Su vigencia es un paso importante para el avance de la igualdad en el ámbito laboral ya que supone la aclaración de algunos aspectos claves sobre el proceso de negociación, sobre el contenido mínimo de un plan de igualdad, las personas trabajadoras a las que les afecta; o sobre la obligatoriedad de su registro.

Algunos de los aspectos importantes que regula son:

• La participación de la Representación Legal de las Personas Trabajadoras (RLPT) en la negociación y de los sindicatos mayoritarios en representación de empresas o centros de trabajo que no cuenten con ella.
• Cómo se cuantifica el número de las personas trabajadoras de una empresa para saber si tiene o no obligación de elaborar un plan de igualdad.
• Qué plazos hay para llevar a cabo la negociación.
• Cómo conformar la comisión negociadora y qué competencias tiene.
• Cómo debe realizarse la fase de diagnóstico, detallando los criterios a tener en cuenta en el análisis de cada una de las materias que deben abordarse, incluyendo la auditoría salarial de toda la plantilla con información, transparencia, plan de acción y sistema de seguimiento.
• El periodo de vigencia obligatoria con un máximo de cuatro años.
• La obligatoriedad de hacer, como mínimo, una evaluación intermedia y final durante su vigencia.
• El registro obligatorio de los planes de igualdad para su acceso público, dentro de los 15 días siguientes a su firma.

A partir de ahora todos los planes de Igualdad que se negocien deberán cumplir con este reglamento y los planes que están vigentes contarán con un plazo máximo de un año para adaptarse a esta nueva norma, previa negociación.

Teniendo en cuenta que los planes de igualdad serán obligatorios para las empresas de más de cien personas en plantilla y, que a partir de marzo del 2022, lo serán para aquellas de más de 50, nos enfrentamos a un momento crucial de nuestra acción sindical: debido a las materias que abordan y por cómo se elaboran, los planes de igualdad son una herramienta sindical y feminista para avanzar en la igualdad en el ámbito laboral.

Conscientes de este poder transformador, animamos a delegadas y delegados a acercarse al sindicato a informarse sobre los planes de igualdad, su papel en el proceso negociador y resolver cualquier duda que tengan al respecto. 

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Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo la próxima semana, CCOO ha denunciado que la siniestralidad en el trabajo ha aumentado en España y en La Rioja desde la aprobación de la Reforma Laboral y la precariedad que ésta conlleva.

La responsable de Acción y Comunicación de CCOO La Rioja, Marian Alcalde, y el secretario confederal de Salud Laboral y Medioambiente, Pedro Linares, han detallado hoy en rueda de prensa el alto coste que está suponiendo la precariedad en términos de prevención. Durante toda la mañana, la sede de CCOO La Rioja acoge una jornada sindical sobre este asunto.

Según ha detallado Alcalde, los accidentes han aumentado en 2016 con respecto al 2015 en un 6,8% de media, si bien el incremento asciende hasta un 300% en el caso de los accidentes muy graves y hasta un 40 en el caso de los mortales. El número de enfermedades profesionales también ha aumentado.

“A la mínima pequeña recuperación económica, hemos recuperado las cifras de accidentes laborales anteriores a la crisis y la mayoría son evitables con inversiones en formación y prevención”, ha lamentado Alcalde.

Linares ha incidido en que la Reforma Laboral ha condicionado estas cifras, al propiciar “una altísima rotación y temporalidad, lo que dificulta la formación y agudiza las diferencias en términos de discriminación”. Los colectivos más vulnerables son los que acumulan mayores tasas de parcialidad, a su vez relacionadas con mayores índices de siniestralidad. Así, las mujeres tienen mayor probabilidad de sufrir una enfermedad laboral y los jóvenes tienen más posibilidades de sufrir un accidente en el trabajo. Además, a partir de los 55 años aumenta la siniestralidad mortal.

Este modelo de mercado de trabajo también esconde cifras de siniestralidad tras el autoempleo y la economía sumergida, donde los daños ocasionados a la salud, en ocasiones, no quedan registrados ni existe prevención de riesgos. Así mismo, el nivel de prevención es menor en las pequeñas empresas que no cuentan con representación sindical.

Ante esta situación, CCOO cree “imprescindible” derogar la Reforma Laboral, modificar el marco normativo para buscar mecanismos de mayor protección, intensificar las políticas activas en materia de prevención y reforzar los sistemas de control para que las empresas cumplan la legislación en materia de igualdad y de lucha contra el fraude laboral y la economía sumergida. Además, apuesta por establecer la figura de delegado de prevención territorial o sectorial para las empresas que no tienen derecho a elegir un delegado de personal.

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Tras un año de interinidad y paralización de las políticas que los trabajadores necesitan, el primer contacto con el nuevo gobierno ha puesto “serios límites” a las propuestas de los sindicatos, lo que ha provocado el inicio de este proceso, como han detallado los secretarios generales de CCOO y UGT, Jorge Ruano y Juan José Bárcenas, en una rueda de prensa conjunta.

Ambos sindicatos creen necesario plantar cara a la precaridad, recuperar los salarios y la protección social, y luchar contra la pobreza social y laboral. “No vamos a conformarnos con la subida del Salario Mínimo Interprofesional propuesta, creemos que es insuficiente”, ha asegurado Ruano, quien ha apostado por alcanzar en esta legislatura el 60% del salario medio.

Recuperar los derechos también supondría, para estos sindicatos, romper las barreras que se han impuesto durante los últimos años a la negociación colectiva y a la protesta social con la Ley Mordaza, así como a la igualdad de oportunidades de los hijos de los trabajadores.

Asegurar el poder adquisitivo de las pensiones, revisar las fuentes de financiación de la Seguridad Social y erradicar el déficit de ésta, financiando sus gastos desde los presupuestos del Estado, son otras de las prioridades señaladas por las organizaciones sindicales.

“Es el momento de recuperar derechos y rescatar a las personas”, ha asegurado Bárcenas, quien ha subrayado que el 35% de los trabajadores cobra por debajo del SMI. Además, 2,5 millones de personas ingresan menos de 300 euros al mes, 1 de cada 4 españoles están en riesgo de pobreza, 1,7 millones de hogares tienen a todos sus miembros en el paro y la mitad de los jóvenes no tienen empleo.

El objetivo de las movilizaciones es que las fuerzas políticas trasladen al Parlamento los cambios que España necesita, ante la oportunidad que supone un gobierno en minoría frente a una mayoría progresista. De momento, Izquierda Unida y Podemos ya ha apoyado estas reivindicaciones y el PSOE también se ha mostrado dispuesto a respaldar esta iniciativa.

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