Visto el panorama postal europeo, seguimos denunciando que esta diferencia no se debe a la pandemia, ni al descenso del correo tradicional -carta-, ni tampoco al efecto de la sustitución electrónica, ya que estos son factores comunes a todos los correos europeos. Más bien, achacan el hecho a que Serrano, a diferencia de otros presidentes de Correos europeos, ha rechazado de plano discutir un Modelo Postal público, reforzado, sostenible, perdurable, y con el respaldo del Gobierno.

Desde la llegada del Sr. Serrano a la presidencia de Correos, en 2018, este presidente ha renunciado, consciente e intencionadamente, a un modelo postal público, a una financiación suficiente del Servicio Público Postal -400 millones menos entre 2011 y 2021, y 92 millones anuales menos para los próximos años (de los 128 que se han fijado a los 220 necesarios)-; a una Banca Postal como la de la mayoría del resto de Correos europeos; a que la matriz Correos sea el motor de cambio –apostando por el trasvase de actividad a Correos Express-; a contar con los/as profesionales y con las organizaciones sindicales para realizar el cambio. Y también ha renunciado a implicar al Gobierno de España en el diseño de un Correo Público que contribuya a la Recuperación, Transformación y Resiliencia a medio largo plazo.

Serrano ha preferido el atajo y embarcar al Gobierno en un “experimento” logístico, desvertebrador del servicio público postal tricentenario que tanto valora la ciudadanía, y ha cogido una senda rupturista alimentada por diversas consultoras y conocidos intereses creados a la caza de un suculento pelotazo, buscando la rentabilidad política y personal a corto plazo.

Serrano ha tratado, por todos los medios, de tapar su desastre financiero y de gestión, vendiendo sus proyectos en los medios de comunicación-Marketplace, Correos Sampling, Proyecto de drones Consorcio Delorean, Correos Labs, Acuerdo librerías, Proyecto Holapueblo-, al mismo tiempo que alardea de haber gestionado más envíos que nunca-8,9% más en carta, 31% en paquetes-, todo ello con nula rentabilidad para la cuenta de resultados.

Desde CCOO denunciamos que lo más flagrante es que lo ha hecho mintiendo a trabajadores/as, a sindicatos, a ciudadanos/as y al propio Gobierno, al presentar unas cuentas a los PGE-2020 que proyectaban unas pérdidas de -285 millones de €, y al avance de cierre del año alcanzaban ya los -338 millones de €, pudiendo llegar hasta los -400 millones de €. Por otra parte, la previsión de pérdidas que Serrano presentó a SEPI para 2021 fue de -79 millones de €, 50 millones más de las presentadas para la ley de PGE de ese mismo año, 28,7 millones de €. Mintiendo, afirman, ya que la previsión de pérdidas para 2021 presentada a los sindicatos en la Mesa Sectorial el pasado 21 de enero en el supuesto Plan Estratégico, ni se corresponde con la presentada a SEPI, ni con la presentada a la Ley de Presupuestos. Ni -28,7 millones, ni -79 millones: sino que anuncian -350 millones de €. Y, además, en ese mismo documento -entregado a las OOSS-, Serrano proyectaba pérdidas de -634 millones de euros en 2023, algo que niega cínicamente al acusar a CCOO y UGT de mentir cuando lo dieron a conocer en los medios de comunicación. 

La conclusión a la que llegamos Serrano trata de tapar su agenda oculta, mintiendo en prensa, vendiendo humo, y, como no, “matando” al molesto mensajero sindical. Esperamos que el Gobierno detecte cuanto antes el riesgo que la operación “Serrano” conlleva para el servicio público de Correos.

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Los asistentes han coreado lemas como ‘Sánchez, escucha, Correos está en la lucha’ o ‘menos recortes y más financiación’. Un paro con el que CCOO, sindicato mayoritario en Correos, quiere protestar junto a UGT y CSIF contra la intención del Gobierno de dejar el servicio en manos de los lobbies privados.

Esta situación tiene dos responsables: el Gobierno central y Correos. El primero por estar reduciendo las partidas presupuestarias año tras año, lo que ha llevado a la compañía pública a alcanzar un déficit histórico de 225 millones de euros, según la previsión de los Presupuestos Generales del Estado.

Por ello, reclamamos que el Gobierno apruebe un Plan Estratégico de Modernización para adaptarse al emergente mercado de la paquetería y el e-commerce (crecimiento del 25% anual), cuyo nicho de mercado están copando empresas privadas, nacionales y extranjeras, a las que el Gobierno parece querer proteger.

Pero además, Correos también es responsable de la grave situación que atraviesa el servicio postal. Y es que en los últimos 10 años se han suprimido 15.000 empleos estructurales y actualmente el 35% de la plantilla son eventuales. Hay contratos de días y hasta de 4 horas, minijobs, se aumentan los kilómetros que hay que cubrir, los servicios rurales se recortan, también se reducen las horas de atención al público…

En La Rioja, Correos contaba con 450 empleados en 2008, entre funcionarios, personal laboral y eventual, y actualmente hay 300, de los que 85 o 90 son eventuales. Se han eliminado 150 empleos, pero los trabajadores tienen que ir a los mismos puntos y cubrir los mismo periódicos. Además, el convenio está congelado desde 2013.

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El Ejecutivo ha recortado a la empresa pública en los Presupuestos Generales del Estado dos tercios de su financiación, 120 millones de euros. Además, el Plan Estratégico está bloqueado, con lo que la diversificación necesaria está en vía muerta y los proyectos relacionados con el e-commerce y la paquetería paralizados, lo que pone en peligro los acuerdos previstos con grandes clientes como Amazon o Alibaba. Todo ello en un escenario en el que el reparto de carta ha caído entre un 5 y un 7% y la paquetería ha crecido entre un 20 y un 25%. Por ello, pedimos un plan que revierta la actual situación de transformación de Correos en un operador logístico como empresa de paquetería.

Esta situación de inmovilismo también afecta a los trabajadores. El Convenio Colectivo está congelado desde 2014 y se ha perdido poder adquisitivo en los últimos años. Son necesarios un nuevo Convenio Colectivo y un Acuerdo funcionarial actualizados que recojan el incremento y adecuación de la plantilla fija mediante la transformación del empleo estructural cubierto con personal eventual en fraude de ley. También deberían incluir un aumento salarial y una mejora de las condiciones laborales. Cada vez hay menos puestos fijos y se están perdiendo derechos y calidad en el empleo.

El compromiso es sacar más de 2.000 plazas este años, de las que 12 podrían corresponder a La Rioja, pero las necesidades superan ampliamente este número. Hay unas 40 plazas vacantes que no se han cubierto.

Todos estos recursos repercuten en la calidad del servicio que Correos ofrece. La Ley dice que debe garantizarse el reparto diario de lunes a viernes, pero cumplir con esta normativa provoca pérdidas, ya que el Estado no abona la cantidad suficiente para garantizarlo. En La Rioja, el 25% de la plantilla, unas 80 personas, reparten en ámbitos rurales y el Gobierno debería compensar económicamente el coste de repartir en núcleos tan pequeños. Además, los recortes también han obligado a reducir los horarios de atención al público y los puntos de atención. 

Por todo ello, CCOO y UGT apremian al Ejecutivo a rectificar su política hacia Correos y a introducir medidas para incluir la recuperación de un servicio financiero propio, la estabilización del Plan de Prestación del Servicio Postal Universal con una cuantía de entre 200 y 230 millones de euros y la aprobación de un Plan Estratégico para impulsar el desarrollo de Correos como operador postal moderno, tecnológicamente avanzado, logístico, financiero y diversificado.

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