Ante estos hechos, la empresa pública postal, presionada por el juicio que tuvo lugar el pasado 23 de febrero en la Audiencia Nacional, ha convocado a una reunión a las organizaciones sindicales para, conforme quedó conminada en sede judicial, dar comienzo a la negociación para buscar una solución definitiva a la supresión obligatoria del turno de sábados para los más de 16.000 trabajadores/as afectados/as y cerrar la misma en un plazo máximo de tres meses.

Una vez más, CCOO y UGT denunciamos la vergonzante y pasiva actitud de la empresa tratando de dilatar en el tiempo la resolución definitiva y de la mano del mismo discurso vacío sin propuestas serias que trasladaron en mesas anteriores.

Con el objetivo de re-parchear la cobertura de esos sábados a los que la denuncia en la Audiencia Nacional les forzó a suprimir, Correos ha propuesto un parche más vergonzante aún que su propia desidia y es la realización de contratos basura de un día de duración “luneros” (de lunes) o “sabaderos” (de sábados), además de cerrar centros y oficinas de atención al público para evitar el cumplimiento del Acuerdo que incluye los descansos legales en fin de semana.

Desde CCOO y UGT aseguramos que es aberrante ver cómo la mayor empresa pública del país, de la mano de su presidente Juan Manuel Serrano, erigiéndose como “garante” del funcionamiento de un servicio público esencial, se dedique a fomentar un empleo basura a través de la realización de miles de contrataciones de un día a la semana o en última instancia a cerrar centros y oficinas para no incurrir en ilegalidades, causando un recorte brutal e irreversible del Servicio Público que presta Correos.

La solución pasa por la realización de contratos de jornada completa con distribución de martes a sábados para la cobertura en aquellos centros donde no exista personal voluntario, garantizando con ello el refuerzo de plantillas durante toda la semana y por tanto un mayor empleo de calidad para un servicio público de calidad, dicen.

No se trata de “cerrar los sábados” explicamos desde CCOO y UGT, se trata de acabar con el turno obligatorio en sábados manteniendo la actividad y la dimensión del servicio que prestamos a la ciudadanía con soluciones negociadas en voluntariedad y contratación de calidad retribuida.

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El Acuerdo Plurianual suscrito por CCOO y UGT con Correos, recogía una subida salarial lineal y fija correspondiente a dichos Fondos Adicionales y Serrano llevaba más de dos años esquivando las peticiones de CCOO y UGT para llevar a cabo el compromiso suscrito. La mala fe ha sido constante ya que las cuantías para realizar los pagos estaban presupuestadas desde hace dos años, hurtando el derecho al abono efectivo a los más de 53.000 trabajadores/as.

El otro compromiso recogido en el Acuerdo Plurianual y que ahora Correos se verá obligado a llevar a efecto, es el referente a la regulación de jornada en sábados que se venía realizando de forma ilegal por incumplimiento del descanso semanal de más de 16 mil trabajadores/as y que la empresa se ha visto obligada a rectificar ante el inminente juicio en la Audiencia Nacional sobre este asunto.

CCOO y UGT denuncian el sabotaje continuo de Serrano a la negociación, al negarse a buscar una salida al conflicto en todos los actos de conciliación celebrados, tanto en Comisión Paritaria como en el Ministerio de Trabajo, salida a la que ahora se ve abocado para evitar el varapalo de la Audiencia Nacional.

En la Mesa del 18 de febrero, Correos ha reconocido la ilegalidad, ha rectificado y propuesto la realización de contratos para atender el servicio prestado en tanto se desarrolla el acuerdo alcanzado con los sindicatos en 2018, por el que la prestación del trabajo en sábado para los 16.000 trabajadores/as afectados/as debe hacerse con voluntariedad, mejoras retributivas y, en su caso, nuevo empleo para un mejor servicio público postal.

CCOO y UGT han denunciado el cierre, realizado por Serrano, de 2.500 oficinas en sábados para esquivar el Acuerdo, cierre que viene aplicando desde hace 8 meses y que deja descubierta la prestación del servicio público a toda la ciudadanía en uno de los días en que realmente puede acudir a Correos, arrebatándole un derecho que tiene reconocido por ley, e infravalorando, de este modo, el servicio postal público, a la vez que justificando con ello la reducción de las cuantías económicas que Correos recibe por parte del Estado para la prestación del servicio. Para CCOO y UGT se está caminando hacia un cambio de modelo, de público a privado, de postal a logístico, que claramente apunta hacia una futura privatización.

Por ello, en defensa del derecho de la ciudadanía a un servicio público de Correos, asequible y accesible, ambos sindicatos han exigido que se mantenga el servicio postal público a los ciudadanos/as los sábados, aplicando lo que queda por cumplir del Acuerdo sindical, es decir, con voluntarios/as, nuevas contrataciones y mejoras retributivas.

El próximo día 23 de febrero, día de celebración del juicio, CCOO y UGT exigirán en la Audiencia Nacional el cumplimiento de lo que resta por cumplir del Acuerdo y pedirán una amonestación del tribunal por mala fe negocial, al tiempo que anuncian una demanda por derechos fundamentales por la vulneración constante e intencionada del derecho de negociación colectiva y de libertad sindical por parte del presidente de Correos.

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“Hoy salimos a la calle en todo el país para exigir al Gobierno que se retome la agencia social que se paralizó con la pandemia”, ha señalado el secretario general de Comisiones Obreras, Jorge Ruano. Los sindicatos advierten que se empiezan a oír voces que señalan que no es el momento de abrir las mesas de negociación, “eso es completamente equivocado”.

“No podemos enfrentar la salida de esta crisis con la herramientas diseñadas en sentido contrario hace 10 años en las que predominada la austeridad y el recorte”, ha señalado Ruano. “La pandemia ha acelerado muchas de las cuestiones que teníamos pendientes y ahora hace falta un cambio mucho más ambicioso”.

Estos delegados han representado a todos los trabajadores vestidos con EPI para no olvidar que la pandemia sigue entre nosotros: “si no recuperamos la salud, no recuperamos la actividad económicas”. “Nuestro empeño es abrir las mesas de diálogo, hablar de negociación colectiva, hablar de derechos laborales, hablar de salario mínimo, hablar de reforma laboral”, han subrayado en la concentración.  

Sobre el salario mínimo, ambos sindicatos defendemos que no puede ser que los únicos que no vayan a recibir incrementos salariales los trabajadores con los salarios más bajos, que coinciden con los sectores que han demostrado ser esenciales. 

También exigimos la derogación inmediata de las reformas laboral, que son injustas e ineficaces y no han cumplido los objetivos para los que se impulsaron. Finalmente sobre las pensiones, queremos que se revaloricen automáticamente y que se derogue el factor de sosteniblidad, que en el futuro podría suponer una merma de las pensiones hasta del 30 por ciento.

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El secretario general de CCOO, Jorge Ruano, ha recordado los acuerdos que han conseguido los sindicatos, la patronal y el gobierno durante la pandemia pero, ha advertido, que “en este momento no dejan de crecer las voces que empiezan a señalar que no es el momento de subir el salario mínimo, de tocar la reforma laboral ni de derogar la reforma de pensiones”. “Para nosotros sí es el momento”, ha defendido Ruano.

Los trabajadores con convenio colectivo o que lo están negociando van a tener incrementos salariales de entre 1,5 y 1,8% y los trabajadores públicos y los pensionistas de un 0,9%. “No podemos permitir que los únicos que no tienen incrementos son aquellos que tienen los salarios más bajos y, en general, de los sectores que han demostrado ser esenciales y han mantenido la actividad en los momentos más complicados”, ha sostenido.

Las reformas laborales son “injustas e ineficaces”, siendo España de los países con más temporalidad, desigualdad y desempleo. “No se puede discutir que nuestro mercado laboral ha empeorado con estas reformas, por lo que hay que derogarlas y cambiarlas”, ha reclamado el secretario general de CCOO. “Si utilizamos el mismo modelo que teníamos de relaciones laborales nos encaminamos al desastre social y económico en los próximos años”, han exigido abrir las mesas de negociación.

Jesús Izquierdo, secretario general de UGT, ha añadido es necesario derogar la reforma laboral e incluir modificaciones en varios aspectos, entre los que ha destacado, la negociación colectiva, la aplicación de los convenios sectoriales y la ultraactividad de los convenios.

El tercer elemento que reivindicarán estas movilizaciones son las pensiones. “La reforma del 2013 hizo saltar por los aires todos los consensos políticos y sociales y condenó a los pensionistas a un empobrecimiento continuo”, ha apuntado Izquierdo. “Queremos que las pensiones se revaloricen automáticamente y queremos la derogación del factor de sosteniblidad, que todavía no se ha puesto en marcha pero que en el futuro supondrá una merma de nuestras pensiones, incluso en torno a un 30%”, ha defendido el secretario general de UGT.

“Ni Comisiones Obreras ni UGT vamos a aceptar ningún recorte de las pensiones”, han insistido los sindicatos en el rechazo al periodo de cómputo para el cálculo de la pensión y la penalización de las jubilaciones anticipadas. #AhoraSíToca reformar las pensiones y derogar la reforma laboral.

La movilización anunciada para el día 11 en Logroño, que ambos sindicatos van a lleva a cabo en todo el país, se desarrollará en condiciones de seguridad y, por ello, se pide el respaldo de la ciudadanía únicamente a través de las redes sociales. 

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Los malos datos vienen a sumarse al anterior incremento de principios de septiembre, en el que ya se duplicó el número de contagios durante el verano, desde el final del estado de alarma a finales de junio, en un suma y sigue que se intenta ocultar manipulando la metodología de cómputo de los contagios.

La empresa viene ignorando desde hace meses las demandas de UGT y CCOO para incrementar las medidas preventivas. CCOO y UGT denunciamos que la última actualización del protocolo interno de prevención frente a la COVID que se implementó a finales de octubre, lejos de introducir medidas adicionales como la realización de pruebas de detección y medidas de organización del trabajo que permitiesen evitar el hacinamiento de los trabajadores/as, ha introducido cambios para dificultar el reconocimiento de contactos estrechos en los centros de trabajo donde se produzcan contagios. Ambos sindicatos denunciamos que esta decisión solo esconde una intención, y es evitar el reconocimiento de la necesidad de cuarentenas que paralizarían la producción.

En La Rioja, CCOO y UGT hemos llevado a cabo una serie de actuaciones para denunciar la situación de precariedad que los trabajadores/as han tenido que sufrir debido a la total incapacidad e inactividad de Correos.

En un momento en el que se ha decretado un nuevo estado de alarma y se están adoptando medidas adicionales en muchos territorios del Estado, Correos no piensa dar marcha atrás en la desescalada de actividad, y seguirá manteniendo la totalidad de la plantilla en centros de trabajo masificados, contratando incluso más personal sin aplicar las necesarias rotaciones y provocando un hacinamiento de alto riesgo para la plantilla y la ciudadanía.

La obsesión de la empresa postal es mantener la actividad de cara al negocio que supone el incremento de las campañas del ‘Black Friday’ y navideña, intentando ocultar los contagios que se van produciendo para evitar el cierre de centros. Con ello, además de poner en peligro a los trabajadores/as, se juega con la salud de sus familias y de los millones de ciudadanos/as que la empresa postal atiende a diario.

Esta irresponsable decisión de la empresa será contestada por CCOO y UGT, qdesde donde valoramos la puesta en marcha de un calendario de movilizaciones, entre las que se incluyen concentraciones y huelga a partir del 27 de noviembre, día del Black Friday,  a iniciar desde ese mismo día y a lo largo de diciembre, para proteger a los trabajadores/as y exigir con contundencia que se apliquen medidas organizativas de carácter preventivo, como la rotación de la plantilla o la regulación de los turnos, dos mascarillas y EPI al día por trabajador/a, además de pruebas PCR o serológicas a toda la plantilla, entre otras muchas a las que se ha venido negando sistemáticamente Correos.

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