Esta PNL critica el recorte continuado en la financiación del Servicio Postal universal, que afecta directamente a que la ciudadanía de La Rioja pueda tener un servicio de calidad y accesible. Además, se piden garantías para que se asegure el reparto de correo todos los días laborables y de lunes a viernes, independientemente del lugar de residencia. La financiación se ha recortado año tras año desde la llegada de Serrano a la dirección de Correos, algo que va en dirección contraria de poder garantizar un servicio de calidad en el reparto y en las oficinas de las zonas rurales de La Rioja.

Hemos trasladado a los grupos parlamentarios la preocupación por el traspaso de parte de la actividad y la cesión de espacios a las filiales, así como el recorte de plantilla estructural y la falta de contratación, empeorando las condiciones laborales de todos los trabajadores de La Rioja y el desmantelamiento y debilitamiento que está llevando la dirección de Correos.

A través de esta proposición, se insta a Correos y Telégrafos, a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), al Ministerio de Hacienda y al de Transportes; órganos con competencia en este ámbito, a reforzar la financiación del Servicio Público postal y a tomar las medidas oportunas para tener un servicio público y de calidad.

Seguiremos denunciando el desmantelamiento de Correos en los centros de trabajo y defendiendo un modelo postal público, moderno y competitivo, cercano a la ciudadanía y socialmente comprometido con la gente que vive en la España vaciada y con los entornos geográficos no rentables.

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Muchos han sido los recursos que intentamos desde el Sector Autonómico de FSC-CCOO antes de ver publicado dicho Estatuto: procuramos estar en la mesa de negociación con la denegación del Parlamento y presentamos alegaciones, incluso un texto alternativo sin ninguna respuesta. Como último recurso decidimos reunirnos con todos los Grupos Parlamentarios de la Cámara con el fin de modificar este y otros puntos del nuevo Estatuto antes de su publicación. Todo en vano.

El 13 de abril se publicaba el BOR, entre sonrisas y palmaditas en la espalda de la clase política. Las mismas personas que defienden el empleo público en las portadas, pero que pretenden gestionar a sus anchas la forma de acceso al mismo, incluso si es por encima de la Constitución Española.

En rueda de prensa dejamos claro que iba a ser nuestro caballo de batalla y que CCOO no iba a tirar la toalla tan fácilmente. Nuestra petición ya está en manos del Defensor del Pueblo, quien deberá tomar una decisión a este respecto. 

Las formas de acceso al empleo público han de realizarse a través de procesos selectivos (oposición o concurso-oposición) respetando los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad (artículo 103.3 CE) y ninguna administración puede asumir las competencias que corresponden únicamente al Estado (artículo 149.1.18ª CE).

Ya son varias las Sentencias que han desestimado nuevas “figuras” con las que algunas administraciones han pretendido hacer empleados/as públicos/as a personal temporal, sólo contemplando su antigüedad laboral o cualquier otro parámetro que en ese momento determinen a su caprichoso criterio.

La Ley se redacta para darle cumplimiento y no para adornar las paredes del Parlamento.

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La Delegación de CCOO ha presentado alegaciones a este estatuto, incluso un texto alternativo, sobre el que se solicitó derecho a la negociación. Un punto que fue denegado por la Mesa del Parlamento.

Consideramos que el nuevo estatuto no incluye las mejoras propuestas en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres, ni la solicitud de informes, ni tampoco Planes de igualdad.

Los permisos y licencias del personal quedan al arbitrio de la Mesa, en vez de quedar regulado su contenido en el texto, como en cualquier estatuto.

También se permite el acceso a cuerpos y escalas superiores, integrando al personal solo con la titulación establecida. Quien no la posea que no sufra, ya que percibirá un “complemento salarial” como si estuviera en dicha categoría.

Y como guinda de un pastel inesperado, contemplamos que su publicación es la excusa para crear una nueva categoría de personal público a través de la “consolidación de empleo”.

En una de sus disposiciones, se reconoce a los empleados temporales, más conocidos como interinos, su condición de “Empleados Públicos Fijos”, con los mismos derechos que los funcionarios de carrera, pero sin denominarlos funcionarios de carrera.

Se trata de una nueva figura de personal público, con la que se pretende privilegiar a un grupo de personas, vulnerando los principios constitucionales de mérito y capacidad (artículo 103.3 CE) y las competencias que corresponden únicamente al Estado, como el régimen jurídico de las Administraciones Públicas y sus empleados públicos, en el artículo 149.1.18ª CE.

El secretismo con el que se ha llevado su redacción y la rapidez con la que el Parlamento quería verlo publicado solo se vio frenada por nuestra insistencia sindical de solicitar un informe jurídico que destapara la inconstitucionalidad del texto.

Pero la redacción de dicho informe estaba en manos del letrado mayor, que también amparaba el estatuto y su pronta publicación.

Si este documento se aprueba con el voto favorable de los grupos parlamentarios, ¿qué les vamos a decir al resto de interinos de otras Administraciones Públicas?: que esperen tranquilos a que les facilitemos la consolidación de la plaza a todo aquel que lleve más de 5 años en su puesto, sin procesos selectivos de ningún tipo y al margen de ley.

La reflexión abre un amplio debate sobre si los organismos que deben dictar las leyes son los primeros en quebrantarlas: Igual nos conviene cesar la lucha sindical y moral para que a algunos no se les caiga la cara de vergüenza.

IU, PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos quedarán retratados con su voto. Quién sabe cuántos favores debidos hay detrás de este texto.

Por supuesto, desde la trinchera, haremos todo lo que esté en nuestras manos para frenar esta locura jurídica y que no se vulneren derechos ni leyes con tanto peso moral.

ARTICULADOS

Donde están las irregularidades y carencias que hemos visto dentro del nuevo texto:

1. El Nuevo Estatuto no se plantea la negociación de un Plan de Igualdad, en el que poder incluir mejoras de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
2. Los Permisos y Licencias no se encuentran regulados dentro del texto, como sucede en cualquier otro Estatuto, si no que quedan al arbitrio de la Mesa. Esto significa que gobierne el partido que gobierne, la Mesa es la que va a decidir que permisos o licencias concede y la duración de los mismos, mientras que en el anterior Estatuto sí que se regulaba.
3. Se establece una nueva Clasificación del Personal con distintos grupos, qué ocurre, que hay que integrar a los trabajadores dentro de ella, y hay trabajadores que pasarán a categorías superiores siempre y cuando posean la titulación requerida. El personal que carezca de Titulación, percibirá un “Complemento Transitorio salarial” como si estuviera en dicha categoría.   

       No se explica dicha transitoriedad, que parece indefinida y que vulnera la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Articulado que vulnera nuestra Constitución Española y el EBEP:

   La Disposición Transitoria Segunda del texto nos habla de Consolidación de Empleo y dice literalmente: “Se reconoce a los empleados temporales nombrados mediante proceso selectivo público y que, a la entrada en vigor del presente estatuto, hayan permanecido desempeñando sus funciones en esta Cámara durante un período ininterrumpido de al menos 5 años, como situación jurídica individualizada, su condición de “Empleados Púbicos Fijos” y a permanecer en el puesto que actualmente desempeñan con los mismos derechos y con el mismo régimen de estabilidad e inamovilidad que rige para los funcionarios de carrera del Parlamento de LA Rioja, aunque no adquieran la condición de funcionarios de carrera”.

   Es decir, que con que poseas 5 años de antigüedad en el puesto, te hacen Empleado Público Fijo con los mismos derechos y el mismo régimen que el personal funcionarios de carrera.

Esta disposición vulnera por tanto el texto constitucional ya que crea nuevas categorías de personal cuando es una competencia exclusiva del Estado y no de las CCAA:

La Constitución en su artículo 149 es clara a este respecto: “Corresponde al Estado establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos de todas las Administraciones y la competencia exclusiva respecto a las bases de la legislación laboral”.

  También vulnera el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en sus artículos 55 y 61, donde proclama: “Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen estos principios constitucionales. Y la importancia de que todos los procesos sean de libre concurrencia”

   Este proceso al que intentan llamar de consolidación incumple también el EBEP, ya que el proceso que plantea no es de libre concurrencia e incumple los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

  Varias son las Sentencias que nos avalan:

• SENTENCIA DEL TC DE 18 de febrero de 2021, que estima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Gobierno español contra la disposición transitoria de la Ley de Policía del País Vasco. Pretendían realizar una consolidación para quien llevara de interino un mínimo de 8 años.
• SENTENCIA DEL TC DE 28 de septiembre de 2020: Estima que las ofertas de empleo público de consolidación o estabilización del empleo temporal no pueden suponer, porque lo impiden los artículos 14, 23.2 y 103.3 de la CE, convocatorias restringidas, si no que han de conciliarse con el derecho de todos a acceder a la función pública.

Sentencias muy recientes sobre procesos casi idénticos al que tenemos entre manos, y que han dejado aclarada la inconstitucionalidad de esta Disposición del nuevo Estatuto.

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Un escrito en el que recuerdan el compromiso de avanzar en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible acordado en 2015 en la ONU. Estos objetivos pretenden acabar con la pobreza y el hambre, reducir la desigualdad económica y la desigualdad de género, avanzar en salud y educación y combatir el cambio climático que amenaza la existencia humana y afecta en primer lugar a los pobres. Tres años después, el panorama es bastante desalentador.

Por ello, la Plataforma quiere hacer hincapié en cinco cuestiones:

1- 821 millones de personas pasan hambre en el mundo, sobre todo en África y en Asia. El hambre crece por tercer año consecutivo. Los conflictos armados, sucesos climáticos extremos  la crisis económica son las causas principales. Pedimos recuperar la Cooperación al Desarrollo, a un 0,4% en España y, en La Rioja, seguir en la senda de conseguir el 0,7%. 

2– Se mantienen altas cotas de pobreza en España. El 18% de la población española está en riesgo de pobreza y exclusión social, en La Rioja el 15,3%. No aceptamos el argumento conformista de que otras comunidades están peor, pues no resuelve los graves problemas de esta población.

3- El número de personas ricas o muy ricas no para de crecer. En La Rioja ha pasado de 2.054 personas en 2011 a 2.259 en 2016, con una media de 2,8 millones de euros. Las causas son las políticas de austeridad, los recortes salariales, la precariedad en el empleo, una injusta política fiscal para los más ricos que pagan poco o nada, la evasión fiscal y la ocultación de fortunas en paraísos fiscales. Reclamamos en La Rioja el mantenimiento del impuesto de Patrimonio, sin bonificaciones y el impuesto de Sociedades. 

4- Queremos recuperar la Sanidad y la Educación de los grandes recortes producidos por las políticas de austeridad y recuperar igualmente las políticas de dependencia, muy abandonadas durante la crisis. Queremos una Educación y Sanidad públicas y de calidad, revertiendo la privatización. 

5- Reclamamos avanzar contra el cambio climático. Nos afecta a todos y sobre todo a las poblaciones más empobrecidas, como lo demuestra el crecimiento del hambre. Es preciso un cambio radical en las políticas económicas y orientarse decididamente a acabar con los combustibles fósiles e impulsar las energías sostenibles, así como promover un modo de vida acorde con la sostenibilidad ambiental.

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Como es natural, al conocer tal anuncio a través de los medios de comunicación, explica el Comité de Empresa de la FHC, el interés despertado entre la plantilla de la FHC fue enorme: RRSS, grupos de WhatsApp y demás torturas modernas “echaban humo”. En cuanto nos fue posible, accedimos a los vídeos de la comparecencia pública de los portavoces del PSOE regional, Sra. Concha Andréu y Sr. Raúl Juárez, devoramos todas las noticias relacionadas con este asunto, todas las explicaciones, todos los comentarios, todas las reacciones.

El mismo lunes 25 por la tarde, el Comité de Empresa se puso en contacto con el PSOE de La Rioja al objeto de solicitarles una copia de la Proposición de Ley, la cual tuvieron la amabilidad de facilitarnos ese mismo día. De hecho, hoy miércoles 27, tal Proposición ha sido publicada ya en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja (Serie A, Núm. 204, de 27/06/2018). Accesible haciendo CLIC AQUÍ.

Una vez que el Comité ha podido analizar el texto de la Proposición de Ley -publicada oficialmente hoy, 27 de junio-, vistas algunas manifestaciones públicas (en particular una nota publicada por el Partido Popular el mismo lunes 25), considera preciso, y útil, realizar las siguientes manifestaciones:

1.- Este Comité de Empresa se ha caracterizado, siempre, por su independencia respecto de cualquier opción política, procurando, como es natural y obligado, mantener una relación eficaz y productiva con todos los partidos y grupos con representación en el Parlamento de nuestra comunidad y en los diferentes municipios de La Rioja Baja. Hemos estados, estamos y estaremos, siempre, a disposición de todos ellos, para abordar cualesquiera cuestiones relacionadas con nuestro hospital. En este sentido, conviene recordar que hace ahora un año, en julio de 2017 mantuvimos con todos los grupos parlamentarios (PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos) una ronda de reuniones al objeto de presentarles las necesidades de FHC, en particular su ineludible e imperiosa necesidad de integración, tratando, ya entonces, conjuntamente sobre las vías técnicas para lograrlo.

2.- Analizado el texto de la Proposición de Ley presentada por el PSOE de La Rioja, constatamos que articula una vía que hace posible la integración real del FHC en el SERIS. Efectivamente, se plantea la conversión de FHC en una auténtica “fundación pública sanitaria”, adscrita al SERIS, y a la que se puede adscribir, a su vez, personal estatutario (funcionarios de los servicios de salud) del SERIS.

Se trata del mismo itinerario legal que siguió el Gobierno de Baleares en 2011 para la integración de sus dos “fundaciones sanitarias en mano pública”, idénticas a FHC, la Fundación Hospital Manacor y la Fundación Hospital Son Llatzèr. La ley de Baleares pueden verla vds. haciendo CLIC AQUÍ (BOIB de 28/02/2011). Y en el BOE (7/03/2011) haciendo CLIC AQUÍ. Comprobarán vds. lo que decimos: sus similitudes con la Proposición de Ley presentada en La Rioja, pues se trata de un mecanismo técnico-jurídico bien conocido por quienes no dedicamos en España a la gestión de los servicios sanitarios en el Sistema Nacional de Salud.

3.- Cuando se tratan cuestiones tan serias y trascendentes para la vida de los ciudadanos como la provisión y gestión de los servicios sanitarios, lo menos que se les debe exigir a los representantes públicos es que actúen con rigor y responsabilidad. El conocimiento en la materia se les supone.

FHC nace en el año 2000 al amparo de la Ley 15/1997 y el Real Decreto 29/2000, como una persona jurídico-privada (sometida al derecho privado, y así sigue siendo en la actualidad) integrada en el “sector público” sólo porque su financiación es pública en más del 50% (en nuestro caso el 100%). Somos pues, y esto lo sabe cualquiera, una persona jurídica de base fundacional, sometida al derecho privado, que provee servicios en el Sistema Nacional de Salud y que por ser financiada con fondos públicos forma parte del llamado “sector público”. Pero ni FHC es una “Administración Pública” (ni lo es ahora ni lo fue nunca), ni se somete al derecho público (ni su personal son funcionarios, ni se haya sometida a la jurisdicción contencioso-administrativa) ni forma parte del Servicio autonómico de Salud (SERIS). Esto es algo que sabe cualquiera que entienda mínimamente de gestión sanitaria.

Fundaciones como FHC han existido otras tres más en España: los hospitales Son Llatzèr y Manacor en Baleares y Fundación Hospital Alcorcón en Madrid. Las dos primeras ya fueron integradas en el Servicio Balear de Salud por el Gobierno de Baleares en 2011, la madrileña está en trance de serlo (ya existe una Ley que así lo prevé). A estas fundaciones la doctrina administrativista española las ha denominado “fundaciones sanitarias en mano pública”. Y esa denominación, “fundación sanitaria en mano pública”, se ha impuesto desde las cátedras de derecho administrativo para diferenciarlas de otras fundaciones denominadas técnicamente “fundaciones públicas sanitarias”, creadas no por la Ley 15/1997, sino un año después, por la Ley 50/1998. A diferencia de FHC, las “fundaciones públicas sanitarias” son “Administración Pública”, pueden tener personal estatutario y se someten al derecho administrativo plenamente.

Como sabemos bien, las palabras son hermosamente flexibles, por ello muy adecuadas para decir y para ocultar, para desvelar la verdad pero también para perpetuar el engaño. Podemos decir que FHC es una fundación y eso es cierto, claro. Podemos decir que es pública, sí, y lo es desde el punto de vista de que su presupuesto es público en más de un 50% (y este criterio es el que define al llamado “sector público”). Podemos decir que es sanitaria, toma claro, como que es un hospital. Podemos decir, pues, que es una fundación, que es pública y que es sanitaria, en los sentidos indicados. Pero FHC no es una “fundación pública sanitaria” en sentido técnico-jurídico (Ley 50/1998) porque no es Administración Pública ni su personal puede ser funcionario estatutario, ni ejerce potestades administrativas, ni se somete al derecho administrativo. Somos públicos, pero no somos una “Administración Pública”, nunca lo hemos sido y por eso no podemos cubrir nuestros servicios.

4.- Es obligado referirse, pues, a la nota hecha pública por el Partido Popular el pasado lunes día 25. Estamos seguros de que se trató de una primera reacción, un tanto apresurada, que no refleja el sentir del Gobierno regional. Nos parece deseable, como ciudadanos, que el debate político no siga las mismas pautas que una pelea de hooligans. Se podrá, o no, estar de acuerdo con lo que propone otro partido o grupo parlamentario, pero el debate debe ser riguroso y, sobre todo, veraz. Es nuestra vida, la de todos los riojanos, la que se ve afectada por las mentiras interesadas de los gobernantes.

Tal y como hemos explicado, lo único cierto que se dice en esa desafortunada nota del PP del lunes 25 es que la expresión “fundaciones sanitarias en mano pública” no se menciona en la Ley 15/1997 ni en ninguna otra. Claro, lo que hace esa Ley, de la cual nace FHC, es admitir que los servicios sanitarios en el Sistema Nacional de Salud se provean mediante cualquier forma de personificación jurídica (empresa, fundación…) y no sólo por una “Administración Pública”. Ha sido la doctrina administrativista española, como hemos explicado, la que llamó así a FHC (y a las otras tres fundaciones similares que han existido) para diferenciarlas, precisamente de las “fundaciones públicas sanitarias” en sentido estricto (FHC no lo es).

Transformar FHC en una auténtica “fundación pública sanitaria (Ley 50/1998) es una de las formas posibles de proceder a la integración de FHC en el SERIS, haciendo posible la captación de profesionales a los que ofertar plazas estatutarias como en el resto de centros del Sistema Nacional de Salud. De hecho, como señalamos, ese ha sido el itinerario de integración seguido por Baleares en 2011 para integrar a sus dos “fundaciones sanitarias en mano pública” en el Servicio Balear de Salud.

Si no gusta esa vía y se prefiere otra para obtener el mismo resultado, ello es posible. Y si no se quiere integrar a FHC, si prefieren vender o desmantelar nuestro hospital, como intentaron en 2012, también lo pueden decir; nos parecerá un gravísimo error pero es una opción política que algunos parecen seguir albergando a la espera de poder reintentarlo. Pero lo que no podemos permitirnos, todos, como riojanos, es engañarnos (menos aún intentar engañar a los ciudadanos) faltando a la verdad.

5.- El mismo lunes día 15 de junio, el Pleno del Ayuntamiento de Calahorra aprobaba una moción instando al Gobierno regional a la integración de la “fundación sanitaria en mano pública” FHC en el SERIS. Y lo hacía por unanimidad de todos los grupos, también del Partido Popular.

Ese, el del acuerdo, es el camino. La ventaja que tenemos en La Rioja es que una “fundación sanitaria en mano pública” como es FHC, cuya plantilla hemos sido seleccionados conforme a rigurosos procedimientos homologables (y aun mejores y más rigurosos) que cualquier posición administrativa puede ser integrada directamente por preverlo así la Ley expresamente (ratificado por el Tribunal Constitucional). Les pedimos al Parlamento y al Gobierno que lo hagan. Por favor.

La alternativa a la integración de FHC es su desintegración, que no podamos atraer profesionales pues optan por otras CCAA que les ofrecen la seguridad de una plaza funcionarial que FHC no puede ofrecer porque no somos un Administración Pública. La situación el servicio de Urgencias (ver nuestra Nota del pasado 15 de junio) es la mejor prueba.

6.- Este Comité de Empresa se pondrá inmediatamente en contacto con todos los partidos y grupos parlamentarios, agradeciéndoles de antemano su amable interés para garantizar el futuro de hospital calagurritano con el rigor y dedicación que algo tan serio merece.

Entendemos, cómo no, que se tengan diferentes ideas, que se planteen opciones variadas sobre cómo hacerlo, pero la integración directa de FHC y la estatutarización de su personal no sólo es algo legalmente previsto, es una necesidad urgente.

A día de hoy, tras años advirtiéndolo en vano, ya no es una opción. Es una necesidad inaplazable.

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Representantes de una veintena de colectivos, entre ellos CCOO, han entregado hoy en el registro del Parlamento de La Rioja un documento para la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano en el que piden que se agilicen los trámites para la Renta de Ciudadanía. No es la primera vez que demandan acabar con los retrasos. 

Se trata de organizaciones, asociaciones, colectivos y plataformas de la Sociedad Civil de La Rioja como Asociación Vecinal Madre de Dios, Cambia Lo, Asociación El Colletero, CCOO, Centro Cívico Madre de Dios, CNT, Ecologistas en Acción, HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica), La Tavaya, Marea Blanca, Marea Naranja, PANAL (Asociación de Protección del Patrimonio de Nalda), PAH (Plataforma de afectados por la Hipoteca La Rioja), Plataforma Bienvenid@s Refugiad@s La Rioja, Plataforma Stop Represión, PODEMOS, PSOE, REAS Rioja (Red de Economía Alternativa y Solidaria), Rioja Acoge, UGT y USO.

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