En el acto, las organizaciones sindicales han subrayado que las personas mayores “no son un grupo silencioso ni invisible, sino memoria viva y parte activa del presente y del futuro de nuestra sociedad”. Por ello, han reclamado la puesta en marcha de medidas urgentes que garanticen derechos básicos y condiciones de vida dignas.

El manifiesto destaca, entre otras cuestiones:

• Reactivar la financiación del sistema de dependencia y acabar con el llamado “limbo de la dependencia”.
• Pensiones dignas, especialmente para las mujeres, asegurando que ninguna quede por debajo del umbral de la pobreza.
• Una política de vivienda adecuada que garantice accesibilidad, seguridad y protección frente a los desahucios.
• Erradicar el edadismo en todos los ámbitos sociales e institucionales.
• Aprobar una Ley Estatal de Derechos de las Personas Mayores, que reconozca a este colectivo como titulares plenos de derechos.

Asimismo, el manifiesto se posiciona contra los discursos de odio y el auge de la extrema derecha, defendiendo la memoria democrática y la justicia social. También incluye una fuerte denuncia contra la guerra y el genocidio en Palestina, reivindicando la paz como condición indispensable para la vida y los derechos humanos.

Desde las Federaciones de Pensionistas de CCOO recuerdan que “este 1 de octubre no pedimos compasión, pedimos justicia”. Y añaden: “las personas mayores no son una carga, sino fuerza crítica y constructiva. Queremos vivir y envejecer con dignidad, con derechos y con voz”.

Por los derechos de las personas mayores, por la paz y por la justicia global, hoy y siempre: alzamos nuestra voz.

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“Uno de los problemas de las personas mayores es que no cocina y que recurren a los alimentos ultraprocesados, es ahí donde debemos poner el foco”. Así de contundente se ha manifestado el Gerontólogo, Especialista en Nutrición y Dietética en Medicina Familiar y Comunitaria el Miguel Anxo Álvarez González, invitado por la Federación de Jubilados y Pensionsistas de Comisiones Obreras de La Rioja para impartir dos charlas, en Logroño y en Arnedo, sobre alimentación y dietética para el mantenimiento de la salud y para poder contribuir al envejecimiento activo. 

A lo largo de las charlas, Álvarez ahondará en los problemas de las personas mayores que se enfrentan a pérdidas de roles sociales, pérdidas de seres queridos, pérdidas económicas y pérdidas de capacidad psicofísica. “Si yo ya no tengo un entramado familiar y social, ya no voy a la compra y, para evitar cocinar, voy a compra alimentos procesados y ultraprocesados y es aquí donde debemos poner el foco porque se puede comer sano, se puede comer equilibrado sin tener que estar en la cocina dos horas”. 

Y es que, tal y como ha recordado, a pesar de vivir en el país de la dieta mediterránea no la ponemos en práctica. Por ejemplo, ha relatado, “no comemos legumbres, un alimento sano, barato, que tiene proteínas vegetales e hidratos de carbono de asimilación lenta por lo que no provoca picos de glucosa y que podemos comprar casi listos para comer”. 

Con estas conferencias, la Federación de Jubilados y Pensionistas de CCOO La Rioja quiere incentivar al colectivo de personas mayores a que adquieran unos hábitos adecuados de alimentación saludable porque es la piedra angular para lograr el bienestar de todos. Y es que, tal y como ha relatado, hay varios factores que determinan que cada uno envejezca de forma distinta; unos no dependen de nosotros, pero otros sí.

“El sexo de cada uno, la edad o la genética on factores sobre los que no podemos actuar, pero hay otros como la actividad física, la alimentación, nutrición o estilos de vida, sobre los que sí tenemos algo que decir”. Y sobre estos giran las conferencias que este experto va a impartir este miércoles en La Rioja. “Vamos a hablar de alimentación, qué debemos comer y qué debemos comprar, porque si tenemos claro qué debemos comer, pero no compramos los alimentos adecuados, no estamos ayudando a nuestra salud por lo que es importante también mirar el etiquetado de los alimentos”. Un hábito que es importante adquirir porque según sus cálculos, “el 60 por ciento de los fallecimientos del primer mundo es por una alimentación inadecuada”. 

Asimismo, Álvarez ha sentenciado que “el comer bien y el comer sano, no tiene por qué ser aburrido”. Así, ha puesto sobre la mesa la necesidad de comer sano y equilibrado, pero además, adecuar esta alimentación a cada persona y a las distintas etapas de la vida. Por ejemplo, ha dicho, “las personas mayores sí que debemos controlar las calorías, pero no los nutrientes, es importante no cometer errores inconscientes que pueden provocar daños en la calidad de vida de las personas a medio y largo plazo”. 

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Por ello, en esta legislatura hemos ido exponiendo nuestras preocupaciones, tanto a la administración autonómica como a la estatal, requiriendo una información clara y propuestas reales de solución. Lo hicimos sabiendo que dichas situaciones se vienen arrastrando como consecuencia de unas políticas sociales en que las personas no contaban para tomar las decisiones. Cuando se cuenta con los colectivos implicados, las cosas funcionan. Pero todo esto no es óbice para que señalemos aquellos temas a los que creemos que hay que dar una respuesta urgente ya que, para la casi totalidad de personas mayores, son situaciones muy preocupantes debido a su especial vulnerabilidad:

Acceso de las personas mayores a solicitar citas previas de forma presencial, tanto en Seguridad Social, SEPE y otros organismos dependientes de la Administración. En estos casos se ven afectadas todas las edades con protocolos que requieren conocimientos informáticos. Obtener cita previa es una carrera de obstáculos, de solución no tan difícil, con voluntad política: Dar las citas de forma DIRECTA en la Oficina integral de la Seguridad Social  Particularmente en el caso de la gente mayor, que son las que habitualmente tienen más dificultades con las nuevas tecnologías. La atención presencial es un derecho de la persona y la digitalización es una herramienta valiosa, que puede facilitar las cosas, pero no puede ser la única alternativa ya que si no sería una imposición y generaría la exclusión de las personas más frágiles.

La escasez de personal sanitario no puede ser siempre la única respuesta a las necesidades de la atención primaria. Reconocemos el esfuerzo de la Consejería de Salud  por poner alguna solución al tema (contratación de médicos para atención por teléfono desde el Hospital San Pedro). Quizá haya descongestionado las urgencias del CARPA, pero puede hacer que las personas atendidas, poco a poco, vayan perdiendo  la  referencia  de su  médico  de  cabecera, algo  que  en  el caso de las personas mayores origina un deterioro de la confianza en la medicina, afectando incluso a su salud psicológica.

La recuperación de servicios en el Hospital de La Rioja puede ser una solución, pero llevamos tanto tiempo con ese déficit en estas materias que será necesario poner algún remedio en un plazo de tiempo razonable.

Todo lo relacionado con la dependencia deja muchos frentes abiertos. La falta de residencias o centros de día públicos hace que se produzcan problemas difícilmente resolubles. Para nosotros son fundamentales (si queremos que la atención en las residencias mejore): las contrataciones, los derechos de los trabajadores/as, la participación de los familiares en la gestión… El CAMBIO DE MODELO no se ve por ninguna parte, al menos en proyectos que podamos conocer.

El sistema de valoración de la dependencia es lentísimo. Hay casos que tardan en resolverse más de seis meses y muchas veces provoca graves perjuicios a quien sufre tal demora.

Mientras dure la concertación con el centro de recuperación de Valvanera, es imprescindible que haya un seguimiento de la misma (casos de falta de personal, poca atención al paciente, deterioro en las instalaciones y escaso mantenimiento de las mismas, etc). La calidad en algunos servicios deja mucho que desear, además de la insuficiente coordinación con el Hospital San Pedro.

En el tema de las entidades bancarias queremos insistir una vez más en las dificultades, obstáculos y la falta de accesibilidad de los usuarios. A la ciudadanía, personas mayores o no, se nos obliga a tener que usarlos para cobrar los salarios y las pensiones, para gestionar pagos o llevar a cabo otras operaciones. Por consiguiente, en este aspecto las entidades bancarias están haciendo un servicio público. No nos vamos a cansar de repetir los miles de millones de euros que nos costó su rescate y nunca devolvieron ni un céntimo. De lo que se trata es de que las distintas administraciones actúen con energía en este asunto. No valen ya (casi nunca valieron) los protocolos para pedirles buenas prácticas. Eso no entra en el ADN de los bancos y se necesitan actuaciones que corrijan estas disfunciones y, si no es así, se les penalice por las malas praxis.

Es una aberración el abandono y falta de servicio de los bancos en los pequeños pueblos.

Desde la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO seguiremos denunciando estos malos hábitos porque hacen que la calidad de vida del colectivo de mayores se vea seriamente afectada.

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Sepúlveda ha puesto el acento en el problema de envejecimiento que atraviesa España. “El estudio prevé que esta tendencia va a continuar; ya estamos cerca del 20% de la población mayor de 65 años y si no hay una buena política de natalidad, la población seguirá envejeciendo”. “Es un reto para el Estado, necesitamos la llegada de las personas migrantes”, ha subrayado el secretario estatal de las personas pensionistas.

Consulta el Observatorio Social de las Personas Mayores de CCOO

En CCOO han querido destacar las dificultades que atraviesan las personas mayores para llevar a cabo trámites digitales en bancos y administraciones públicas. “A pesar de los compromisos, seguimos prácticamente igual. No aumentan las plantillas ni los medios y nos obligan a hacerlo casi todo por Internet, es un problema importante para las personas mayores y hay que solucionarlo”.

Por ello, reclaman formación para mayores en tecnologías: “No vale la buena voluntad, hay que aportar recursos y dar facilidades”. En cuanto a los datos, el 67% de las personas mayores de 65 años utilizan mensajería instantánea, el 52% leen prensa a través de Internet, el 48% realizan videollamadas y 42% reciben emails. Unos porcentajes que se reducen según avanzan en edad.

En sentido, el secretario de Pensionistas de CCOO La Rioja, Eusebio Marín, ha recordado las sucesivas reuniones que han mantenido con la Delegación del Gobierno para reclamar atención presencial para las personas mayores en la administración pública: “alegaron falta de personal, luego anunciaron la incorporación de 13 personas pero van pasando los meses y no se soluciona, hace falta voluntad política”. 

El Observatorio Social de las Personas Mayores también recoge que el porcentaje del PIB destinado a sanidad debe superar el 7,5% frente al 6,4% actual. “Hay que hacer una reforma fiscal para conseguir recursos”, ha considerado Juan Sepúlveda, recordando las listas de Atención Primaria.

 También se han referido a la reforma de las pensiones. En España hay 10.009.140 pensionistas  con una pensión media de jubilación de 1.189 euros y 2.354.100 pensiones de viudedad de 848 euros de media. En La Rioja hay 72.124 pensionistas con pensión media 1.172 euros y de viudedad hay 16.008 pensiones por valor medio de 835 euros.

“La atención a la dependencia se ha conseguido por las reclamaciones sindicales y CCOO reivindica que las personas dependientes sean cuidadas por profesionales”, ha pedido Eusebio Marín, que ha subrayado que las plazas residenciales privadas siguen siendo el doble que las públicas.

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La pandemia (que no ha terminado aún), nos ha de hacer reflexionar sobre la importancia que otorga la sociedad a la salud, la vivienda, las relaciones sociales, y sobre todo, a los cuidados, ya que son un elemento central para asegurar la calidad de vida de toda la población. Las personas mayores, consideradas como grupo de riesgo ante el virus, han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias de la pandemia en todos estos ámbitos, derivada del mayor impacto del virus en su salud, pero también de la falta de recursos que las Administraciones Públicas de todos los niveles, destinan a las políticas públicas de salud, vivienda y dependencia.

Pero no podemos olvidar que la crisis sanitaria ha puesto el foco sobre las residencias, entornos de vivienda en común, en los que se han infectado y fallecido un número muy elevado de personas mayores residentes, en un elevado número de casos sin recibir asistencia médica. La calidad de la atención de las personas mayores residentes y las condiciones laborales de las personas trabajadoras en ellas, han hecho saltar las alarmas sobre la necesidad de aumentar el control de las residencias para asegurar una mejor gestión, especialmente en momentos críticos. No debe olvidarse que el 70% de las plazas residenciales en España son privadas. Es necesario analizar la gravedad lo ocurrido con la COVID-19, y movilizar a todas las Administraciones Públicas para cambiar el actual modelo de residencias, en las que no se busque solo el beneficio económico, sino fundamentalmente el bienestar de las personas usuarias.

España, al igual que otros países de su entorno, ha de enfrentar el desafío de asegurar la calidad de vida de las personas mayores, que año tras año son más numerosas. El proceso de envejecimiento poblacional al que se suma España con cierto retraso con respecto a otros países europeos, atraviesa los debates sobre los nuevos retos que los Estados del Bienestar deben afrontar. Los cambios demográficos que comienzan en las últimas décadas del siglo XX están transformando la composición social: La caída de la fecundidad, el aumento de la edad de formación de las familias y la prolongación de la esperanza de vida, está dando lugar a poblaciones cada vez más envejecidas.

No debemos olvidar el envejecimiento de la población en las zonas rurales, que hacen de la atención y los cuidados un elemento crucial para asegurar la calidad de vida de las personas mayores residentes en esos núcleos poblacionales, y muy especialmente de las mujeres, ya que son ampliamente mayoritarias. También hay que atender a las personas más jóvenes que las cuidan.

Reclamamos en este día la visibilidad y la importancia que requiere el hecho de reconocer las importantes aportaciones que las personas mayores realizamos para el avance de nuestra sociedad, así como para que crear conciencia intergeneracional sobre las diferentes oportunidades y los desafíos del envejecimiento activo en nuestro tiempo.

Los países en desarrollo albergarán más de dos tercios de la población de edad avanzada del mundo. En el año 2050 alcanzaremos la cifra de 1.100 millones de personas mayores. Hoy en España, de los algo más de 47,3 millones de habitantes, casi el 20% son personas mayores de 65 años.

La pandemia de la COVID-19 ha servido para visualizar la importancia que tienen los servicios públicos para garantizar el bienestar de todas las personas, pero no podemos obviar los evidentes retos que aún presenta y sobre todo para el colectivo de personas mayores, por ello urge resolver las numerosas lagunas y carencias que tiene nuestro sistema de protección social.

Es necesaria más atención a las personas en su domicilio, hay que identificar a las personas con mayores necesidades de atención y priorizar las consideradas imprescindibles en cada caso para así poder reorganizar los recursos. Se emplaza a que sean los y las asistentes sociales pertenecientes a las respectivas consejerías de servicios sociales, quienes en el marco de una adecuada coordinación sociosanitaria, bajo la dirección de los servicios públicos de salud, valoren las situaciones personales y sociales de las personas usuarias, y no las empresas privadas que actualmente prestan estos servicios.

Para ello los sistemas públicos de salud, dependencia y servicios sociales, son elementos esenciales para lograr envejecer en condiciones saludables y con autonomía. Además son instrumentos para luchar contra la desigualdad en todas las etapas de la vida, abordando las diferencias territoriales existentes así como la cobertura de servicios y recursos destinados para las personas mayores.

Hay que seguir garantizando el Sistema Público de Pensiones, para ello el último acuerdo es muy importante pues se garantiza revalorización de las pensiones, con la media de la subida del IPC de diciembre a noviembre; se elimina el factor de sostenibilidad, por el cual las futuras pensiones perdían poder adquisitivo; el Estado asume las políticas de interés general (empleo, igualdad, apoyo sectorial, etc.,) que anteriormente se venían financiando con las cotizaciones de la Seguridad Social, y se compromete a garantizar el Sistema Público de Pensiones, al incluirse en la Ley General de la Seguridad Social una cláusula mediante la cual se realizará anualmente una transferencia a través de los PGE en torno a un 2% del PIB, 22.000 millones de euros, lo que representa una gran mejora en los ingresos del sistema y por lo tanto de la sostenibilidad de las pensiones. Hay una segunda fase que se tiene que negociar (ya se han negociado las cotizaciones del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) con acuerdo de todas las organizaciones sociales, asociaciones de autónomos incluidas, para que en un periodo de transición coticen por los ingresos reales; el Gobierno ha sacado adelante los planes y fondos de pensiones de empleo). Aún está pendiente aumentar los ingresos del sistema con el destope de las bases máximas de cotización.

No podemos olvidar que la desigualdad salarial entre hombres y mujeres se refleja claramente en la brecha que existe en las pensiones. Tanto el tipo de pensión como su cuantía, colocan a las mujeres en una posición peor que la de los hombres.

Por todo ello en el día 1 de octubre, la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO reclamamos al Gobierno y al conjunto de las Administraciones y Poderes Públicos, lo siguiente:

1.-El desarrollo e implantación de políticas públicas en materia de promoción de la salud son imprescindibles para garantizar el envejecimiento activo, la falta de éstas, afectan de forma directa al deterioro de la salud y las capacidades autónomas de las personas mayores. Se hace cada día más imprescindible situar el gasto sanitario público en al menos, el 7,2% del PIB, algo que venimos reivindicando durante años y que con la pandemia se demostró muy necesario. Ese incremento en la financiación debe aparejar el incremento del gasto en Atención Primaria hasta el 25% del total, para conseguir acercar a la población los servicios sanitarios, y dar más capacidad resolutiva a la Atención Primaria.

2.-Se necesita impulsar la atención domiciliaria a las personas dependientes, así como reforzar los centros de atención diurnos y nocturnos. También hay que reconocer el enorme esfuerzo y entrega que han demostrado durante la pandemia los/las trabajadores/as de las residencias, que han trabajado en condiciones muy precarias y para quienes se sigue teniendo la deuda de asegurar unas condiciones de trabajo justas y dignas. Para articular el modelo residencial que necesitamos, es necesario tener protocolos de cómo se debe cuidar a las personas usuarias de las residencias. Es necesaria la vigilancia por las Administraciones Públicas competentes para asegurar que se cumplen las condiciones acordes con la licencia de funcionamiento de las residencias. Hay que minimizar el riesgo de que pueda haber conductas no adecuadas o un sistema basado más en el negocio que en la atención y bienestar de las personas residentes.

3.-Reclamamos que en la agenda política de nuestro país se recupere la necesidad de impulsar una Ley Integral de los Derechos de las Personas Mayores. Esta ley debe garantizar la protección específica de las personas mayores, que contemple los ámbitos de la salud, la vivienda, la protección social y económica, la protección jurídica, la cultural o el ocio. Así como también la no discriminación por razón de edad o seso y garantizar la visibilidad y la participación activa de las personas mayores en todos los ámbitos de la sociedad. En definitiva una ley que proteja e impulse la idea de del envejecimiento activo como un logro obtenido por los avances científico- técnicos del conocimiento humano y, a la vez, como un reto para conseguir que durante el tiempo en que se prolongue la pervivencia se garantice la mejor calidad de vida.

4.-El Acuerdo de diálogo social para la puesta en marcha del Plan de Choque del Sistema de Dependencia 2021-2023, suscrito en enero de 2021 por CCOO, UGT, CEOE, CEPYME y el Ministerio de Derechos Sociales, incluía un compromiso de aumento de la financiación estatal condicionándolo a la mejora de determinados indicadores de calidad del SAAD. Entre ellos, se encuentran la calidad del empleo de los y las profesionales que prestan los servicios junto a otros, tales como reducir la lista de espera, el reconocimiento prioritario de servicios profesionales frente a prestaciones económicas, etc.

Pese a que el Gobierno está cumpliendo con el compromiso de aumentar la financiación estatal en 3.600 millones de euros hasta 2023, el Ministerio de Derechos Sociales no ha vinculado la condicionalidad de esta mejora de financiación al aumento de la calidad del empleo y el Acuerdo de acreditación de centros y servicios renuncia a adoptar medidas contundentes de mejora de las condiciones laborales hasta que finalice el año 2023; y aún entonces, condiciona las escasas medidas a un nuevo y adicional incremento de financiación.

5.-Como estamos en una crisis energética y alimentaria, con fuertes subidas de los precios en estos bienes esenciales, que hace que miles de trabajadores/as, de pensionistas y jubilados, tengan problemas para llegar a final de mes, por ello, solicitamos que se baje el precio de los servicios esenciales y lograr un reparto equilibrado entre todas las rentas, incluyendo a los beneficios empresariales.

6.-Garantizar pensiones dignas y suficientes, tanto para nosotros como para los futuros pensionistas, el proceso de diálogo social se ha demostrado como el método más eficaz para garantizar pensiones dignas, suficientes y sostenibles. Dicho proceso ha permitido recuperar la revalorización de las pensiones ligadas al IPC garantizando así el poder adquisitivo de todos los pensionistas; Pero ahora con el IPC disparado nos encontramos con algunos llamados expertos y con el Gobernador del Banco de España que están presionando para que los pensionistas y jubilados no recuperemos todo el IPC.

7.-Los partidos políticos tienen que tener en cuenta que el colectivo de personas mayores es muy vulnerable a políticas de recortes en cualquier materia (sanidad, vivienda, pensiones). Máxime cuando en demasiadas ocasiones, son las personas mayores las que se ven obligadas a asumir el papel de sustentadoras principales de sus hijos y sus nietos; no es anecdótico que las pensiones suponen la principal fuente de ingresos de más del 25% de los hogares.

8.-Hay que revisar los criterios de acceso al Bono Social Térmico para que éste cubra a más colectivos en situación de pobreza energética, simplificando la carga burocrática y facilitar las gestiones para poder acogerse al Bono Social Térmico.

Hay que reformar el sistema de formación de precios del mercado de la electricidad para limitar los beneficios extraordinarios de las compañías eléctricas, así como un mayor control público de algunas de las actividades del sistema eléctrico. Una gran parte de los países de la UE tienen empresas generadoras de electricidad cuyo capital es público en parte o total. En España existe la paradoja de que una de las grandes empresas generadoras de electricidad, ENDESA, es propiedad en un 70% de Enel, empresa pública italiana.

9.-Las personas mayores preferimos envejecer en nuestras casas, pero uno de los principales problemas es la accesibilidad a nuestros propios hogares, pues en España hay alrededor de 5 millones los edificios que no cuentan con ascensor, además de otras barreras arquitectónicas, por lo cual unos 1,8 millones de personas no tienen la posibilidad de salir de sus casas.

10.-Queremos resaltar que si alguien sufre los efectos de la falta de servicios, el empobrecimiento y el abandono institucional en la España vaciada, son los que mayoritariamente la habitan, las personas mayores. Es urgente la realización de políticas que les saquen del olvido, para ello es necesario un debate nacional sobre la España que queremos y cómo la queremos estructurar.

11.-Se necesita asegurar una estructura fiscal justa y eficiente que permita asumir la inversión social necesaria que nos acerque a la media de los países europeos de nuestro entorno, para asegurar vidas dignas y una mayor cohesión social.

Ante los problemas que tenemos nuestro colectivo y si no se tienen en cuenta nuestras propuestas, en el desarrollo de políticas públicas y con una mayor dotación de recursos para la mejora del sistema de salud y dependencia, la financiación de las pensiones y el replanteamiento del sistema productivo y fiscal, los pensionistas y jubilados de CCOO  conjuntamente con la sociedad organizada, nos seguiremos movilizando para conseguirlo.

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Maribel Zaldívar y Julio Ruiz, por parte del sindicato, han trasladado a Marrodán las dificultades para las personas mayores que supone solicitar cita previa en el Instituto Nacional de la Seguridad Social o el SEPE de forma telemática y han reclamado que se facilite pedir cita de forma presencial y también poder ir acompañados o acompañadas a realizar estos trámites.

La falta de personal en estas administraciones ha sido otra de las quejas transmitidas a la delegada así como la petición de más empleados que muestren en las propias oficinas cómo realizar los trámites.

Además, creen necesario hacer seguimiento del cumplimiento de las medidas que tienen que adoptar los bancos para facilitar la atención a las personas mayores y piden campañas informativas para que toda la ciudadanía esté informada de las estafas en las que se hacen pasar por entidades bancarias para conseguir datos personales.

La delegada, por su parte, les ha trasladado que el proceso de digitalización no puede dejar fuera a una parte de la sociedad y, por ello, se ha comprometido a estudiar cómo mejorar el acceso de este colectivo, pero también de la ciudadanía en general, a la información y los servicios que se prestan desde los organismos del Estado.

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Los hombres y las mujeres que superan los 65 años son personas con expectativas de vivir décadas para lo que sus vidas deben ser saludables y activas. Para ello los sistemas públicos de salud, dependencia y servicios sociales, son elementos esenciales para lograr envejecer en condiciones saludables y con autonomía. Es necesario abordar las desigualdades a lo largo de todas las etapas de la vida, abordando las diferencias territoriales existentes, así como la cobertura de servicios y recursos destinados para las personas mayores.

Las políticas públicas deben garantizar el ejercicio efectivo de los derechos a la vez de promover la redistribución de la riqueza, pues existe margen para mejorar la contribución fiscal, y para conseguir un sistema fiscal más justo, con un reparto más equilibrado de los esfuerzos, sin ello, las desigualdades económicas y sociales experimentadas a lo largo de la vida se trasladan a la vejez, como sucede con las brechas de género, en el trabajo, cuidado y pensiones.

Hay que seguir garantizando el Sistema Público de Pensiones. Para ello el último acuerdo es muy importante pues se elimina el índice de revalorización de las pensiones, que limitaba las subidas anuales al 0,25% y se elimina el factor de sostenibilidad, mejorando las pensiones de futuras generaciones de pensionistas y reforzando el pacto intergeneracional.

La desigualdad laboral se plasma claramente en la brecha existente en las pensiones. Tanto el tipo de pensión como sus cuantías, colocan a las mujeres en una posición visiblemente peor que la de los hombres. Las políticas para evitar y abordar las consecuencias que la crisis económica y de cuidados tienen en las condiciones de trabajo, renta y vida de las mujeres, son fundamentales para evitar la brecha existente.

El desarrollo e implantación de políticas públicas en materia de promoción de la salud son imprescindibles para garantizar el envejecimiento activo, puesto que afectan de forma directa al deterioro de la salud y las capacidades autónomas de las personas mayores. Se debe aumentar la capacidad de respuesta del sistema de Atención a la Dependencia pues ha resultado manifiestamente débil ante la crisis sanitaria.

Es muy importante iniciar un debate para después plasmarlo en una futura ley integral de derechos de las personas mayores. Esta debe garantizar una protección específica a los mayores y contemplar los ámbitos de la salud, la vivienda, la protección social y económica, la protección jurídica, la cultura o el ocio.

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La Rioja está entre las cinco comunidades por encima de la media en gasto sanitario vía concertación: “un gobierno de izquierdas no puede volcarlo todo al ámbito privado”. En este sentido, se ha referido también a la necesidad de mejorar las condiciones de las trabajadoras de este sector y la calidad del servicio que se presta con fondos públicos.

El Observatorio analiza la pirámide de población, en la que el mayor grupo lo componen las personas de entre 40 y 44 años. “Es fundamental que tengan un salario digno para que luego tengan una pensión digna”, ha señalado Julián Gutierrez, de la Federación de Pensionistas. Por segundo año consecutivo se ha registrado un saldo vegetativo negativo y tenemos la natalidad más baja en los últimos 20 años.

El envejecimiento también varía según el territorio, desde Ourense con un 31,5% de la población mayor de 65 años hasta Almería, donde es el 14,93%. Asimismo, la expectativa de vida se ha incrementado 6,2 años en los últimos 30 años hasta los 83 años de media.

“Las personas mayores prefieren envejecer y vivir en sus casas”, ha defendido Julián Gutiérrez. Sin embargo, este estudio ha cuantificado que alrededor de 1,8 millones de personas no pueden bajar diariamente a la calle por las barreras arquitectónicas.  

Además, el Observatorio ha advertido que el número de plazas privadas en residencias de mayores es mayor que las públicas en todas las comunidades, excepto en Extremadura y en Canarias. En el resto, las privadas se sitúan en torno a un 70% frente a un 30% de las públicas.

En cuanto a la salud, “CCOO propone que el gasto destinado al sistema sanitario debe ser de un 7% del PIB, así como aumentar la Atención Primaria en un 25%”. También este Observatorio sitúa a España a la cola de la Unión Europea en camas hospitalarias y en médicos geriatras.

Julian Gutiérrez ha destacado la importancia de fortalecer el sistema de dependencia: “el dinero que se emplea en la dependencia se devuelve en puestos de trabajo”. Ha señalado el compromiso del Gobierno de incrementar la inversión en dependencia para atender correctamente a estas personas mayores. 

CCOO defiende que se debe aumentar el gasto público en pensiones hasta el 14 o 15% del PIB y celebran el compromiso del Gobierno del aumento progresivo para acabar con el déficit de la Seguridad Social. “Esperamos firmar un compromiso en los próximos días poder firmar un acuerdo que garantice las pensiones en el futuro”, ha dicho Gutierrez, que ha destacado que el 30% de los hogares españoles se sostienen con una pensión.

“La brecha de género es sangrante”, ha denunciado, con una diferencia entre los 1.335 euros de pensión media en el caso de los hombres y 880 euros en las mujeres. 

“Hay que garantizar el sistema público de pensiones en el presente y en el futuro”, ha defendido Julián Gutiérrez, que ha subrayado que las pensiones deben pagarse con las cotizaciones de los trabajadores y las trabajadoras. Asimismo, confían en la revalorización de las pensiones y la derogación del factor de sostenibilidad y reclaman la derogación de la reforma laboral y la subida el Salario Mínimo Interprofesional.

“El 40% de los autónomos necesitan un complemento a mínimos para cobrar la pensión que sube hasta el 60% en el caso de las mujeres. Tienen que cotizar más para que les quede una pensión digna”. La Federación de Pensionistas de CCOO propone, por ejemplo, que las becas también coticen en la Seguridad Social.

Maribel Zaldívar se ha referido a los datos de La Rioja del Observatorio Social de Personas Mayores. Hay 70.800 pensionistas y la pensión mínima es de 1.013 euros. “Los que más nos preocupa es que hay mucha gente con una pensión media por debajo del Salario Mínimo Interprofesional”, ha advertido Zaldívar.

La Federación de Pensionistas defiende que los cuidados deben ejercerlos profesionales, “lo que no quiere decir que deben ir a centros de dependencia, si no que también puedan llegar a domicilio”. 

En La Rioja en número de plazas residenciales privadas son el doble que las públicas: “hay un déficit enorme, es más importante aumentar las plazas públicas que concertar más privadas”, porque ha subrayado que en las residencias privadas lo prioritario es la rentabilidad.

CCOO defiende el envejecimiento activo de la población: “a veces solo se piensa en las personas mayores cuando hablamos de pensiones y dependencia, pero nos afectan muchas más cuestiones”.

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El día 15 de junio se conmemora en todo el mundo el Día de Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez para promover los derechos humanos de las personas mayores y luchar contra la discriminación, la violencia, el abuso y el maltrato que experimentan estas personas.

Hay maltrato cuando hay distinción, exclusión o restricción basada en la edad, que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada.

Las personas mayores, van perdiendo autonomía, sufren la discriminación a medida que envejecen y progresivamente se ven despojadas de la posibilidad de decidir por sí mismas hasta convertirse en dependientes y renuncian en muchas ocasiones a la toma de decisiones.

Hay que tener en cuenta, en todo caso, que no se trata de un grupo homogéneo, ya que a menudo se experimenta una discriminación múltiple, sumándose a la edad otros factores como el nivel educativo, el género, el origen étnico, el lugar en el que viven, la discapacidad o la pobreza

Entre estas múltiples discriminaciones cruzadas que sufren las personas mayores, merece la pena mencionar aquella que sufren las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Se trata de un tema relativamente nuevo en España, ya que es ahora cuando está llegando a la vejez la primera generación que, dado que en su juventud no pudo salir del armario dada la realidad política existente pero si lo hicieron en su madurez. La situación de discriminación social en la que se encuentran los gays específicamente puede hacerse extrema en la vejez, ya que está condicionada por una subcultura específica que no tan acentuada en las realidades lésbicas.

El maltrato de las personas mayores no es sino la materialización más trágica de estas discriminaciones. La Organización Mundial de la Salud define este maltrato como un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza.

Pueden darse múltiples formas de maltrato, físico, psíquico, emocional o sexual, así como el abuso de confianza en cuestiones económicas. A pesar de la escasez de estudios que valoren la magnitud de la problemática, existen informes que permiten afirmar que la mayor parte de los agresores son las personas cuidadoras, cónyuges o parientes cercanos y que la mayor parte de las víctimas son mujeres y especialmente aquellas de mayor edad.

Se trata de una problemática que ha permanecido invisibilizada ya que pasa casi inadvertida, siendo relegada al ámbito de lo privado. Por eso llamamos a la necesidad de definir, detectar y resolver estas discriminaciones y potenciar el papel que cumplen los servicios de atención primaria de salud y los servicios sociales.

Maltrato físico son actos en los que se utiliza la fuerza física y que resultan agresivos al cuerpo de la persona anciana, motivando daño corporal anatómico o funcional. Maltrato psicológico es la utilización de palabras o actuaciones de intimidación o humillación, así como de aislamiento familiar o social, desprecios personales, gritos, insultos etc. que busquen y desencadenen en la persona anciana sensación de malestar, estrés angustia, estado de irritación o dolor emocional. Maltrato sexual es el uso corporal sin consentimiento de la persona anciana, tocamientos y violaciones. Maltrato económico es utilizar ilegalmente los medios económicos de la persona anciana de forma indebida sin su consentimiento, mediante engaño, por la fuerza o mediante amenazas.

También se dan casos de negligencia o deficiencia por parte del cuidador para prevenir, mantener o proporcionar el estado de salud o estabilidad psíquica que otorgue buena calidad de vida.

Las personas mayores tienen jurídicamente los mismos derechos, libertades y deberes civiles y políticos constitucionales que los demás ciudadanos, de lo que solo pueden ser privados en los casos de incapacitación judicial. Sin embargo, en la práctica, las personas mayores se encuentran a menudo en situaciones de mayor vulnerabilidad en el ejercicio real de estos derechos, cuando sus realidades se ven afectadas por la pobreza, la discapacidad, la enfermedad o el aislamiento social.

La protección jurídica abarca tres aspectos, todos ellos necesarios y complementarios: la formación en los derechos, la orientación ante un problema concreto y la tutela judicial.

Potenciar la información y educación en la defensa de los propios derechos e intereses es un punto de partida, que no debe dirigirse únicamente a la población anciana, sino también a los profesionales jurídicos. La orientación implica atender a las dudas jurídicas que una persona mayor pueda tener en su cotidianeidad en los diferentes ámbitos de su vida. Por todo ello el reto en el ámbito jurídico consiste en diseñar programas específicos para lograr una tutela jurídica real para las personas mayores, teniendo como objetivo preservar al máximo la capacidad jurídica del mayor y permitirle, siempre que sea posible, realizar actos jurídicos de la vida cotidiana.

En España se han venido introduciendo una serie de medidas y figuras jurídicas de protección para la protección de las personas mayores, que pese a no ser muy conocidas, van ganando relevancia como recurso. La Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad pretende una mayor protección a las personas mayores o personas con discapacidad y su patrimonio a través de figuras como el patrimonio protegido y sus ventajas fiscales, autotutela y poderes en previsión de la propia discapacidad o demencia, novedades sucesorias, contrato de alimentos o el derecho de habitación.

En 2003, el código civil español introdujo la figura de la autotutela, que implica que cualquier persona con la capacidad de obrar suficiente, en previsión de ser incapacitada judicialmente en el futuro, podrá en documento público notarial adoptar cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor. Esto implica que la misma persona, cuando aún es plenamente capaz y toma conciencia de una posible futura incapacidad, decida quién quiere que vele por sus intereses y pueda tomar medidas sobre su persona o bienes. Desde su creación el número actos de autotutela no ha dejado de aumentar.

Desde la Federación Estatal de Pensionistas de CCOO no cesaremos en nuestro trabajo hasta conseguir un modelo de coordinación socio-sanitaria bajo la coordinación y supervisión de los servicios públicos de salud. La reorganización de los centros de atención de personas dependientes. La atribución a la jurisdicción social de los litigios en materia de Dependencia. Para ello es fundamental el Dialogo Social para que estas medidas se tomen en el menor tiempo posible.

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