En los últimos días, las temperaturas en diversas dependencias del centro han superado los 37ºC, cifras que incumplen claramente los límites establecidos en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, relativo a las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo. Esta situación pone en riesgo la salud y el bienestar tanto del personal como de los residentes, generando condiciones laborales y de vida inadecuadas.

El pasado 19 de junio, durante una reunión con el Comité de Seguridad y Salud del Servicio Riojano de Salud, se nos aseguró que la enfriadora del centro sería reparada ese mismo día para paliar esta problemática. Sin embargo, a fecha de hoy, dicho compromiso no ha sido cumplido, prolongando así la situación de riesgo térmico.

CCOO exige una actuación urgente para garantizar unas condiciones laborales y asistenciales dignas, que respeten la normativa vigente y protejan la salud de todas las personas implicadas en el centro.

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Esta movilización se ha acordado después de que hoy La Rioja haya tenido que lamentar hoy mismo una nueva muerte por accidente laboral, al parecer de un trabajador que realizaba labores de jardinería en avenida de Madrid, Logroño.

Con esta, La Rioja ya ha registrado 14 muertes por accidente laboral, superando con creces los peores registros de siniestralidad laboral en la última década en una insoportable escalada de accidentes laborales graves y mortales, desde 2018, cuando La Rioja registró un accidente laboral mortal; 6 en 2019; 7 en 2020 y en 2021; 11 en 2022 y 14 en 2023 a mes y medio aún de la finalización del año.

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Siendo cierto que en estas últimas semanas se han multiplicado las reuniones con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, también lo es que los mensajes que se nos han hecho llegar insisten en el incumplimiento del acuerdo del 7 de julio de 2021 y en el abandono de las medidas recogidas en el mismo, abandono que pone en un grave peligro el funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

De poco sirve que quede patente la disparidad de criterios y el enfrentamiento entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el de Hacienda y Función Pública si finalmente el resultado es que la Inspección de Trabajo sigue sin solución para los profundos déficits que padece en la actualidad.

A estas alturas no tiene sentido la exigencia de responsabilidades y dimisiones a un gobierno con fecha de caducidad marcada para el 23 de julio, pero no por ello podemos abandonar la exigencia de cumplimiento de un acuerdo que, para su aplicación, no requiere de ninguna modificación normativa, ni tampoco presupuestaria desde el momento en que ya está contemplado en el presupuesto reconocido al Organismo.

Es por ello que desde las organizaciones que componemos la plataforma no vamos a cejar en la denuncia, con independencia del periodo electoral en el que entramos, y en la realización de cuantas acciones consideremos pertinentes para defender a nuestra Institución y a que se sustancien todas las medidas correctoras que se recogieron en el acuerdo, desde la creación de la RPT al incremento de la plantilla y desde la mejora de los medios técnicos y materiales a la definición de un modelo organizativo capaz de dar respuesta real y de calidad a la tarea que debe realizarse desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Por ello, y más allá de mantener la huelga total y de carácter indefinido a partir del 26 de junio, se han convocado para el día 7 de junio, miércoles, concentraciones de protesta en todas las Inspecciones Territoriales (cabeceras de Comunidad Autónoma) que se realizarán a las 12h , donde proporcionaremos a los medios de comunicación que lo consideren necesario, la información adicional que nos soliciten.

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Así lo ha explicado Jesús Martínez, coordinador territorial de la Administración del Estado de CCOO de La Rioja, quien ha denunciado que los trabajadores y trabajadoras de este servicio público siguen “en la misma situación. La ministra de Trabajo no hace absolutamente nada, el Ministerio de Hacienda y Función Pública tampoco y la directora general de Inspección de Trabajo parece que no va con ella, se pone de perfil, se encoge de hombros y dice que tienen intención de modificar la RPT de forma inminente, pero con lo inminente llevamos año y medio”.

Ante estos incumplimientos por parte de la Administración, se ha convocado una nueva tanda de paros parciales de los trabajadores y trabajadoras. Y se prevé ir a la huelga en el mes de junio “si no hacen caso a nuestras reivindicaciones sobre lo que se firmó en 2021”.

“Parece ser que no les importa la Inspección de Trabajo. Estamos con paros y reivindicaciones en otros ministerios, que parece que son más importantes que la Inspección según el Ministerio”, ha apuntado Martínez.

En materia de personal, en La Rioja hay falta de inspectores y subinspectores, pero especialmente de administrativos, “para que la gestión sea más ágil, ahora la gente que hay no da abasto con los expedientes que hay”.

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Esto implica que la contratación pública de este servicio se está realizando sin tener en cuenta los aspectos que recoge la ley, ni por supuesto los de índole social, lo cual está derivando en incumplimientos de derechos laborales y salariales de las personas trabajadoras.

No existe constancia de las condiciones de ejecución concretas del servicio, más allá de las líneas y del número de vehículos, y se desconoce si se han establecido requisitos específicos en relación con calidad del servicio que se presta a la ciudadanía y las condiciones en que las personas trabajadoras desarrollan su actividad.

El servicio es claramente deficitario en personal. Las cuentas no salen, más aún ante el anuncio por parte del Ayuntamiento de que todas las líneas tendrán una frecuencia de 10 minutos. 

No hay un pliego público donde se regulen las condiciones del servicio en cuanto al personal necesario para el cumplimiento de esta medida, por lo cual el Ayuntamiento no asegura el cumplimiento de unas condiciones laborales mínimas.

Los autobuses que realizan las rutas acusan de un mal estado, en los cuales hay rampas de acceso para sillas de ruedas que no funcionan, problemas en el mantenimiento de los vehículos que afectan a la seguridad de los mismos.

Lo más preocupante es el estado de la plantilla, la cual acusa un cansancio generalizado y síntomas de estrés y ansiedad. La empresa no respeta sus turnos de descanso, realizando hasta 12 horas diarias, ni sustituye a tiempo a los trabajadores que causan baja laboral. 

Los tiempos de recorrido de los trayectos son muy justos, lo que obliga al conductor o conductora a realizarlos a mayor velocidad.

Todo esto supone un riesgo para la salud y la seguridad tanto de los propios conductores y conductoras, de las personas usuarias de los autobuses urbanos y de la ciudadanía en general.

La empresa no ha respondido a la solicitud por parte de CCOO de negociar el Plan de Igualdad al cual, Autobuses Logroño está obligado tener.

Desde CCOO, además, queremos denunciar y hacer pública la persecución sindical que varios miembros del comité de empresa están sufriendo por querer ejercer sus funciones como representantes legales de las personas trabajadoras. No hay respuesta a sus demandas sobre formación, protección de la salud y seguridad en el trabajo. 

La empresa no les facilita de una forma transparente la información que por ley está obligada a poner a disposición de todo el Comité de Empresa, no respeta sus horarios ni su reducción de jornada por cuidado de menor. No respeta su derecho a conciliar su vida personal y laboral, asignándoles turnos sin respetar descansos. Se les asigna de forma deliberada los autobuses más antiguos, llegando, incluso a manipular la seguridad que anulan la seguridad de las puertas.

Tenemos constancia que los Representantes Legales de las personas Trabajadoras están siendo vigilados por la empresa y son amenazados de manera continua.  

Pero no son sólo perseguidos los miembros del Comité. Aquellos compañeros que, en su día, ante las elecciones sindicales, manifestaron su apoyo a la lista presentada por CCOO, fueron despedidos con una antigüedad de hasta 14 años en la empresa.

Uno de los trabajadores, candidato en dicha lista, envió hace unos meses un email dirigido al Alcalde de Logroño manifestando su malestar como trabajador de un servicio público y su preocupación por la situación de sus compañeros y compañeros. Dicho email fue enviado desde el Ayuntamiento directamente a Autobuses Logroño, por lo que el trabajador ha sido expedientado. 

Toda esta situación es conocida por la corporación municipales que han pasado por el Ayuntamiento de Logroño y que han mirado para otro lado, ignorando de manera deliberada la situación que tiene el servicio de autobuses de Logroño y las personas trabajadoras de la empresa. 

El actual Ayuntamiento de Logroño ha rehusado mantener reuniones con CCOO para tratar esta situación y entendemos que se ha plegado a las presiones de la empresa. 

 La empresa no respeta la legislación en materia laboral, se niega a aportar la información y documentación a la representación legal de los trabajadores.

Coacciona a la plantilla hasta extremos insoportables, que ha intentado e intenta desacreditar a la representación de los trabajadores, planteando incluso la revocación de alguna de las personas que integran el Comité de Empresa 

Desde hace 6 meses, acumula más de 15 denuncias en Inspección de Trabajo, y que está atentado contra la libertad sindical y la negociación colectiva. Continúa presionando porque teme una sanción grave en materia laboral que la habilite para la contratación pública

Ante esta situación, CCOO exigimos al Ayto de Logroño como administración adjudicadora que designe una persona responsable para este contrato, que supervise su cumplimiento y la gestión del servicio de manera objetiva e independiente. Y que inste a la empresa a cesar su ataque a la representación legal de las personas trabajadoras y a establecer un marco de relaciones laborales normalizado.

UN BREVE REPASO A LAS OBLIGACIONES LEGALES

La ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sin cubrir plenamente los objetivos de CCOO, implica un sustancial avance sobre la legislación existente hasta ese momento.

Incorpora que la contratación pública se realice teniendo en cuenta aspectos de índole social (garantía del empleo, respecto a los convenios colectivos, aspectos medioambientales) y no solo criterios económicos fundamentalmente el menor coste, que suelen terminar derivando en rebajas de derechos laborales y salariales de las personas trabajadoras.

De hecho, este ámbito, en el que prestan servicio miles de personas, venía siendo utilizado como laboratorio para degradar y precarizar las condiciones de trabajo con la excusa de la austeridad.

Como todas las leyes, lo importante es su cumplimiento y aplicación, por lo que desde CCOO trabajamos en cada servicio público, empresa contratista y administración para que se incorporen en la práctica las mejoras que supone la ley.

La ley establece, entre otras cuestiones, que las empresas adjudicatarias deben:

• Contar con un Plan de Igualdad. No se puede adjudicar contrato a las empresas de más de 50 personas trabajadoras que no cuenten con plan de igualdad. 

• Se prohíbe contratar a empresas que hayan sido sancionadas por resolución firme por infracción laboral muy grave.

• La administración adjudicadora debe designar una persona responsable para cada contrato, que será la encargada de supervisar su cumplimiento y gestión.

• Otorga legitimidad a los sindicatos para impugnar los pliegos de condiciones y los actos del procedimiento de contratación, en los aspectos que puedan afectar a los trabajadores, empleo y condiciones laborales.

De cara a la acción del sindicato las condiciones más relevantes de los pliegos de condiciones son las que tienen que ver con las características sociales del contrato, que son entre otras:

• La mejora de las condiciones laborales y salariales; la estabilidad en el empleo; la contratación de un mayor número de personas para la ejecución del contrato.

• La formación y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo.

• Los planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres.

• Medidas para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.

• La aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación contractual.

• Así como, la inserción sociolaboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social.

La Directiva 24/2014 de la UE señala en su considerando 104, en relación con las condiciones especiales de ejecución de las contrataciones públicas.

“El propósito de las condiciones de ejecución de un contrato es establecer requisitos específicos en relación con dicha ejecución. De modo diferente a como ocurre con los criterios para la adjudicación de contratos, que constituyen la base para hacer una evaluación comparativa de la calidad de las ofertas, …” 

Los órganos de contratación tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la UE, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V.

¿Qué obligaciones establece el Anexo V de la Ley Contratos del Sector Público?

• Sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, Convenio OIT n.º 87.
• Sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, Convenio OIT n.º 98.
• Sobre la discriminación (empleo y ocupación) Convenio OIT n.º 111.
• Sobre igualdad de remuneración, Convenio OIT n.º 100.

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No se ha producido ningún avance desde el anterior día de huelga. No hay voluntad política de buscar soluciones y se demuestra que las manifestaciones del Ministerio de Trabajo y del Gobierno afirmando su apuesta por fortalecer la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene más de postura estética que de compromiso para superar las deficiencias que se sufren en el organismo.

Por no existir, no han existido ni siquiera reunión alguna en la que se hubiese intentado salvar la situación. Nadie en el Ministerio de Trabajo y Economía Social es capaz de asumir el protagonismo a la hora de explicar como se ha podido llegar a este punto tras haber firmado un acuerdo hace más de dieciocho meses, el 7 de julio de 2021. Nadie en Función Pública ha demostrado interés en explicar cual es el obstáculo que impide sustanciar las medidas que se pactaron.

Sorprendentemente, falla de forma estrepitosa la negociación colectiva en nuestro Ministerio. No solo por el incumplimiento de un acuerdo firmado que deja el apartado de los contenidos empantanado. También fallan las formas. Hay un desplante permanente a la representación de la plantilla, en cuatro meses ni el Secretario de Estado de Empleo y Economía Social y mucho menos la ministra, no han encontrado hueco en su agenda para tratar los problemas existentes. Hay un innegable desprecio hacia la plantilla. Poco importa la misma a la dirección política de este Ministerio de Trabajo y Economía Social, poco le interesan las condiciones de trabajo o los peligros que se ciernen sobre la gestión de la Institución. Si algo les importa es instrumentalizar los esfuerzos que está realizando la plantilla de la Inspección, en beneficio propio. 

Por lo tanto, nuevamente la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ve llamada a un paro completo que va a dejar los centros de trabajo vacíos y que indudablemente tendrá impacto sobre la actividad del organismo. Una convocatoria que viene avalada por todas las centrales sindicales con representación en el organismo y por la inmensa mayoría de las asociaciones o sindicatos profesionales.

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No ha sido posible concretar ningún avance. No hay voluntad política por parte de este Gobierno de reforzar este organismo. Puede sorprender, pero a pesar de la disposición de todas las organizaciones convocantes, CCOO, CIG, CSIF, SITSS, SISLASS, UGT, UPIT y USESS, no ha existido el más mínimo gesto por parte del Gobierno que permita suponer su compromiso con el acuerdo firmado en julio de 2021 y su voluntad de cumplirlo.

Es indudable que cada día que pasa el conflicto se hace más profundo con el peligro que ello conlleva de que se vaya radicalizando y haciendo más difícil encontrar soluciones válidas.

Hoy, nuevamente, la plantilla de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ve en la obligación de dar un paso a modo de aldabonazo en la puerta de quienes están impidiendo que las medidas correctoras se sustancien.

Los poco más de 3.000 efectivos de la institución están llamados a participar y a tenor de lo que pudimos ver en las concentraciones de hace dos días, la respuesta va a ser singular exigiendo que el acuerdo firmado se cumpla en su totalidad.

Las carencias son numerosas y cada día más graves. La escasez de plantilla es patente, los medios con los que se cuenta sufren un achatarramiento innegable, la estructura está sin desarrollar y pone en cuestión una correcta organización y coordinación, el reconocimiento del esfuerzo de quienes trabajan en la Inspección es inexistente, no hay posibilidad de carrera profesional, no hay horizonte de mejora y en algunos apartados nos encontramos con los niveles retributivos más bajos de toda la Administración.

Un Gobierno que se empeña en mantener esta situación en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social solo demuestra tenerle escaso cariño a la institución a pesar de que verbalice una y otra vez el valor de la misma.

Un Gobierno que dilapida los créditos disponibles para reforzar este organismo también demuestra escaso interés en reforzarlo y en colocarlo en el nivel necesario para cumplir los compromisos que tiene con la ciudadanía. Más del 20% del presupuesto del año 2022 se ha quedado sin ejecutar. La mejora introducida presupuestariamente en dicho ejercicio se ha ido por el desagüe a pesar de que la misma tenía holgura suficiente para dar respuesta a todas las soluciones necesarias.

Y esta sinrazón, este inexplicable conjunto de decisiones, este incumplimiento que se escapa a cualquier razonamiento es el que nos lleva nuevamente a la convocatoria de huelga de hoy y nos seguirá colocando en clave de conflicto en el futuro hasta que se superen todos los obstáculos.

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No se han producido avances, en lo que ha soluciones se refiere, en relación a las carencias y deficiencias que se sufren en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las medidas necesarias para corregirlas.

A pesar de las convocatorias de huelga, del deterioro del clima laboral en todos los centros, de la práctica unanimidad de todas las organizaciones participantes en la defensa de los derechos de la plantilla en intensificar la protesta en el organismo, a pesar de todo ello el Ministerio de Trabajo y Economía Social sigue en silencio, el Ministerio de Hacienda y Función Pública sigue oculto y el gabinete del Presidente de Gobierno se conforma con contestar dos folios que podemos resumir en muy pocas palabras: Se está en ello.

Después de más de año y medio se sigue en ello y se sigue sin concretar ni una sola de las medidas acordadas para reforzar esta institución.

Irremediablemente los términos de la confrontación laboral abierta en la Inspección de Trabajo se van a ir endureciendo. Todas las organizaciones convocantes estamos de acuerdo.

En esa línea, este 23 de enero se van a realizar concentraciones de trabajadores y trabajadoras en todos los centros del organismo. Se realizarán a las 12 horas (en las Islas Canarias a las 11 horas) en las puertas de cada uno de ellos, en un acto de protesta previo al día de huelga marcado para el miércoles, 25 de enero.

Será una nueva demostración del cansancio y hastío de la plantilla de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como de su disposición a llevar la pelea por la defensa de sus derechos, la pelea por defender el refuerzo de este organismo, la pelea por acabar con todas las deficiencias que se sufren en la ITSS hasta donde sea necesario para definitivamente cambiar esta Inspección, para modernizarla  y transformarla en la que la ciudadanía demanda y la que necesita para el siglo en el que estamos.

Todas las organizaciones convocantes, CCOO, CIG, CSIF, SITSS, SISLASS, UGT, UPIT y USESS, tras las conclusiones a las que se llegaron en las pasadas semanas, vamos a seguir profundizando en el conflicto hasta que el Gobierno cumpla con el acuerdo para reforzar este organismo que se alcanzó en el mes de julio de 2021.

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La huelga ha contado con un 80% del seguimiento en cuanto a técnicos y administrativos, ya que es más difícil cuantificar el seguimiento en inspectores y subinspectores, pues normalmente se encuentran fuera de la Inspección. Los servicios mínimos se habían establecido en 4 personas

“La única manera de forzar es convocar esta huelga”, ha apuntado Jesús Martínez, Coordinador Territorial de la Administración General del Estado, de CCOO en La Rioja, que ha cuantificado en el doble el número de personas trabajadoras necesarias. “Lo que más se ha perdido son técnicos y administrativos, es necesario el doble de plantilla para el servicio que damos”.

Actualmente, la Inspección de Trabajo cuenta con 44 personas trabajadores en La Rioja, con 18 técnicos y administrativos y 26 inspectores y subinspectores.

“La ministra de Trabajo defiende la inspección como muy necesaria, pero son palabras vacías que no van a ningún sitio, ya que no se corresponden con hechos que solucionen la falta de personal, mientras, pagan las consecuencias las personas trabajadoras y las personas usuarias”, ha concluido.

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Tras ocho meses de espera solo se concreta el incumplimiento del Gobierno del acuerdo adoptado el pasado 7 de julio que recogía una serie de medidas fundamentales para salvar el funcionamiento de la ITSS.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social sufre una acumulación de déficit que colocan su actividad al borde del fracaso. Se carece de la plantilla necesaria, se carece de los recursos técnicos y materiales fundamentales. No existe un reconocimiento al esfuerzo de su plantilla y la colaboración de esta, que es lo que ha salvado el funcionamiento de esta institución en los últimos años, está en vías de agotarse.

Se ha convocado un primer día de huelga de 24 horas de toda la plantilla de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el próximo día 30 de marzo.

Con carácter previo y como primera medida de protesta de carácter colectivo, se han convocado concentraciones de los trabajadores y trabajadoras de la ITSS ante cada una de sus sedes provinciales para el día 22 de marzo entre las 12:00 y las 12:30 horas, en la Comunidad Autónoma de Canarias el horario será de 11:00 a 11:30 horas para hacerlo coincidente con la acción en ámbito peninsular.

Aunque, por parte de las organizaciones convocantes, se ha mantenido una posición excepcionalmente moderada en lo que a las exigencias de aplicación de un acuerdo que ya tiene ocho meses de retraso, se ha llegado a un punto en donde solo puede concluirse la voluntad del gobierno de incumplir el mismo y provocar el completo abandono del organismo y de su plantilla.

No podemos permanecer en silencio cuando, por un lado, el ministerio y otros órganos de este gobierno, ensalzan el papel de la ITSS y el trabajo que desde esta institución debe abordarse en el futuro y por otro se olvidan de reforzarla y desprecian las medidas esenciales que se habían acordado como primer paso para superar los déficit existentes en este organismo.

Sorprende aún más si cabe la debilidad de los máximos responsables del Ministerio de Trabajo y Economía Social que renuncian a defender un acuerdo que ha sido suscrito por ellos, avalado por la propia ministra, y que responde a un diagnóstico compartido para buscar las soluciones necesarias en la Inspección de Trabajo y Economía Social que debiera servir para construir la institución que este país necesita en este siglo XXI.

Es indudable que abrir un conflicto en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social puede tener consecuencias que afecten a la ciudadanía. No está en nuestra voluntad propiciar un deterioro aún mayor de nuestro organismo, pero de cara al futuro serían mucho más peligroso transigir y mantenernos en silencio ante decisiones políticas que propician una situación que en su desarrollo futuro pone en riesgo el papel y la calidad del servicio que debe garantizarse desde la ITSS.

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