En un contexto económico de alza de precios, resulta imprescindible garantizar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, en especial de aquellas con retribuciones más bajas. La negativa de las patronales a cumplir con la cláusula de revisión salarial pactada en el convenio colectivo y su pretensión de rebajar el alcance de las mejoras sociales ya comprometidas en la negociación, lleva a CCOO, con más del 50% de representatividad en la Mesa Negociadora, a convocar en solitario movilizaciones para el próximo 14 de septiembre en todo el territorio nacional, que se enmarcan dentro de la campaña confederal de Salario o Conflicto.

La actitud inmovilista de la representación patronal del sector y su apuesta por pasar por los tribunales, mantenida en el acto de mediación celebrado del pasado 8 de julio, en el que CCOO llegó a plantear hasta tres propuestas retributivas diferentes para desencallar la negociación, nos lleva a un escenario de incertidumbre que, a medio plazo, puede suponer para aquellas entidades que dejen de abonar lo regulado en el actual convenio colectivo la puesta en riesgo de su viabilidad económica.

A pesar de que las administraciones públicas ya están recogiendo en los pliegos de licitación los incrementos salariales que se habían pactado en el XV Convenio Colectivo para 2022, las patronales se siguen negando a aplicar esas subidas. Asimismo, desde CCOO no entendemos cómo AEDIS, patronal mayoritaria del sector e integrante de Plena Inclusión, entidad que dice apostar por que las personas con discapacidad puedan desarrollar su propio proyecto de calidad de vida, se muestra intransigente a cumplir con lo dispuesto en el convenio colectivo para quienes trabajan en sus entidades, tengan o no discapacidad.

En un sector de marcado carácter social, en el que las personas trabajadoras representan el mayor valor que tienen las entidades, las que permiten visibilizar al sector de la discapacidad en la sociedad y sobre las que pivota el principal apoyo con el que cuentan los usuarios y las usuarias, profesionales cualificados y formados que pretenden vivir dignamente de su trabajo, obliga al sindicato a la judicialización y la movilización ante los incumplimientos patronales y en defensa del conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras.

CCOO va a ser muy beligerante si el modelo de empleo que proponen está marcado por la precariedad laboral, y avisa de que, si la situación actual se estanca, el conflicto se trasladará a los centros de trabajo. No podemos permitir que la personas trabajadoras sean, una vez más, las afectadas por una situación económica que no han generado. El efecto de los beneficios empresariales sobre la inflación es cinco veces superior al de los salarios, por lo que no vamos a tolerar actuaciones partidistas sobre los recursos económicos que las administraciones están destinando a las entidades. Urge una redistribución de rentas que permita el incremento de los salarios, acorde a la evolución del IPC, y la contención de los márgenes empresariales. 

La Federación de Enseñanza de CCOO hace un llamamiento al conjunto de trabajadoras, trabajadores, personas usuarias y familias para que participen en las concentraciones que tendrán lugar en las principales capitales de provincia el próximo miércoles 14 de septiembre, ante las sedes de Plena Inclusión y de AEDIS.

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En una reunión mantenida con el consejero de hacienda, Celso González, la diputada de IU en el Parlamento riojano, Henar Moreno, junto a Eva Muñoz Albalá (miembro de la sección sindical de CCOO en el SOS Rioja – 112 y miembro de la dirección de IU La Rioja) y Nuria Vicente Medina (secretaria general de la FSC-CCOO), le han reclamado más colaboración y negociación durante el proceso, y que se tengan en cuenta las demandas de las trabajadoras respecto a la futura gestión del servicio público. Algo que, hasta ahora, no se ha venido haciendo. 

Las trabajadoras reivindican que la gestión pública del servicio no solo repercutiría en sus propias condiciones laborales, sino que, bien gestionado, supone un enorme beneficio para los ciudadanos. Cuando un servicio esencial, como es el SOS Rioja – 112, se deja en manos de empresas privadas, que solo miran por su propio interés, se produce una degradación del servicio que recibe el ciudadano, y que puede tener dramáticas consecuencias. 

Izquierda Unida y CCOO son conscientes de que se ha avanzado en la recuperación de muchos servicios en estos tres años de legislatura, gracias a la presión política y social tanto de la diputada Henar Moreno como de los sindicatos y de los trabajadores y trabajadoras de los diferentes servicios públicos internalizados. Sin embargo, no es suficiente, y en lo que queda de legislatura seguirán luchando y presionando al Gobierno hasta recuperar todos esos servicios públicos que todavía están siendo gestionados de forma privada. 

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El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de La Rioja, Pedro Antolín, junto con el responsable de Pública no universitaria del sindicato, Juan Fernández, y de la adjunta a la secretaria de Organización de FE CCOO La Rioja, Meritxell Moreno, han analizado el inicio del curso escolar 2022-2023.

Asimismo, el sindicato también solicita que la Administración apueste por la implantación del primer ciclo de educación Infantil en los centros públicos y por la escuela rural “para que esté mejor atendida, con todos los servicios y por qué los claustros sean estables”.

“Hay que reconocer que ha habido una mejora en la contratación de docentes, pero sigue habiendo fallos como las listas de interinos que están agotadas, que se cubren a través del servicio riojano de empleo, lo que hace que se demore mucho la cobertura de esos puestos”, han advertido. En este sentido, CCOO apuesta como solución por las convocatorias extraordinarias.

“Es cierto que la contratación ha subido gracias al nuevo decreto de convivencia pero hay tiene que hacerlo para la mejora educativa, con desdobles en algunas FP con cierta peligrosidad”, ha señalado Pedro Antolín, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de La Rioja.

Para todos estas reclamaciones, CCOO solicita la convocatoria urgente de la mesa sectorial de Educación. Sobre todo, para abordar el proceso de estabilización: “la administración ha planteado 298 plazas pero creemos que no son suficientes para alcanzar el 8% de interinidad solo con estas plazas”.

Pedro Antolín ha demandado que las comisiones de servicio estén reguladas, que las sustituciones vuelven a ser inmediatas y que todos los cuerpos docentes se incorporen al grupo A1, así como el cobro de verano para los interinos que trabajan 168 días “para que sus contratos no sean tan precarios”. 

También destacan entre sus peticiones la bajada de la carga horaria en todos los niveles,  implantar complemento de tutoría, la negociación del estatuto docente, comedores escolares con personal propio y la implantación de los planes de igualdad en los centros educativos. CCOO insiste en que las religiones salgan del ámbito educativo.

“La carrera profesional docente tiene que ser incentivadora, consolidada, no burocrática como se ha hecho en la función pública”, piden desde CCOO. Asimismo, solicitan un complemento salarial para los profesores técnicos de FP que no se han incorporado al cuerpo de profesorado de secundaria.

Finalmente, han solicitado personal administrativo en todos los centros educativos, personal de enfermería, ayudante técnico educativo sobre todo en los centros educativos y orientadores, aunque destacan el esfuerzo de contratación que se han hecho en orientación. “La administración va dando pasos pero hay que dar un paso más”.

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Además, la central sindical está desinformando a todas las empleadas y empleados acerca de las negociaciones en curso y los acuerdos alcanzados, como en cuestiones de especial relevancia como la Oferta de Empleo Público de estabilización.

Incluso están difundiendo material confidencial entregado para las negociaciones, lo que redunda en la transmisión errónea de la información.

Esta práctica viene siendo habitual en dicha formación y ha sido recriminada en la Mesa General de Negociación en varias ocasiones pero ellos hacen caso omiso, poniendo de este modo en peligro las negociaciones con la Administración.

Desde CCOO no estamos dispuestos a tolerar que se vean enturbiados los intereses de los empleados y empleadas públicas por un afán electoralista.

El resto de las negociaciones sindicales se sujetan a la buena fe negociadora a la que todos las organizaciones sindicales se comprometieron en el acuerdo de legislatura de noviembre de 2020, siendo CSIF quien rompe los mismos para tergiversar la realidad en favor de sus propios intereses.

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En La Rioja la afectación que ha tenido en estos últimos 6 años en cuanto al número de oficinas ha pasado de 342 a 216 lo que supone el cierre del 37% de las oficinas.

En cuanto al número de entidades que estaban dando servicio en la comunidad autónoma hemos pasado de 25 a 19 lo que también supone un reducción del  24%.

El ratio de oficinas por habitante ha pasado de 927 personas por cada oficina a 1481 personas por oficina lo que supone un incremento del 60%.

CCOO reclama un sector financiero social y laboralmente responsable, que cuide a su plantilla y clientela, que priorice su fin social y potencial de otorgamiento de crédito. El sindicato recuerda que las plantillas son el activo imprescindible de un sector que, más allá de la digitalización, los beneficios record y las desmesuradas retribuciones de sus cúpulas, se sigue basando en personas que atienden a personas.

CCOO ha presentado, en rueda de prensa, su análisis económico, laboral y propositivo sobre la evolución y realidad del sector financiero, (reivindicando un sector sostenible en el plano económico, medioambiental, social y laboral, comprometido con la sociedad, su clientela y sus plantillas, que garantice la inclusión financiera y laboral, aumentando las dotaciones de plantilla)

El sindicato refleja en su informe que España es el país de la UE que en mayor medida ha devaluado su capacidad de otorgamiento de crédito, duplicando el ajuste de plantilla medio de la UE (38% vs 19%), superando el ajuste de oficinas medio (51% vs 38%) y reduciendo el nivel de competencia.

En este contexto, CCOO ha reivindicado que “las plantillas siguen demostrando ser imprescindibles para familias y empresas, para sostener el sector durante 15 años de ajustes y cambios, crisis, deterioro reputacional y pandemia”. Un hecho que las convierte en el mayor activo del sector, también a nivel cuantitativo, en indicadores de productividad, rentabilidad, eficiencia y volumen de negocio unitarios. El sindicato denuncia que “se ha incrementado de forma  exponencial la sobrecarga de trabajo de las plantillas -y las consecuencias en su salud-“: gestión comercial y bancaria, riesgo jurídico, formación obligatoria, carga administrativa, todo ello concentrado en muchas menos personas, que sufren además prolongaciones de jornada, objetivos comerciales inasumibles, presiones desmedidas, en lo que CCOO califica como “un modelo laboralmente insostenible que debe cesar de inmediato”.

Para CCOO “resulta sangrante que mientras las cúpulas del sector descuidan a las plantillas, entre 2018 y 2021 los sueldos de Presidentes y CEOs de los principales Bancos hayan crecido un 37,77%”. Y considera que el protocolo de atención que se han visto obligadas a poner en marcha por el ambiente social quedará solo como un “lavado de cara” si no se dota de recursos en forma de plantilla.

El sindicato ha presentado un compendio de propuestas reivindicando que el sector financiero cumpla su papel y fin social, garantizando la inclusión financiera sobre la base de dotaciones suficientes de plantilla, incrementando su potencial de otorgamiento de crédito, abandonando políticas agresivas con su plantilla y clientela, articulándose estrategias e instrumentos financieros públicos con capacidad real, y recuperando la capacidad del sector como motor de la economía real y de la generación de empleo.

Igualmente, CCOO ha presentado propuestas para exigir que se reconozca y cuide a las plantillas, como el principal activo del sector, creando nuevamente empleo a través de una tasa de reposición de las salidas, dando participación a las plantillas en los protocolos de atención a la clientela, con un modelo de negocio y de relaciones laborales basado en recursos suficientes y una adecuada organización, priorizando las políticas en materia de Salud, Prevención de Riesgos e Igualdad, internalizando los servicios financieros, haciendo que la formación no sea un factor de sobrecarga, sino de empleabilidad, regulando el tiempo de trabajo y las nuevas realidades laborales, reivindicando el papel de las plantillas y de sus representantes legales, pactando políticas retributivas pactadas, equitativas y responsables, así como abriendo los Observatorios sectoriales para abordar en el contexto actual la reversión a las plantillas de un “dividendo social” en forma de sistemas retributivos, carrera profesional, dotación de personal, mecanismos compensatorios y otros aspectos. 

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La crisis, las reformas laborales y el desmantelamiento de la negociación colectiva han contribuido a la extensión de un modelo de relaciones laborales basado en la precariedad, que está deteriorando gravemente las condiciones laborales.

En este momento donde la actividad laboral vuelve a activarse, es esencial que el proceso venga acompañado de un impulso decidido a las políticas públicas activas en materia de prevención de riesgos laborales.

Informe siniestralidad laboral 2021

No nos podemos resignar a que durante el 2021 en nuestra comunidad hubiera 4720 accidentes de trabajo  en total, de los cuales 1327 los han sufrido mujeres y  2996 hombres, y que de ellos 6 fueron mortales. Este año ya llevamos contabilizados 2 accidentes mortales. Cuesta digerir cómo se siguen produciendo muertes por causas fácilmente prevenibles y evitables.

Actualmente, estamos inmersos en la Estrategia  Seguridad y Salud en el Trabajo de La Rioja, en CCOO tenemos como prioridad que se garanticen entornos laborales seguros y libres de riesgos, con el fin de conseguir el mayor impacto posible en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y en la reducción de la siniestralidad. 

Defendemos y exigimos la prevención, seguridad y salud en los puestos de trabajo evaluada con  perspectiva de género, abordar los riesgos derivados de las nuevas formas de organización del trabajo y nuevas tecnologías sin dejar atrás los riesgos derivados del cambio climático.

CCOO sitúa la prevención de riesgos laborales en el centro de la recuperación y a las personas en el centro de todas las políticas, porque la salud laboral es un derecho fundamental.

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Celebrarán una concentración ese mismo día, a las 18:00 horas frente al edificio Quintiliano de La Universidad de La Rioja.

En un contexto de profunda crisis económica acelerada por la pandemia, se presenta a nivel educativo una reforma integral dirigida a actualizar y amoldar cada rama de enseñanza a las actuales necesidades de las empresas.

Por ese  y otros muchos motivos, el estudiantado dice basta a las condiciones de vida y estudio impuestos. Dice basta y planta cara a una Reforma Educativa al servicio de la Unión Europea y de las empresas, de sus intereses y necesidades”:

• En Enseñanzas Medias, la ya aprobada LOMLOE se constituye como una ley de facto continuista: maquillando los aspectos más controvertidos de la LOMCE, pero desarrollándose en las mismas coordenadas privatizadoras.

• En Formación Profesional, el proyecto de ley orgánica generaliza, a través de la modalidad dual, la disposición por parte de las empresas de mano de obra estudiantil infrarremunerada.

• En universidad, la LOSU avanza en la mercantilización educativa reforzando el papel de las empresas en distintos planos. Se refuerza el papel del Consejo Social y se consagran mecanismos como la modalidad dual que, también en esta rama, nutren a las empresas de mano de obra barata. Además, la reforma universitaria se dota de la LCU como coraza que reprima y criminalice la legítima protesta estudiantil: la LCU nos amordaza.

Desde CCOO animamos a todo el estudiantado a secundar esta jornada de huelga y participar en la concentración para que se cumplan sus reivindicaciones y estén cerca de conseguir el objetivo de  una educación al servicio de la mayoría trabajadora.

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El sindicato recuerda que la LOMLOE prohíbe la concertación de centros educativos que segregan por sexos y demanda la anulación de los mismos. Además, se ha de revisar el resto de los conciertos educativos, que actualmente están aprobados en nuestra región para analizar su necesidad o no.

CCOO considera que el periodo de escolarización de los niños y niñas de tres años debe ser anunciado, con suficiente antelación, para que los centros planifiquen sus jornadas de puertas abiertas.  

Asimismo, quiere poner en valor la gran labor que está llevando a cabo el profesorado riojano, con una gran implicación y sobreesfuerzo en estos años de pandemia. 

La planificación educativa riojana ha de basarse en la Escuela Pública, dado que es la que asegura la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, con independencia de su procedencia, sexo, religión, situación socioeconómica, etc.

Desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, animamos a todas las familias a que matriculen a sus hijos e hijas en los Colegios Públicos Riojanos.

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Esta movilización consistirá en una concentración a las 11:00 horas, frente a la Delegación del Gobierno en el Espolón.

Respecto a los servicios públicos, España debe recuperar el gasto social anterior a la crisis económica para acercarse a los países de su entorno y, sobre todo, garantizar los derechos de la ciudadanía que la austeridad extrema empeoró, con copagos o dificultades de acceso a los servicios públicos, entre otros. En la misma medida, hay que mejorar sus condiciones laborales.

Desde CCOO recriminamos al Gobierno el incumplimiento de los compromisos adquiridos con el sindicato. Se debe resolver el resto de las materias que aún están pendientes del II Acuerdo para la mejora del empleo público de 2018, y más recientemente en el Acuerdo de 5 de julio de 2021, que incluye la negociación de un III Acuerdo bianual para continuar en la mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo y salariales. Así, hay que garantizar:

• – Salarios: es necesario recuperar el poder adquisitivo perdido por las empleadas y empleados públicos durante la crisis. Se perdieron entre 11 y 18 puntos de capacidad de compra, y solo se han recuperado 4 hasta ahora. El Gobierno impuso, sin negociación, una subida salarial del 0,9% en 2021 y ahora, en el Proyecto de Ley de PGE de 2022, del 2%, medidas que no avalamos porque se alejan de los objetivos marcados de recuperación del poder adquisitivo. También hay que recuperar e incrementar los fondos adicionales como parte de las propias retribuciones.
• – Empleo: debemos recuperar el empleo público perdido y acometer el necesario rejuvenecimiento de unas plantillas, en la actualidad con un alto porcentaje en edad próxima a la jubilación. En caso contrario, se pone en cuestión la continuidad de los servicios públicos con eficacia, calidad y universalidad de la prestación.
• – Estabilización del empleo: mediante procesos con las máximas garantías jurídicas, para conseguir los objetivos de dar estabilidad a las plantillas y acabar con la lacra que supone la temporalidad. Es necesario eliminar cualquier limitación en la tasa de reposición para hacer realmente efectiva y duradera la reducción de la temporalidad a menos del 8% de las plantillas en todos los sectores públicos, incluyendo la totalidad del sector público empresarial, así como los centros de investigación, no solo en puestos estructurales, sino en todos aquellos que deben ser considerados como tales, y que, en su mayoría, están cubiertos de manera alegal, ilegal o en fraude de ley, a través de figuras como programas, obras y servicios, etc.
• – Hay que impulsar la negociación de un Acuerdo Marco para la Administración Local respetando el derecho a la negociación colectiva en cada ámbito. Es urgente la derogación de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local.
• – Recuperar y extender la jornada de 35 horas, con las adaptaciones oportunas en los diferentes sectores para hacerla realmente efectiva, desvinculándose de los objetivos de déficit, algo aún pendiente en muchas administraciones públicas y sector público empresarial.
• – Aprobar los planes de igualdad y de medidas de corresponsabilidad y conciliación, además de los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo.
• – Incrementar sustancialmente los haberes reguladores de los grupos del A2 al E, para evitar que se siga deteriorando la calidad de las pensiones de clases pasivas. 
• – Resulta necesario y urgente acometer el resto de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, pendiente desde su publicación en 2007, tanto en lo relativo a la garantía de cumplimiento de los acuerdos, como a la mejora para el acceso al empleo público, la obligatoriedad de resolver las ofertas de empleo público (OEP), la agilización de los procesos selectivos, con convocatorias con carácter anual que contemplen especialmente las plazas vacantes ocupadas por personal temporal, la provisión y promoción interna, la carrera profesional, la evaluación del desempeño, cualificación y clasificación profesional, la culminación de la disposición transitoria tercera, la movilidad interadministrativa y la regulación del teletrabajo, etc.
• – Servicio Exterior: recuperación del poder adquisitivo y exigencia de pleno derecho a la negociación colectiva. No se puede permitir por más tiempo que el personal lleve 12 años sin actualización salarial, así como facilitar el desarrollo democrático del proceso de elecciones sindicales en estos momentos puestos en marcha. 
• . Actualización de las indemnizaciones de residencias para Illes Balears, Canarias, Ceuta y Melilla.
• – Constitución de la Mesa de Diálogo para el sector público empresarial.

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Para ello, los tribunales deberían disponer del tiempo imprescindible para diseñar y realizar la parte de la oposición de una manera más ordenada y tranquila. Es fundamental que los y las aspirantes conozcan los criterios de evaluación y calificación con varios meses de antelación, para poder preparar de una forma adecuada el proceso selectivo. Además, este sindicato defiende que las pruebas no sean eliminatorias para que todos y todas las participantes puedan demostrar sus habilidades teóricas y su práctica docente. La implantación de un sistema de plicas aseguraría el anonimato de todas y todos. También, es necesario aumentar la valoración de la experiencia docente en el baremo del concurso, poniendo en valor el bagaje profesional de opositoras y opositores.

Otro apartado a mejorar es el que corresponde a la reclamación de los exámenes realizados. Se ha de facilitar a las personas interesadas la revisión presencial de todas las pruebas. De esta manera los y las aspirantes podrán conocer en qué han podido fallar o en qué pueden mejorar.

La FECCOO está en disposición de alcanzar un acuerdo que mejore el sistema actual de oposiciones para que sean más objetivas y tenga mayor garantía tanto para opositores y opositoras como para los tribunales, con el objetivo de que este nuevo sistema esté en marcha en el proceso selectivo del año 2022.

El acceso a la Función Pública siempre ha de regirse por los principios de Igualdad, Mérito, Capacidad y Publicidad y por tanto, este sindicato exige a la Administración Educativa que recoja y estudie a fondo estas propuestas de mejora para su implantación en los siguientes procesos selectivos.

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