Las políticas del agua deben priorizar la gestión sostenible de los ríos, lagos, humedales, manantiales y acuíferos, garantizando su buen estado ecológico en el marco del derecho humano a un medioambiente saludable, y es clave para afrontar las crisis de contaminación, deforestación, desertificación, pérdida de biodiversidad y cambio climático en curso.

El agua es un bien común y no una mercancía, que tiene que ser accesible para todos sin discriminación,  incluidos quienes, por vivir en situación de vulnerabilidad, marginación o pobreza, tienen dificultades de pago; todo ello bajo control público.  

La privatización, mercantilización o financiarización de los servicios de agua y saneamiento son un riesgo para el disfrute de los derechos humanos. Los usos personales y domésticos de agua, incluida la higiene, deben tener la máxima prioridad frente a los usos productivos, como los asociados a la agricultura e industria. Y los Estados deben proteger y garantizar los derechos de los trabajadores, así como unas condiciones laborales dignas, justas y equitativas.

Los Pueblos Indígenas tienen derechos distintos e inherentes, así como sistemas de conocimientos propios para relacionarse con el agua de manera armónica. Los Estados deben reconocerles su condición de sujetos colectivos de derechos y respetar sus derechos territoriales.

Como defensores y defensoras del agua, a menudo perseguidos por defender los derechos humanos, exigimos que la ONU priorice el diálogo y la colaboración con las comunidades más vulnerables en la implementación del ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Hay que avanzar hacia una gobernanza que pueda afrontar los desafíos existentes, estableciendo un mecanismo intergubernamental de reuniones regulares en torno al agua y saneamiento, y mecanismos concretos de seguimiento de los compromisos adquiridos en los que los sujetos y titulares de los derechos humanos participen de forma plena, efectiva y significativa.

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