ha sido la doctrina administrativista española, como hemos explicado, la que llamó así a FHC (y a las otras tres fundaciones similares que han existido) para diferenciarlas, precisamente de las “fundaciones públicas sanitarias” en sentido estricto (FHC no lo es).

Transformar FHC en una auténtica “fundación pública sanitaria (Ley 50/1998) es una de las formas posibles de proceder a la integración de FHC en el SERIS, haciendo posible la captación de profesionales a los que ofertar plazas estatutarias como en el resto de centros del Sistema Nacional de Salud. De hecho, como señalamos, ese ha sido el itinerario de integración seguido por Baleares en 2011 para integrar a sus dos “fundaciones sanitarias en mano pública” en el Servicio Balear de Salud.

Si no gusta esa vía y se prefiere otra para obtener el mismo resultado, ello es posible. Y si no se quiere integrar a FHC, si prefieren vender o desmantelar nuestro hospital, como intentaron en 2012, también lo pueden decir; nos parecerá un gravísimo error pero es una opción política que algunos parecen seguir albergando a la espera de poder reintentarlo. Pero lo que no podemos permitirnos, todos, como riojanos, es engañarnos (menos aún intentar engañar a los ciudadanos) faltando a la verdad.

5.- El mismo lunes día 15 de junio, el Pleno del Ayuntamiento de Calahorra aprobaba una moción instando al Gobierno regional a la integración de la “fundación sanitaria en mano pública” FHC en el SERIS. Y lo hacía por unanimidad de todos los grupos, también del Partido Popular.

Ese, el del acuerdo, es el camino. La ventaja que tenemos en La Rioja es que una “fundación sanitaria en mano pública” como es FHC, cuya plantilla hemos sido seleccionados conforme a rigurosos procedimientos homologables (y aun mejores y más rigurosos) que cualquier posición administrativa puede ser integrada directamente por preverlo así la Ley expresamente (ratificado por el Tribunal Constitucional). Les pedimos al Parlamento y al Gobierno que lo hagan. Por favor.

La alternativa a la integración de FHC es su desintegración, que no podamos atraer profesionales pues optan por otras CCAA que les ofrecen la seguridad de una plaza funcionarial que FHC no puede ofrecer porque no somos un Administración Pública. La situación el servicio de Urgencias (ver nuestra Nota del pasado 15 de junio) es la mejor prueba.

6.- Este Comité de Empresa se pondrá inmediatamente en contacto con todos los partidos y grupos parlamentarios, agradeciéndoles de antemano su amable interés para garantizar el futuro de hospital calagurritano con el rigor y dedicación que algo tan serio merece.

Entendemos, cómo no, que se tengan diferentes ideas, que se planteen opciones variadas sobre cómo hacerlo, pero la integración directa de FHC y la estatutarización de su personal no sólo es algo legalmente previsto, es una necesidad urgente.

A día de hoy, tras años advirtiéndolo en vano, ya no es una opción. Es una necesidad inaplazable.

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Tras casi una década sin derecho a la negociación colectiva por el ataque sin precedentes a dicho derecho por el Gobierno del PP, con este acuerdo se habilita la posibilidad de recuperar aquellos derechos que nos han arrebatado durante años, entre ellos el 100 % del salario en IT y la jornada máxima de 35 horas. También se incluye en el acuerdo el desarrollo de planes de igualdad y formación.

Desde 2015 al Consejero de Administraciones Públicas y la Directora General de Función Pública les hemos tenido que escuchar repetidas veces la excusa de no poder avanzar hacia las 35 horas o la recuperación del complemento por baja laboral porque  la normativa básica del Estado no lo permitía.

En la reunión de la Mesa General convocada para iniciar una “pseudonegociación” en la que quedó claro que no se quería negociar nada y que terminó con la firma de un Acuerdo para la recuperación de Derechos en Mayo de 2016, acuerdo que CCOO no firmó por no incluirse en él las soluciones que planteábamos para la vuelta a las 35 horas que se estaban aplicando en otras administraciones, CCOO también propuso ampliar el catálogo de enfermedades por las que se percibiría el 100% de las retribuciones en el caso de incapacidad temporal.

No obstante, para CCOO este acuerdo es solo el inicio de la recuperación de los derechos arrebatados a las empleadas y empleados públicos, porque seguiremos exigiendo y movilizándonos para recuperar absolutamente todo lo que nos han arrebatado con la excusa de la crisis.

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