Denunciamos que este cambio de operativa, determinado motu proprio por Correos, sin negociación alguna con los representantes de los trabajadores/as y sin que le obligue ninguna disposición legal o sanitaria, multiplica innecesariamente el riesgo de contagio de los trabajadores/as de reparto, que además se convertirán en un vector de contagio a la ciudadanía, al hacer firmar a un destinatario tras otro en el mismo terminal, y compartiendo bolígrafos. La dirección ha implantado este cambio de manera ilegal, al omitir la obligación legal de consultar a los trabajadores/as, a través de sus representantes, las decisiones organizativas que puedan afectar a la salud y seguridad de la plantilla.

Tras la denuncia, la dirección de la empresa se reafirma en que, a su juicio, no existe un incremento del riesgo porque el repartidor/a lleva mascarilla y un frasquito de gel y además puede “estirar los brazos” para que le firmen sin riesgo. La medida se anunció el pasado viernes a última hora sin dar posibilidad de respuesta, y ha entrado en vigor directamente esta misma mañana, causando una gran indignación entre el personal, y sorpresa entre los ciudadanos/as, que reciben los envíos con recelo ante el cambio de operativa.

En esta ocasión, parece que Juan Manuel Serrano quisiese ponerse al frente de la “política del botellón” desatada por todo el Estado ante el final del estado de alarma, aunque no es la primera vez que transgrede la legalidad en materia de seguridad y salud. Hace poco más de un año, trabajadores/as y sindicatos tuvieron que plantarse ante las órdenes dadas personalmente por el propio Juan Manuel Serrano que obligaba, a pesar de carecer de medidas de seguridad alguna, a los trabajadores/as a salir a la calle a repartir y a atender a la ciudadanía en las oficinas, llegando a negar el propio Serrano la necesidad de mascarillas y de otras muchas medidas de seguridad. Las consecuencias de dichas órdenes llevaron a que los trabajadores/as de Correos fuesen el segundo colectivo más afectado por contagios por COVID, solo por detrás del personal sanitario.

Esta vez, el presidente de Correos vuelve a demostrar su desprecio a la ley, y que lo único que le importa es mantener la producción de la empresa sin importar la salud de los trabajadores/as, ni en Correos, ni en otras empresas del grupo empresarial, como Correos Express, en la que se contrata a trabajadores/as autónomos, que progresivamente van asumiendo el trabajo del personal de la empresa matriz, en lo que solo puede calificarse como una devaluación y precarización del empleo.

CCOO recuerda que desde el pasado mes de abril se han iniciado movilizaciones en Correos para exigir al Gobierno, como responsable último de garantizar el servicio postal a la ciudadanía, que corrija la nefasta gestión de recortes emprendida por Serrano, que abocan a la empresa pública a un cambio de modelo de servicio público, hacia otro logístico y de paquetería en el que prime solo la rentabilidad.

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Esta medida era una demanda reiterada por ambas organizaciones sindicales, ante la deficiente gestión realizada por Correos en materia preventiva frente a la pandemia del coronavirus, una enfermedad que ha llegado a afectar a casi 10.000 trabajadores/as de la plantilla en todo el Estado, sumando las cifras de contagios acreditados y posibles, y los que han tenido que guardar cuarentena.

Consideramos un logro la constitución de este comité y esperamos que a través de él puedan implantarse mayores medidas preventivas que eviten que Correos siga ocultando los datos de COVID, y que impidan exponer al riesgo de contagio a cientos de trabajadores/as, así como a los miles de ciudadanos/as que se atienden a diario en las oficinas. Lamentamos que se tenga que hacer con meses de retraso y solamente porque la empresa se haya visto obligada.

El descontento con la gestión de Juan Manuel Serrano al frente de Correos es un clamor dentro de la empresa pública y además se está extendiendo a los vecinos/as y ayuntamientos de pequeñas localidades, donde en el afán de recortar gastos, se están suprimiendo puestos y recortando el servicio público postal, tanto en nuestra provincia como en el conjunto del Estado.

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Visto el panorama postal europeo, seguimos denunciando que esta diferencia no se debe a la pandemia, ni al descenso del correo tradicional -carta-, ni tampoco al efecto de la sustitución electrónica, ya que estos son factores comunes a todos los correos europeos. Más bien, achacan el hecho a que Serrano, a diferencia de otros presidentes de Correos europeos, ha rechazado de plano discutir un Modelo Postal público, reforzado, sostenible, perdurable, y con el respaldo del Gobierno.

Desde la llegada del Sr. Serrano a la presidencia de Correos, en 2018, este presidente ha renunciado, consciente e intencionadamente, a un modelo postal público, a una financiación suficiente del Servicio Público Postal -400 millones menos entre 2011 y 2021, y 92 millones anuales menos para los próximos años (de los 128 que se han fijado a los 220 necesarios)-; a una Banca Postal como la de la mayoría del resto de Correos europeos; a que la matriz Correos sea el motor de cambio –apostando por el trasvase de actividad a Correos Express-; a contar con los/as profesionales y con las organizaciones sindicales para realizar el cambio. Y también ha renunciado a implicar al Gobierno de España en el diseño de un Correo Público que contribuya a la Recuperación, Transformación y Resiliencia a medio largo plazo.

Serrano ha preferido el atajo y embarcar al Gobierno en un “experimento” logístico, desvertebrador del servicio público postal tricentenario que tanto valora la ciudadanía, y ha cogido una senda rupturista alimentada por diversas consultoras y conocidos intereses creados a la caza de un suculento pelotazo, buscando la rentabilidad política y personal a corto plazo.

Serrano ha tratado, por todos los medios, de tapar su desastre financiero y de gestión, vendiendo sus proyectos en los medios de comunicación-Marketplace, Correos Sampling, Proyecto de drones Consorcio Delorean, Correos Labs, Acuerdo librerías, Proyecto Holapueblo-, al mismo tiempo que alardea de haber gestionado más envíos que nunca-8,9% más en carta, 31% en paquetes-, todo ello con nula rentabilidad para la cuenta de resultados.

Desde CCOO denunciamos que lo más flagrante es que lo ha hecho mintiendo a trabajadores/as, a sindicatos, a ciudadanos/as y al propio Gobierno, al presentar unas cuentas a los PGE-2020 que proyectaban unas pérdidas de -285 millones de €, y al avance de cierre del año alcanzaban ya los -338 millones de €, pudiendo llegar hasta los -400 millones de €. Por otra parte, la previsión de pérdidas que Serrano presentó a SEPI para 2021 fue de -79 millones de €, 50 millones más de las presentadas para la ley de PGE de ese mismo año, 28,7 millones de €. Mintiendo, afirman, ya que la previsión de pérdidas para 2021 presentada a los sindicatos en la Mesa Sectorial el pasado 21 de enero en el supuesto Plan Estratégico, ni se corresponde con la presentada a SEPI, ni con la presentada a la Ley de Presupuestos. Ni -28,7 millones, ni -79 millones: sino que anuncian -350 millones de €. Y, además, en ese mismo documento -entregado a las OOSS-, Serrano proyectaba pérdidas de -634 millones de euros en 2023, algo que niega cínicamente al acusar a CCOO y UGT de mentir cuando lo dieron a conocer en los medios de comunicación. 

La conclusión a la que llegamos Serrano trata de tapar su agenda oculta, mintiendo en prensa, vendiendo humo, y, como no, “matando” al molesto mensajero sindical. Esperamos que el Gobierno detecte cuanto antes el riesgo que la operación “Serrano” conlleva para el servicio público de Correos.

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CCOO y UGT denuncian una agenda oculta de desinversión inmobiliaria del presidente Serrano mediante la venta, cesión gratuita y trueque político del patrimonio histórico de Correos, perteneciente al Estado, por un montante de entre 3.000 y 5.000 millones de euros en valor de mercado, con la que el presidente Serrano busca amistades políticas y un reconocimiento personal en el lucrativo mercado logístico que le abra las puertas giratorias del “día después”.

Para CCOO y UGT, Serrano, en lo que empieza a intuirse como una maniobra de auténtico “pelotazo” personal, ha abierto el melón a la privatización y a la desamortización de un patrimonio inmobiliario centenario y que lo único que necesita es un estudio serio, riguroso y, sobre todo, HONESTO (alejado de intereses espurios) que defina y establezca cómo adaptar, aprovechar y utilizar esas instalaciones, primero atendiendo a las necesidades de Correos y, después, ponderando con criterios racionales y ajenos a otro interés que no sea el bien común el uso o cesión de espacios disponibles (como ya se viene haciendo en algún edificio de Correos).

Para ambos sindicatos, empieza a ser preocupante el silencio del Gobierno ante el evidente desguace que Serrano está realizando en el Correo Público de nuestro país, desguace que, de ningún modo, puede entenderse como una opción progresista y que ni siquiera un Gobierno con mayoría absoluta del PP se atrevió a llevar a cabo.

CCOO y UGT exigen al Gobierno que clarifique cuanto antes cuál será el proyecto de futuro para el Servicio Público Postal en España. El problema de la COVID que asola este país no puede ser obstáculo para que alguien solvente diga si es razonable dejar suelto, a su aire, a una persona que ha descubierto un juguete de 200.000 euros/año para jugar al palé con un Servicio Público (que aún existe), con una empresa pública con 55.000 personas con 2.000 millones de presupuesto y, sobre todo, con una historia, un prestigio y una cultura profesional adaptada a la innovación y a los cambios, innegable. Una cosa es reformar y modernizar y otra es desguazar. El Correo es de todos y todas. Y es hora de que el Gobierno de la nación y los partidos políticos expresen su opinión al respecto. CCOO y UGT estudiarán en sus órganos en los próximos días el inicio de movilizaciones a lo largo de noviembre y diciembre sin descartar paros parciales o totales.

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