En la actualidad, los cerca de 300 trabajadores de este colectivo llevan años reclamando el derecho a la promoción interna pese al compromiso anunciado por el actual rector, Juan Carlos Ayala. Por otro lado, también existen irregularidades que afectan a trabajadores que pese a haber aprobado una oposición hace dos años, siguen sin tomar posesión en su puesto. Además, hay personal interino en mejores condiciones que el personal funcionario de carrera a quien no le permiten moverse de su puesto de trabajo por falta de suficientes convocatorias.

A esto se suman las deficientes condiciones en la concesión de los permisos, licencias y vacaciones, llevando a trabajadores a no poder disfrutarlas e incluso a no poder realizar cursos de formación por verse obligados a trabajar debido a la falta de personal disponible.

La inestabilidad laboral también se refleja en colectivos como el de los auxiliares de servicios generales, que tienen que desempeñar sus funciones cada día en un lugar diferente y con un horario distinto. Algo que se evitaría si se hubiera revisado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), también prometida por el actual rector, y tan demandada por todo el personal para garantizar unas condiciones de trabajo de calidad y de estabilidad.

Los representantes sindicales también critican las insuficientes medidas adoptadas para conciliar la vida laboral y familiar de la mayoría de estos trabajadores, algo que fue uno de los compromisos “estrella” en la campaña electoral de Ayala al igual que la carrera profesional actualmente paralizada.

La frustración de los sindicatos ante los continuos incumplimientos y vulneración de derechos por parte de Juan Carlos Ayala confían en que los nuevos candidatos a rector tomen nota de estas reivindicaciones y asuntos pendientes para acordar medidas urgentes y solucionar la situación de este colectivo tan necesario para el funcionamiento de la UR.

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CCOO Enseñanza critica que la comunicación entre el rector y las organizaciones sindicales ha sido nula, y que no es de recibo que los representantes de los trabajadores se hayan tenido que enterar de un pacto así a través de la prensa, máxime cuando esta misma mañana se ha celebrado frente al Parlamento una concentración en defensa de la Universidad Pública.

La educación superior es un servicio público y no puede tratarse como una mercancía de compraventa. Las decisiones sobre este tipo de acuerdos deberían haberse debatido con antelación suficiente en los órganos de gobierno y en representación de la UR.

La comunidad universitaria, incluido el estudiantado, merece conocer las decisiones que le afectan antes de su difusión en los medios de comunicación. Esta falta de transparencia siembra muchas dudas sobre el contenido de este acuerdo a tres bandas, y cómo afectará a la supervivencia de la Universidad de La Rioja en aspectos tan importantes como la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento. Por ello, exigimos que se publique el texto íntegro de dicho acuerdo.

Entendemos que la UNIR buscar ampliar su nicho de mercado antes de que la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario endurezca las condiciones de implantación de nuevos títulos; competencia que es desleal para la universidad pública en general y para la Universidad de La Rioja en particular. Una forma de expedir títulos universitarios, previo pago, sin importar la calidad de las enseñanzas impartidas.

En el comunicado dirigido por el rector a la comunidad universitaria, Ayala indica que la UNIR no podrá impartir de forma presencial las titulaciones ya implantadas, o cuya implantación esté programada en nuestra Universidad. Tampoco aclara cuál va a ser el procedimiento para autorizar la implantación de nuevas titulaciones en la Universidad de La Rioja. 

En este sentido perdemos la autonomía universitaria, consagrada en la legislación, pasando a depender del arbitrio y los intereses de una empresa privada. La universidad pública, además de ser motor económico de nuestra región, garantiza el principio de igualdad de oportunidades poniendo en valor las capacidades de las personas por encima del nivel económico de las familias. 

Por ello, desde CCOO queremos denunciar que la Universidad de La Rioja, la pública, no merece este rector, y que estas organizaciones sindicales seguirán manifestándose contra una medida que va en contra de la sociedad riojana, y que sólo favorece los intereses de unos pocos. 

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Celebrarán una concentración ese mismo día, a las 18:00 horas frente al edificio Quintiliano de La Universidad de La Rioja.

En un contexto de profunda crisis económica acelerada por la pandemia, se presenta a nivel educativo una reforma integral dirigida a actualizar y amoldar cada rama de enseñanza a las actuales necesidades de las empresas.

Por ese  y otros muchos motivos, el estudiantado dice basta a las condiciones de vida y estudio impuestos. Dice basta y planta cara a una Reforma Educativa al servicio de la Unión Europea y de las empresas, de sus intereses y necesidades”:

• En Enseñanzas Medias, la ya aprobada LOMLOE se constituye como una ley de facto continuista: maquillando los aspectos más controvertidos de la LOMCE, pero desarrollándose en las mismas coordenadas privatizadoras.

• En Formación Profesional, el proyecto de ley orgánica generaliza, a través de la modalidad dual, la disposición por parte de las empresas de mano de obra estudiantil infrarremunerada.

• En universidad, la LOSU avanza en la mercantilización educativa reforzando el papel de las empresas en distintos planos. Se refuerza el papel del Consejo Social y se consagran mecanismos como la modalidad dual que, también en esta rama, nutren a las empresas de mano de obra barata. Además, la reforma universitaria se dota de la LCU como coraza que reprima y criminalice la legítima protesta estudiantil: la LCU nos amordaza.

Desde CCOO animamos a todo el estudiantado a secundar esta jornada de huelga y participar en la concentración para que se cumplan sus reivindicaciones y estén cerca de conseguir el objetivo de  una educación al servicio de la mayoría trabajadora.

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Además, CCOO está tramitando en el Juzgado de lo Social la denuncia de dos trabajadores que no han sido subrogados con la nueva empresa adjudicataria, y en el momento en el que se deniegue el desempleo a estos trabajadores, se realizará la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo de La Rioja, ante su situación de desamparo legal.

Consideramos que el sindicato CSIF, debido a sus intereses políticos y personales en la UR, está utilizando a estos trabajadores y arriesgando sus puestos de trabajo, utilizando estrategias sindicales DIGNAS DE ESTAR EN LAS CLOACAS.

En su comunicado, el  sindicato CSIF pretende culpabilizar a CCOO por haber impugnado las elecciones sindicales en la empresa Servigesplan SL, pero no dice que excluyeron a cinco trabajadores de otros centros de trabajo en La Rioja, impidiendo con ello que esos trabajadores tengan representación sindical y pudiesen participar en las elecciones sindicales, si ese era su deseo, por lo que al no permitir votar a estos trabajadores, el sindicato CSIF está dejando en desamparo al resto de trabajadores.

Sin embargo, incluyeron en el censo electoral a una trabajadora que no tenía contrato de trabajo exclusivo para la UR., poniendo en peligro su puesto de trabajo, ya que la empresa podría haberlo utilizado para también despedirle como al resto de trabajadores de la UR.

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CCOO ha obtenido una amplísima mayoría entre el Personal Docente e Investigador (PDI) y una representación decisiva entre el Personal de Administración y Servicios (PAS). En total, el sindicato contará con 11 delegados (1 más que hace 5 años), mientras que CSIF tendrá 8 (1 más), UGT 7 (2 menos) y STAR 6 (2 más).

Estos resultados son fruto de un trabajo permanente de multitud de compañeros y compañeras, que son el mejor aval para continuar con la máxima ilusión en la defensa de la Universidad Pública de La Rioja y de las condiciones laborales del Profesorado y del Personal de Administración y Servicios.

Desde la Federación de Enseñanza de CCOO de La Rioja emplazamos al equipo de gobierno de la Universidad de La Rioja a retomar de inmediato las negociaciones relativas a conseguir niveles de financiación suficiente que permitan un rejuvenecimiento del profesorado y que faciliten la incorporación de profesorado en unas condiciones laborales y salariales dignas. Así mismo, exigimos para el Personal de Administración y Servicios la implantación inmediata de la carrera profesional.

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La recuperación de la jornada de 35 horas semanales es una de sus principales reivindicaciones. El Gobierno de Rajoy ordenó ampliar la jornada a 37,5 horas, pero, poco a poco, los funcionarios de otras comunidades han ido recuperando ese derecho. Sin embargo, en La Rioja los empleados públicos todavía mantienen esa jornada, lo que repercute en la calidad del servicio público prestado.

Otro de los derechos perdidos que ahora se reclama es la recuperación del 100% de retribuciones durante las bajas laborales por incapacidad temporal, ya que ahora no se cobra la totalidad de la baja correspondiente desde el primer día. Pese a que el Gobierno asegura que la economía se recupera, no ha hecho nada para que recuperemos estos dos derechos.

También se exige la aplicación de la Carrera Profesional. La Rioja no ha tomado ninguna medida al respecto por reponer este derecho suspendido en 2011. CCOO reclama que se abone a los funcionarios, con carácter inmediato, el primer grado de la Carrera Profesional y que se definan nuevos sistemas de complementos que permitan la promoción en el puesto de trabajo cuando desempeñan eficazmente sus funciones. La posibilidad de conseguir una promoción horizontal, cuando se realiza bien el trabajo, debería utilizarse como un incentivo para los empleados públicos.

Así mismo, CCOO demanda más empleo público y denuncia la privatización del servicio público que se está llevando a cabo, al asignar funciones a empresas privadas externas. Como ejemplo, pueden citarse los comedores escolares, donde cada vez prestan servicio menos empleados públicos. Así, este curso sólo había 16 cocineros, 4 operarios y 13 operarios especiales de cocina en los colegios riojanos que fueran funcionarios. El resto de trabajadores pertenecían a la empresa privada que, de forma lógica, tiene un ánimo de lucro.

RECLAMACIONES DE FUNCIONARIOS DE PRISIONES Y DE PERSONAL DE LA UR

A estas reclamaciones, los empleados penitenciarios también suman la de una defensa de la institución antes las agresiones que sufren constantemente. Esta semana, se han reunido frente a la Delegación del Gobierno para pedir que se reconozca la condición de agente de autoridad del funcionario público en el desarrollo de sus funciones.

Además, solicitan la paralización inmediata de los procesos de privatización de los que la cárcel de Logroño ha sido centro piloto y una oferta de empleo público extraordinaria que cubra el déficit estructural de los centros, con la incorporación de unas 40 plazas vacantes en el centro riojano.

CCOO también se ha movilizado esta semana contra la precariedad laboral y en defensa de la estabilización del personal de Administración y Servicios (PAS). Reclaman que se incluya a estos funcionarios en el plan de estabilización previsto para el personal docente e investigador.

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