El informe presentado a la consejera de Servicios Sociales plantea la necesidad de un cambio de enfoque que deje de culpabilizar a las personas y, por el contrario, focalice toda la actividad del gobierno en procurar unas condiciones de vida digna a todas.

“Personas que con dificultad pueden alquilar una habitación, pero a las que sus arrendadores se niegan a empadronar, negándoles, con ello, el acceso a sus derechos”

“Personas que tienen a su cargo a otras que necesitan de sus cuidados”

“Personas que solo encuentran trabajos por días sueltos y condiciones de trabajo y salarios indignos”

“Personas a las que les toca vivir circunstancias vitales dramáticas”

Esta es la realidad que viven much@s de nuestr@s vecin@s; much@s más que los que nos gusta reconocer desde esa mirada de región rica y con bajas tasas de pobreza y exclusión. Pero no por ello podemos apartar la mirada, porque, como sociedad, tenemos la capacidad para asegurar a todas las personas, por el hecho de serlo, el acceso a unas condiciones de vida dignas y esa debiera ser nuestra prioridad.

Se trata de un reto al que estamos comprometidos como seres humanos y también legalmente, desde el momento mismo en el que nos dotamos de una constitución que recoge en su artículo 10 la dignidad de las personas y que se remite a los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos para su interpretación. Solo ha de apelarse, por tanto, al primero de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) suscritos por España: “Fin de la pobreza” para situar el tema en el centro del debate político y social.

El grupo ‘Derecho a la Dignidad’ se ha fijado como objetivo dar visibilidad a todas esas situaciones y personas para conseguir situarlas en el centro de la agenda política del gobierno y de todas y cada una de las consejerías que lo conforman, porque, apelando a la filosofía de los derechos humanos, todos los objetivos están interrelacionados y deben perseguirse buscando sinergias entre ellos.

Como grupo, venimos trabajando desde el comienzo en el seguimiento de la Ley de Renta de Ciudadanía por su potencial capacidad para hacer frente a las situaciones más urgentes. Por ello, a mediados de 2018 se emitió en un primer informe que se hizo llegar al Parlamento y el pasado 18 de diciembre de 2019 hicimos entrega de un segundo informe a la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía en el que trasladamos la necesidad de un cambio radical en el enfoque de la ley y en su aplicación práctica, señalando algunas de sus manifiestas insuficiencias.

Pero tenemos claro que esta renta de ciudadanía resulta inútil si se concibe como una medida asilada:

• -porque el actual contexto de mercado habitacional desbocado y sin control, convierte a quienes debieran ser los destinatarios de las ya exiguas ayudas públicas, en meros vehículos de transferencia del dinero hacia el mercado de alquiler;
• -porque la condicionalidad que consagra la ley, además de transformar el derecho a la orientación laboral en una imposición, resulta inútil sin unas políticas activas de empleo que merezcan tal nombre, condenando a las personas a peregrinajes improductivos cuando no humillantes;
• -porque para muchas personas la continuidad en los tratamientos médicos se está viendo condicionada por la falta de recursos y porque la depresión y la angustia están siendo moneda corriente para muchas personas que se encuentran en esta situación;
• -y porque, por más que se vocifere, la realidad es que todavía hay muchas personas que, reuniendo los requisitos necesarios, no acceden a la renta ya sea por desconocimiento o por vergüenza.

Por eso, apoyándonos en los conocimientos de las organizaciones que conforman este grupo, nos proponemos no solo hacer llegar a todas las consejerías nuestro informe con los aspectos de la ley de renta de ciudadanía que más directamente afectan a sus departamentos, sino también, hacer visible las realidades que están poniendo en entredicho la dignidad de las personas y la necesidad de comprometerse con acciones específicas para transformar esa realidad.

Queremos, además, comprometer al gobierno en su conjunto para dar un giro al relato público y privado sobre la pobreza y la exclusión. En una sociedad en la que no hay empleo para todas y en la que muchos de ellos no permiten a quienes lo realizan salir de la pobreza, no podemos permitir, que por activa o por pasiva, se siga culpando de ello a las personas excluidas, se siga considerando culpables de su pobreza a quienes no consiguen los medios para la subsistencia y condenando a las más vulnerables a tener que demostrar su inocencia.  Eso es indigno.

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Aunque la pobreza extrema se ha reducido de forma considerable en todo el mundo (1), la desigualdad no ha dejado de crecer dentro de cada país, ya sean estos ricos, emergentes o pobres.

Según Antón Costas “La desigualdad es el rasgo más característico de la evolución de la economía desde la década de los ochenta del siglo pasado. Y, a la vez, es el factor más determinante de la crisis financiera de 2008, del débil crecimiento de las economías, del malestar social y del populismo político“.

Se viene afirmando que la crisis económica ya se ha superado, pero sectores importantes de la sociedad española siguen en crisis dada la precariedad  económica y social en la que viven, y de hacerse realidad una nueva crisis contribuirá a aumentar el número de personas en esta situación.

En España, el 30% de la población total, 14 millones de personas con ingresos más bajos, pierden rentas, capacidad de compra, derechos y futuro desde hace una década. Se afanan y se agotan en la lucha diaria por sobrevivir, viven el día a día con angustia. Solo cuentan con el 10,8% de la renta.

La mitad de ellos atraviesan una situación aún más grave.

Sin embargo, 4,7 millones de personas que han sido los principales beneficiados de la crisis y de las políticas de austeridad y devaluación salarial aplicadas a los más pobres, concentran los aumentos de ingresos y tasas de participación en el total de la renta y acumulan el 26% de la renta.

Al tiempo, la evolución del número de superricos, con más de 30 millones de euros de ingresos, eran 352 en 2011 y 611 en 2017. De ellos, solamente 200 pagan el Impuesto del Patrimonio.

Aterrizando en la realidad riojana, tenemos un claro reflejo de esa desigualdad:

Según el INE en el año 2018, el 20,4 % de los riojanos estaban en riesgo de pobreza o exclusión social. Uno de cada cinco riojanos seguía rozando el umbral de la pobreza después de la crisis, unas 64.400 personas.

Y al mismo tiempo, crece el número de millonarios:

En 2011, eran 3.619, y en 2017, crecieron hasta los 4.319.

Y estos pagan menos impuestos, por ejemplo, a través del Impuesto de Sociedades en el 2007 pagaron 228,5 millones, y solamente tributaron con 142,3 en 2018.

En la medida en que los más ricos acumulan más dinero, la sociedad se degrada y corrompe cada vez más. Esta acumulación les permite adquirir un gran poder e incrementar su influencia en las instancias económicas, políticas, judiciales y sociales, haciendo bascular las decisiones económicas y políticas cada vez más en su beneficio y en perjuicio de la mayoría social. Lo que explica la creciente desafección ciudadana contra los gobiernos, la banca, los partidos políticos y otras instituciones, que lleva a debilitar la democracia y dar alas a los partidos de extrema derecha.

La creciente evasión fiscal por medio de los paraísos fiscales, y otros recursos aprovechando las fisuras legales, son una de las principales causas de este enriquecimiento en contra del bien común para la sociedad.

En un Informe reciente del FMI calculan el dinero oculto en paraísos fiscales en 6,3 billones de euros y con tendencia a aumentar. Y la utilización de inversiones en sociedades instrumentales, por un monto de 15 billones para pagar menos impuestos. Para más escarnio, Luxemburgo, Holanda e Irlanda entre otros países facilitan esta estafa para beneficio de las grandes empresas. La mayor parte de las empresas del IBEX35 realizan estas prácticas antisociales.

Si queremos que los Gobiernos dispongan de los recursos necesarios para atender las demandas sociales (sanidad, educación vivienda, pensiones, dependencia…) es imprescindible que la Unión Europea armonice el tratamiento fiscal en todos los países europeos, persiguiendo la evasión fiscal e incrementando la lucha contra los paraísos fiscales.

Tarea en la que debemos involucrarnos las organizaciones sociales para hacer avanzar la justicia fiscal en beneficio de la mayoría social. Sobre todo con la continua exigencia al Gobierno Regional para que cumpla el acuerdo firmado por el PSOE, Podemos, IU y Equo “por una política fiscal justa, progresiva y redistributiva”.

(1) A  pesar de estos avances la lucha por erradicar la pobreza está muy lejos de concluir, según la ONU 1.300 millones de personas se hayan por debajo de la línea de pobreza multidimensional que recoge ingresos y necesidades de educación y salud. La mayoría viven en el sur de Asia y sobre todo en el Africa Subsahariana.

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España se comprometió a reducir en el periodo 2010-2020 el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social entre 1.400.000 y 1.500.000 pero, como la propia Comisión Europea reconoce, “con 2.040.000 de personas en riesgo de pobreza o exclusión social más que en 2008, el objetivo de la Estrategia Europa 2020 aún queda lejos”.

Más de la cuarta parte de la población española (26,6%) se encuentra en esta situación de acuerdo con el indicador europeo AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusión). Este indicador considera población en riesgo de pobreza o exclusión social aquella que está en alguna de las siguientes situaciones:

1. a) Con ingresos inferiores al umbral de pobreza (la llamada tasa de riesgo de pobreza), establecido en 2017 en 8.522,0 euros al año.
2. b) Con carencia material severa.
3. c) Viviendo en hogares con baja o nula intensidad en el trabajo.

Existen una serie de variables que incrementan la tasa de riesgo de pobreza, como el desempleo, las cargas familiares, la nacionalidad extranjera o la edad. Así, el 44,6% de las personas desempleadas se sitúa por debajo de la tasa de riesgo de pobreza; porcentaje que ha aumentado casi todos los años desde 2008.

La presencia de niños y niñas en un hogar incrementa la tasa de riesgo de pobreza. El 24% de los hogares con dos personas adultas y al menos un niño está por debajo del umbral de pobreza. Esta cantidad se dispara al 40,6% en los hogares en los que un adulto (en su mayoría mujeres) convive con 1 o más niños.

En cuanto al origen, los datos demuestran que la tasa de riesgo de pobreza de la población extranjera es mucho mayor que de la de las personas autóctonas -que es del 18%- alcanzando el 39,2% si proceden de países de la UE, y el 52,1% si su origen es extracomunitario (fundamentalmente de África y Latinoamérica).

Por edad, los mayores aumentos en las tasas de riesgo de pobreza desde el inicio de la crisis en 2008 se han producido en el grupo de 16 a 29 años, al incrementarse en 10,4 puntos, y en las personas con edad entre los 45 y 64 años (5,4 puntos más). Es decir, el riesgo de pobreza ha aumentado sobre todo entre las personas en edad de incorporarse por primera vez al mercado laboral y entre aquellas de mayor edad que, fruto de la crisis y de las políticas aplicadas, han perdido su empleo y no han conseguido retomar su actividad laboral con un empleo decente.

Como ya se indicó hace 31 años -el 17 de octubre de 1987, cuando se celebró por primera vez este día internacional-, la pobreza supone una violación de los derechos humanos. Sin gasto social, servicios públicos fuertes y trabajo decente va a ser imposible garantizar una vida digna a todas las personas en nuestro país.

Por ello, CCOO insiste en la necesidad de aumentar los ingresos familiares con la generalización de un salario mínimo en convenio de 14.000 euros anuales, la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones y la actualización del IPREM, principal referencia de la protección social de carácter asistencial.

El sindicato también demanda la puesta en marcha de la prestación de ingresos mínimos recogida en la ILP que los sindicatos mayoritarios presentaron al Congreso avalada con 700.000 firmas, y la inmediata reversión de los efectos nocivos de las reformas laborales y de los recortes sociales llevados a cabo por los últimos gobiernos.

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Un escrito en el que recuerdan el compromiso de avanzar en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible acordado en 2015 en la ONU. Estos objetivos pretenden acabar con la pobreza y el hambre, reducir la desigualdad económica y la desigualdad de género, avanzar en salud y educación y combatir el cambio climático que amenaza la existencia humana y afecta en primer lugar a los pobres. Tres años después, el panorama es bastante desalentador.

Por ello, la Plataforma quiere hacer hincapié en cinco cuestiones:

1- 821 millones de personas pasan hambre en el mundo, sobre todo en África y en Asia. El hambre crece por tercer año consecutivo. Los conflictos armados, sucesos climáticos extremos  la crisis económica son las causas principales. Pedimos recuperar la Cooperación al Desarrollo, a un 0,4% en España y, en La Rioja, seguir en la senda de conseguir el 0,7%. 

2– Se mantienen altas cotas de pobreza en España. El 18% de la población española está en riesgo de pobreza y exclusión social, en La Rioja el 15,3%. No aceptamos el argumento conformista de que otras comunidades están peor, pues no resuelve los graves problemas de esta población.

3- El número de personas ricas o muy ricas no para de crecer. En La Rioja ha pasado de 2.054 personas en 2011 a 2.259 en 2016, con una media de 2,8 millones de euros. Las causas son las políticas de austeridad, los recortes salariales, la precariedad en el empleo, una injusta política fiscal para los más ricos que pagan poco o nada, la evasión fiscal y la ocultación de fortunas en paraísos fiscales. Reclamamos en La Rioja el mantenimiento del impuesto de Patrimonio, sin bonificaciones y el impuesto de Sociedades. 

4- Queremos recuperar la Sanidad y la Educación de los grandes recortes producidos por las políticas de austeridad y recuperar igualmente las políticas de dependencia, muy abandonadas durante la crisis. Queremos una Educación y Sanidad públicas y de calidad, revertiendo la privatización. 

5- Reclamamos avanzar contra el cambio climático. Nos afecta a todos y sobre todo a las poblaciones más empobrecidas, como lo demuestra el crecimiento del hambre. Es preciso un cambio radical en las políticas económicas y orientarse decididamente a acabar con los combustibles fósiles e impulsar las energías sostenibles, así como promover un modo de vida acorde con la sostenibilidad ambiental.

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Los concentrados, situados en círculo, portaban una pancarta en la que se podía leer ‘Por un mundo sostenible. Sin Pobreza, ni desigualdad’. Asimismo mostraron carteles con mensajes de denuncia y de concienciación sobre la situación de la pobreza a nivel mundial, además de pegatinas que decían “Muévete contra la desigualdad obscena’ y pulseras de ‘Pobreza cero’.

Como portavoz ha actuado Samuel Pérez, miembro de la Plataforma convocante, quien ha puesto el acento en que “ocho hombres acumulan en el mundo tanta riqueza como la mitad de la humanidad”, así como que el 95 por ciento de las empresas del IBEX “tienen filiales en paraísos, donde hay 7,6 billones de dólares ocultos”.

También ha alertado de que hay 38.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión social en La Rioja. De ahí, que haya exigido mayor protección social en la comunidad, el mantenimiento del Impuesto de Patrimonio sin bonificaciones, puesto que podría aumentar la recaudación en más de 6,7 millones de euros.

Además, en cooperación al desarrollo ha exigido que para 2018 se llegue al 0,2 por ciento, ya que “ahora no llegamos ni al 0,1 por ciento”, ha destacado, para a continuación reclamar la puesta en marcha de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. En este punto, ve necesario crear un órgano que lidere y coordine la agenda 2030, ubicado en Presidencia del Gobierno.

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Asistimos a una etapa de devaluación salarial que hace que los que menos ganan sean los que más están sufriendo la crisis. Las consecuencias de esta crisis no afectan por igual a todos los trabajadores.

España sufre una devaluación salarial intensa, pero distribuida de forma desigual. Los trabajadores que han conservado su empleo y los que eran indefinidos han perdido un poco de poder adquisitivo, pero los trabajadores con condiciones precarias han sufrido un desplome. Mientras que la media de esa caída es del 6%, en los trabajadores que menos cobran es del 10%.
La devaluación salarial ha tenido efectos más perniciosos en los trabajadores más inestables. Para los que cambian de trabajo, los salarios de entrada son muy inferiores a los salarios de los que ya están trabajando o a los salarios que se cobraban antes en el mismo puesto.
En resumen, esta devaluación se da porque los salarios se han contraido y se ha distribuido de forma muy desigual, afectando especialmente a los de los salarios más bajos y a los nuevos empleados.

¿Los pobres son cada vez más pobres?

Ha aparecido con fuerza la pobreza laboral. Antes si eras pobre era porque no tenías trabajo y si tenías trabajo ya no eras pobre. Ahora los contratos están provocando que varios miles de personas tengan salarios más bajos y no puedan tener una vida independiente. Ha aumentado la desigualdad, ha habido una ruptura del equilibrio social. El decil más alto (los que cobran un salario mayor) incluso ha mejorado su poder adquisitivo. Antes de la crisis, el salario del 10% que más cobraba multiplicaba por siete el del 10% que menos cobraba y ahora es 11 veces más.
Hay devaluación salarial, pero se concentra en los que tienen las peores condiciones.

¿Quiénes son aquellos que tienen las peores condiciones? ¿Quién sufre la devaluación salarial con más intensidad?

Cuando haces la radiografía, ves que en el decil 10 (el de los salarios más bajos) hay mujeres, jóvenes, inmigrantes, trabajadores con menos de un año en la empresa y empleados en servicios personales, hostelería y comercio. Hay una clarísima segmentación. Cuanto más pequeña sea la empresa, cuanto más joven sea el trabajador, más devaluación.
El retrato robot de la pobreza laboral es el de una mujer joven, con menos de un año en su puesto de trabajo, que se dedica a la hostelería, el comercio o los servicios personales, que trabaja en una pequeña empresa, posiblemente emigrante, empleada a tiempo parcial y con bajo nivel de estudios.

¿No trabajar jornada completa es determinante para esa devaluación salarial?

La razón fundamental del bajo salario es trabajar por horas, una tendencia que es creciente y que afecta especialmente a las mujeres. Una de cada tres mujeres en el sector privado tienen ya un contrato a tiempo parcial.

¿Bajar los suelos es una forma de crecer y aumentar la competitividad?

Lo que explica que la recesión haya durado siete años y que los efectos sean negativos es la devaluación salarial. La demanda interna es determinante y su componente fundamental es el consumo de los hogares. El 87% de los hogares españoles viven del salario, la pensión o las prestaciones públicas. Si tú cortas eso, bajo el nivel de renta, se reduce la demanda y aumenta la recesión económica. Con salarios bajos no es posible un Estado del Bienestar potente y un sector industrial potente.
La apuesta en España es terrible. Hay que cambiar el modelo, España tiene que crecer, aumentar los salarios, mejorar la protección salarial y mejorar el Estado del Bienestar con cambios fiscales. Eso implica un cambio en la política de la Unión Europea, que debería aprender de Obama y abandonar la senda germánica de la austeridad.

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¿Ha cambiado mucho el mercado de trabajo como consecuencia de la crisis?

Sí, hay tendencias que ya estaban presentes en la sociedad española en el mercado de trabajo, pero se han acelerado muchas de ellas con la gestión que se ha realizado de la crisis, sobre todo al impulso de las reformas laborales, la del año 2012 y también la de 2010. Esto está dejando una secuela, aparte del desempleo -que tiene un riesgo de cronificación importante en España- está dejando una brecha de género muy evidente. La proliferación de la contratación a tiempo parcial forzada, sobre todo, está haciendo estragos en el empleo femenino en nuestro país. Casi el 90% de las personas que acceden a un contrato parcial son mujeres.

Además, hay una figura, la del trabajador nómada, que rota de una empresa y de un empleo a otro y muchas veces sale de esa situación para ir al desempleo sin generar prestaciones, que es otra de las características de esta situación, además del paro de larga duración, con personas desempleadas en su mayoría con escasa cualificación. Y luego está el fenómeno de la migración hacia el exterior, que es, en muchos casos, la única puerta al empleo que encuentra la gente más joven.

La precariedad en el trabajo está provocando que haya gente pobre con un empleo.

Nosotros venimos hablando de la pobreza laboral hace años. Hoy ya tener un empleo no es garantía de salir de la pobreza o de no caer en ella. Este era un fenómeno típico del franquismo: las precarísimas condiciones de trabajo que tenía la mayoría de la gente habían extendido la pobreza laboral. Esto había desaparecido con la democracia y con el proceso de modernización de este país, pero ahora está muy presente y hay millones de trabajadores y, sobre todo, de trabajadoras que tienen esa condición. Sobre todo está asociada a las modalidades de contratación precarias y a un proceso de devaluación salarial, que se ha producido no precisamente en los colectivos más cubiertos por la negociación colectiva, sino en aquellos a los que la reforma laboral ha dejado sin protección.

Además, la devaluación salarial afecta más a los que menos ganan.

Efectivamente, no hay más que asomarse a las estadísticas y a la evaluación de los salarios. Los directivos en las empresas del Ibex35 han visto mejoradas sus retribuciones y las capas medias de trabajadores cualificados han perdido entre el 7 y el 8 % en sus retribuciones, también en el empleo público, pero ha sido precisamente la franja de personas menos cualificadas con empleos más precarios en el sector servicios, fundamentalmente, quienes han visto devaluados sus salarios hasta niveles de menos 40% con respecto a las retribuciones en esos mismos sectores antes del inicio de la crisis.

¿Cuáles deberían ser las prioridades del nuevo Parlamento y el nuevo Gobierno? ¿Qué hay que hacer urgentemente?

Existe la prioridad en el terreno político de buscar un cauce para superar la crisis territorial, el conflicto entre Cataluña y el Estado, que yo pienso que pasa por una reforma a fondo de la Constitución española, no sólo en clave territorial. Luego están las prioridades derivadas de una forma muy insolidaria de gestionar la crisis económica. España necesita de un plan de choque para la activación de la economía y eso necesita recursos y mover la demanda interna, que en un 60% depende de la capacidad de consumo de las familias españolas, lo que son salarios, pensiones y prestaciones sociales. También es necesario luchar contra la pobreza y contra las desigualdades.

Si esas son las prioridades, la acción del Gobierno debería orientarse también en esa dirección, sabiendo que necesitamos un tiempo para superar los efectos de una gestión desde 2010 en clave de austeridad, de recortes y de reformas que han devaluado el mercado de trabajo…y que probablemente en una sola legislatura no se pueda recuperar todo lo perdido, pero hay que iniciar esa senda.

El inicio del camino debe además contar con una reforma fiscal, sin ingresos públicos no hay posibilidades de afrontar eso y necesitamos al mismo tiempo una negociación para conseguir un calendario de consolidación fiscal distinto y más flexible en el tiempo, para que el crecimiento que experimente la economía española no se lo lleve la gatera de la exigencia de consolidación fiscal. Hay que reducir el déficit y la deuda pero en un tiempo adecuado y no precisamente en el momento más duro de necesidad en materia de empleo, pobreza y de desigualdad, que España no está en condiciones de afrontar, como no lo está Portugal o no lo estaba Grecia.

¿Qué pasará si seguimos en la misma línea?

Sería dramático que la sociedad española no aprovechase la oportunidad que ha tenido más clara en diciembre, más difusa en junio, para producir un cambio, que pasa por alinear la economía con las necesidades de las personas. Los gobiernos tienen que saber que de nada sirve el crecimiento económico si todo sus beneficios van destinados a mejorar las rentas de una franja muy reducida de la población, mientras mantienen a la mayoría en una situación de pobreza. Yo creo que hay mimbres parlamentarios suficientes para un gobierno de cambio, para forzar un cambio en las políticas económicas y en la orientación de las políticas sociales.

Recientemente conocíamos que Rajoy ha retirado 8.700 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. ¿Las pensiones corren peligro?

Las pensiones teóricamente están garantizadas por la Constitución española. Hubo un tiempo en el que no existía un Fondo de Reserva y se pagaban las pensiones de igual manera. Cuando se creó, en el año 96, estábamos previendo lo que iba a suceder de ahora en 15 años. El Gobierno lo que ha hecho es una política muy negativa de empleo, una política salarial de devaluación, ha utilizado las cotizaciones a la Seguridad Social como elemento de bonificación de empleos que se habrían creado de todas maneras, ha congelado el salario mínmo, que determina la base mínima de cotización a la Seguridad Social… Toda una serie de cuestiones que cada una de ellas por sí sola parece no muy importante, pero que sumadas todas ellas nos han llevado a este agujero que tiene la Seguridad Social en estos momentos. Hay que corregir esta situación y hay que hacerlo rápidamente.

La Seguridad Social de aquí al año 2040 necesita cuatro puntos adicionales de PIB, de ingresos, si no es así, no quedará otra alternativa que recortar el gasto y debilitar las pensiones. No son 40.000 millones de euros de hoy para mañana, hay un espacio temporal suficiente para ir haciendo correcciones, por ejemplo, llevando el salario mínimo interprofesional a 800 euros al año que viene, como nosotros proponemos, y probablemente buscando en los impuestos generales la parte necesaria para cubrir todas las contingencias no contributivas de la Seguridad Social. Se hizo un esfuerzo en los años anteriores, desde 1996, y ahora hay que completarlo.
Todas estas medidas, que si se espera al último minuto serían durísimas, si se hacen en los próximos 15 o 20 años son asumibles y darían la solidez necesaria a nuestro sistema de pensiones para garantizar al menos la calidad que tienen las pensiones hoy.

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Con esta cita, Comisiones Obreras quiere abordar los efectos que la crisis económica, financiera, política y de valores ha tenido para el mercado laboral, la clase trabajadora y las personas. Esta jornada sindical pretende ahondar en las consecuencias del neoliberalismo donde “todo vale para adaptar el mercado de trabajo a las condiciones cambiantes que impone la economía globalizada” y donde la pobreza laboral es consecuencia directa del nuevo perfil de la precariedad.

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Los secretarios generales de CCOO y UGT en La Rioja, Juan José Bárcenas y Jorge Ruano, han presentado hoy este documento, que ya han entregado a los distintos partidos, emplazándolos a comprometerse a llevarlo a cabo.

Así, los sindicatos consideran que la lucha contra el desempleo debe ser el objetivo número uno, por lo que proponen un Plan de Choque por el Empleo, además de la derogación de las reformas laborales y la lucha contra la precariedad laboral.

Acabar con la política de “austeridad compulsiva” en España y en la Unión Europea, elevar el Salario Mínimo, reforzar las políticas activas de empleo y reformar la política fiscal son otras de las medidas propuestas, además de la promoción de un suelo de gasto social en la Constitución, para mantener los niveles de protección.

Así mismo, el documento incluye acciones como el fortalecimiento del gasto social, la recuperación del Pacto de Toledo y la derogación de la LOMCE y de las reformas sobre las pensiones desde 2012.

También garantizar la igualdad de trato y la no discriminación, reforzar la prevención de riesgos laborales, luchar contra la pobreza, aplicar la Ley de Dependencia y construir un sistema integral de Servicios Sociales forman parte de este listado.

CCOO y UGT apuestan, además, por poner en marcha un Plan Estratégico para la Industria, por derogar la Ley Mordaza, por defender una UE social y respetuosa con los derechos humanos y por rechazar las actuales formulaciones dadas a los Tratados de Libre Comercio.

“De una vez por todas, hay que plantear en la comunidad autónoma una política industrial capaz de generar empleo”, ha dicho Ruano, quien también ha apostado por asegurar los ingresos mínimos para las personas que quedan fuera del mercado de trabajo y tienen complicada la inserción, así como por “legislar de manera clara para combatir la pobreza y la desigualdad”.

Las elecciones deben ser, en palabras de Bárcenas, “el punto de partida para comenzar un giro hacia el progreso de forma clara y sin más demora”, después del “mensaje de rechazo a las políticas del PP” de los pasados comicios y de “la gestión frustrante” de ese resultado por parte de los partidos políticos.

“Existe cierta incertidumbre sobre los nuevos partidos, pero si algo tenemos claro es que si repite un gobierno del PP no vamos a recuperar derechos y no van a cambiar las políticas de austeridad“, ha explicado Ruano, quien ha lamentado que “los partidos no hayan sido capaces de hacer lo que los sindicatos hacemos todos los días: llegar a acuerdos”.

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