Por ello, en esta legislatura hemos ido exponiendo nuestras preocupaciones, tanto a la administración autonómica como a la estatal, requiriendo una información clara y propuestas reales de solución. Lo hicimos sabiendo que dichas situaciones se vienen arrastrando como consecuencia de unas políticas sociales en que las personas no contaban para tomar las decisiones. Cuando se cuenta con los colectivos implicados, las cosas funcionan. Pero todo esto no es óbice para que señalemos aquellos temas a los que creemos que hay que dar una respuesta urgente ya que, para la casi totalidad de personas mayores, son situaciones muy preocupantes debido a su especial vulnerabilidad:

Acceso de las personas mayores a solicitar citas previas de forma presencial, tanto en Seguridad Social, SEPE y otros organismos dependientes de la Administración. En estos casos se ven afectadas todas las edades con protocolos que requieren conocimientos informáticos. Obtener cita previa es una carrera de obstáculos, de solución no tan difícil, con voluntad política: Dar las citas de forma DIRECTA en la Oficina integral de la Seguridad Social  Particularmente en el caso de la gente mayor, que son las que habitualmente tienen más dificultades con las nuevas tecnologías. La atención presencial es un derecho de la persona y la digitalización es una herramienta valiosa, que puede facilitar las cosas, pero no puede ser la única alternativa ya que si no sería una imposición y generaría la exclusión de las personas más frágiles.

La escasez de personal sanitario no puede ser siempre la única respuesta a las necesidades de la atención primaria. Reconocemos el esfuerzo de la Consejería de Salud  por poner alguna solución al tema (contratación de médicos para atención por teléfono desde el Hospital San Pedro). Quizá haya descongestionado las urgencias del CARPA, pero puede hacer que las personas atendidas, poco a poco, vayan perdiendo  la  referencia  de su  médico  de  cabecera, algo  que  en  el caso de las personas mayores origina un deterioro de la confianza en la medicina, afectando incluso a su salud psicológica.

La recuperación de servicios en el Hospital de La Rioja puede ser una solución, pero llevamos tanto tiempo con ese déficit en estas materias que será necesario poner algún remedio en un plazo de tiempo razonable.

Todo lo relacionado con la dependencia deja muchos frentes abiertos. La falta de residencias o centros de día públicos hace que se produzcan problemas difícilmente resolubles. Para nosotros son fundamentales (si queremos que la atención en las residencias mejore): las contrataciones, los derechos de los trabajadores/as, la participación de los familiares en la gestión… El CAMBIO DE MODELO no se ve por ninguna parte, al menos en proyectos que podamos conocer.

El sistema de valoración de la dependencia es lentísimo. Hay casos que tardan en resolverse más de seis meses y muchas veces provoca graves perjuicios a quien sufre tal demora.

Mientras dure la concertación con el centro de recuperación de Valvanera, es imprescindible que haya un seguimiento de la misma (casos de falta de personal, poca atención al paciente, deterioro en las instalaciones y escaso mantenimiento de las mismas, etc). La calidad en algunos servicios deja mucho que desear, además de la insuficiente coordinación con el Hospital San Pedro.

En el tema de las entidades bancarias queremos insistir una vez más en las dificultades, obstáculos y la falta de accesibilidad de los usuarios. A la ciudadanía, personas mayores o no, se nos obliga a tener que usarlos para cobrar los salarios y las pensiones, para gestionar pagos o llevar a cabo otras operaciones. Por consiguiente, en este aspecto las entidades bancarias están haciendo un servicio público. No nos vamos a cansar de repetir los miles de millones de euros que nos costó su rescate y nunca devolvieron ni un céntimo. De lo que se trata es de que las distintas administraciones actúen con energía en este asunto. No valen ya (casi nunca valieron) los protocolos para pedirles buenas prácticas. Eso no entra en el ADN de los bancos y se necesitan actuaciones que corrijan estas disfunciones y, si no es así, se les penalice por las malas praxis.

Es una aberración el abandono y falta de servicio de los bancos en los pequeños pueblos.

Desde la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO seguiremos denunciando estos malos hábitos porque hacen que la calidad de vida del colectivo de mayores se vea seriamente afectada.

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Maribel Zaldívar y Julio Ruiz, por parte del sindicato, han trasladado a Marrodán las dificultades para las personas mayores que supone solicitar cita previa en el Instituto Nacional de la Seguridad Social o el SEPE de forma telemática y han reclamado que se facilite pedir cita de forma presencial y también poder ir acompañados o acompañadas a realizar estos trámites.

La falta de personal en estas administraciones ha sido otra de las quejas transmitidas a la delegada así como la petición de más empleados que muestren en las propias oficinas cómo realizar los trámites.

Además, creen necesario hacer seguimiento del cumplimiento de las medidas que tienen que adoptar los bancos para facilitar la atención a las personas mayores y piden campañas informativas para que toda la ciudadanía esté informada de las estafas en las que se hacen pasar por entidades bancarias para conseguir datos personales.

La delegada, por su parte, les ha trasladado que el proceso de digitalización no puede dejar fuera a una parte de la sociedad y, por ello, se ha comprometido a estudiar cómo mejorar el acceso de este colectivo, pero también de la ciudadanía en general, a la información y los servicios que se prestan desde los organismos del Estado.

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Una de sus prioridades es la apuesta por un nuevo modelo de residencias de mayores, puesto que las actuales han demostrado sus evidentes carencias. Los y las pensionistas abogan por residencias que no estén excesivamente masificadas y que se parcialicen por edades. Además, creen necesario reforzar el seguimiento que se hace de esos contratos desde las administraciones públicas.

CCOO también ha alertado de la escasez de centros de día públicos y de geriatras en el Servicio Riojano de Salud. Así mismo, han denunciado las demoras en las citas de Atención Primaria, que en algunos municipios y centros de salud llegan hasta 11 o 12 días.

Otra de sus reivindicaciones es la lucha contra la brecha digital que se encuentran las personas mayores al pedir cita previa en los centros sanitarios.

Por su parte, el Gobierno de La Rioja ha transmitido los pasos que se van a dar, a través de ambas consejerías, para avanzar en materia de coordinación sociosanitaria a través de la implementación de un nuevo modelo capaz de mejorar el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía.

Para lograrlo, el ejecutivo trabaja ya en el diseño de estrategias para implementar medidas capaces de optimizar los recursos públicos destinados a la atención de personas con enfermedades crónicas o en situación de dependencia para aumentar la calidad asistencial que reciben en la actualidad.

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Si quieres disfrutar de estos viajes debes reservar tus billetes en la sede de CCOO de La Rioja en Pío XII 33, 2ª planta, lunes, martes o miércoles en horario de 11h a 13h. Tiene un precio de 10€ para personas afiliadas y 12€, si no lo son.

No es necesario ser pensionista o jubilado, jubilada para disfrutar de estos viajes, pueden reservar sus billetes personas de todas las edades.

Los viajes saldrán todos los jueves a las 8:00 h desde la estación de autobuses de Logroño y regresarán al mismo sitio a las 19h.

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“No vamos a permitir que se suban las cuotas que aportan los usuarios”, ha subrayado el responsable del IMSERSO y Políticas sociales de la Federación de pensionistas y Jubilados de CCOO, Juan Antonio Sanchez Espín.

Espín, junto a la responsable de Igualdad y mayores en la federación regional, Maribel Zaldívar, y a Eusebio Marín, secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO La Rioja, ha recordado que cada año se ofertan 938.000 plazas para estos viajes, que generan 120.000 puestos de trabajo en unos 300 hoteles.

Para CCOO, la justificación de la patronal hotelera “no se ajusta completamente a la realidad”. Por ejemplo, en algunas declaraciones públicas se ha esgrimido el argumento de que vienen motivadas por los incrementos salariales producidos por los convenios colectivos sectoriales, lo que no es cierto, pues en los últimos años, a pesar de la presión sindical, los convenios colectivos del sector han incrementado los salarios en torno al IPC, por debajo de lo que han subido los paquetes turísticos del programa. Entre tanto, el paquete turístico tipo (8 días en destinos de península) se ha incrementado en un 5% respecto de anteriores convocatorias y, en concreto, el precio de referencia de las estancias hoteles con manutención se ha visto incrementado en casi un 9,5%, situándose entre los 23 euros y 42 euros diarios, dependiendo de los destinos. 

Este recurso, para el sindicato, pone en peligro la puesta en marcha del programa en los plazos habituales, por lo que reclama una rápida resolución del conflicto para garantizar el derecho de las personas jubiladas a viajar en los términos y condiciones establecidas de inicio, así como la actividad económica del sector y el derecho de los trabajadores y trabajadoras a mantener su puesto de trabajo en temporada baja.

Además, CCOO confía en que se retome el incremento del 60% del presupuesto para la ayuda a la dependencia comprometido tras el “parón” producido entre 2012 y 2017 y conseguir así reducir las listas de espera. En La Rioja, más de 8.000 personas se encuentran en situación de dependencia.

En cuanto al nuevo gobierno que se constituirá tras las elecciones del pasado 26 de mayo, el sindicato reclama una mejora de los servicios públicos, con un aumento de la inversión.

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¡NO NOS CONFORMAMOS! CCOO ha convocado hoy, junto a UGT, una movilización frente a la Delegación del Gobierno al hilo de las convocadas en las principales ciudades del país, en defensa de pensiones dignas y por la derogación de la reforma de 2013.

CCOO advierte de que para que no haya pérdida de poder adquisitivo no basta con subir las pensiones conforme al IPC previsto, como ha anunciado el Gobierno, sino que hay que recuperar una fórmula de revalorización como la acordada en el diálogo social en 1996 y derogar el Factor de Sostenibilidad definido en la reforma de pensiones de 2013 que afectará a los futuros pensionistas.

El Gobierno utiliza las pensiones como arma electoral

Las subidas de las pensiones anunciadas por el Gobierno y sus socios parlamentarios, durante la negociación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2018, son, en realidad, consecuencia de las movilizaciones sociales que vienen produciéndose desde hace meses en protesta por la reforma de las pensiones de 2013. Sin embargo, dichas subidas son una medida insuficiente, que no resuelve el problema de fondo, pues solo se aplicarán en 2018 y 2019, condenando posteriormente a todos los y las pensionistas a un mísero incremento del 0,25%. Asimismo, el Gobierno ha decidido posponer en año electoral la aplicación del Factor de Sostenibilidad hasta 2023. Una decisión que supone únicamente “meter en el congelador” durante un máximo de cuatro años (puede ser menos) el problema generado por la reforma impuesta por el PP en 2013, que de no derogarse incidirá negativamente en las futuras pensiones, que verán recortadas su cuantías.

Con esta estrategia el Gobierno de turno podrá utilizar cuando le convenga la revalorización de las pensiones como chantaje electoral. Una estrategia que hacía décadas que estaba desterrada en nuestro país. CCOO recuerda que antes de que existieran el Pacto de Toledo y la fórmula de revalorización pactada en el Acuerdo de Pensiones de 1996, éstas no tenían garantizado el mantenimiento de su poder adquisitivo, siendo el gobierno el que decidía si subía más o menos sus cuantías. Los datos confirman que antes de 1996 las pensiones se revalorizaron muchos años por debajo de la inflación. Fue el Pacto de Toledo, y de forma muy especial la participación sindical en la toma de decisiones en materia de Seguridad Social a través del diálogo social, lo que posibilitó romper con esta dinámica y garantizar, por Ley, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, con independencia del partido que estuviera en el Gobierno. La clave de la intervención sindical está en garantizar el equilibrio entre los ingresos y los gastos, frente a decisiones de los gobiernos de turno de ajustar el sistema exclusivamente sobre el gasto, que es el que afecta al eslabón más débil de la sociedad: los trabajadores y los pensionistas.

Ahora, la reforma de 2013 y la actitud del Gobierno de Rajoy suponen devolver a las pensiones públicas a un chantaje electoral. CCOO ha advertido que no acepta subidas puntuales de las pensiones a criterio electoral del gobierno, y reclama una nueva fórmula de revalorización que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de todas las pensiones de manera estable en el tiempo, así como la derogación del Factor de Sostenibilidad definido en la reforma de 2013, que afectará a las y los futuros pensionistas. Asimismo, CCOO insiste en la necesidad de que todas estas materias sean abordadas tanto en el marco del Pacto de Toledo como en la correspondiente mesa del diálogo social. El sistema público de pensiones requiere visión a largo plazo y el máximo consenso posible, más que improvisaciones motivadas por necesidades coyunturales. Es necesario equilibrar la estructura de ingresos de la Seguridad Social aumentar los procedentes de cotizaciones y la aportación desde los Presupuestos del Estado. CCOO recuerda que el gobierno participado del sistema de pensiones (acuerdos políticos y con los interlocutores sociales) es la mejor garantía del pacto intergeneracional que sustenta el sistema de pensiones.

El conflicto social en torno a las pensiones es intergeneracional. Afecta tanto a las personas que hoy cobran pensiones, como a las que contribuyen a financiarlas y las percibirán en el futuro.

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Hoy ha comenzado la pegada de carteles junto a la sede de CCOO. El secretario general de CCOO La Rioja, Jorge Ruano, ha hecho hincapié en el “malestar creciente” que hay en España por “la situación que hay de precariedad, de salarios bajos, de desigualdad, sobre todo con las mujeres, y de incremento mínimo de las pensiones”.

Por ello, ha señalado que con esta lucha “tenemos que estar con el conjunto de las organizaciones sociales y partidos políticos que comparten nuestra visión del sistema público de pensiones, y combatir frente a esa idea instalada de que el sistema no es viable”.

El Gobierno y el partido que lo está apoyando en estos momentos, Ciudadanos, han hecho un amago electoralista para intentar desactivar la movilización social, con un incremento mínimo de las pensiones, que era necesario pero que no va a corregir el 0,25 por ciento que sigue activo para el año que viene”. “El malestar sigue en la calle. Solo la movilización social en este país va a hacer que las políticas cambien”, ha concluido.

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“Estamos ante un momento crucial para el sistema público de pensiones en nuestro país y no debemos dejarnos llevar por los falsos mensajes del PP encaminados a desmantelar el sistema de pensiones y a derivarlo a un sistema restrictivo enfocado a las pensiones privadas. Vuelven a hacer negocio con los derechos fundamentales”, en palabras del secretario general de CCOO La Rioja, Jorge Ruano.

CCOO está comprometido con la defensa del empleo y los derechos de los trabajadores y, por tanto, de las pensiones y del sistema público que, a lo largo de la historia, se ha desarrollado en el marco del Pacto de Toledo.

Estas movilizaciones se suman a las marchas realizadas en octubre para reclamar la eliminación del 0,25% como incremento de las pensiones y del factor de sostenibilidad que va hacer que las pensiones futuras sean menores que las que hoy tenemos. Esas marchas fueron el inicio de un proceso de movilización que hemos mantenido en 2018 y que esta semana tendrán otro hito, para forzar al PP a retirar de manera inmediata la reforma unilateral que hizo en 2013.

En un país cuya economía está creciendo al 3%, los beneficios empresariales ya están por encima del 5% y el IPC está en el 1,1%, no podemos permitir que nuestros pensionistas tengan un incremento mísero del 0,25%.

Las pensiones son sostenibles, el sistema puede funcionar y no está en peligro, si intervenimos en los ingresos. Hacemos un llamamiento a todos los trabajadores y trabajadoras y a todos los ciudadanos y ciudadanas en defensa de un sistema que es de todos, en el que cotizamos todos y que debemos defender todos.

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