De manera incomprensible y ajena a la legalidad laboral vigente, la Consejería de Servicios Sociales de La Rioja, (a través de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 de 8 de Noviembre ), ha sacado a concurso público la gestión para los próximos años de los centros de protección de menores de La Rioja (que afectan a 117 personas), actualmente gestionados por Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, introduciendo en esta una serie de cláusulas que, entre otras, vulneran el Convenio Colectivo además de suponer un ataque a la profesionalidad de los trabajadores/as que desempeñan su labor en estos centros.

La más grave de estas vulneraciones, según CCOO, consiste en introducir la obligatoriedad de realizar tareas de limpieza y cocina al personal de atención directa, independientemente de la vulneración de la normativa laboral.

La Administración no puede modificar las funciones fijadas en el Convenio de aplicación, máxime cuando se le obliga a un personal con alta cualificación profesional a ocuparse de un tipo de tareas de las que no puede ni debe ocuparse. Lo que esta decisión esconde es un nuevo intento de ahorrarse dinero a costa de las personas trabajadoras, eso sin hablar del ninguneo al Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Este sindicato también cita la desproporcionalidad en los criterios que sigue la Consejería de Servicios Sociales de La Rioja, en cuanto al personal de Atención Directa, ya que se ha dotado de la figura de GOBERNANTE/A a un piso de nueva apertura (con 8 plazas para menores). Dicha figura tiene funciones como la de mantener el piso en perfectas condiciones de limpieza y orden, preparación de los menús diarios de comida y cena así como la compra semanal, mientras que los otros 4 pisos, con 27 menore,s no cuentan con esa figura, dejando estas funciones para que sean desarrolladas por el Personal Educativo.

Aparte de los motivos alegados anteriormente, esta lamentable decisión conlleva otras cuestiones como el despido de las personas que anteriormente ocupaban esos puestos de trabajo; la posibilidad de incurrir en una responsabilidad laboral con repercusión legal por realizar funciones que no son inherentes a la categoría ni puesto de trabajo (¿Qué ocurriría si hay una intoxicación alimentaria?); los déficit socioeducativos que se producen por tener que abandonar las funciones propias, la ausencia de una evaluación de riesgos y de una formación específica para ejecutar con seguridad y salud esas tareas, etc.

Finalmente, otra de las irregularidades detectadas por CCOO que recogen los pliegos que desarrollan el servicio y que este sindicato manifestó a la Consejería es la inclusión en el turno de noche de la figura del Auxiliar Técnico Educativo. Este personal, según el Convenio Colectivo, debe realizar tareas auxiliares acompañadas y supervisadas, en todo momento, por el/la Educador/a Social. Pero en el citado turno no se ha establecido la figura del Educador/a Social, con lo que nuevamente nos encontramos con una estrategia de la Administración para ahorrarse dinero con el consiguiente perjuicio para la calidad del servicio, además de obligar al personal auxiliar a realizar funciones que no le competen.

CCOO se pregunta para cuándo unos pliegos consensuados con la representación legal de las personas trabajadoras.

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