La sobrecarga de los servicios de urgencias no solo viene como aseguran “del envejecimiento de la población”, sino por una falta de recursos públicos para la mejora de la atención sanitaria del sistema público de salud. Además, responsabiliza a esta parte de la población envejecida de un “mayor consumo de los recursos sanitarios y atenciones de creciente complejidad”, cuando fue la propia consejería la que derivó a los centros de atención primaria la atención de las personas mayores que viven en las residencias de mayores, asegurándoles la atención pública, sobrecargando aún más el sistema público y quitando obligaciones de personal a las residencias concertadas.

Analizar la saturación de las urgencias nos lleva directamente a los retrasos en las citas médicas de la atención primaria que llegan a pasar de los 15 días, motivo por el cual, la mayoría de la ciudadanía se ve obligada a usar el servicio de urgencias como la consulta  de su médico de cabecera.

El problema sigue estando en la falta de personal, no en los metros cuadrados ni el espacio físico para atender las demandas sanitarias. Tristemente observamos que ampliar los espacios sin aumentar la plantilla, conllevara consecuencias y movilidad de facultativos de unos espacios a otros. De hecho, aseguran que, para cubrir los servicios de este nuevo proyecto, se aumentara con dos enfermeras y dos auxiliares de enfermería… ampliar las consultas médicas, sin médicos, es posible que no funcione bien.

De momento, los experimentos en el Centro de  salud de la  Villanueva, en el que alardean de haber aceptado medio centenar, es decir, 50 reclamaciones de las 800 que se han presentado por el desplazamiento forzoso de los pacientes, han dejado a 750 personas usuarias, sin atender sus reclamaciones. 

Nos encontramos ante actuaciones huecas vendidas como la panacea, y que ocultan la realidad de un sistema público, que siguen precarizando para favorecer, una vez más, a la sanidad privada. 

Deberían arreglar primero el problema de personal para  volver a ofrecer el servicio de calidad que se daba en los centros de salud con la atención primaria, lo que probablemente rebajaría en mucho la saturación de las urgencias, volviendo a dar el servicio sanitario público y de calidad que se necesita en La Rioja,  antes de soñar con edificios y proyectos que no palian las verdaderas necesidades de la población.

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Según ha destacado Reoyo, en los próximos años se van a producir cambios demográficos, con una pirámide de población que “va a aumentar mucho en la parte superior, con mucha gente mayor y muchos centenarios. Así, en La Rioja aumentará en unas 20.000 personas la población para 2037, pero todas ellas mayores de 65 años”.

Se produce un crecimiento de la longevidad y el aumento de la esperanza de vida vinculada a determinadas enfermedades (incluido el cáncer) implica cronicidad de los enfermos (más tiempo de tratamiento).

Los países de altos ingresos registran en las últimas décadas una reducción de la prevalencia de determinadas dolencias en menores de 85 años, pero este fenómeno no se registra en mayores de 85 años (dificultad de la muestra). El incremento de la esperanza de vida implica una necesidad creciente de inversión económica y una estrategia de futuro completamente distinta.

Las enfermedades con mayor prevalencia en la población mayor de 65 años son la hipertensión arterial, la dislipemia (colesterol y otros), la diabetes, la isquemia cardiovascular y las afecciones cerebrovasculares. Todas ellas precisan atención preventiva básica.

“Hemos conseguido unos niveles muy buenos de prevención de dependencia”, ha señalado Reoyo, quien ha añadido, no obstante, que “vamos a tener un problema y es que el gasto en sanidad está bajando de forma muy llamativa”.

Según ha explicado, “estamos perdiendo mucha capacidad en Atención Primaria, un cambio abismal. Y hay que reflejar también las desigualdades que se producen en todo el territorio español. Es tremendamente importante que Madrid gaste, por ejemplo, un 11% en Atención Primaria y Andalucía, alrededor del 17%. La Rioja se mantiene en niveles medios, tanto en gasto hospitalario como de Primaria”.

“Lo que está aumentando, y esto empieza a ser peligroso, son las listas de espera. Las listas de espera quirúrgica están aumentando, pero son la punta del iceberg. Tenemos también un aumento de la espera en consultas externas y también, y esto no está reflejado, un aumento del tiempo de espera para tiempos diagnósticos. Esto es como una pirámide. La base, la Atención Primaria, está teniendo un aumento en listas de espera de consulta presencial y telefónica”, ha detallado.

Para Reoyo, es necesario un Pacto en Sanidad para sacar adelante las vías para mejorar la Atención Primaria, algo “imprescindible porque el deterioro ha sido muy llamativo”.

Actualmente, hay entre 1,3 y 1,4 millones de personas en España en situación de dependencia. “Si no tenemos la precaución, la capacidad y la estrategia para mejorar la sanidad y los medios para las enfermedades crónicas, esto va a aumentar”, ha advertido.

Ha hecho hincapié en primer lugar en actividades de promoción de la salud y prevención puestas en marcha, como la nutrición, una actividad física y social de las personas, nuevas vacunas, como la del neumococo o el hérpes zóster… “También estamos aumentando diagnósticos precoces con screening sobre todo en cánceres como el de mama, el de colon… “, ha apuntado Reoyo.

“Según ha asegurado, “no es cuestión de vivir más. La esperanza de vida por encima de los 65 años está en unos 20 años. Desgraciadamente, se vive más, pero con peor calidad de vida, con más limitaciones”.

Los informes revelan que la mayoría de enfermedades crónicas afectan más por clase social y por género. Ser mujer y tener un nivel económico o social bajo hace más propenso a tener más enfermedades y, por tanto, más fácil llegar a la dependencia. 

“Hay muchas más enfermedades, pero están más controladas. Hay menos hospitalizaciones. La clave está, por un lado, en invertir y cambiar el sistema. Y también hay que trabajar en una coordinación sociosanitaria. La única manera en que vamos a poder sacar adelante muchas cosas es con una coordinación asistencial sanitaria y social, sería la única vía. Lo hemos intentado y en la Ley de Equidad iba a incluirse, pero desgraciadamente se ha quedado en el camino en estas fechas”, ha subrayado Reoyo.

Prevención y mejora en el gasto (no solo autonómico, sino a nivel estructural, mejorando la coordinación) son claves para afrontar estas nuevas (y no tan nuevas) necesidades del Estado de Bienestar.

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La manifestación tendrá lugar este viernes 25 de junio, a las 19.30. Partirá del CARPA (entrada de Urgencias), recorrerá la calle Duquesa de la Victoria y finalizará ante el Palacio de Gobierno regional (Palacete) en Vara de Rey.

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● Dicha Resolución, firmada por el Sr. Ruiz Colás, hasta hoy Director de Gestión de Personal del SERIS, ha sido iniciativa directa del Sr. Rojas, hasta hoy Director de Recursos Humanos de la Consejería de Salud.

En dos mesas sectoriales de negociación, celebradas los pasados días 16 y 21 de abril, el Sr. Rojas había pretendido obtener el respaldo para su iniciativa, hoy publicada en forma de la Resolución citada, encontrándose con el rechazo de todas las organizaciones sindicales presentes en la mesa sectorial, las cuales le advertimos no sólo de la gigantesca torpeza de tal iniciativa sino también de sus consecuencias legales y del empeoramiento directo que supondría para nuestro sistema sanitario público.

● Las “Listas de Empleo Temporal” no son sino lo que toda la vida se ha llamado “Bolsa de Trabajo”; las de médicos de Atención Primaria y Facultativos Especialistas de Área (FEA) del SERIS fueron constituidas en 2017 después de muchos años de trabajo y empeño sindical en disponer en el SERIS de una herramienta que hiciese posible la captación de profesionales médicos y la ordenación seria y sensata de sus relaciones de empleo.

Además, no conviene olvidarlo, se trata de la herramienta legal que hace efectivo y regula el acceso al empleo público, el cual -como es sabido- puede serlo con carácter fijo (a través de las Ofertas de Empleo Público y los correspondientes procesos de concurso y/o oposición) o bien con carácter temporal precisamente a través de las Listas de Empleo Temporal.

● Lo que el SERIS ha hecho esta semana mediante la Resolución publicada hoy en el BOR ha sido suspender unilateralmente el Capítulo III de Gestión de las Listas de Empleo Temporal, precisamente el que regula la gestión de los llamamientos para la contratación, así como el orden y procedimiento de llamada para Médicos de Emergencias (061), Médicos de Urgencias Hospitalarias, Médicos de Equipos de Atención Primaria y Pediatras de Área. Con esta imposición normativa unilateral lo que se pretende es poder llamar a dedo a quien se quiera y, de esta forma, teledirigir la cobertura de plazas modificando indirectamente las condiciones laborales arbitraria y caprichosamente, algo que además de chocar con la legalidad vigente tendrá como consecuencia el establecimiento de diferencias perniciosas y el inmediato empeoramiento de la situación actual de los recursos humanos en nuestro sistema de salud, ya de por sí mala.

La Resolución publicada hoy en el BOR supone, en realidad, un reconocimiento explícito de incapacidad y fracaso en la captación de profesionales en competencia con el resto de servicios de salud. Además, la inaudita y escandalosa Resolución publicada hoy quiebra absolutamente todos los principios constitucionales de acceso al empleo público: igualdad, mérito capacidad, transparencia, publicidad y libre concurrencia; un error sin precedentes que deberá ser corregido con la mayor prontitud.

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El Gobierno de La  Rioja tiene mecanismos para poner en marcha estas medidas y no puede ser que la pandemia sea un mantra que todo lo cubra.

Ahora la consejera de Salud, Sara Alba, quiere tender puente, pero los puentes los ha roto ella porque no ha tenido intención de reunirse con la plataforma. En rueda de prensa, los portavoces de la plataforma, Elena Sutil y Javier Granda, han asegurado que Alba “solo quiere apagar los fuegos que se han encendido y nos pide lealtad pero solo quiere obediencia y sometimiento”.

Para dar a conocer los problemas de la sanidad pública riojana, la plataforma ha creado un informe denominado ‘Comisión para la Verdad de la Sanidad Pública en La Rioja’ en el que presentan las principales reivindicaciones del sector y dan cuenta de estos problemas porque “es necesario que se ponga en marcha un remedio eficaz a lo que está ocurriendo”.

Entre los frentes abiertos de este gobierno figura la Atención Primaria, que está peor que nunca y no solo por la pandemia. Desde Salud solo ponen parches para solucionar problemas, pero la calidad asistencial no ha mejorado y, en los centros de salud “siguen sin atender de forma presencial. Los ciudadanos se sienten desatendidos.

Es fundamental modernizar la Atención Primaria con una atención integral y es urgente la figura de la trabajadora social sanitaria que, en urgencias, debería tener presencia las 24 horas del día.

Para reivindicar estas demandas, desde la Plataforma se van a empezar a desarrollar unas movilizaciones que tendrán lugar los jueves. La primera de ellas será el 22 de octubre a las 12,00 horas en el centro de Salud de Espartero.

La plataforma también critica las largas listas de espera sanitarias. Ya en diciembre del año pasado el propio Ministerio habló de más de 25.000 personas en listas de espera en La Rioja, con la pandemia todo ha incrementado y ahora nos encontramos con que 42.000 personas están en lista de espera en nuestra región. Una lista que puede crecer de aquí a diciembre en 10.000 o 15.000 personas.

Además, después de 15 concentraciones, sigue sin haber solución al problema de las urgencias en el Hospital San Pedro, por o que se ha convocado una concentración el próximo martes, 13 de octubre, a las 12,00 horas, frente al Palacio de Gobierno.

Desde la Plataforma piden también la integración del FHC en el sistema riojano de salud así como el transporte sanitario y revertir aquellos contratos privados que todavía queden sin hacerse.

Además, desde la Plataforma exigimos que la presidenta del Gobierno regional, Concha Andreu, rectifique sus palabras sobre las concentraciones de urgencias en las que dijo que éstas se realizaban por una cuestión política.

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Carmen Martínez Román, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, ha explicado que “no podemos esperar a que termine la pandemia para mejorar las condicionales laborales de estas trabajadoras, en su mayoría mujeres. Ya en la primera oleada de la pandemia se vio cómo los residentes más vulnerables y las trabajadoras estaban especialmente afectados por la situación. Se necesita más personal, las trabajadoras estaban de baja, no se llegaba a dar el servicio que había que ofrecer y no se cubrían las bajas. Hoy en día tampoco se cubren las bajas, ni vacaciones, ni excedencias”.

Se trata de un sector con un alto índice de absentismo laboral por la alta medicalización de sus trabajadoras, con lesiones musculoesqueléticas provocadas por la carga excesiva de trabajo. Además, el convenio de la Dependencia, que afecta a 250.000 personas en todo el país, está paralizado y la ratio no se actualiza desde 1998.

“Sin un empleo de calidad no se puede presentar la debida atención a las personas mayores”, ha subrayado José Antonio Torres, secretario general de la Federación de Construcción y Servicios, quien ha reivindicado que se primen los aspectos sociales por encima de los económicos en los concursos de la administración.

CCOO ha convocado hoy concentraciones en centros de trabajo en todo el territorio español, reclamando a los gobiernos autonómicos y estatales más financiación para mejorar las actuales condiciones laborales y retributivas y para mejorar la atención a las personas dependientes. Para ello, es imprescindible aumentar las ratios de personal, que se han declarado totalmente insuficientes en la pandemia.

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Cuatro meses después se vislumbra el fracaso de aquel Acuerdo, pues ni se ha garantizado la apertura en horario de tarde de los CCSS (al cierre el pasado mes de agosto del CS de Labradores, se suma el del CS de La Guindalera desde ayer mismo) ni son infrecuentes las demoras durante días hasta obtener cita en algunos centros.

• El pasado 23 de mayo, tras meses de movilizaciones, en la Mesa Sectorial del Servicio Riojano de Salud (SERIS) fue acordada la adopción de medidas urgentes tendentes al reforzamiento de la Atención Primaria (AP) de La Rioja.

Dicho “Acuerdo de Atención Primaria” no era sino una actuación “urgente” y, por su provisionalidad, “abierta” a una necesaria implementación mediante posteriores medidas organizativas y presupuestarias. Pese a ello, pese a haber sido advertido expresamente en reiteradas ocasiones de que aquellas medidas sólo eran un “parche” temporal, el gobierno regional publicitó dicho “Acuerdo”, tan pomposa como injustificadamente, como un hito “histórico”, presunta panacea de todos los males de nuestra AP.

• Los tres objetivos fundamentales de aquellas medidas urgentes entonces acordadas fueron: 1) Asegurar que los Centros de Salud permaneciesen abiertos en horario vespertino, exigencia aún más imperativa en la actual situación de pandemia y, más aún, ante su previsible futura evolución; 2) Que cada paciente pudiera disponer del tiempo de consulta necesario; y 3) La dotación de los RRHH necesarios.

Para lograr los dos primeros objetivos y en tanto se avanzaba en el tercero, se estableció provisionalmente el pago de retribuciones significativas con cargo al erario público (55 euros/hora los médicos y 34,49 euros/hora la enfermería) para quienes asumieran en horario de tarde el “cupo” (pacientes) de los profesionales ausentes hasta que fuera posible la sustitución de estos. La idea era, obviamente, incentivar la ampliación del horario de atención al público a las tardes, evitando comprimir las agendas en horario de mañana pues ello significaría directamente reducir el tiempo disponible para cada consulta hasta llegar a minutajes ridículos que deterioran el estándar de calidad asistencial.

• Cuatro meses después se vislumbra el fracaso de aquel Acuerdo, al menos en sus aspectos principales:

• Efectivamente, no se ha garantizado la apertura en horario de tarde de los Centros de Salud: al cierre ya el pasado mes de agosto del CS de Labradores, se suma el del CS de La Guindalera, el cual ha cerrado ayer mismo sus puertas a las 15:00 horas y permanecerá clausurado sin prestar servicio por las tardes al menos durante un mes.

• El segundo de los objetivos del Acuerdo firmado el 23 de mayo era asegurar a los ciudadanos una espera no superior a 48 horas entre su llamada y la cita con su equipo médico habitual en AP. No obstante, también en eso se ha fracasado pues son frecuentes los casos en que las esperas se demoran durante días, como bien saben, por ejemplo, los pacientes y usuarios del logroñés CS Gonzalo de Berceo.

• Por otra parte, el tercer objetivo -el verdaderamente fundamental pues su logro afianzaría la consecución de los restantes- era la reorganización de nuestra AP redimensionando sus RRHH. Pero lo cierto es que, si a la firma del Acuerdo de mayo afrontábamos junio con 23 médicos y pediatras menos que el año pasado, tal situación ha empeorado desde entonces: no sólo el SERIS no ha actuado con diligencia en el mercado de trabajo procurando la captación de los RRHH necesarios -a diferencia del resto de servicios de salud-, sino que continúa el goteo de huidas de profesionales hacia otras comunidades y las dimisiones entre los responsables de nuestros centros de salud.

Tal parece que el único trabajo que desenvuelve la Consejería de Salud es “regar” con dinero público allí donde le surge un conflicto, haciéndolo, además, de la peor manera posible: con opacidad, sin control de los resultados de la inversión y sin una verdadera gestión de los problemas reales -siempre complejos-, sustituyendo, en fin, la delicada tarea de administrar eficazmente y gobernar lo común por la simple labor propagandística sin más sustancia.

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CCOO denuncia la situación anómala y de colapso que están viviendo los trabajadores de atención telefónica en SOS Rioja 112, en esta vuelta a la “nueva normalidad”.

Este servicio, bien conocido por todos los riojanos, es de gestión de urgencias y emergencias. Dos de nuestras máximas son la fiabilidad y la eficacia, que, ante la situación de pandemia, en los meses más duros, fuimos el referente para la ciudadanía debido al desbordamiento y blindaje de la atención primaria, lo que se tradujo en turnos muy duros, refuerzos, jornadas y sensaciones nunca vividas por estos trabajadores en sus 25 años de historia como centro coordinador de emergencias.

En esta fase de desescalada, una vez pasado el estado de alarma inicial, y tras decisiones externas al propio servicio, es decir, sin valorar capacidades ni estructura necesaria, han derivado toda la atención telefónica del servicio de atención primaria del SERIS, en horario de tardes, en festivos y en fines de semana, incrementando hasta el colapso el volumen de llamadas, muchas de ellas de mero trámite administrativo.

Este volumen de llamadas, impropias de la gestión  de un centro de emergencias 112, no dejan margen necesario en muchas ocasiones para gestionar las verdaderas emergencias que surgen a diario en nuestra comunidad con la rapidez y calidad que estamos obligados por nuestro compromiso social y profesional.

Los trabajadores de atención telefónica de SOS Rioja 112 están sobrepasados y no pueden más con esta situación sostenida ya durante bastante tiempo, por ello, CCOO exige que se tomen las medidas necesarias para que la dirección del SERIS retome el triaje y la atención a sus pacientes, con todos los recursos personales, de protección y de seguridad que precisen para poder llevar a cabo su trabajo con garantía, y que la orden de que todo pase telefónicamente por 112 quede anulada.

Solicitamos que cada a cada servicio esencial, todos fundamentales, se le dote del personal y recursos suficientes, de manera que el sistema esté debidamente operativo, perfectamente engranado y preparado ante las situaciones venideras.

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El reconocimiento del Accidente de Trabajo se determina de forma directa en el Real Decreto-Ley aprobado esta mañana y se reconoce a quienes prestan servicios en centros sanitarios y socio-sanitarios y que hayan contraído la enfermedad COVID-19 durante cualquiera de las fases de la pandemia, por haber estado expuestos a ese riesgo específico durante la prestación de servicios sanitarios y sociosanitarios. Estas personas, o sus familiares en el caso de que desgraciadamente hayan fallecido, podrán solicitar el reconocimiento de accidente de trabajo hasta el mes posterior a la finalización del estado de alarma, previsiblemente julio.

Este reconocimiento, debe entenderse, alcanza a las prestaciones de incapacidad temporal, incapacidad permanente, así como todas las prestaciones de muerte y supervivencia que se puedan derivar de las mismas. Garantizando de este modo el nivel más alto de protección social que ofrecen las prestaciones de Seguridad Social, al exigir menores requisitos de acceso y cuantías más altas en las prestaciones.

No obstante, este paso mantiene cuatro severas carencias:

1. 1. La nueva norma limita su efectividad la efectividad de la norma quienes han contraído la enfermedad solamente hasta el mes posterior a la finalización del estado alarma, lo cual es insuficiente y, en nuestra opinión, insostenible. Una persona infectada en su desempeño profesional en un centro sanitario tras la finalización de ese periodo, no debe tener un tratamiento distinto a las personas infectadas durante el mismo.
2. 2. Debe incluirse también la previsión de incapacidades permanentes futuras por secuelas.
3. 3. Por otra parte, la aplicación de esta norma debe incluir al personal expuesto a los mismos riesgos en transporte sanitario, servicios funerarios o servicios auxiliares en centros sanitarios o socio-sanitarios (limpieza, servicio de comidas,…) Así se lo hemos trasladado al Gobierno y defenderemos ese criterio en la aplicación concreta de esta norma y, en su caso, la adaptación normativa de la misma para trasladar la máxima seguridad jurídica a las personas afectadas.
4. 4. Permanece abierta la cuestión de que se reconozca la COVID-19 como enfermedad profesional, así como la necesidad de actualizar el cuadro de enfermedades profesionales, sin apenas variación desde su puesta en marcha hace varias décadas, y la revisión del procedimiento que actualmente regula este tipo de enfermedades de origen profesional.

Para CCOO es indudable que los contagios masivos se han producido en el trabajo por la escasez o inexistencia de equipos de protección individual y por la utilización, en muchos casos, de equipos de protección individual (EPI) que se han demostrado defectuosos. Y en este sentido sus servicios jurídicos orientarán a las personas afectadas para que, en función de las situaciones concretas en las que se hayan producido los contagios, puedan reclamar todas las mejoras previstas para los Accidentes de Trabajo cuando no se han cumplido las medidas de prevención de riesgos laborales, como el recargo de prestaciones que pueden incrementar las cuantías de éstas.

LA RIOJA

Es necesario recordar que en La Rioja han brillado por su ausencia los EPIs, sobre todo en las residencias de tercera edad y centros sociosanitarios privados, también en el propio sector público.

En las residencias de mayores y centros de dependencia de nuestra región la pasividad gubernamental ha sido palmaria y sus consecuencias letales. La competencia en materia de salud pública, que viene atribuida en exclusiva a la Administración autonómica, ha radicado siempre íntegramente en la Consejería de Salud, la cual ha permanecido inoperante ante situaciones de descontrol epidemiológico manifiesto.

Por su parte, el Servicio Riojano de Salud iba minorando los estándares de protección en función de los escasos EPI existentes y no de los riesgos reales, de forma que, por ejemplo, 1/3 de los contagios habidos en el hospital de Calahorra tienen causa directa en el desempeño profesional sin EPI durante la primera quincena del pasado mes de abril y en Fundación Rioja Salud el impacto de contagios ha sido notablemente superior a la media por falta de una planificación preventiva básica.

Así mismo, debe señalarse que la Consejería de Salud impidió primero, por pura propaganda política, que las distintas entidades se aprovisionaran de EPI a través de sus propios medios con la indicación de que se les suministrarían de forma centralizada a través del INGESA, lo que nunca sucedió, y mantuvo, más tarde, oculto hasta fecha bien reciente el total agregado de profesionales contagiados, cifra que fue preciso obligarle a hacer pública al amparo de la Ley de Transparencia con el apercibimiento de acciones judiciales en caso contrario.

Todas estas circunstancias, y otras que nos constan documentalmente acreditadas, deberían ser objeto de una rigurosa investigación independiente que ponga de manifiesto las carencias y áreas de mejora a la luz de la experiencia vivida (aún no se ha reconocido ninguna más allá de meras declaraciones puramente retóricas), pues los errores cometidos han puesto en riesgo derechos fundamentales que gozan de máxima protección constitucional, cuales son el derecho a la vida y la integridad física de las personas, y aprender con humildad de dichos errores es, entre otras cosas, una inteligente y útil preparación ante futuros rebrotes.

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