El convenio de industrias vinícolas y alcoholeras está en proceso de negociación desde hace año y medio. La patronal del sector elude la actualización de tablas salariales de 2022 acorde al IPC de dicho año y es reacia a incluir ningún tipo de cláusula salarial. Sus propuestas de incrementos salariales para los tres años siguientes son consideradas por la parte social insuficientes.

Tan solo después del proceso de asambleas y de conocer la posición de las personas del sector, accedieron a valorar una cláusula de revisión salarial técnica al final de la vigencia del convenio y con un tope del 50%. Algo que la parte social sigue considerando escaso.

Tampoco se  considera que  haya voluntad por parte de la patronal de avanzar en materia de empleo, tiempo de trabajo, conciliación o nuevos derechos.

Por eso las personas trabajadoras de un sector considerado clave en la economía de la región han decidido iniciar un periodo de  movilizaciones que solo cesarán cuando se consiga un convenio justo. Un acuerdo que recupere el poder adquisitivo perdido durante estos años y asegure un futuro sin pérdidas económicas y mejoras en términos de derechos laborales y sociales.

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En este acuerdo se ha conseguido incrementar los salarios por encima del 1% para los próximos tres años. En concreto, un 1,2% para el 2016, un 1,25% para el 2017 y un 1,3% para el 2018. Además, se recupera la cláusula de revisión salarial y si el IPC supera las subidas salariales, se abonará el 50% de la diferencia.

Otro de los los logros alcanzados es una ayuda para los que tengan hijos con discapacidad a su cargo de 300 euros anuales si es de grado 2 o si tienen una discapacidad entre el 51% y el 70%; y de 400 euros anuales si es de grado 3 o con una discapacidad superior al 71%. También se equipara el permiso de 15 días por matrimonio a la constitución de pareja de hecho. Además, se aumenta la indemnización del seguro de accidente de 36.000 euros a 45.000.

Hemos logrado nuestros principales objetivos, que eran seguir garantizando los derechos actuales de los trabajadores y trabajadoras, así como aumentar los derechos sociales y el nivel adquisitivo de los trabajadores de uno de los sectores más importantes de La Rioja.

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Por ello, han acordado un calendario de acciones que incluye asambleas de delegados y una campaña de difusión entre los trabajadores y la sociedad en general, que se intensificará si la negociación continúa bloqueada en la próxima reunión, prevista para el día 5 de julio. De ser así, no descartan convocar una huelga general del sector.

Una de sus reivindicaciones es un aumento salarial del 2% para los años 2016 y 2017 y del 2,5% para 2018. Es, para Toribio, «una propuesta responsable», teniendo en cuenta que, «durante los años de crisis, mientras las empresas del sector en términos generales han obtenidos muy buenos resultados económicos, los trabajadores han visto prácticamente congelados los salarios».

«Nos parece una verdadera provocación haber superado cuatro años en los que el único incremento en términos salariales ha sido del 0,90%, en un sector pujante y consolidado en La Rioja, con beneficios económicos, que se deberían traducir en una mejor distribución de rentas», ha señalado.

Además, la propuesta de los sindicatos tiene un carácter solidario y social, al incorporar puntos como el establecimiento de becas de apoyo al estudio para los trabajadores con hijos. Estas consistirían en 150 euros por curso e hijo en el caso de Infantil, 250 euros para la ESO y FP y 350 para los hijos que estudian en la universidad.

Así mismo, también se incorporarían ayudas para trabajadores con hijos discapacitados que irían desde los 200 euros por hijo y año para los que tienen un grado de dependencia del 33 al 50%, 300 euros para los de una dependencia del 51 al 70% y 400 euros para los que tengan un grado superior al 71%.

Toribio ha denunciado que la patronal está intentando «disputar los derechos a los trabajadores». «Nos parece inaceptable que se pueda plantear una negociación en esos términos, por lo que hacemos un llamamiento a la sensatez y el sentido común para entender la relación laboral como un derecho y no como una relación de dominio, que dependa de la voluntad del empresario».

Así, ha citado como ejemplo el intento fallido de incluir en el convenio los 15 minutos de descanso para el bocadillo, que ya están disfrutando los trabajadores, pero que los empresarios se han negado a reconocer como derecho.

«Los representantes de los trabajadores no estamos dispuestos a soportar que la patronal cuestione nuestra profesionalidad, compromiso y responsabilidad para justificar su falta de voluntad negociadora y de acuerdo, y mucho menos que se nos indique la puerta de salida de nuestras empresas si no estamos conformes con nuestras condiciones de trabajo.

Además, los tres sindicatos han manifestado su «más absoluta disponibilidad» para negociar y firmar un convenio colectivo que recoja salarios justos, condiciones de trabajo dignas y empleo estable, por lo que promoverán cuantas acciones sean necesarias en defensa de los intereses de los trabajadores del sector.

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