Se hace en coordinación con otras concentraciones que se convocan a nivel estatal en múltiples ciudades, ya que la causa de la misma es el bloqueo, por parte de las patronales, de la mesa negociadora del convenio colectivo estatal de jardinería, que marca todas las condiciones laborales y salarios del sector.

Las personas trabajadoras del sector de jardinería han sufrido, en pocos años, una pérdida de poder adquisitivo del 10% desde la pandemia, donde fueron consideradas esenciales. Pero si retrocedemos a la anterior crisis, la pérdida del poder adquisitivo alcanza el 20%, un retroceso inadmisible e inviable para los elevados costes de vida y vivienda en la Rioja.

Las patronales se escudan en su inmovilismo en que las entidades públicas para las que prestan servicios de parques y jardines, como ayuntamientos y gobierno, eligen la oferta más barata y no repercuten el IPC en los presupuestos por la ley de desindexación, por lo tanto, no pueden asumir un incremento salarial digno, a pesar de sus beneficios.

Las entidades públicas se limitan a sacar a concursos las contratas de parques y jardines y optar por la oferta más barata, sin revisar precios al IPC, lo que perjudica, no solo a las personas trabajadoras del sector, que ven devaluados sus salarios, sino también al servicio público que se presta al ciudadano.

Para salir de este círculo vicioso, la federación del Hábitat de CCOO ha iniciado una serie de movilizaciones a nivel estatal en España, empezando por las concentraciones del 29 de mayo en las principales ciudades, y que irán escalando hacia paros o huelgas si las patronales de jardinería no se sientan a negociar unos salarios dignos en el sector, que recuperen, al menos en parte, el poder adquisitivo perdido, para poder hacer frente a los elevados precios. 

Si eso no es posible, será tarea de las administraciones públicas contratistas, eliminando la ley de desindexación, revisar los precios al IPC y asegurarse de que los presupuestos de parques y jardines, tengan una partida de salarios viables para los niveles de vida de las personas trabajadoras que realizan la labor de cuidar y mantener las zonas verdes. 

Y si no son capaces de hacerlo, que rescaten los servicios públicos privatizados de jardinería y los hagan de gestión directa, subrogando al personal laboral y ahorrándose el 37% de los presupuestos entre IVA y beneficios de los intermediarios empresariales.

Porque si llega a haber un paro o huelga del sector de jardinería a nivel estatal, quienes dejarán de recibir el servicio público de mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes, será la ciudadanía que ya ha pagado por él.

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La protesta persigue dar solución a las diferencias salariales existentes entre las provincias, ya que Cruz Roja tiene vigentes más de 50 convenios colectivos, lo que genera una enorme desigualdad salarial entre las y los trabajadores de la ONG. Una situación que, además, evidencia que la precariedad salarial abunda en dichos convenios, dejando a muchas personas con salarios cercanos al SMI.

Por ello, CCOO se hace un llamamiento a todas las personas trabajadoras de Cruz Roja Española de los diferentes territorios, para que acudan a la protesta convocada para este 11 de septiembre y refuercen, con su presencia, la exigencia de igualdad entre la plantilla de esta organización.

Desde los sindicatos reivindican, al tiempo, seguridad laboral para la plantilla, harta de que no se les respeten sus derechos laborales. La Audiencia Nacional ha sentenciado recientemente el despido fraudulento de un gran número de trabajadores y trabajadoras en Cruz Roja, reconociendo un ERE encubierto.

Ante esta situación de explotación, CCOO exige a Cruz Roja que ponga fin a la precariedad salarial y laboral que muchas personas trabajadoras sufren en la institución, aplicando su propio principio de “humanidad” a su plantilla.

De la misma forma, se le reclama que se cumpla con la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo artículo 35.1.n establece “la obligación de la empresa contratista de cumplir, durante todo el periodo de ejecución del contrato, las normas y condiciones fijadas en el Convenio Colectivo de aplicación”.

Otra de las peticiones es evitar el ‘dumping’ que practica Cruz Roja, al hacer competencia desleal con el resto de las entidades del Sector, basada en los bajos salarios de sus personas trabajadoras.

Y, junto a todo ello, desde ambos sindicatos instan a la dirección de Cruz Roja a que aplique a sus personas trabajadoras la misma justicia e igualdad social que pide para la ciudadanía y que las personas trabajadoras más afectadas por los bajos salarios abandonen la vulnerabilidad y precariedad.

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Tras la pancarta que clama “¡No a la resolución!”, hemos advertido que esta medida del Gobierno de La Rioja supone “una decisión muy peligrosa y están cometiendo un gravísimo error”.

Así lo ha defendido la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Carmen Martínez, quien también ha destacado: ”Dejar de no cumplir las ratios hará que falten profesionales para atender y cuidar a nuestros mayores, así como que con ello perjudicarán notablemente las condiciones de los profesionales, haciendo un sector aún más precario”.

Martínez, quien ha encabezado la protesta, ha alertado que en algunas ocasiones “en el turno de noche hay solo dos gerocultoras para atender a 100 residentes”, a lo que se suma “la falta de enfermera y médico en ese turno, pero también el de tarde”.

La secretaria de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios ha afirmado que “si las empresas no se ven obligadas o presionadas por la penalización no cubrirán dichas ausencias y el personal tendrá un aumento de carga diario”, que conllevará “accidentes de trabajo e incapacidades”. 

Por todo ello, en CCOO seguimos exigiendo al Gobierno de La Rioja que “echen atrás esta medida que es absolutamente perjudicial”.

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Sin embargo, esta nueva apertura sigue siendo insuficiente para las organizaciones sindicales, debido a la falta de efectivos en cocina y camareras. Además, sólo se servirán comidas de lunes a viernes, y no de lunes a domingo como se hacía hasta ahora. Por tanto, se trata de una apertura limitada.

Las organizaciones sindicales han recibido una notificación por correo electrónico este viernes por parte del director-gerente del centro en el que ha anunciado que el centro retomará la actividad el próximo domingo 10 de septiembre, una vez regularizados los contratos de servicio obligatorios.

“Para ello, autorizo a todo el personal propio y externo a retomar sus puestos de trabajo en la fecha señalada, dado que el centro ofrece las condiciones mínimas de seguridad. Ya he dado las instrucciones a los responsables de los servicios afectados. Ese día podrán incorporarse los alumnos a partir de la tarde”, ha explicado.

También ha señalado que el servicio de comedor que el centro puede ofrecer será desde el desayuno de los lunes hasta la comida del último día laborable de la semana, pudiendo solicitar picnic para la cena de dicho día. Además, las clases se retomarán con normalidad según el calendario previsto.

No obstante, ha precisado que, durante los fines de semana, habrá personal de atención directa (TCAE y ordenanzas) para los alumnos que decidan quedarse, pero sin camareras ni personal de cocina por la carencia de efectivos. 

Este funcionamiento queda establecido para todo el mes de septiembre, a la espera de las incorporaciones de la Oferta de Empleo Público de 2018 y 2019. El director-gerente ha reconocido que “la normal prestación de servicios a nuestro alumnado está amenazada a corto plazo por otras”.

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La situación se encuentra bloqueada por la empresa, que, después de casi un año de negociaciones, sólo ofrece como mejora la subida del IPC real y no quiere negociar ninguna cuestión más. Los trabajadores reclaman un convenio justo, que propicie unas condiciones dignas de trabajo y acabe con la precariedad de los contratos. También solicitan un trato justo en los puestos de trabajo, sin discriminación ni abusos ni vejaciones.

Piden además un plus de transporte que compense los viajes que los empleados realizan diariamente a Arrúbal, ya que la empresa antes estaba en Logroño. Los trabajadores ya realizaron en su día el esfuerzo para colaborar con la empresa cuando decidió el traslado.

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Reivindican el reconocimiento económico que recoge el último convenio colectivo firmado, es decir, un incremento para los grupos AF y C2 y una subida lineal para todos los funcionarios.

También protestan por la obligatoriedad de las guardias localizadas a los bomberos y la utilización de las resoluciones de alcaldía a policías y bomberos de forma ordinaria, cuando se trata de una medida extraordinaria.

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