En la primera reunión, que tuvo lugar en febrero del año pasado, ya se pusieron en común las preocupaciones y necesidades del colectivo de personas mayores, jubiladas y pensionistas, así como las obligaciones y objetivos de ambas consejerías en relación a los temas tratados.

Esas preocupaciones giraban en torno fundamentalmente a la Dependencia y todo lo relacionado con ella: Trámites de valoración, Centros de Día públicos, Modelo de Residencias, Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros, Servicios del Sistema para la Autonomía y atención a la Dependencia, Asistencia en el domicilio y sobre todo, la situación real en los centros donde se sigue denunciando la falta de personal.

Otro de los temas que preocupan son las prestaciones del IMV. Aun considerándola una medida necesaria y positiva, no deja de encontrar obstáculos por lo que no consigue llegar a todas las personas que lo necesitan o llegan tarde. Lo mismo ocurre con las gestiones para poder conseguir las prestaciones de dependencia. Estas cuestiones repercuten directamente en la economía de los mayores ya que en muchos casos, estos deben hacerse cargo del resto de su familia ante las situaciones de precariedad.

En cuanto a Salud son preocupantes las listas de espera en atención primaria y en especialidades, el poco tiempo de dedicación médica, la necesidad de aumentar geriatras, y la necesidad de mantener a los médicos rurales. No son de recibo los días de espera para un reconocimiento con tu médico de atención primaria de hasta 20 días si lo quieres presencial o de 13 días para una atención telefónica en algún pueblo.

En estos campos ha habido avances como el Centro de Día en Uruñuela, la Residencia de Mayores en Torrecilla en Cameros, las intervenciones quirúrgicas en sábados, la recuperación de actividad en el Hospital de La Rioja…, pero continúa habiendo escasez de personal en residencias, las citas previas en atención primaria vuelven a ralentizarse, habiendo dificultades para ser atendido por el médico de familia.

La Federación de Pensionistas y Jubilados está especialmente sensible con el seguimiento en cuanto a personal y atención del acuerdo suscrito con Viamed Valvanera para largas estancias y rehabilitaciones y considera prioritario ir hacia otro modelo de residencias y aumentar los centros de día.

La pobreza energética es otro de los factores que afecta en gran medida a las personas mayores más vulnerables y con menores recursos o pensiones.

Desde la Federación se seguirá pidiendo información y explicaciones a las distintas consejerías, siempre para exigir la mejora de los derechos para las personas mayores.

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Desde Comisiones Obreras queremos hacer algunas valoraciones y propuestas sobre el paquete de medidas que fueron presentadas por el Gobierno de La Rioja el pasado día 30 en una reunión extraordinaria del Consejo de Diálogo Social, y también sobre las posiciones planteadas por la patronal riojana.

En este consejo aprovechando la presencia de la delegada del Gobierno, manifestamos que las medidas adoptadas por el Gobierno del Estado resultaban escasas, pero, en cualquier caso, necesarias ante esta escalada de los precios de la energía y de los alimentos que están afectando de manera muy importante a todos los sectores y a toda la población y en especial aquellas personas más vulnerables.

En un escenario como el que vivimos, ninguna familia, ni ninguna empresa se libran de las tensiones que están generando la brutal subida de precios tanto de las energías, como muchos de los productos básicos que afectan a la cesta de la compra.

Hay que ser claros y saber que son muchas las familias que van a tener que hacer recortes en su día a día. Pero hay quienes van a tener que elegir entre comer, o pagar el alquiler o la luz. Y es a esas personas a las que tenemos que atender de manera prioritaria.

De la misma manera que hay empresas que van a tener que reducir sus márgenes y asumir parte del impacto de los precios, pero hay otras que por su tamaño o actividad no tienen capacidad para hacerlo y están en riesgo, y por lo tanto hay que atenderlas para evitar la pérdida de tejido productivo y de empleo.

Por eso ante las medidas presentadas por el Gobierno de la Rioja vamos a plantear algunas cuestiones:

Sobre las medidas para la protección de las personas trabajadoras que ha planteado el gobierno, hay que decir en primer lugar que desconocemos el impacto que va tener esta escalada de precios en forma de ERTES, por lo cual la medida de las ayudas complementarias al desempleo puede que no sea la más eficaz para la situación actual, más si tenemos en cuenta que el proceso de tramitación, solicitud y cobro de las ayudas se demora varios meses.

Por ello planteamos que se destinen recursos a implementar ayudas de emergencia y a ampliar la cobertura de la Renta de Ciudadanía de La Rioja. 

Compartimos la necesidad de incrementar las cuantías que quienes perciben la renta, igual que el IMV, pero la cuestión son las personas han quedado fuera de la protección social de estos ingresos y de aquellas personas que estaban en el límite y que ahora se encuentran en situación de necesidad.

La nueva Renta de Ciudadanía debe dar respuesta a las lagunas de protección existentes: personas mayores, jubilaciones o pensiones de viudedad, así como personas con subsidios igual o inferiores a la renta ciudadana pero que podrían ser complementadas por el número de miembros de la unidad familiar, equiparando así con el resto de los beneficiarios, personas en situación irregular en trámites de  arraigo social o laboral, complementando también con  ayudas para vivienda, inserción y formación.

Es necesario establecer procedimientos extraordinarios para ayudarles, como se ha hecho en otros casos, de lo contrario el procedimiento burocrático actual los dejará sin cobertura durante meses.

Para abordar de manera conjunta estas cuestiones es urgente la convocatoria del Consejo de Servicios Sociales y de la Comisión de Seguimiento de la Renta Ciudadana, que no se reúne desde hace un año.

Las propuestas para combatir la pobreza energética a través de un bono energético y térmico deben incluir también nuevos baremos para aquellas familias que en las circunstancias actuales tienen también esa necesidad.

Compartimos la iniciativa de congelación y reducción de los precios del transporte público y proponemos estudiar la posibilidad de impulsar iniciativas para el transporte colectivo en las empresas y polígonos industriales.

Sobre las medidas al tejido económico y empresarial, puesto que los recursos son limitados, deben estar muy centradas en aquellas empresas y sectores que estén más afectados y que las ayudas sean efectivas para paliar esta situación.

Para analizar los sectores más afectados y las medidas debemos abrir un espacio de negociación de manera urgente.

Igualmente, es necesario articular fórmulas para la revisión de los contratos públicos, no solo de las obras, sino de prestación de servicios que se vean afectados de manera importante por los incrementos de los precios de la energía, y que pueden poner en riesgo la prestación del servicio y la calidad del mismo. Y de manera especial aquellos que se prestan a las personas más vulnerables o dependientes.

Desde CCOO no compartimos algunas de las decisiones que toma el gobierno y así lo manifestamos en muchas ocasiones, pero la posición de la patronal riojana merece un capítulo aparte, pues parece haberse puesto en modo precampaña, adoptando el discurso frentista de la oposición.

Desde hace algún tiempo se han situado en el discurso de cuando no tienes argumentos, con la frase de “no es el momento”.

• – No es el momento de subir el salario
  – No es el momento de hablar de igualdad

Después de las últimas declaraciones de este fin de semana, es obligado recordar a la ciudadanía que lo que se recauda en impuestos es para el Estado, y no para el Gobierno.

Y que buena parte de los recursos van para las CCAA, que son de distintos signos políticos. Y que sirven para financiar inversiones, programas y ayudas reclamadas por la patronal, antes, durante y después de la pandemia. Llegando incluso a salir a la calle detrás de pancartas y realizando paros patronales intentando hacerlos pasar por convocatorias de huelga, reclamando cuestiones que requieren financiación.

Las bajadas de impuestos NO SOLO disminuyen la capacidad del estado de corregir los desequilibrios, sino que en los casos que nos ocupan son ineficaces.

El penúltimo ejemplo lo tenemos en la electricidad, donde desde finales del verano el IVA de la factura pasó del 21% al 10%; se redujo el impuesto especial eléctrico del 5,11% al 0,5%, y se suspendió el impuesto de generación del 7%, y desde entonces el precio no ha dejado de incrementarse.

La bajada de impuestos nunca deja el dinero en los bolsillos de los ciudadanos, lo deja en los bolsillos de los que más tienen.

En este caso las eléctricas han incrementado sus beneficios un 40% mientras que el precio de la luz se duplicaba para las familias y las empresas.

Ni un solo reproche ha habido por parte de la patronal a las grandes eléctricas.

Ahora podemos encontrarnos con la misma situación, que el Estado, la ciudadanía y las pequeñas y medianas empresas, paguemos el incremento de los combustibles, mientras las grandes petroleras e intermediarios hacen caja. Sin embargo, la patronal riojana parece tener más empeño en defender los grandes intereses que al tejido empresarial de pymes de nuestra región.

De la misma manera que la agricultura y ganadería, o los transportistas son rehenes de los intermediarios de la cadena de valor que les obliga en ocasiones a vender o prestar servicios a pérdidas, de eso no se queja la patronal riojana.

Nuestra prioridad en estos momentos es que los salarios no pierdan capacidad frente a la subida de los precios y nos vamos a empeñar en ello.

Pero no nos engañemos, este acuerdo no será posible sin limitar los beneficios de las empresas, los costes energéticos o las rentas de los alquileres y las compensaciones a futuro en las que debe participar el Estado para proteger a los más vulnerables.

Eso es lo que significa un Pacto de Rentas, intervenir de manera acordada en el mercado. Algo que para algunos es pecado mortal puesto que pone límites a su avaricia y sus beneficios.

Sin estos dos grandes acuerdos estamos abocados a un escenario de conflicto y a que los efectos de la crisis se alarguen en el tiempo, habrá que preguntar dónde se sitúa cada uno, en intereses partidistas, o en intereses del país.

Por todo ello instamos al Gobierno Regional a abrir los espacios de diálogo y negociación necesarios para abordar esta nueva situación.

Y a la patronal a abandonar discursos maximalistas y a tratar de buscar soluciones para mantener y mejorar el tejido productivo y el empleo en nuestra región.

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Pareja comienza así su segundo mandato, con la mejora de las pensiones como principal caballo de batalla. “Sólo han subido un 0,25%, con una inflación del 3%. Llevamos arrastrando una importante pérdida de poder adquisitivo desde hace 8 años, lo que afecta especialmente a las mujeres, con pensiones más bajas”, ha destacado.

La pensión media de jubilacion se sitúa, en La Rioja, en 959 euros, por debajo de la media nacional, que está en 1.020 euros, y de las pensiones de nuestro entorno (Euskadi, Aragón, Navarra), donde tienen pensiones en torno a 1.100 o 1.200 euros.

Además, Pareja ha hecho hincapié en la merma sufrida en derechos sociales. Así, ha criticado el copago sanitario y la retirada de medicamentos antes incluidos en la Seguridad Social, que ahora los pensionistas “tienen que pagar de su bolsillo”. El retraso en la ejecución del Sistema de Dependencia y la reducción de fondos y de horas de atención domiciliaria han sido otro de los aspectos criticados. Es necesario desbloquear las listas de espera y aumentar los servicios para atender a la dependencia.

La pobreza energética también ha contribuido a acrecentar las carencias que sufren las personas mayores y los pensionistas. Se calcula que en torno a 7.000 pensionistas fallecen al año en España por no tener sus casas acondicionadas. CCOO apuesta por la creación de un auténtico bono social, como una tarifa de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta y sufragada por las eléctricas.

Para mejorar esta situación, el sindicato aboga por volver al sistema anterior de revalorización de pensiones en base al IPC y también por aumentar el salario mínimo interprofesional y luchar contra la precariedad laboral, ya que si disminuyen los salarios, también disminuyen las cotizaciones.

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