La sobrecarga de los servicios de urgencias no solo viene como aseguran “del envejecimiento de la población”, sino por una falta de recursos públicos para la mejora de la atención sanitaria del sistema público de salud. Además, responsabiliza a esta parte de la población envejecida de un “mayor consumo de los recursos sanitarios y atenciones de creciente complejidad”, cuando fue la propia consejería la que derivó a los centros de atención primaria la atención de las personas mayores que viven en las residencias de mayores, asegurándoles la atención pública, sobrecargando aún más el sistema público y quitando obligaciones de personal a las residencias concertadas.

Analizar la saturación de las urgencias nos lleva directamente a los retrasos en las citas médicas de la atención primaria que llegan a pasar de los 15 días, motivo por el cual, la mayoría de la ciudadanía se ve obligada a usar el servicio de urgencias como la consulta  de su médico de cabecera.

El problema sigue estando en la falta de personal, no en los metros cuadrados ni el espacio físico para atender las demandas sanitarias. Tristemente observamos que ampliar los espacios sin aumentar la plantilla, conllevara consecuencias y movilidad de facultativos de unos espacios a otros. De hecho, aseguran que, para cubrir los servicios de este nuevo proyecto, se aumentara con dos enfermeras y dos auxiliares de enfermería… ampliar las consultas médicas, sin médicos, es posible que no funcione bien.

De momento, los experimentos en el Centro de  salud de la  Villanueva, en el que alardean de haber aceptado medio centenar, es decir, 50 reclamaciones de las 800 que se han presentado por el desplazamiento forzoso de los pacientes, han dejado a 750 personas usuarias, sin atender sus reclamaciones. 

Nos encontramos ante actuaciones huecas vendidas como la panacea, y que ocultan la realidad de un sistema público, que siguen precarizando para favorecer, una vez más, a la sanidad privada. 

Deberían arreglar primero el problema de personal para  volver a ofrecer el servicio de calidad que se daba en los centros de salud con la atención primaria, lo que probablemente rebajaría en mucho la saturación de las urgencias, volviendo a dar el servicio sanitario público y de calidad que se necesita en La Rioja,  antes de soñar con edificios y proyectos que no palian las verdaderas necesidades de la población.

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En ese sentido desde la autonomía sindical CCOO realiza algunas consideraciones y propuestas de cara a la ordenación de una parte de la estructura del próximo gobierno regional que afectan de manera directa al empleo y formación profesional, las relaciones laborales y la salud laboral, la sostenibilidad y transición que debe abordar nuestro tejido productivo.   

Empleo y Formación Profesional

El desempleo se sitúa siempre entre las principales preocupaciones de las personas en nuestro país y en nuestra región, de ahí que las políticas activas de empleo sean un elemento fundamental en la acción política de los gobiernos. 

En esta nueva legislatura se debe realizar una evaluación del Plan de FP y Empleo 2021-2023 y abordar de manera inmediata los trabajos para un nuevo plan dentro del marco del Diálogo Social regional.  

La Rioja es una de las pocas CCAA que no cuenta con un organismo público autónomo para desarrollar las políticas en materia de empleo. En su momento, el Servicio Riojano de Empleo se configuró a través de una Ley, como un organismo público, coparticipado y con vocación de lograr la integración de las políticas ocupacionales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. La creación de este organismo autónomo respondía, además, al compromiso contraído entre las organizaciones sindicales, empresariales y el Gobierno de La Rioja. En 2012 se derogó la Ley que regulaba el Servicio Riojano de Empleo, estableciéndose su integración como una dirección general de la consejería competente en materia de empleo.

Las competencias en materia de empleo son amplias -intermediación laboral, gestión de la formación profesional para el empleo, orientación profesional, iniciativas de empleo, bonificaciones a la contratación, etc-, y por lo tanto requieren una estructura de la administración suficiente ante la falta de un organismo autónomo. Por ello instamos al nuevo ejecutivo a que lo tenga en cuenta y establezca una estructura suficiente para el desarrollo de las políticas activas de empleo. 

Relaciones Laborales y Salud Laboral

Las relaciones laborales son un elemento clave para favorecer ese desarrollo económico y social. Son las organizaciones sindicales y empresariales más representativas quienes ejercen su autonomía en lo relativo a la negociación colectiva, pero el gobierno ejerce un papel importante en cuanto a la ordenación y mejora de las relaciones laborales de manera destacada en distintos ámbitos.

Reforzar las relaciones laborales a través de órganos colegiados de participación como el Consejo Riojano de Relaciones Laborales como órgano que tiene como objetivo fomentar el diálogo social entre los interlocutores sociales y empresariales y con las instituciones para la mejora de las relaciones laborales.

Apostar por la prevención de riesgos laborales y la salud laboral, donde La Rioja tiene una de las peores cifras del todo del país en cuanto a siniestralidad laboral. La Rioja es una de las Comunidades Autónomas que no cuenta con un organismo específico para desarrollar las políticas de prevención desde la desaparición del IRSAL, y no ha sido reforzado con un servicio específico y suficiente para abordar la lacra de la siniestralidad.

Para mejorar nuestra situación en prevención de riesgos laborales y la salud laboral necesitamos contar con una Dirección General e impulsar el trabajo participado en el Consejo Riojano de Seguridad y Salud en el Trabajo, para proponer planes y líneas de actuación en materia de prevención de riesgos laborales en La Rioja.

Es también necesario avanzar en el papel clave que tienen en las relaciones laborales la solución autónoma de conflictos. El importante trabajo que se realiza desde hace más de 25 años en La Rioja a través del Tribunal Laboral de La Rioja como órgano para la conciliación, la mediación y el arbitraje, requiere de un nuevo acuerdo  interprofesional para la mejora y adaptación a las competencias legales y a las nuevas realidades del mundo del trabajo, que necesariamente tiene que contar con el respaldo del gobierno regional.   

Sostenibilidad, transición y modelo productivo

La sostenibilidad y transición ecológica es una responsabilidad que el Gobierno, las empresas y las personas trabajadoras tenemos que asumir. El cambio climático es uno de los mayores desafíos a los que nos encontramos y la magnitud de sus efectos alcanzará a todas las esferas de la vida. Las actuaciones a llevar a cabo han de ir dirigidas a una reconstrucción social y económica más ecológica, resistente y neutra desde el punto de vista climático.

El Pacto Verde es la hoja de ruta para la descarbonización y la transición ecológica y viene acompañado del Fondo de Recuperación Europeo para la reactivación económica. La Rioja tiene que aprovechar la oportunidad que nos brindan estos nuevos instrumentos, y para CCOO es de vital importancia para la transformación del tejido productivo, el futuro del trabajo y la modernización de la economía.

Es necesaria una Consejería que asuma e impulse la transición justa. La sostenibilidad y la transición ecológica están directamente relacionadas con el conjunto de actividades económicas y de los sectores, no exclusivamente con la agricultura. Por ello consideramos que esto debe tenerse en cuenta a la hora de configurar las consejerías y sus competencias. Todo ello con el objetivo del pleno desarrollo de los fondos europeos y los elementos transversales en políticas de empleo, formación y recualificación, etc.

CCOO quiere seguir apostando por esta transición hacia el nuevo modelo de desarrollo sostenible, con la responsabilidad  de jugar un papel activo para que los impactos sociales y laborales sean paliados por políticas de transición, financiación y medidas de futuro.

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Salud ha perdido, en primer lugar, la oportunidad de propiciar la participación ciudadana en los centros de salud, abordando a través de los Consejos de Salud la ingente y necesaria tarea de explicación y educación para la salud. En segundo lugar, la consejera de Salud, al optar por el chapucero recurso al atajo facilón de no adoptar medidas sobre los centros de salud, alimenta un pernicioso “efecto llamada” para que la ciudadanía nos dirijamos a resolver nuestros problemas de salud directamente a los hospitales y servicios de atención especializada.

También es obligado reconocer que, tras varios días de saturación en urgencias, las medidas del gobierno no se han activado a tiempo. Ciertamente, para que tengan efecto, las plantillas de profesionales- tanto en los hospitales como en el CARPA- deberían estar bien dotadas. Además, el gobierno no puede descartar de plano la necesidad de que en los centros de salud donde no existe un servicio específico de urgencias, estos sean establecidos coyunturalmente para abordar la epidemia anual de la gripe, o incluso su dotación de forma permanente.

Por último, les informamos que la consejera de Salud ha convocado a esta Plataforma a una reunión para el próximo miércoles día 15 de enero. Lo ha hecho solo después de que esta Plataforma hubiese decidido exigir explicaciones directamente a la Presidenta del Gobierno de La Rioja y lo ha hecho, además, mediante una convocatoria sin orden del día, lo cual -y no es la primera vez- vuelve a poner de manifiesto el profundo desconocimiento que la consejera tiene del complejo sector sanitario, tanto en los niveles de Atención Primaria como Especializada, así como su evidente desconfianza, o inseguridad, al no querer anticipar los asuntos a tratar.

En todo caso, la consejera de Salud debe convocar a los profesionales, agentes sociales y colectivos ciudadanos antes, y no después, de haber anunciado medidas sanitarias y haber ya constatado su fracaso, obviamente, para poder incorporar al proceso de toma de decisiones el conocimiento y la experiencia de todos aquellos que conocemos realmente el sector sanitario e intervenimos en él.

Una cosa es la propaganda y el vacuo autobombo y otra, muy diferente, la realidad.

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Tras casi una década sin derecho a la negociación colectiva por el ataque sin precedentes a dicho derecho por el Gobierno del PP, con este acuerdo se habilita la posibilidad de recuperar aquellos derechos que nos han arrebatado durante años, entre ellos el 100 % del salario en IT y la jornada máxima de 35 horas. También se incluye en el acuerdo el desarrollo de planes de igualdad y formación.

Desde 2015 al Consejero de Administraciones Públicas y la Directora General de Función Pública les hemos tenido que escuchar repetidas veces la excusa de no poder avanzar hacia las 35 horas o la recuperación del complemento por baja laboral porque  la normativa básica del Estado no lo permitía.

En la reunión de la Mesa General convocada para iniciar una “pseudonegociación” en la que quedó claro que no se quería negociar nada y que terminó con la firma de un Acuerdo para la recuperación de Derechos en Mayo de 2016, acuerdo que CCOO no firmó por no incluirse en él las soluciones que planteábamos para la vuelta a las 35 horas que se estaban aplicando en otras administraciones, CCOO también propuso ampliar el catálogo de enfermedades por las que se percibiría el 100% de las retribuciones en el caso de incapacidad temporal.

No obstante, para CCOO este acuerdo es solo el inicio de la recuperación de los derechos arrebatados a las empleadas y empleados públicos, porque seguiremos exigiendo y movilizándonos para recuperar absolutamente todo lo que nos han arrebatado con la excusa de la crisis.

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“Todos los hombres son iguales”  ¿Quiénes utilizan esta frase? ¿Acaso lo hacen los hombres para hablar de ellos mismos? ¿O es que el Gobierno utiliza una vez más el dinero de todas y todos para revictimizar a las mujeres?

Si bien es cierto que las estructuras sociales patriarcales nos atraviesan a todas, a todos y a todes, quienes sufrimos la opresión con mayor fuerza y crueldad somos las mujeres. No podemos permitir que nos sigan invadiendo con mensajes de este tipo en los que unas veces más sutilmente que otras se nos dice a las mujeres que cuidemos aún más nuestro comportamiento ya que éste genera machismo.  Pues miren, no. El machismo, la violencia contra las mujeres, no la generamos las mujeres, la provocan y la mantienen interesadamente quienes copan el poder: los hombres.

Los Gobiernos del PP han utilizado esta misma estrategia en campañas contra la violación, en campañas contra el consumo de alcohol entre la gente joven y ahora ante una convocatoria social feminista sin precedentes para este 8 de marzo.

Quien tiene que pensar antes de hablar es el Gobierno de La Rioja.

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