Los hombres y las mujeres que superan los 65 años son personas con expectativas de vivir décadas para lo que sus vidas deben ser saludables y activas. Para ello los sistemas públicos de salud, dependencia y servicios sociales, son elementos esenciales para lograr envejecer en condiciones saludables y con autonomía. Es necesario abordar las desigualdades a lo largo de todas las etapas de la vida, abordando las diferencias territoriales existentes, así como la cobertura de servicios y recursos destinados para las personas mayores.

Las políticas públicas deben garantizar el ejercicio efectivo de los derechos a la vez de promover la redistribución de la riqueza, pues existe margen para mejorar la contribución fiscal, y para conseguir un sistema fiscal más justo, con un reparto más equilibrado de los esfuerzos, sin ello, las desigualdades económicas y sociales experimentadas a lo largo de la vida se trasladan a la vejez, como sucede con las brechas de género, en el trabajo, cuidado y pensiones.

Hay que seguir garantizando el Sistema Público de Pensiones. Para ello el último acuerdo es muy importante pues se elimina el índice de revalorización de las pensiones, que limitaba las subidas anuales al 0,25% y se elimina el factor de sostenibilidad, mejorando las pensiones de futuras generaciones de pensionistas y reforzando el pacto intergeneracional.

La desigualdad laboral se plasma claramente en la brecha existente en las pensiones. Tanto el tipo de pensión como sus cuantías, colocan a las mujeres en una posición visiblemente peor que la de los hombres. Las políticas para evitar y abordar las consecuencias que la crisis económica y de cuidados tienen en las condiciones de trabajo, renta y vida de las mujeres, son fundamentales para evitar la brecha existente.

El desarrollo e implantación de políticas públicas en materia de promoción de la salud son imprescindibles para garantizar el envejecimiento activo, puesto que afectan de forma directa al deterioro de la salud y las capacidades autónomas de las personas mayores. Se debe aumentar la capacidad de respuesta del sistema de Atención a la Dependencia pues ha resultado manifiestamente débil ante la crisis sanitaria.

Es muy importante iniciar un debate para después plasmarlo en una futura ley integral de derechos de las personas mayores. Esta debe garantizar una protección específica a los mayores y contemplar los ámbitos de la salud, la vivienda, la protección social y económica, la protección jurídica, la cultura o el ocio.

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La patronal, ante la última propuesta presentada por unanimidad por la parte social, ha dado un silencio por respuesta.

Durante todos estos años, las organizaciones patronales han mostrado una total falta de respeto hacia las trabajadoras y trabajadores alargando deliberadamente la negociación con excusas y sin propuestas.

Como consecuencia de ello:

-Se ha impedido la minoración de la actual jornada anual de trabajo, abusiva e inasumible.
-Se han perpetuado incrementos salariales ínfimos que han empobrecido al sector y a la propia sociedad.
-Se ha mantenido un régimen indecente y decimonónico de permisos y licencias.
-Se ha propiciado un incremento, subrepticio pero constante, de la carga de trabajo con recurso abusivo a la denominada “polifuncionalidad”.

Las organizaciones sindicales UGT y CCOO hemos presentado una propuesta seria y realista con incrementos retributivos que, dando cumplimiento a lo acordado con la propia CEOE, alcanzarían, en el año 2021, un salario mínimo de 1.000 € mensuales en 14 pagas, ante la cual la patronal del sector de la dependencia simplemente se ha escondido, sin plantear siquiera alternativa alguna, continuando con su característica vagancia histórica.

Condenamos tal actitud intolerable e instamos a la patronal del sector a que reconsidere su obstruccionismo al progreso social y económico, aceptando la mejora de las condiciones laborales y salariales del personal que cuida a las personas dependientes.

Por ello, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) y la Federación de Empleados y Empleadas de Servicios Públicos de UGT (FeSP UGT) hemos acordado realizar asambleas de delegados el día 30 de octubre y concentraciones de trabajadoras y trabajadores del sector, el próximo jueves, día 7 de noviembre, a las 11 horas,  ante la sede de la FER en la logroñesa Plaza del Mercado y a las 12 horas ante la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja sita en el nº 17 de la C/ Villamediana, también en la capital riojana.

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Así, el sindicato considera imprescindible profundizar en la transformación de nuestro modelo productivo y del tejido empresarial, caracterizado por el pequeño tamaño de las empresas, la insuficiente especialización y un reducido gasto en I+D+i. Esta transformación hacia un modelo productivo, económico, social y medioambientalmente sostenible requiere la recuperación de la intervención pública para garantizar su desarrollo en condiciones de eficiencia y cohesión social y territorial.

También cree una prioridad en la acción del próximo gobierno el pleno desarrollo de la legislación en materia de igualdad de género y de lucha contra la violencia de género y la elaboración de medidas y Planes de Igualdad en las empresas.

Además, el sindicato pide a los partidos políticos que incorporen a sus programas y a su acción de gobierno el diálogo social y la participación, no solo en el ámbito de la comunidad autónoma, sino también a los ayuntamientos más importantes, a través de la creación de Consejos de Diálogo Social Local.

Así mismo, el Gobierno y el Parlamento riojano deben profundizar en su apertura a la ciudadanía a través del conocimiento y la participación de los ciudadanos, articulando y desarrollando mecanismos para ello. CCOO insta al próximo ejecutivo a recuperar la Defensoría del Pueblo Riojano y el Consejo Económico y Social.

La mejora de los Servicios Públicos, con una apuesta clara porque estos se presten directamente  por empleados y empleadas públicas, y un aumento del gasto público en los servicios esenciales para la ciudadanía son otras de las medidas reclamadas por el sindicato.

Es necesario también alcanzar un Pacto por las Infraestructuras en La Rioja y desarrollar políticas sectoriales coherentes que tengan en cuenta la transversalidad de los sectores. Hay que tener en cuenta la inversión en I+D+i, el crecimiento de la PYME, la formación y la cualificación de las personas trabajadoras y la financiación de las empresas.

En cuanto al empleo, CCOO cree necesario restituir el modelo de relaciones laborales, incentivando el empleo de calidad así como la mejora en las condiciones de trabajo y la recuperación del poder adquisitivo, para corregir la fuerte desigualdad existente.

Hay que frenar la escalada de siniestralidad que se está produciendo desde 2012, como consecuencia directa de la precarización de las condiciones de trabajo, para lo que es necesario incorporar de manera más efectiva a los agentes sociales a la hora de planificar y ejecutar las políticas preventivas.

Por último, CCOO insta a las fuerzas políticas a cumplir y desarrollar lo establecido en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, a través del diálogo social y la negociación en el ámbito autonómico y local. Aboga por la incorporación a los pliegos de condiciones de elementos para la estabilidad en el empleo y el mantenimiento de las condiciones de trabajo, para garantizar los derechos de las personas trabajadoras y contribuir a la calidad de los servicios públicos.

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