En la actualidad, los cerca de 300 trabajadores de este colectivo llevan años reclamando el derecho a la promoción interna pese al compromiso anunciado por el actual rector, Juan Carlos Ayala. Por otro lado, también existen irregularidades que afectan a trabajadores que pese a haber aprobado una oposición hace dos años, siguen sin tomar posesión en su puesto. Además, hay personal interino en mejores condiciones que el personal funcionario de carrera a quien no le permiten moverse de su puesto de trabajo por falta de suficientes convocatorias.

A esto se suman las deficientes condiciones en la concesión de los permisos, licencias y vacaciones, llevando a trabajadores a no poder disfrutarlas e incluso a no poder realizar cursos de formación por verse obligados a trabajar debido a la falta de personal disponible.

La inestabilidad laboral también se refleja en colectivos como el de los auxiliares de servicios generales, que tienen que desempeñar sus funciones cada día en un lugar diferente y con un horario distinto. Algo que se evitaría si se hubiera revisado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), también prometida por el actual rector, y tan demandada por todo el personal para garantizar unas condiciones de trabajo de calidad y de estabilidad.

Los representantes sindicales también critican las insuficientes medidas adoptadas para conciliar la vida laboral y familiar de la mayoría de estos trabajadores, algo que fue uno de los compromisos “estrella” en la campaña electoral de Ayala al igual que la carrera profesional actualmente paralizada.

La frustración de los sindicatos ante los continuos incumplimientos y vulneración de derechos por parte de Juan Carlos Ayala confían en que los nuevos candidatos a rector tomen nota de estas reivindicaciones y asuntos pendientes para acordar medidas urgentes y solucionar la situación de este colectivo tan necesario para el funcionamiento de la UR.

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En primer lugar, las organizaciones sindicales han rechazado este acuerdo, y han criticado la nula comunicación de Ayala con los representantes sindicales. Además, han acordado solicitar, en aplicación de la Ley de Transparencia, el texto íntegro del acuerdo firmado a tres bandas junto a Gobierno de La Rioja y la UNIR, petición que se formalizará a través del registro electrónico de la Universidad de La Rioja.

Ambos sindicatos han acordado convocar el próximo jueves 4 de julio una concentración en las escaleras del edificio Rectorado de la UR a las 11:00 horas, bajo el lema “Contra la liberalización del mercado de la Enseñanza en La Rioja: en defensa de la Universidad Pública”. Por último, han solicitado el apoyo de todos los trabajadores y alumnos de la Universidad, así como el de la sociedad riojana.

Desde CCOO y UGT creemos cree que la solicitud presentada por UNIR tendrá unas consecuencias que a corto, medio y largo plazo serán preocupantes para la universidad pública. UNIR es una empresa privada y como tal, su principal objetivo es maximizar su beneficio económico, algo muy alejado del principal objetivo de la Universidad de La Rioja, que, como establecen sus Estatutos, es el de la prestación del servicio público de educación superior en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

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