En la España de los años 60 y 70, no hacía falta cometer un delito para ser privada de libertad. Bastaba con ser «amoral». Bajo esta etiqueta ambigua, miles de adolescentes y jóvenes acabaron encerradas en centros gestionados por órdenes religiosas —como las Adoratrices en Logroño o Málaga—. No eran cárceles oficiales, pero funcionaban como tales. El responsable era el Patronato de Protección a la Mujer, un organismo que sobrevivió al dictador y no fue disuelto hasta bien entrada la democracia, en 1985.
Pilar Iglesias Aparicio es doctora en Filología Inglesa y en los últimos años está analizando las similitudes entre las Lavanderías de la Magdalena en Irlanda y el Patronato de Protección de la Mujer con un objetivo claro: promover en España un proceso de reparación similar al que se ha dado en Irlanda.
En Logroño, Iglesias ha recordado algunos de los casos más terribles. Como el de una chica sordomuda que fue violada por un vecino mudo. Entró en su casa cuando estaba sola con el pretexto de hacer un arreglo. Se quedó embarazada y la llevaron a la maternidad de Peña Grande. (Conocida oficialmente como Nuestra Señora de la Almudena fue un centro dependiente del Patronato de Protección de la Mujer. El objetivo principal del centro consistía en acoger a jóvenes solteras embarazadas y sin recursos. Muchas de ellas sufrieron crueldades, castigos y presiones para renunciar a sus bebés y darlos en adopción. La maternidad permaneció abierta desde 1955 a 1984).
En los registros no hay constancia de que sobre el hombre recayera sanción alguna. A la joven no le robaron al bebé por miedo a que su problema fuera hereditario. Falleció a los pocos días de nacer. Los registros del Patronato guardan más despropósitos: una carta a través de la que la madre informa que el mudo se ha quedado viudo y quiere casarse con la joven a la que violó. La joven abandona la maternidad de Madrid rumbo a Málaga. La Ley de entonces, recuerda Iglesias, contemplaba que si el violador proponía matrimonio y la chica lo aceptaba, se compensaba la violación.
En otras ocasiones eran las propias jóvenes las que acuden al Patronato a pedir protección. Una de ellas llamó a las puertas de esta institución porque su padre la violaba. Inmediatamente es recluida en el centro de Las Adoratrices en Málaga donde permaneció interna durante algún tiempo. En los informes, las mujeres del patronato que acompañaban a las internas reflejaron: “no denunciemos la violación del padre porque tiene más hermanos y hermanas y es el proveedor de la familia”. Suponemos, aclara Iglesias, que seguiría violando a sus hermanas menores. Mientras, la joven recluida en el Patronato era explotada laboralmente y humillada. Debía ser reeducada. Su “pecado” haber sido violada por su padre.
El clero también aparece en los registros del Patronato de Protección a la Mujer: violaciones cometidas por sacerdotes. Una de las mujeres abusadas denunció al cura que le violó y contó cómo él habló con la familia y les convenció de que no estaba bien. Así acabó encerrada.
Hijas abusadas por su padres. Una de ellas se queda embarazada y es el padre quien la lleva ante el Tribunal de Menores. El futuro de esta joven será también la maternidad de Peña Grande. A ella sí le robaron al bebé. Interna en el Patronato, el padre vuelve a violar a us hija en una de las visitas permitidas por las monjas y, de nuevo, se queda embarazada. Por segunda vez, a esta mujer le quitan a su. hijo.
Una durísima realidad que ahora está saliendo a la luz. ¿Por qué se ha tardado tanto? Según Iglesias, la invisibilización fue el mayor arma. Y es que a diferencia de la Falange, el Patronato no tenía placas identificativas. “Para la gente, aquello solo eran colegios de monjas. Las familias decían ‘te vamos a llevar a las monjas’ como un escarmiento, sin saber que entraban en un sistema de tutela vigilada del que casi era imposible salir.
Una vez dentro, las jóvenes se convertían en mano de obra gratuita. Las familias, muchas veces sumidas en la pobreza y creyendo que allí sus hijas comerían mejor, pronto descubrirían la cárcel de cristal. En ocasiones, para sacar a las chicas, las familias recurrían a estrategias desesperadas. “Solo se podía salir del Patronato para algo que cumpliera el modelo de mujer: casarse (aunque fuera con alguno de esos hombres que acudían allí a buscar una esposa sumisa), hacerse monja o volver a casa para cuidar de la familia. Hay muchos expedientes que recurren a enfermedades familiares, podría ser una estrategia”.
La deuda pendiente: una reparación que no llega
El artículo 3 de la Ley de Memoria Democrática aún tiene una cuenta pendiente con estas mujeres. «No tenemos muertas en las cunetas, pero sí mujeres que terminaron en manicomios, que se suicidaron o que vivieron una violencia de por vida tras ser obligadas a casarse con sus agresores», denuncia Iglesias.
Y advierte de que aunque la arquitectura legal en España ha avanzado enormemente con leyes de igualdad y derechos sexuales, el trasfondo de control sobre el cuerpo de la mujer persiste. El «odio encarnizado» en redes sociales, el término «feminazi» o la obsesión por tutelar los derechos reproductivos son, para la investigadora, ecos de esa misma estructura patriarcal que gestionaba el Patronato.
«Una sociedad no puede mantener estas contradicciones», concluye. La deuda con las supervivientes y con los hijos robados en maternidades como la de Peña Grande sigue abierta. Mientras no haya una reparación oficial y un reconocimiento del horror vivido tras los muros de esos conventos, la historia de España seguirá incompleta.