En el acto, las organizaciones sindicales han subrayado que las personas mayores “no son un grupo silencioso ni invisible, sino memoria viva y parte activa del presente y del futuro de nuestra sociedad”. Por ello, han reclamado la puesta en marcha de medidas urgentes que garanticen derechos básicos y condiciones de vida dignas.

El manifiesto destaca, entre otras cuestiones:

• Reactivar la financiación del sistema de dependencia y acabar con el llamado “limbo de la dependencia”.
• Pensiones dignas, especialmente para las mujeres, asegurando que ninguna quede por debajo del umbral de la pobreza.
• Una política de vivienda adecuada que garantice accesibilidad, seguridad y protección frente a los desahucios.
• Erradicar el edadismo en todos los ámbitos sociales e institucionales.
• Aprobar una Ley Estatal de Derechos de las Personas Mayores, que reconozca a este colectivo como titulares plenos de derechos.

Asimismo, el manifiesto se posiciona contra los discursos de odio y el auge de la extrema derecha, defendiendo la memoria democrática y la justicia social. También incluye una fuerte denuncia contra la guerra y el genocidio en Palestina, reivindicando la paz como condición indispensable para la vida y los derechos humanos.

Desde las Federaciones de Pensionistas de CCOO recuerdan que “este 1 de octubre no pedimos compasión, pedimos justicia”. Y añaden: “las personas mayores no son una carga, sino fuerza crítica y constructiva. Queremos vivir y envejecer con dignidad, con derechos y con voz”.

Por los derechos de las personas mayores, por la paz y por la justicia global, hoy y siempre: alzamos nuestra voz.

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En la reunión participó el secretario de la Federación, Eusebio Marín, y los miembros de la ejecutiva Maribel Zaldívar y Julio Ruiz y, por parte la Consejería, además de la consejera, también intervino la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo y la Gerente de Atención Primaria Begoña Ganuza. “El resultado fue muy decepcionante para CCOO”, ha considerado Eusebio Marín, lamentando que la consejera no respondiera a algunas cuestiones y que nos dijera que los datos estadísticos de que existen en La Rioja, más del doble de plazas privadas que públicas en las Residencias, no son ciertos. “Esperábamos otra cosa”.

Las primeras palabras de la consejera fueron que sólo protestamos cuando gobierna el PP, a pesar de transmitirle que nosotros siempre exponemos nuestras ideas y planteamientos sea cual sea el color de quien gobierne.

La resolución que exime de penalidades a las empresas que gestionan residencias y centros de mayores por no cumplir las ratios de personal fue indudablemente la cuestión prioritaria que trasmitimos a la consejera. “Nos preocupan las consecuencias de no cumplir las ratios y mucho más nos preocupan las personas residentes que sufrirán esas consecuencias, y también, las plantillas de los centros”, se advirtió desde la Federación de Pensionistas. Sin embargo, ambas partes coincidieron en que las personas mayores se merecen la mejor atención, pero las formas de conseguirlo no pueden ser más opuestas.  

Eusebio Marín defiende que “la Resolución no marca ningún porcentaje máximo o mínimo en el incumplimiento de la ratio y tampoco establece temporalidad”. “Si el problema es que no se encuentra personal, la consejería debería facilitar que se pueda contratar y buscar la forma de hacerlo y esa fórmula no pasa por beneficiar a quién está incumpliendo las normas”, se insistió desde CCOO.

 El secretario de Pensionistas de CCOO manifestó: “Este problema, como ustedes saben de sobra, tiene solución y es una cuestión de prioridades en inversión. Lamentamos tener que decir que, mientras se consideren las residencias como un negocio puro y duro, el futuro de las personas que las necesiten, pinta muy mal. “Sin voluntad política para solucionar los problemas, no existe solución”.

Desde esta Federación, apostamos por las residencias públicas porque, a nuestro juicio, quedan mejor garantizados los derechos de las personas más vulnerables y con menos recursos económicos. Estas personas no pueden acceder a residencias privadas cuyo fin es meramente empresarial, donde el coste del servicio se incrementará para conseguir el margen de beneficio o será la calidad del servicio la que se verá mermada. Al parecer, desde la Consejería se considera que lo público sólo debe llegar donde no llega la iniciativa privada y no al revés.

La consejera aboga, así como esta Federación  de Pensionistas y Jubilados, por la libertad de elección de centro, pero es imposible ejercer la libertad de elegir una plaza en un centro público, si no hay suficientes centros públicos.

 Otras cuestiones que se trasladaron a la consejera fueron la necesidad de promocionar las residencias públicas, centros de día, impulsar la actividad en el Hospital General de La Rioja o mejorar la Atención Primaria y la Atención Especializada, haciendo especial hincapié en la necesidad de geriatras, ante lo que tampoco se recibieron respuestas ni compromisos de la Consejería de Salud. Simplemente, la consejera, nos instó a dirigirnos al ministerio porque, según ella, es el responsable de que no haya personal suficiente. “Lo que sí nos dijo es que en el Hospital General se van a hacer cosas muy bonitas. ¿Cuáles?, esta Federación se fue de la reunión sin saberlo.

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Los Jubilados y Pensionistas de CCOO apuestan por un modelo de sociedad del proyecto socialdemócrata, en el que el conjunto de la sociedad deba de proveer los sistemas de bienestar, en especial, en situaciones de necesidad frente al modelo neoliberal de que cada uno debe proveerse su bienestar según su capacidad.

Apoyamos el actual Sistema Público de Pensiones por ser un potente mecanismo de redistribución de la riqueza en España. Hacerlo sostenible no sólo aporta tranquilidad a los trabajadores de hoy, también debe ser capaz de aportar la suficiencia de las pensiones para los pensionistas, manteniendo el equilibrio entre la contribución, la equidad y la solidaridad.

El desarrollo de la vanguardia tecnológica y con ella las políticas de transformación digital están creando una brecha cada día más amplia, alejando a los mayores de las mejoras pretendidas. Por este motivo la atención a los mayores de manera preferencial para el sector público y también para el privado y servicios esenciales como la luz o el gas se debe garantizar por Ley, más allá de protocolos preferenciales de carácter voluntario. También es exigible e indispensable satisfacer por parte de las entidades bancarias las necesidades de las personas mayores y cuidarlas respetando sus derechos.

Consideramos necesario ir creando estructuras que permitan la participación de los mayores en todos los niveles de la Administración, diseñando políticas de envejecimiento activo con alternativas desde la esfera municipal basada en sus tres pilares (fomentar la participación de los mayores, mejora de la Salud con mejor calidad y servicio público adecuado al colectivo y garantizar la Seguridad y protección de los Adultos.

En esta legislatura que termina, se han logrado bastantes retos que proponíamos, pero son insuficientes. Seguimos reclamando mejoras sociales que se han quedado en el cajón. Para la reconstrucción social y económica hay que blindar el Contrato Social, con el fin de que lo vivido en crisis anteriores no vuelva a ocurrir. Las mejoras se deben apoyar en cuatro pilares:

1. Reducir las desigualdades
2. Luchar contra la pobreza
3. Ofrecer seguridad económica
4. Blindar nuestros servicios públicos

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Por ello, en esta legislatura hemos ido exponiendo nuestras preocupaciones, tanto a la administración autonómica como a la estatal, requiriendo una información clara y propuestas reales de solución. Lo hicimos sabiendo que dichas situaciones se vienen arrastrando como consecuencia de unas políticas sociales en que las personas no contaban para tomar las decisiones. Cuando se cuenta con los colectivos implicados, las cosas funcionan. Pero todo esto no es óbice para que señalemos aquellos temas a los que creemos que hay que dar una respuesta urgente ya que, para la casi totalidad de personas mayores, son situaciones muy preocupantes debido a su especial vulnerabilidad:

Acceso de las personas mayores a solicitar citas previas de forma presencial, tanto en Seguridad Social, SEPE y otros organismos dependientes de la Administración. En estos casos se ven afectadas todas las edades con protocolos que requieren conocimientos informáticos. Obtener cita previa es una carrera de obstáculos, de solución no tan difícil, con voluntad política: Dar las citas de forma DIRECTA en la Oficina integral de la Seguridad Social  Particularmente en el caso de la gente mayor, que son las que habitualmente tienen más dificultades con las nuevas tecnologías. La atención presencial es un derecho de la persona y la digitalización es una herramienta valiosa, que puede facilitar las cosas, pero no puede ser la única alternativa ya que si no sería una imposición y generaría la exclusión de las personas más frágiles.

La escasez de personal sanitario no puede ser siempre la única respuesta a las necesidades de la atención primaria. Reconocemos el esfuerzo de la Consejería de Salud  por poner alguna solución al tema (contratación de médicos para atención por teléfono desde el Hospital San Pedro). Quizá haya descongestionado las urgencias del CARPA, pero puede hacer que las personas atendidas, poco a poco, vayan perdiendo  la  referencia  de su  médico  de  cabecera, algo  que  en  el caso de las personas mayores origina un deterioro de la confianza en la medicina, afectando incluso a su salud psicológica.

La recuperación de servicios en el Hospital de La Rioja puede ser una solución, pero llevamos tanto tiempo con ese déficit en estas materias que será necesario poner algún remedio en un plazo de tiempo razonable.

Todo lo relacionado con la dependencia deja muchos frentes abiertos. La falta de residencias o centros de día públicos hace que se produzcan problemas difícilmente resolubles. Para nosotros son fundamentales (si queremos que la atención en las residencias mejore): las contrataciones, los derechos de los trabajadores/as, la participación de los familiares en la gestión… El CAMBIO DE MODELO no se ve por ninguna parte, al menos en proyectos que podamos conocer.

El sistema de valoración de la dependencia es lentísimo. Hay casos que tardan en resolverse más de seis meses y muchas veces provoca graves perjuicios a quien sufre tal demora.

Mientras dure la concertación con el centro de recuperación de Valvanera, es imprescindible que haya un seguimiento de la misma (casos de falta de personal, poca atención al paciente, deterioro en las instalaciones y escaso mantenimiento de las mismas, etc). La calidad en algunos servicios deja mucho que desear, además de la insuficiente coordinación con el Hospital San Pedro.

En el tema de las entidades bancarias queremos insistir una vez más en las dificultades, obstáculos y la falta de accesibilidad de los usuarios. A la ciudadanía, personas mayores o no, se nos obliga a tener que usarlos para cobrar los salarios y las pensiones, para gestionar pagos o llevar a cabo otras operaciones. Por consiguiente, en este aspecto las entidades bancarias están haciendo un servicio público. No nos vamos a cansar de repetir los miles de millones de euros que nos costó su rescate y nunca devolvieron ni un céntimo. De lo que se trata es de que las distintas administraciones actúen con energía en este asunto. No valen ya (casi nunca valieron) los protocolos para pedirles buenas prácticas. Eso no entra en el ADN de los bancos y se necesitan actuaciones que corrijan estas disfunciones y, si no es así, se les penalice por las malas praxis.

Es una aberración el abandono y falta de servicio de los bancos en los pequeños pueblos.

Desde la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO seguiremos denunciando estos malos hábitos porque hacen que la calidad de vida del colectivo de mayores se vea seriamente afectada.

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Sepúlveda ha puesto el acento en el problema de envejecimiento que atraviesa España. “El estudio prevé que esta tendencia va a continuar; ya estamos cerca del 20% de la población mayor de 65 años y si no hay una buena política de natalidad, la población seguirá envejeciendo”. “Es un reto para el Estado, necesitamos la llegada de las personas migrantes”, ha subrayado el secretario estatal de las personas pensionistas.

Consulta el Observatorio Social de las Personas Mayores de CCOO

En CCOO han querido destacar las dificultades que atraviesan las personas mayores para llevar a cabo trámites digitales en bancos y administraciones públicas. “A pesar de los compromisos, seguimos prácticamente igual. No aumentan las plantillas ni los medios y nos obligan a hacerlo casi todo por Internet, es un problema importante para las personas mayores y hay que solucionarlo”.

Por ello, reclaman formación para mayores en tecnologías: “No vale la buena voluntad, hay que aportar recursos y dar facilidades”. En cuanto a los datos, el 67% de las personas mayores de 65 años utilizan mensajería instantánea, el 52% leen prensa a través de Internet, el 48% realizan videollamadas y 42% reciben emails. Unos porcentajes que se reducen según avanzan en edad.

En sentido, el secretario de Pensionistas de CCOO La Rioja, Eusebio Marín, ha recordado las sucesivas reuniones que han mantenido con la Delegación del Gobierno para reclamar atención presencial para las personas mayores en la administración pública: “alegaron falta de personal, luego anunciaron la incorporación de 13 personas pero van pasando los meses y no se soluciona, hace falta voluntad política”. 

El Observatorio Social de las Personas Mayores también recoge que el porcentaje del PIB destinado a sanidad debe superar el 7,5% frente al 6,4% actual. “Hay que hacer una reforma fiscal para conseguir recursos”, ha considerado Juan Sepúlveda, recordando las listas de Atención Primaria.

 También se han referido a la reforma de las pensiones. En España hay 10.009.140 pensionistas  con una pensión media de jubilación de 1.189 euros y 2.354.100 pensiones de viudedad de 848 euros de media. En La Rioja hay 72.124 pensionistas con pensión media 1.172 euros y de viudedad hay 16.008 pensiones por valor medio de 835 euros.

“La atención a la dependencia se ha conseguido por las reclamaciones sindicales y CCOO reivindica que las personas dependientes sean cuidadas por profesionales”, ha pedido Eusebio Marín, que ha subrayado que las plazas residenciales privadas siguen siendo el doble que las públicas.

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En la primera reunión, que tuvo lugar en febrero del año pasado, ya se pusieron en común las preocupaciones y necesidades del colectivo de personas mayores, jubiladas y pensionistas, así como las obligaciones y objetivos de ambas consejerías en relación a los temas tratados.

Esas preocupaciones giraban en torno fundamentalmente a la Dependencia y todo lo relacionado con ella: Trámites de valoración, Centros de Día públicos, Modelo de Residencias, Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros, Servicios del Sistema para la Autonomía y atención a la Dependencia, Asistencia en el domicilio y sobre todo, la situación real en los centros donde se sigue denunciando la falta de personal.

Otro de los temas que preocupan son las prestaciones del IMV. Aun considerándola una medida necesaria y positiva, no deja de encontrar obstáculos por lo que no consigue llegar a todas las personas que lo necesitan o llegan tarde. Lo mismo ocurre con las gestiones para poder conseguir las prestaciones de dependencia. Estas cuestiones repercuten directamente en la economía de los mayores ya que en muchos casos, estos deben hacerse cargo del resto de su familia ante las situaciones de precariedad.

En cuanto a Salud son preocupantes las listas de espera en atención primaria y en especialidades, el poco tiempo de dedicación médica, la necesidad de aumentar geriatras, y la necesidad de mantener a los médicos rurales. No son de recibo los días de espera para un reconocimiento con tu médico de atención primaria de hasta 20 días si lo quieres presencial o de 13 días para una atención telefónica en algún pueblo.

En estos campos ha habido avances como el Centro de Día en Uruñuela, la Residencia de Mayores en Torrecilla en Cameros, las intervenciones quirúrgicas en sábados, la recuperación de actividad en el Hospital de La Rioja…, pero continúa habiendo escasez de personal en residencias, las citas previas en atención primaria vuelven a ralentizarse, habiendo dificultades para ser atendido por el médico de familia.

La Federación de Pensionistas y Jubilados está especialmente sensible con el seguimiento en cuanto a personal y atención del acuerdo suscrito con Viamed Valvanera para largas estancias y rehabilitaciones y considera prioritario ir hacia otro modelo de residencias y aumentar los centros de día.

La pobreza energética es otro de los factores que afecta en gran medida a las personas mayores más vulnerables y con menores recursos o pensiones.

Desde la Federación se seguirá pidiendo información y explicaciones a las distintas consejerías, siempre para exigir la mejora de los derechos para las personas mayores.

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Las personas pensionistas venimos reclamando desde hace meses la atención presencial en los organismos públicos que dependen de la Administración Central, especialmente para las personas mayores, así como las solicitudes de cita previa. Durante la reunión, nos informaron que ya se podía acudir acompañado a las citas, lo cual era otra de nuestras peticiones.

También transmitimos a la Delegación la necesidad de disponer de medios digitales en los propios edificios para que aquellas personas que carezcan de acceso a Internet puedan hacer in situ trámites sencillos. Así mismo, los pensionistas de CCOO reivindicamos la responsabilidad subsidiaria de la Administración ante el deterioro de la atención que prestan las entidades bancarias, sobre todo en las zonas rurales.

Desde este sindicato, creemos que se deben estudiar las posibilidades para que en el entorno rural la población pueda acceder a los servicios bancarios tan necesarios y a los que cada vez es más difícil acceder. Creemos que esto es un derecho fundamental de las personas y no se puede dejar a la buena voluntad de las entidades financieras.

La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de La Rioja denuncia además las dificultades para tramitar y recibir la prestación del IMV (Ingreso Mínimo Vital).

No se han puesto en marcha las medidas necesarias para solucionar estos problemas a pesar de que hace unos meses nos transmitieron que se podían resolver de manera fácil y rápida. 

En la reunión con la delegada, informó que se van a incorporar, de momento de forma interina, 13 personas entre el INSS y la Tesorería de la Seguridad Social con el fin de reforzar el servicio en La Rioja y paliar este déficit de atención ciudadana. Según indicó, también se reforzará la plantilla del SEPE, aunque no concretó con cuántas personas.

Beatriz Arraiz comunicó también que se está diseñando un programa de atención itinerante para facilitar la gestión de trámites en municipios riojanos menores de 8.000 habitantes con el fin de acercar la Administración a la ciudadanía.

Los carteros rurales disponen de un dispositivo PDA que permite en el domicilio del usuario realizar muchos de los servicios que se prestan en las oficinas, como pagar recibos y tributos, pedir distintivos de la DGT, acceder a la venta de billetes de tren, servicios de luz, gas, telefonía, seguros, etc. También se pueden pagar deudas tributarias y otras de derecho público del Gobierno de La Rioja en en las oficinas de Correos y a través de los carteros rurales. La Delegación del Gobierno asegura que siguen trabajando para acercar más servicios a través de los carteros rurales.

*Imagen de archivo

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El gerontólogo Miguel Anxo Álvarez ofrecerá ejercicios y propuestas sencillas y entretenidas para mantener la memoria, aumentar la calidad de vida y contribuir al envejecimiento activo.

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La pandemia (que no ha terminado aún), nos ha de hacer reflexionar sobre la importancia que otorga la sociedad a la salud, la vivienda, las relaciones sociales, y sobre todo, a los cuidados, ya que son un elemento central para asegurar la calidad de vida de toda la población. Las personas mayores, consideradas como grupo de riesgo ante el virus, han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias de la pandemia en todos estos ámbitos, derivada del mayor impacto del virus en su salud, pero también de la falta de recursos que las Administraciones Públicas de todos los niveles, destinan a las políticas públicas de salud, vivienda y dependencia.

Pero no podemos olvidar que la crisis sanitaria ha puesto el foco sobre las residencias, entornos de vivienda en común, en los que se han infectado y fallecido un número muy elevado de personas mayores residentes, en un elevado número de casos sin recibir asistencia médica. La calidad de la atención de las personas mayores residentes y las condiciones laborales de las personas trabajadoras en ellas, han hecho saltar las alarmas sobre la necesidad de aumentar el control de las residencias para asegurar una mejor gestión, especialmente en momentos críticos. No debe olvidarse que el 70% de las plazas residenciales en España son privadas. Es necesario analizar la gravedad lo ocurrido con la COVID-19, y movilizar a todas las Administraciones Públicas para cambiar el actual modelo de residencias, en las que no se busque solo el beneficio económico, sino fundamentalmente el bienestar de las personas usuarias.

España, al igual que otros países de su entorno, ha de enfrentar el desafío de asegurar la calidad de vida de las personas mayores, que año tras año son más numerosas. El proceso de envejecimiento poblacional al que se suma España con cierto retraso con respecto a otros países europeos, atraviesa los debates sobre los nuevos retos que los Estados del Bienestar deben afrontar. Los cambios demográficos que comienzan en las últimas décadas del siglo XX están transformando la composición social: La caída de la fecundidad, el aumento de la edad de formación de las familias y la prolongación de la esperanza de vida, está dando lugar a poblaciones cada vez más envejecidas.

No debemos olvidar el envejecimiento de la población en las zonas rurales, que hacen de la atención y los cuidados un elemento crucial para asegurar la calidad de vida de las personas mayores residentes en esos núcleos poblacionales, y muy especialmente de las mujeres, ya que son ampliamente mayoritarias. También hay que atender a las personas más jóvenes que las cuidan.

Reclamamos en este día la visibilidad y la importancia que requiere el hecho de reconocer las importantes aportaciones que las personas mayores realizamos para el avance de nuestra sociedad, así como para que crear conciencia intergeneracional sobre las diferentes oportunidades y los desafíos del envejecimiento activo en nuestro tiempo.

Los países en desarrollo albergarán más de dos tercios de la población de edad avanzada del mundo. En el año 2050 alcanzaremos la cifra de 1.100 millones de personas mayores. Hoy en España, de los algo más de 47,3 millones de habitantes, casi el 20% son personas mayores de 65 años.

La pandemia de la COVID-19 ha servido para visualizar la importancia que tienen los servicios públicos para garantizar el bienestar de todas las personas, pero no podemos obviar los evidentes retos que aún presenta y sobre todo para el colectivo de personas mayores, por ello urge resolver las numerosas lagunas y carencias que tiene nuestro sistema de protección social.

Es necesaria más atención a las personas en su domicilio, hay que identificar a las personas con mayores necesidades de atención y priorizar las consideradas imprescindibles en cada caso para así poder reorganizar los recursos. Se emplaza a que sean los y las asistentes sociales pertenecientes a las respectivas consejerías de servicios sociales, quienes en el marco de una adecuada coordinación sociosanitaria, bajo la dirección de los servicios públicos de salud, valoren las situaciones personales y sociales de las personas usuarias, y no las empresas privadas que actualmente prestan estos servicios.

Para ello los sistemas públicos de salud, dependencia y servicios sociales, son elementos esenciales para lograr envejecer en condiciones saludables y con autonomía. Además son instrumentos para luchar contra la desigualdad en todas las etapas de la vida, abordando las diferencias territoriales existentes así como la cobertura de servicios y recursos destinados para las personas mayores.

Hay que seguir garantizando el Sistema Público de Pensiones, para ello el último acuerdo es muy importante pues se garantiza revalorización de las pensiones, con la media de la subida del IPC de diciembre a noviembre; se elimina el factor de sostenibilidad, por el cual las futuras pensiones perdían poder adquisitivo; el Estado asume las políticas de interés general (empleo, igualdad, apoyo sectorial, etc.,) que anteriormente se venían financiando con las cotizaciones de la Seguridad Social, y se compromete a garantizar el Sistema Público de Pensiones, al incluirse en la Ley General de la Seguridad Social una cláusula mediante la cual se realizará anualmente una transferencia a través de los PGE en torno a un 2% del PIB, 22.000 millones de euros, lo que representa una gran mejora en los ingresos del sistema y por lo tanto de la sostenibilidad de las pensiones. Hay una segunda fase que se tiene que negociar (ya se han negociado las cotizaciones del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) con acuerdo de todas las organizaciones sociales, asociaciones de autónomos incluidas, para que en un periodo de transición coticen por los ingresos reales; el Gobierno ha sacado adelante los planes y fondos de pensiones de empleo). Aún está pendiente aumentar los ingresos del sistema con el destope de las bases máximas de cotización.

No podemos olvidar que la desigualdad salarial entre hombres y mujeres se refleja claramente en la brecha que existe en las pensiones. Tanto el tipo de pensión como su cuantía, colocan a las mujeres en una posición peor que la de los hombres.

Por todo ello en el día 1 de octubre, la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO reclamamos al Gobierno y al conjunto de las Administraciones y Poderes Públicos, lo siguiente:

1.-El desarrollo e implantación de políticas públicas en materia de promoción de la salud son imprescindibles para garantizar el envejecimiento activo, la falta de éstas, afectan de forma directa al deterioro de la salud y las capacidades autónomas de las personas mayores. Se hace cada día más imprescindible situar el gasto sanitario público en al menos, el 7,2% del PIB, algo que venimos reivindicando durante años y que con la pandemia se demostró muy necesario. Ese incremento en la financiación debe aparejar el incremento del gasto en Atención Primaria hasta el 25% del total, para conseguir acercar a la población los servicios sanitarios, y dar más capacidad resolutiva a la Atención Primaria.

2.-Se necesita impulsar la atención domiciliaria a las personas dependientes, así como reforzar los centros de atención diurnos y nocturnos. También hay que reconocer el enorme esfuerzo y entrega que han demostrado durante la pandemia los/las trabajadores/as de las residencias, que han trabajado en condiciones muy precarias y para quienes se sigue teniendo la deuda de asegurar unas condiciones de trabajo justas y dignas. Para articular el modelo residencial que necesitamos, es necesario tener protocolos de cómo se debe cuidar a las personas usuarias de las residencias. Es necesaria la vigilancia por las Administraciones Públicas competentes para asegurar que se cumplen las condiciones acordes con la licencia de funcionamiento de las residencias. Hay que minimizar el riesgo de que pueda haber conductas no adecuadas o un sistema basado más en el negocio que en la atención y bienestar de las personas residentes.

3.-Reclamamos que en la agenda política de nuestro país se recupere la necesidad de impulsar una Ley Integral de los Derechos de las Personas Mayores. Esta ley debe garantizar la protección específica de las personas mayores, que contemple los ámbitos de la salud, la vivienda, la protección social y económica, la protección jurídica, la cultural o el ocio. Así como también la no discriminación por razón de edad o seso y garantizar la visibilidad y la participación activa de las personas mayores en todos los ámbitos de la sociedad. En definitiva una ley que proteja e impulse la idea de del envejecimiento activo como un logro obtenido por los avances científico- técnicos del conocimiento humano y, a la vez, como un reto para conseguir que durante el tiempo en que se prolongue la pervivencia se garantice la mejor calidad de vida.

4.-El Acuerdo de diálogo social para la puesta en marcha del Plan de Choque del Sistema de Dependencia 2021-2023, suscrito en enero de 2021 por CCOO, UGT, CEOE, CEPYME y el Ministerio de Derechos Sociales, incluía un compromiso de aumento de la financiación estatal condicionándolo a la mejora de determinados indicadores de calidad del SAAD. Entre ellos, se encuentran la calidad del empleo de los y las profesionales que prestan los servicios junto a otros, tales como reducir la lista de espera, el reconocimiento prioritario de servicios profesionales frente a prestaciones económicas, etc.

Pese a que el Gobierno está cumpliendo con el compromiso de aumentar la financiación estatal en 3.600 millones de euros hasta 2023, el Ministerio de Derechos Sociales no ha vinculado la condicionalidad de esta mejora de financiación al aumento de la calidad del empleo y el Acuerdo de acreditación de centros y servicios renuncia a adoptar medidas contundentes de mejora de las condiciones laborales hasta que finalice el año 2023; y aún entonces, condiciona las escasas medidas a un nuevo y adicional incremento de financiación.

5.-Como estamos en una crisis energética y alimentaria, con fuertes subidas de los precios en estos bienes esenciales, que hace que miles de trabajadores/as, de pensionistas y jubilados, tengan problemas para llegar a final de mes, por ello, solicitamos que se baje el precio de los servicios esenciales y lograr un reparto equilibrado entre todas las rentas, incluyendo a los beneficios empresariales.

6.-Garantizar pensiones dignas y suficientes, tanto para nosotros como para los futuros pensionistas, el proceso de diálogo social se ha demostrado como el método más eficaz para garantizar pensiones dignas, suficientes y sostenibles. Dicho proceso ha permitido recuperar la revalorización de las pensiones ligadas al IPC garantizando así el poder adquisitivo de todos los pensionistas; Pero ahora con el IPC disparado nos encontramos con algunos llamados expertos y con el Gobernador del Banco de España que están presionando para que los pensionistas y jubilados no recuperemos todo el IPC.

7.-Los partidos políticos tienen que tener en cuenta que el colectivo de personas mayores es muy vulnerable a políticas de recortes en cualquier materia (sanidad, vivienda, pensiones). Máxime cuando en demasiadas ocasiones, son las personas mayores las que se ven obligadas a asumir el papel de sustentadoras principales de sus hijos y sus nietos; no es anecdótico que las pensiones suponen la principal fuente de ingresos de más del 25% de los hogares.

8.-Hay que revisar los criterios de acceso al Bono Social Térmico para que éste cubra a más colectivos en situación de pobreza energética, simplificando la carga burocrática y facilitar las gestiones para poder acogerse al Bono Social Térmico.

Hay que reformar el sistema de formación de precios del mercado de la electricidad para limitar los beneficios extraordinarios de las compañías eléctricas, así como un mayor control público de algunas de las actividades del sistema eléctrico. Una gran parte de los países de la UE tienen empresas generadoras de electricidad cuyo capital es público en parte o total. En España existe la paradoja de que una de las grandes empresas generadoras de electricidad, ENDESA, es propiedad en un 70% de Enel, empresa pública italiana.

9.-Las personas mayores preferimos envejecer en nuestras casas, pero uno de los principales problemas es la accesibilidad a nuestros propios hogares, pues en España hay alrededor de 5 millones los edificios que no cuentan con ascensor, además de otras barreras arquitectónicas, por lo cual unos 1,8 millones de personas no tienen la posibilidad de salir de sus casas.

10.-Queremos resaltar que si alguien sufre los efectos de la falta de servicios, el empobrecimiento y el abandono institucional en la España vaciada, son los que mayoritariamente la habitan, las personas mayores. Es urgente la realización de políticas que les saquen del olvido, para ello es necesario un debate nacional sobre la España que queremos y cómo la queremos estructurar.

11.-Se necesita asegurar una estructura fiscal justa y eficiente que permita asumir la inversión social necesaria que nos acerque a la media de los países europeos de nuestro entorno, para asegurar vidas dignas y una mayor cohesión social.

Ante los problemas que tenemos nuestro colectivo y si no se tienen en cuenta nuestras propuestas, en el desarrollo de políticas públicas y con una mayor dotación de recursos para la mejora del sistema de salud y dependencia, la financiación de las pensiones y el replanteamiento del sistema productivo y fiscal, los pensionistas y jubilados de CCOO  conjuntamente con la sociedad organizada, nos seguiremos movilizando para conseguirlo.

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Maribel Zaldívar y Julio Ruiz, por parte del sindicato, han trasladado a Marrodán las dificultades para las personas mayores que supone solicitar cita previa en el Instituto Nacional de la Seguridad Social o el SEPE de forma telemática y han reclamado que se facilite pedir cita de forma presencial y también poder ir acompañados o acompañadas a realizar estos trámites.

La falta de personal en estas administraciones ha sido otra de las quejas transmitidas a la delegada así como la petición de más empleados que muestren en las propias oficinas cómo realizar los trámites.

Además, creen necesario hacer seguimiento del cumplimiento de las medidas que tienen que adoptar los bancos para facilitar la atención a las personas mayores y piden campañas informativas para que toda la ciudadanía esté informada de las estafas en las que se hacen pasar por entidades bancarias para conseguir datos personales.

La delegada, por su parte, les ha trasladado que el proceso de digitalización no puede dejar fuera a una parte de la sociedad y, por ello, se ha comprometido a estudiar cómo mejorar el acceso de este colectivo, pero también de la ciudadanía en general, a la información y los servicios que se prestan desde los organismos del Estado.

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