Para frenar esta ofensiva especulativa que ahoga a las familias, la clase trabajadora debe demostrar su fuerza en los centros de trabajo y en las calles. Estas son las diez razones estructurales que justifican ir a la huelga general el 11N:

1. La vivienda como agujero negro de los salarios

Destinar entre el 40% y el 60% (o incluso más) del sueldo familiar al pago de la hipoteca o del alquiler mensual es una realidad incompatible con una vida digna. La vivienda se ha convertido en el principal factor de desigualdad y pobreza laboral. Ir a la huelga es decir basta a un modelo donde el beneficio inmobiliario se alimenta del sacrificio de quienes producen la riqueza.

2. Desbloqueo y alza de la negociación colectiva: subidas salariales

Es urgente reactivar con contundencia los convenios colectivos sectoriales y de empresa. Hay que exigir incrementos salariales reales situados en una horquilla de entre el 4% y el 7% que permitan compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada y repartir con justicia los beneficios empresariales.

3. Cláusulas de garantía salarial contra la inflación

Los salarios no pueden seguir siendo la única variable de ajuste ante las crisis. Debemos exigir la implantación generalizada y obligatoria de cláusulas de revisión salarial ligadas al IPC real en todos los convenios, blindando el poder de compra de las familias trabajadoras frente a la carestía de la vida.

4. Un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a la altura del coste de la vida

El suelo salarial del país debe elevarse de manera inmediata un 7% como mínimo, superando el umbral de los 1.300 euros mensuales en 14 pagas. Ningún empleo en este país puede sostenerse sobre salarios de miseria que obliguen a elegir entre pagar la luz o comer.

5. Inversión pública masiva: 1,5 millones de viviendas asequibles

No podemos fiarlo todo a las leyes del mercado libre. Exigimos a los poderes públicos la movilización de hasta el 1% del PIB durante una década para articular un plan de choque ambicioso. Necesitamos la construcción y gestión de un parque público de 1,5 millones de viviendas asequibles, tanto en régimen de alquiler protegido como de acceso público permanente.

6. Regulación estricta de alquileres y control de la especulación

Es imperativo intervenir el mercado del alquiler mediante topes máximos eficaces y obligatorios. Deben frenarse en seco los alquileres de temporada abusivos, el fraude en el fraccionamiento por habitaciones y la proliferación descontrolada de pisos turísticos que expulsan a la vecindad de los núcleos urbanos.

7. Movilización de la vivienda vacía y fin de los privilegios fiscales

Las viviendas vacías en manos de grandes tenedores, entidades financieras y fondos de inversión deben incorporarse obligatoriamente al mercado residencial público. Asimismo, es una urgencia democrática eliminar los regímenes fiscales de privilegio (como las SOCIMI u otras figuras de exención) que incentivan que la vivienda sea un activo financiero especulativo en lugar de un derecho constitucional.

8. Moratoria y prohibición efectiva de desahucios sin alternativa

Ninguna familia vulnerable puede ser lanzada a la intemperie. Exigimos una moratoria legal y la paralización inmediata de cualquier desalojo que no cuente previamente con una solución habitacional pública, digna y estable garantizada por las administraciones.

9. Defensa intransigible del sistema público de pensiones

La protección social de nuestros mayores es una línea roja innegociable. Reclamamos la revalorización automática de las pensiones conforme a la inflación real y el blindaje financiero del sistema público frente a cualquier tentación privatizadora o de recortes encubiertos.

10. Por el vínculo indisoluble entre el centro de trabajo y la vida en los barrios

La precariedad laboral y la crisis habitacional son las dos caras de la misma moneda. Esta huelga general conecta la reivindicación obrera tradicional con el movimiento social por el derecho a la ciudad. Parar la producción el 11N es la palanca de presión imprescindible para forzar cambios legislativos profundos y obligar a la patronal y a los gobiernos a escuchar a la mayoría social.

¡El 11 de noviembre, paramos el país!

Por unos salarios que permitan vivir con dignidad y una vivienda que deje de ser un privilegio.

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Sara sufre una enfermedad mental grave y hasta ahora tenía consulta cada mes como máximo. “En períodos de cambio de tratamiento, la anterior psiquiatra quería verme incluso cada quince días”. Justo ahora se encuentra en ese momento, le acaban de cambiar el tratamiento y lleva una temporada muy descompensada, con muchos periodos depresivos. Sin embargo, tras la última consulta en agosto (prevista inicialmente para mayo), el doctor le ha indicado que no volverá a verla hasta dentro de cuatro meses y ni siquiera tiene cita todavía.

“No puedo esperar tanto tiempo. Me siento abandonada”. Su situación es límite tanto que se está planteando contratar un seguro privado. “Es a lo que nos obligan”, lamenta. “Me dicen que vaya a Urgencias de Logroño, pero allí muchas veces el psiquiatra tampoco te puede ver, te dan un lorazepam y poco más”, denuncia, además de subrayar el desplazamiento que 45 kilómetros que supone y el colapso que supone derivar al servicio de urgencias las consultas que no se atienden en atención especializada y primaria

Además de este grave recorte, también sufre la espera de una consulta de Neurología, también en Haro por una migraña de repetición, a la que acompañan auras por las que llega a desmayarse y son incapacitantes. Desde julio que la solicitó, no tendrá la cita hasta el 30 de octubre.

A ello se suman las demoras habituales de Atención Primaria en el centro de salud de Haro. “Hay que estar a las 8 de la mañana y hacer cola y con suerte consigues una cita; si no, pidiéndola online o por teléfono, te dan para después de 15 días”. A estas demoras habituales en Atención Primaria se le suma la centralización de las urgencias del 112 de todos los municipios de alrededor en su centro de salud, lo que está saturando el servicio.

Sanidad en verano: más población, menos sanitarios

En verano la situación es todavía más preocupante. Mientras la Consejería de Salud vende una cobertura al 100%, los delegados de CCOO viven una realidad distinta en los centros de salud y hospitales, donde se nota la saturación, la falta de sustituciones, profesionales obligados a doblar turnos para permitir descansos de sus compañeros e instalaciones al borde del colapso térmico y físico. “Frente a la excusa fácil del Gobierno de que ‘no hay profesionales’, el núcleo del problema está en la mala gestión y en la falta de condiciones laborales atractivas que hagan que las y los especialistas quieran trabajar y quedarse en La Rioja”, denuncia Jaime Sainz, portavoz de la FSS-CCOO La Rioja.

La población se multiplica en muchos núcleos rurales que no tienen un servicio sanitario suficiente para atender a todos y que no solo no se refuerza, sino que en muchos casos, se reduce. Un ejemplo claro es Ezcaray, que en verano multiplica por diez su población hasta los 20.000 habitantes y donde el SERIS no ha puesto ningún refuerzo estival. Además, el centro de salud no cubre ni las bajas ni las vacaciones del personal sanitario ni de administración. Para que un profesional pueda irse de vacaciones, el compañero o compañera tiene que realizar jornadas dobles de mañana y tarde, generando una sobrecarga inasumible que pone en riesgo directo la calidad asistencial.

En Alberite, la falta de médicos, aunque se agrava en el verano, es un problema estructural durante todo el año. Solo hay un médico de refuerzo que, al coger sus vacaciones, no es sustituido por nadie. En el Hospital de Calahorra, la necesidad de profesionales es acuciante y llevas más de un año con reivindicaciones. El Gobierno de La Rioja anunció la llegada de 15 nuevos profesionales a Calahorra, pero en realidad, CCOO ha constatado que son compartidos con el Hospital San Pedro y que no solucionan la falta real de médicos en traumatología, anatomía patológica o alergología.

Detrás de la falta de personal y la nula previsión estival están las listas de espera que asfixian a la población. Las consecuencias del cuello de botella en la gestión de citaciones se traducen en demoras dramáticas.

Trabajo bajo mínimos e infraestructuras deshechas

El deterioro de la sanidad riojana no solo afecta a los cuadros médicos, sino también a la gestión administrativa, la salud laboral y el estado físico de los edificios públicos.

1. Bolsas de trabajo vacías por desidia: En el Hospital San Pedro y diversos centros se han llegado a cerrar durante 15 días unidades administrativas fundamentales como el servicio de cartelera. CCOO denuncia que existen bolsas de trabajo activas de personal administrativo que el SERIS decide no utilizar, prefiriendo paralizar expedientes y trámites de trabajadoras y trabajadores antes que contratar sustitutos.
2. Ola de lesiones laborales en celadores: La dejadez en los pliegos de mantenimiento preventivo tiene un coste físico. El colectivo de celadores del Hospital San Pedro sufre un alarmante incremento de bajas por lesiones graves en rodillas y caderas. El motivo: el desastroso estado de las ruedas y frenos de las camas hospitalarias, que sufren bloqueos contantes y obligan al personal a tirar con sobreesfuerzos brutales. CCOO ha exigido que se modifique el pliego para hacer revisiones de camas cada tres meses o contratar personal dedicado en exclusiva a su reparación.
3. Calor sofocante y goteras: En el Centro de Salud Mental de Albelda las trabajadoras y pacientes conviven con temperaturas extremas de más de 33 °C en las habitaciones de pacientes agudos por el mal funcionamiento de la climatización. En el Centro de Salud Joaquín Elizalde (Logroño), uno de los más antiguos de España, las claraboyas actúan como un invernadero. La respuesta del SERIS a la petición de una fuente de agua pública ha sido pedir al personal que «compre botellas y las meta en la nevera». En el Hospital de Calahorra, las tormentas de verano dejan ver goteras recurrentes sobre pasillos e instalaciones.

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En la actualidad, más de 50 listas de interinidad se encuentran agotadas, lo que está impidiendo la cobertura de plazas esenciales para el normal funcionamiento de los centros educativos. Entre las especialidades más afectadas se encuentran Mantenimiento de Vehículos, Francés, Latín, Matemáticas, Construcciones Civiles y Edificación, Sistemas Electrónicos, Música o Intervención Sociocomunitaria, entre muchas otras.

Desde CCOO alertamos de que esta situación no es coyuntural, sino el resultado de una falta de planificación y previsión por parte de la Administración, que se niega a activar convocatorias extraordinarias a pesar de que el problema es conocido desde hace meses. Mientras tanto, los centros se ven obligados a reorganizar horarios, agrupar alumnado o dejar sin atender determinadas materias, con el consiguiente perjuicio para la comunidad educativa.

“El mayor daño lo están sufriendo el alumnado y los centros públicos, que ven deteriorada la calidad educativa por la ausencia de profesorado”, señalan desde el sindicato. “No se puede hablar de compromiso con la educación pública mientras se permite que decenas de especialidades se queden sin personal para atender las aulas”.

CCOO subraya que la falta de profesorado no solo vulnera el derecho del alumnado a una educación de calidad, sino que también sobrecarga a los equipos docentes y genera desigualdades entre centros, especialmente en enseñanzas como la Formación Profesional y en materias con alta especialización.

Por todo ello, CCOO de La Rioja exige a la Consejería de Educación la convocatoria inmediata de procedimientos extraordinarios de interinidad, ágiles y transparentes, que permitan incorporar a personal cualificado y garantizar la cobertura de todas las necesidades reales del sistema educativo.

“La educación pública no puede seguir funcionando a base de parches ni de improvisación”, concluye el sindicato. “Es responsabilidad de la Administración garantizar los recursos humanos necesarios para que los centros puedan desarrollar su labor con normalidad y calidad”.

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Alerta por la Ralentización y la Estacionalidad

A pesar del descenso interanual en 448 personas, CCOO subraya que la reducción del desempleo en La Rioja (3,57%) se sitúa notablemente por debajo de la media nacional (6,23%). Esta diferencia indica una recuperación del empleo más lenta y menos intensa que en el conjunto del país.

El sindicato destaca el aumento del paro en sectores con alta estacionalidad y precariedad, como Agricultura y Construcción, lo que evidencia la debilidad de la estructura productiva regional frente a los cambios de ciclo.

La Brecha de Género, una Urgencia

Los datos confirman que las mujeres siguen siendo las principales damnificadas por el desempleo en La Rioja, con 7.285 paradas frente a 4.804 hombres. Esta brecha de género es una discriminación estructural que exige la implementación urgente de políticas activas de empleo con una clara perspectiva de género para garantizar la igualdad.

CCOO Exige Impulso Industrial y Empleo Estable

Ante la drástica caída de la contratación en noviembre (casi un 35% menos) y la persistente temporalidad (donde los contratos temporales siguen superando a los indefinidos), CCOO La Rioja exige a las administraciones:

1. Potenciar el Plan Industrial: Es fundamental impulsar la industria riojana para generar empleo estable y de calidad, que no esté sujeto a la estacionalidad de otros sectores.
2. Combatir la Precariedad: Reforzar la Inspección de Trabajo y velar por el cumplimiento estricto de la reforma laboral para transformar los contratos temporales en indefinidos.

CCOO continuará defendiendo la necesidad de un cambio de modelo productivo que garantice la estabilidad, los derechos laborales y la igualdad de oportunidades en La Rioja.

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Con la reforma, los funcionario/as especializados que trabajan en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer pasan a un cajón de sastre, junto con el resto de la plantilla judicial, llamado Servicio Común de Tramitación. Esta nueva estructura diluye la especialización, tratando los casos de violencia contra las mujeres como un asunto más junto a otros pleitos civiles y penales. Divorcios o multas de tráfico.

La Justicia riojana se divide en tres zonas llamadas partidos judiciales. Logroño, Calahorra y Haro. La reforma judicial ha comenzado en julio en Calahorra y Haro y estamos asistiendo a las consecuencias prácticas de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Sabemos que en la mayoría de casos de violencia de género la percepción de la situación vivida por la víctima no se produce de una manera pausada y reflexiva sino a través de una explosión violenta. Esta vivencia extrema lleva a acudir al Juzgado de guardia o bien las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los cuales llevarán finalmente el caso ante aquel Juzgado.

Existe en horario de mañana y tarde un Juzgado de guardia que atiende los atestados policiales urgentes con o sin detenido. Pero hay una particularidad: durante el horario de mañana (periodo en el que mayoritariamente quedan a disposición judicial los detenidos) el Juzgado con competencias en violencia de género se ocupa de las peticiones de alejamiento u orden de protección de las victimas. Por un lado, en el genérico Juzgado de guardia trabajan tres funcionarios cada semana, y por otro, en el Juzgado competente en violencia de género había otros tantos funcionarios que se dedicaban a las actuaciones urgentes en horario de mañana.

Decimos “había” porque la reforma de los Juzgados de Calahorra y Haro ha supuesto que desaparezcan este grupo de funcionarios especializados en violencia de género en actuaciones urgentes de esta delicada materia. Solo se mantiene el grupo de 3 funcionarios de justicia para la guardia. A los casos penales de carácter genérico que usualmente llevaban se les suma también los de violencia de género. Una reducción drástica del personal de guardia, que supone un debilitamiento público de la lucha contra la violencia de género.

Y en enero de 2026 entra el nuevo modelo judicial en Logroño, el partido judicial con mayor población de La Rioja. Todo ello en un contexto preocupante, en octubre de este año se ha añadido además los delitos contra la libertad sexual y de trata con fines de explotación sexual. Lo que supone un 20 % más de carga de trabajo.

Y además el Observatorio contra la Violencia de Género ya ha avisado en su última estadística del segundo trimestre de 2025 que las denuncias por violencia de género han aumentado en nuestra región un 37,3% respecto del mismo periodo de tiempo de 2024.

SUMA Y SIGUE.

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Hoy, como fecha señalada, así como el resto del año, reiteramos nuestro compromiso por la erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres y hacemos un llamamiento a trabajadoras, trabajadores y al conjunto de la ciudadanía para combatirlas hasta su total eliminación, tanto en los centros de trabajo como en la sociedad en su conjunto. 

Llamamos también al rechazo frontal y a la condena de los discursos negacionistas de la violencia de género, antifeministas y fascistas que ponen en peligro los avances, cuestionan las políticas públicas contra las violencias machistas, manipulan la educación en igualdad, y revictimizan a las mujeres que la sufren, la han sufrido, o la pueden sufrir en algún momento de su vida.

Porque somos más de un millón de personas afiliadas y juntos y juntas podemos construir una potente red de apoyo, lucha y solidaridad para que las mujeres no se sientan solas. Usemos nuestras herramientas sindicales, la red de delegadas y delegados en los centros de trabajo, la “Guía de recursos y derechos contra las violencias de género” y el “Observatorio de Acoso sexual y por Razón de sexo”, cuya web recibio más de 7.000 visitas en 2024.

Todo nuestro trabajo sindical en las empresas para prevenir, combatir y erradicar cualquier manifestación de estas violencias de género en los centros de trabajo, pero también para detectar, acompañar y asesorar a las mujeres que padecen estas violencias fuera de las empresas.

Porque si tocan a una, nos tocan a todas. #NingunaMujerSola

Nos toca actuar porque son nuestras compañeras de trabajo,  nuestras compañeras de vida, nuestras familias, nuestras amigas, nuestras vecinas…

Nos toca actuar por las mujeres mayores, a menudo invisibilizadas, pero que en ocasiones se han visto obligadas a soportar durante años situaciones terribles, sin encontrar los recursos necesarios para romper el círculo de la violencia.

Nos toca luchar con las mujeres jóvenes, para que estas violencias no cercenen sus proyectos de vida.

Nos toca pelear junto a las mujeres con discapacidad, junto a las mujeres migrantes, por las mujeres sin hogar, por las mujeres en situación de prostitución, por las mujeres que sufren las guerras y los conflictos armados, por todas las que viven situaciones de vulnerabilidad y lo tienen aún más difícil.

Por las que ya no están y por las que nos acompañan.

Porque cualquier forma de violencia machista atraviesa tu vida social, pero también la laboral. Afectan a tu seguridad, a tu salud y a tus derechos. En consecuencia, afectan a tu relación con el mundo y a tener el lugar que te corresponde en la sociedad. 

Las mujeres y los hombres de CCOO asumimos nuestra responsabilidad como organización feminista.  #NingunaMujerSola

Los datos siguen reflejando la magnitud de las violencias y su carácter estructural:

En este 2025 se han cometido 79 feminicidios. 38 de los cuales han sido  mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas y reconocidas como violencia de género. El resto de los feminicidios, han sido reconocidos en las estadísticas como feminicidios familiares, sexuales o sociales.  No olvidamos la violencia vicaria, que este año nos deja 3 menores asesinados. Además, 17 menores han quedado huérfanos y huérfanas. Las cifras totales son espeluznantes: 1.333 mujeres asesinadas desde 2003, 65 menores asesinados desde 2013 y  485 menores huérfanos desde 2013.

Otros indicadores estadísticos son igualmente preocupantes, como los referentes a las violencias sexuales: en España se denunciaron 14 violaciones al día, es decir, una violación cada hora y 40 minutos; y 43 agresiones sexuales al día (sin penetración), dos cada hora, según el Balance de Criminalidad de Interior.  Esto a pesar de que, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, en España sólo se denuncia el 11 % de la violencia sexual.

Solo en 2024, 1.794 víctimas de redes de trata y de explotación sexual o laboral fueron liberadas, el 98% eran mujeres. Alertamosdel aumentode la explotación sexual de las mujeres y menores, en especial a través de la utilización de los medios digitales, redes sociales y plataformas, que están contribuyendo de forma exponencial a su incremento, haciendo más rentable que nunca este deleznable negocio para los explotadores. El ciberacoso sexual no cesa de crecer y afecta de manera especial a las y los menores, en ocho de cada diez casos.

Los casos de acoso sexual, siguen estando ocultos, especialmente en el ámbito del trabajo, y no se reflejan en las estadísticas en toda su extensión. En 2024, supusieron el 3,5% de todos los casos de delitos contra la libertad sexual, con 763 casos. No obstante, la última Encuesta Europea de Violencia de Género 2022 estima que del total de mujeres residentes en España que tienen entre 16 y 74 años y que ha trabajado alguna vez en su vida el 28,4% (4,5 millones) ha sufrido acoso sexual en el trabajo en algún momento de su vida.

La violencia institucional, en nuestro caso, en La Rioja, puede coartar en muchos casos la toma libre de las decisiones que pueden tomar las mujeres con su vida. El lento proceder de la justicia, la falta de respeto y confianza al realizar procedimientos y denuncias, los impedimentos para poder realizar una interrupción voluntaria de tu embarazo en nuestra comunidad o los horarios deficientes en la atención presencial en centros de crisis 24h como el SAVAS, son elementos a mejorar desde los distintos gobiernos con formación al funcionariado, aumento de las plantillas específicas y sobre todo, con iniciativa, interés y empatía con las víctimas.

Este #25N2025 las mujeres y hombres de CCOO manifestamos que vamos a seguir actuando en la lucha contra todas las formas de violencia, mercantilización, explotación sexual y reproductiva, contra sus causas y sus manifestaciones, por la erradicación del sistema prostitucional. Reclamamos tolerancia cero ante toda las violencias de género y vamos a exigir la implicación de todos los entornos institucionales, empresariales y sociales para establecer los recursos y procedimientos esenciales para detectar cualquier situación de violencia y acompañar a las víctimas.

CCOO nos sumamos a los actos convocados en este día por los movimientos feministas y seguiremos luchando en el día a día en las empresas y en las calles, desde la sensibilización, la formación y la acción sindical.

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Desde CCOO se quiere hacer notar que es obligación del propio Gobierno de La Rioja la coordinación de todas las instituciones implicadas en proyectos constituidos y aprobados como lo es el del Centro Integrado de FP de Calahorra. Hay que recordar que dicho proyecto ya fue anunciado en 2019 por el Consejero de Educación actual, Alberto Galiana, en su anterior etapa de mandato, y que ya entonces en sus propias palabras el nuevo Centro se enclavaba como una acción de “estrategia general del Gobierno de La Rioja por fomentar la Formación Profesional en respuesta tanto a las necesidades educativas como a las de los sectores profesionales”. Por eso, desde CCOO responsabilizamos a la propia Consejería de Educación de la nueva paralización del proyecto de este Centro, así como el de La Laboral, y creemos que ha llegado el momento en el que sus dirigentes tienen que dejar de ponerse de perfil y ser claros, transparentes y contundentes con su verdadera intención respecto a estos dos proyectos, a nuestro juicio indispensables para el desarrollo económico y educativo de La Rioja.

Desde nuestro sindicato queremos recordar que ya en 2018 se anunció que se iniciaban los primeros pasos, pero a día de hoy, tras varias legislaturas, tanto en dos ocasiones del Partido Popular como otra del anterior Gobierno, ambos proyectos están en una vía muerta, sin que se vislumbre a medio plazo su constitución como espacios educativos reales en el desarrollo de la Formación Profesional.

En ocasiones se desprende la sensación de que la política que se sigue respecto a estos centros es la de “vender humo”, publicitar intenciones, pero sin acometer las medidas concretas que los hagan constituirse en una realidad. Es necesario recalcar que mientras asistimos a esta nueva parálisis, el coste de dotación pública para los conciertos de centros privados se ha aumentado hasta más de 73 millones al tiempo que se siguen potenciando las licitaciones de Formación Profesional a centros como Jesuitas o Los Boscos.

Desde Comisiones Obreras exigimos la construcción de estos Centros Integrados Públicos de Formación Profesional, sin más demora. Son necesarios para el impulso real de la Formación Profesional en nuestra región.

¡CCOO es FP!

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El sindicato denuncia que, bajo el pretexto de agilizar la gestión pública, la propuesta externaliza funciones administrativas esenciales a entidades privadas, derivando fondos públicos hacia intereses empresariales y debilitando la capacidad del servicio público. “Simplificar no puede ser sinónimo de privatizar”, subraya CCOO, que recuerda que la mejora de los servicios públicos debe hacerse desde dentro de la Administración, con más empleo público y medios suficientes.

Entre las principales objeciones, el sindicato critica la incorporación de las denominadas Entidades Colaboradoras de Certificación, que asumirían tareas de verificación documental y certificación actualmente realizadas por personal público. CCOO advierte que esta medida “no reduce la burocracia, sino que la encarece y duplica”, obligando a la ciudadanía a pagar por servicios que deberían ser gratuitos y garantizados por la Administración. Asimismo, CCOO propone crear una ventanilla única pública gestionada por personal funcionario, para centralizar la tramitación administrativa y mejorar la atención a la ciudadanía sin recurrir a la privatización. 

El sindicato también muestra su rechazo al modelo de “mercado abierto” inspirado en la normativa madrileña, que permitiría a empresas de otras comunidades operar en La Rioja sin cumplir la normativa autonómica. “Esta desregulación supone un retroceso en la protección ambiental, laboral y social conquistada mediante el diálogo social”, afirma CCOO. 

En el ámbito digital, CCOO reclama garantías frente al uso de la inteligencia artificial y la robotización, exigiendo supervisión humana, transparencia y seguridad en la gestión de los datos. Además, pide medidas reales para cerrar la brecha digital en zonas rurales y entre personas mayores. 

Finalmente, CCOO exige que las organizaciones sindicales más representativas participen en todos los procesos de diálogo y evaluación vinculados a la simplificación administrativa y la digitalización, en cumplimiento de su legitimidad institucional. “No se puede simplificar debilitando lo público. La eficiencia administrativa solo es posible con más empleo público, más transparencia y más participación.”

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Tras la concentración celebrada a las puertas de las oficinas centrales de Paradores en Madrid, y las reiteradas peticiones en redes sociales mediante un reto viral con los hashtags; #PorUnConvenioDignoYa y #ParadoresGritaEnSilencio, reclamando un convenio justo, la alta Dirección de la empresa continúa sin mostrar prueba alguna para desbloquear esta situación y, de esta forma, alcanzar un acuerdo. Su estrategia parece clara: dejar pasar el tiempo esperando que el conflicto se diluya y eludir su responsabilidad.

Ante esta actitud, la plantilla ha decidido alzar de nuevo la voz. Denuncian condiciones laborales precarias, salarios ridículamente insuficientes y una conciliación familiar inviable debido a la extrema flexibilidad, los turnos rotativos y, especialmente, el turno partido —el más habitual en el departamento de comedor y cocina— que normalmente se extiende durante cuatro horas por la mañana y tres horas y media por la tarde-noche, incluyendo fines de semana y festivos.

Las reivindicaciones de la plantilla son claras: salarios justos con los que la plantilla pueda llegar a fin de mes y vivir dignamente, implantación definitiva y de una vez por todas del Plan de Pensiones, desarrollo profesional, estabilidad en el empleo, jornadas parciales mínimas garantizadas, mejoras en la gestión de la incapacidad temporal, jubilaciones parciales, reducción progresiva de jornada y una planificación anticipada de turnos que permita una conciliación real.

Todo ello en un contexto de bonanza económica para la empresa. Este verano, Paradores ha alcanzado un récord histórico con un incremento del 2% en beneficios y una ocupación media del 86%, llegando al 94% en algunas regiones. Además, ha realizado inversiones millonarias en sus establecimientos y campañas publicitarias, proyectando una imagen de sostenibilidad, digitalización e innovación, por lo que se exige al menos el mismo esfuerzo para las personas trabajadoras de Paradores, mejorando sus condiciones labores.

Las trabajadoras y trabajadores de Paradores están cansados de ser siempre quienes pagan las consecuencias. Cuando la situación es difícil, llegan los recortes; cuando es favorable, solo hay silencio, excusas y se dilata la negociación en el tiempo. Si no hay avances reales, se dará un paso más contundente y prometen unas cálidas Navidades.

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El Comité de Empresa de Envases Universales Ibérica S.L.U. en Agoncillo lamenta profundamente y denuncia públicamente la actitud de bloqueo por parte de la Dirección de la empresa, que tras dos años de negociaciones y tres intentos de acuerdo, demuestra una “gran falta de voluntad” para alcanzar un Convenio Colectivo justo y equilibrado.

A pesar de los esfuerzos del Comité por lograr un preacuerdo basado en la igualdad de condiciones para toda la plantilla (tanto presente como futura), la empresa ha dado un giro de postura exigiendo graves contrapartidas que empeoran las condiciones laborales y dificultan la conciliación familiar.

Los puntos de bloqueo y el empeoramiento de condiciones

La Dirección de Envases Universales Ibérica S.L.U. ha condicionado la firma del nuevo Convenio a dos inaceptables exigencias:

• Ampliación drástica de la flexibilidad: La empresa exige aceptar una ampliación de la flexibilidad de la jornada laboral hasta las 100 horas.

• Renuncia a incrementos salariales de referencia: La alternativa que ofrece la Dirección es renunciar a los incrementos pactados en el Convenio Estatal de Industrias Metalgráficas (el de referencia para la compañía), ofreciendo tan solo un incremento del 1% con revisión al IPC real a final de año.

El Comité de Empresa advierte que aceptar esta última medida podría suponer que algunos salarios de la plantilla queden por debajo del propio convenio de referencia sectorial, un claro retroceso en los derechos adquiridos.

Llamamiento y advertencia de conflicto

El Comité de Empresa lamenta que la Dirección “bloquee y ningunee” el principio de igualdad de condiciones laborales de los futuros compañeros/as, un punto que la plantilla ya ha ratificado en dos ocasiones.

“Reafirmamos nuestra voluntad de diálogo y negociación, pero también nuestra firmeza en defender la igualdad, la estabilidad y los derechos de todas las personas trabajadoras presentes y futuras,” señalan desde el Comité.

El Comité de Empresa de Envases Universales Ibérica S.L.U. insta a la Dirección a rectificar su postura de inmediato y a retomar las negociaciones con la “responsabilidad y respeto que merece la plantilla”.

En caso de que la empresa mantenga su actitud de bloqueo y no retome un camino real de negociación justa, el Comité de Empresa va a iniciar un calendario de movilizaciones y acciones de protesta en defensa de los derechos de la plantilla.

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