La vivienda se ha convertido en una estructura de exclusión social permanente. Bajo esta premisa, el sociólogo e investigador Javier Gil acuñó el término “Generación Inquilina”, un concepto que no entiende de edades pero sí de realidades socioeconómicas compartidas. “El concepto nace en 2008, se trata de la población más joven de aquel entonces, cuyo rasgo central es que no pueden acceder a una vivienda en propiedad, no porque no haya casas sino porque están excluidos”, explica Gil. De esta manera, se produce una fuerte concentración de las propiedades inmobiliarias, que cada vez están en menos manos. “Desde 2008 hay mucho capital especulativo que busca refugio en el mercado inmobiliario, lo que provoca que suban los precios de la vivienda y los desconecta de la economía real y de los salarios”.

Un modelo fallido que destruye la salud mental

En este contexto, la primera generación inquilina llega a la madurez y “no escapa del alquiler a través de su salario, porque los salarios ya no pueden pagar los precios de la vivienda”. Cada vez más generaciones se unen a este grupo social. La exclusión residencial ha dejado de ser un problema juvenil para convertirse en una realidad estructural que acompaña a las personas durante toda su vida. “Da igual que trabajes, que estudies, que te esfuerces, que en última instancia tu bienestar va a estar determinado por la capacidad de heredar una vivienda”, describe el investigador, lo que advierte que genera desafección de la población trabajadora con los valores de la sociedad, “porque dicen: ‘ya no merece la pena'”.

Las consecuencias de dejar la vivienda en manos de la especulación van mucho más allá de lo económico, impactando directamente en la estabilidad emocional y en los proyectos de vida. “Ya no puedes acceder a bienestar porque tienes una cosa central que no está asegurada y que eso genera inestabilidad, empobrecimiento, precariedad…”, subraya. Esta generación abocada al alquiler vive, como recalca el sociólogo, “marcada por la precariedad vital, por el malestar permanente porque es dedicar muchísimo dinero al pago de la vivienda, vivir bajo la incertidumbre si te van a echar o no, de si te van a subir al alquiler o no, de que te echen y tengas que cambiar de barrio, de escuela, de centro de salud…”.

Vivienda pública, cooperativa y asequible como solución

Frente a la ineficacia de las medidas actuales, el autor de Generación Inquilina señala la necesidad de un giro drástico en las políticas de vivienda y defiende la vivienda pública, cooperativa y asequible como “lo único que lo puede solucionar de manera general”. “Frente al mercado del alquiler privado y a la sociedad de propietarios, hay que impulsar ese sector público, sector sin ánimo de lucro, que cada vez promueva más viviendas”, apunta en referencia al ejemplo de la ciudad de Viena. De esta manera, Javier Gil detalla que ante unas condiciones favorables, como que el 20% del parque de viviendas sean alquileres indefinidos, a bajo coste, con lucro limitado, la población querría acceder a esas viviendas y el mercado privado tendría menos capacidad de intervenir de imponer precios especulativos.

Estas dinámicas actuales de la situación de la vivienda no pertenecen solo a las grandes urbes y afectan ya a territorios pequeños y medianos como La Rioja. El negocio especulativo, con sus fondos buitres, pisos turísticos, multipropietarios e inversores subidos al carro, ven ya estos lugares como nuevas oportunidades de negocio. Mientras el negocio avanza, la emancipación juvenil desciende. Generaciones enteras, que sí han recuperado el empleo tras la crisis, ven como el alquiler se come todo su salario. Una rueda perversa que demuestra, en palabras del propio sociólogo, que estamos ante “un modelo fallido”.

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De igual forma, Unai Sordo apunta las herramientas con las que combatir la mentira cuando esta se infiltra en las raíces de la clase trabajadora en unos momentos en los que vivimos en la era de los bulos diseñados quirúrgicamente para dinamitar la paz social. O como abordar el auge de la ultraderecha con discursos que calan en sectores tradicionalmente progresistas.

¿Qué papel cree que debe jugar el sindicalismo en un mercado laboral más digitalizado y fragmentado? 

El mismo que ha jugado siempre: mejorar los derechos de los trabajadores siendo conscientes de que el proceso de digitalización modifica de una forma muy radical, muy disruptiva, o al menos lo puede hacer, variables que son importantes para analizar esos derechos como la organización del tipo de trabajo y la determinación de los ritmos de trabajo. En este sentido, el sindicato, además de lo que ha hecho tradicionalmente (organizar a la gente y fomentar un interés colectivo), tiene que aprender a comprender y a convivir con estos nuevos fenómenos. Es decir, si ahora la organización del trabajo tiene que ver con la información que procesa un algoritmo, el sindicato tiene que intervenir sobre cómo se programa ese algoritmo. Igual que hace 30 o 40 años intervenía sobre las decisiones de los responsables de personal de una empresa negociando los turnos, por ejemplo. Y estos nuevos fenómenos requieren de más capacitaciones para los sindicalistas, de reforzar y adaptar los derechos de información, consulta, participación en la empresa. Y además, tener conciencia de la importancia de las políticas de cualificación permanente en la clase trabajadora. Los cambios se han producido siempre, pero ahora son mucho más rápidos y cuando hay cambios muy rápidos, la posibilidad de dejar a gente en los márgenes es muy superior. De ahí la importancia de contar con sistemas de formación mucho más dinámicos. En este sentido, el sindicato debe ser capaz de interpretar y trasladar esas necesidades a las empresas, no solo a las grandes que es donde ya se hace, sino a todo el tejido empresarial y llegar así a todos los trabajadores.

Y ¿cómo se adapta Comisiones Obreras a un escenario donde crecen los autónomos, los falsos autónomos y las plataformas digitales? 

En cierto modo ya lo estamos haciendo. Los autónomos crecen, pero en el conjunto del volumen de empleo se mantienen o incluso disminuyen porcentualmente. Hemos conseguido un hito histórico como la Ley Rider que presupone el reconocimiento de la laboralidad de los riders. En su día, también logramos contrarrestar parcialmente la figura de los falsos autónomos en el sector de las cárnicas y otros. Logros detrás de los que hay mucha acción sindical y mucha incidencia en las leyes porque no está escrito en ningún sitio que el trabajo autónomo tenga que ser fraudulento. Esto es lo que hay que hacer, implantarnos en estos ámbitos sabiendo que es además un reto organizativo porque no es lo mismo organizar personas que están en una fábrica compartiendo espacio físico y con casuísticas muy parecidas y homogéneas que tratar de organizar a colectivos que casi no son colectivos, que están dispersos, que están mediados por una plataforma, por un algoritmo y que no se ven. Esto último requiere de muchas más herramientas sindicales, incluida la digital. Este es el reto, y vamos dando pasos en este terreno y ganando elecciones, incluso con mayorías absolutas. Lo estamos logrando en plantillas precarias, dispersas y a veces con ideologías muy mediatizadas por los países de origen, personas a las que el sindicalismo les suena a marciano. También estamos ganando.

¿Qué avances reales ha visto en igualdad laboral en los últimos años?

El que tiene que ver con la brecha salarial es, sin duda, el más evidente, importante, relevante y que alude a elementos muy estructurales  sobre cómo funciona el empleo y la sociedad. Aun así, se ha reducido de una forma muy importante, en mi opinión, por la combinación de dos cuestiones. Por un lado, la subida del salario mínimo interprofesional, que tenía un sesgo de género y afecta más a mujeres. Por lo que subir esos salarios reduce algo la brecha. Y, por otro lado, la progresiva implantación de los planes de igualdad. Este es igualmente el gran reto: tomar medidas que disminuyan esas brechas de desigualdad que más o menos ya sabemos a qué obedecen. Y esto se puede hacer desde la empresa, pero se tiene que hacer también desde la sociedad porque gran parte de esas desigualdades salariales en realidad tienen que ver con la feminización de los cuidados, que todavía es persistente. 

Techos de cristal y suelos pegajosos. Dos términos que definen la desigualdad de las mujeres en el mercado laboral.

Así es. Muchas veces nos obnubilamos mucho con que las mujeres lleguen a los puestos de dirección, algo que está muy bien y es de justicia. Pero a veces, los grandes sesgos de desigualdad y las grandes situaciones de precariedad femenina, están en la clase trabajadora más precaria. Y para acabar con estas desigualdades, insistir en lo mismo, hay que intervenir en lo que ha determinado las desigualdades salariales en España: el uso del tiempo parcial de una forma muy mayoritaria entre las mujeres. Un tiempo parcial no deseado. Cerca del 71 por ciento de los contratos de tiempo parcial están firmados por mujeres y más de la mitad es un tiempo parcial no deseado. Otra pata de la desigualdad salarial tiene que ver con que los pluses y complementos tienen a veces un sesgo de género. Y es que si se priman más características del trabajo masculinizado como la presencialidad, indirectamente se acaba generando esta brecha.

Y luego está lo que considero el punto de bóveda: el despliegue de una estrategia de cuidados y de atención a la dependencia. Y aquí, el Estado debe jugar un papel determinante porque en todas esas limitaciones y desigualdades lo que está detrás es el mayor vínculo de las mujeres a los cuidados y al trabajo doméstico. Esto es lo que hace que las mujeres recurran más al tiempo parcial, lo que hace que las mujeres no participen en los ámbitos informales que, muchas veces tiene mucho que ver con cómo se asciende o no en las empresas. Si el que se queda tomando una cerveza con el encargado siempre es el varón y la que se va a cuidar es la mujer, ahí se empiezan a generar desigualdades que no aparecen en un Boletín Oficial del Estado, pero que están ahí. Y la fata de políticas públicas para la atención a la dependencia, a los cuidados de menores, personas mayores y dependientes es el punto central.

En un momento como el actual, ¿cómo afecta la polarización política al diálogo social?

Es difícil decirlo taxativamente. En mi opinión está afectando desde hace tiempo, desde que veo a la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) muy poco receptiva y muy poco dispuesta a avanzar en los marcos de diálogo social. Y también tiene que ver con la percepción de la situación política. Saben que en el Parlamento hay una mayoría progresista y me da la impresión de que una parte muy importante del poder económico está suspirando por un cambio de ciclo político y prefiere no facilitar acuerdos, aunque sean acuerdos beneficiosos para las empresas.

Por lo demás, no me gusta hablar de polarización porque se presupone que hay dos polos. Y en este caso hay una parte del mundo económico, político y mediático que no asume, según qué circunstancias, los resultados democráticos, y optan por una estrategia de tensionamiento del país y de desestabilización institucional. Se llama polarización, pero yo creo que es bastante más gordo que la polarización.

¿Y qué riesgos observa en el auge de discursos que cuestionan derechos sociales consolidados? 

El riesgo de ir a una sociedad que se parezca cada vez más a una ley de la selva y a una jungla. Es decir, se está cuestionando la importancia de los servicios públicos, la importancia de contar con una fiscalidad suficiente y progresiva para desarrollar y desplegar esos servicios públicos. Pero lo que está pasando es que se ha ido deteriorando la calidad de los servicios públicos para inducir a una privatización parcial. Lo estamos viendo con la universidad, con la formación profesional o en la sanidad de una forma clara. Este es el contexto que aspira romper los consensos constituyentes, no de ya de España, sino de todas las democracias desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Y es que la extrema derecha amenaza directamente con los derechos básicos de igualdad. Sobre el análisis que hacíamos antes de la situación de las mujeres, no es que no haya que acotar la desigualdad, es que hay que volver donde nunca debisteis salir que es básicamente a ejercer el papel de madres y de amas de casa. De cuidadoras gratis. Este es el esquema de cuestionar las políticas igualitarias y los derechos de maternidad… Y esto viene ya porque la extrema derecha lo está mascullando aunque no lo teorice porque cuesta votos.

Sinceramente, creo que los riesgos de regresión en términos sociales son evidentes. Por todo esto, las mujeres, y sobre todo jóvenes, deberían estar bastante preocupadas por lo que puede venir. Aunque estoy convencido de que al final, las poblaciones reaccionan. Puede parecer que este es un huracán imparable, pero esa reacción va a impedir que volvamos a esos esquemas porque va a haber una rebelión, porque las mujeres no van a volver a que se cuestione el derecho de acceso al aborto, a la igualdad retributiva. No van a volver a quedarse en casa con políticas natalistas como hacen en Hungría… Sinceramente, hay discursos que dan miedo, pero estoy convencido de que esto no triunfará aunque vienen años de curvas duras. Están intentando destrozar Europa.

Y a la vez que se están cuestionando derechos sociales consolidados, también se están aceptando discursos antisindicales entre la juventud y trabajadores precarios. ¿Cuál es el motivo por el que cree que está pasando esto?

Durante años ha habido una campaña intensísima que pretende deteriorar la imagen, no solo de los sindicatos. Y no se ha evaluado bien la dimensión del asunto porque no solo hablamos de sindicatos, podemos hablar también de partidos políticos, instituciones, medios de comunicación e incluso entidades como Cáritas y Cruz Roja. Está habiendo un intento evidente de deteriorar la confianza en la representación democrática en las sociedades y esto es parte de una estrategia reaccionaria y autoritaria.

Por todo ello, desde el sindicato tenemos que hacer algún ejercicio de exigencia propia. Es decir, es más fácil que calen estos discursos y estas trampas retóricas si no estás donde están los sectores precarios o donde están los sectores más desarticulados. Lo hemos notado en términos de afiliación donde el sindicato está presente. Si cuentas con una sección sindical que resuelve los problemas de la gente, si la gente sabe qué es el sindicato, ahí no calan estas campañas. Y esto exige un esfuerzo de transmitir lo que hacemos y de estar con la gente más debilitada en el mundo laboral, no debemos perder esto de vista. Estas campañas y discursos están calando donde no se conoce al sindicato.

¿Y qué riesgo supone para la democracia los bulos utilizados para debilitar a los agentes sociales? 

Es un poco más de lo mismo. Tratan de instalar una especie de realidad paralela para generar la idea de que nada sirve para nada. No sirven las instituciones, los espacios de mediación y se va instalando una especie de vuelta a la caverna donde también empiezan a aparecer personas que cuestionan la ciencia y medios de comunicación que en un programa de televisión de máxima audiencia ponen a la misma altura a un científico y a un charlatán. En este ámbito hay mucho dinero y poder económico instalado en esta forma de comunicación basura. Los grandes grupos de comunicación españoles, que no son españoles, han sido protagonistas y cómplices de toda esta porquería. Debemos hacer un análisis de todo esto y, sobre todo, contrarrestarlo.

Y al margen de esta polarización y realidades paralelas, la principal preocupación de muchas personas es la vivienda, el principal factor de desigualdad para la clase trabajadora

Efectivamente, la vivienda es el gran problema social, incluso yo diría económico que vamos a tener en España y si me apuras en el resto de sociedades durante los próximos años porque es una forma brutal de quitar recursos a las familias. Y es que puedes subir el salario un 4 por ciento, pero si la vivienda sube un 10 por ciento… el salario de la clase trabajadora baja directamente. Y esto está impidiendo la emancipación de la juventud hasta unas edades que es una auténtica vergüenza.

Y luego está el plano económico, porque mientras el negocio inmobiliario siga dando unos retornos tan brutales seguirá atrayendo inversión especulativa. Leía el otro día que los fondos de inversión a nivel mundial tiene del orden de 450 mil millones de euros destinados a inversión inmobiliaria y esto no puede ser. O se reducen las rentabilidades de este sector, o ya puedes construir las casitas que quieras, el precio no va a bajar. Esto es un disparate y requiere de políticas absolutamente intervencionistas.

Y con esto no quiero decir que toda la vivienda que se construya deba ser pública, pero sí que lo público garantice unos precios asequibles para todo el mundo y esto pasa por limitar los beneficios que se puedan obtener en el sector inmobiliario y la obligación de garantizar precios asequibles.

Y aquí, el papel de los ayuntamientos, comunidades y Estado es clave.

Evidentemente. El grueso de la responsabilidad está en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos y, hasta ahora al menos, no han tenido ningún interés. Aunque la Administración Central también tiene su responsabilidad con las leyes de vivienda o la Ley de Arrendamientos Urbanos. En la Ley de Vivienda, por ejemplo, creo que cometieron la enorme torpeza de permitir que las comunidades autónomas bloquearan la aplicación de dicha Ley. Hubo un cambio de ciclo político en las comunidades autónomas y se hizo patente las contradicciones entre ambos: si el Gobierno dice arre, las comunidades dicen so. A estas alturas creo incluso que las comunidades autónomas de derechas empiezan a ser conscientes del problemón que tienen.

Hay muchos empresarios que están asustados y preocupados porque saben que el actual precio de acceso a la vivienda limita muchísimo. Me han llegado a decir que para que la gente pueda ir a trabajar a una determinada ciudad, tiene que pagar un 30 por ciento más de salario. Un aumento que si fuera para el trabajador… pero la realidad es que este incremento del sueldo es para pagar una vivienda a un precio desmesurado.

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El portavoz de la Plataforma, Pedro Pablo Rodríguez Pinillos, ha explicado que es necesario salir a la calle para presionar al Gobierno para que se garantice este derecho.

“El PSOE es muy proclive a asumir los ‘lobbies’ financieros para hacer una ley a su medida, pero no podemos consentir que sea así, ni que los ‘lobbies’ dicten las leyes del país. Se debe reconocer este derecho y que se garantice de manera efectiva poniendo más dinero público a políticas públicas de vivienda”, ha subrayado.

Tras años de absoluta vulneración de este derecho humano, la nueva ley será papel mojado si no protege y garantiza de manera efectiva este derecho en todo el territorio. 

No podemos dejar escapar la oportunidad que brinda la elaboración de la primera ley estatal en la materia para conseguir un avance histórico en la cobertura de este derecho fundamental.

Llevamos demasiados años sufriendo a quien pone sus beneficios privados por encima de la vida y salud de millones de personas. Es el momento de que las Administraciones públicas asuman su responsabilidad y cumplan con su deber de proteger y garantizar un derecho humano que es básico para asegurar la integridad física, la dignidad, el acceso a otros derechos fundamentales y el desarrollo personal que todos nos merecemos.

Por ello, unimos fuerzas para lanzar una campaña estatal de movilización ciudadana y conseguir que la Ley por el Derecho a la Vivienda incluya como mínimo estas 8 medidas de aplicación directa en todo el territorio

1. La ley debe garantizar “el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo”.

2. Stop desahucios de personas vulnerables sin alternativa.

3. Asegurar y ampliar el parque público de alquiler social.

4. Regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población.

5. Garantizar los suministros básicos.

6. Garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias

7. Ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda.

8. Participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo.

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Es un acto dentro de la Semana de los Derechos Humanos, organizada por la Plataforma Bienvenidos Refugiados.

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