Atendiendo a la primera pregunta, al legado que se nos ha dejado a las y los jóvenes riojanos, no es posible responder sin profundizar en las condiciones materiales que nos atraviesan y que, aunque algunas de ellas no afectan de manera única a la juventud, sí lo hacen de una forma concreta.

Para tratar estas condiciones materiales, me gustaría empezar por una de las grandes cortinas de humo que se nos ha vendido y que, a pasos agigantados, vemos desvanecerse: la educación como ascensor social y como herramienta para construir un futuro estable. La educación pública se encuentra debilitada y sin el apoyo institucional ni los fondos suficientes para dar cabida en ella a nuestras necesidades formativas (buen ejemplo de ello da el informe “La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud”, publicado este mismo año). Las empresas privadas del sector educativo aprovechan esa debilidad para hacer negocio y alimentar la idea de que acumular títulos es la única vía para acceder a un empleo digno. ¿Cuántos másteres, cursos de formación y prácticas no remuneradas debemos hacer para que se nos considere formadas? Es un círculo vicioso que solo tiene un ganador: las empresas privadas. Pero también tiene un aliado: una Consejería de Educación que, a base de esquilmar los recursos de la pública, les deja vía libre para explotar un nuevo nicho de mercado.

Tras este proceso, se accede a un mercado laboral que está mayoritariamente concentrado en la capital, Logroño. Con una fuerte presencia juvenil en el sector servicios, tan marcado por la parcialidad, la temporalidad y la precariedad. Un mercado laboral regido por unas lógicas que nos llevan a la fragmentación y a la desmovilización: compañeras que realizan mismas funciones, pero lo hacen a través de ETTs; una cultura empresarial de vigilancia que genera miedo y competencia entre compañeros; una alta rotación que dificulta crear vínculos, unido a una campaña de descrédito hacia los movimientos sociales y las centrales sindicales que lleva permeando en la juventud y en el conjunto de la clase trabajadora desde hace años.

Agotadas tras la jornada laboral, con nuestros títulos bajo el brazo y el SMI en la cuenta bancaria, volvemos a una vivienda que no es propia: o porque seguimos sin poder emanciparnos o porque compartimos un alquiler en alza con otras tantas en nuestra situación. En nuestra región, el alquiler ha subido más de un 20% en el último año. La cuestión de la vivienda, como indica este dato, es sangrante y tiene que ver con el modelo de ciudad y de comunidad por la que se apuesta, basado en el turismo, que no entiende las ciudades y pueblos para la vida, sino para hacer negocio en ellas.

Sería limitado entender la situación de las y los jóvenes analizando estos grandes temas, estas grandes problemáticas, sin aterrizarlos en nuestro día a día. Y es que lo que hace que una vida merezca ser vivida son las pequeñas cosas. Esas pequeñas cosas que unas condiciones materiales tan precarizadas nos niegan: tener a las amigas y amigos cerca y que no hayan tenido que irse de La Rioja por trabajo, poder vivir en el barrio en que crecimos, ver a nuestra gente con salud y servicios públicos de calidad o poder cuidar nuestra salud mental sin dejarnos el sueldo en ello. Como diría Chavela Vargas, la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, y son esas cosas simples las que reivindicamos como jóvenes: un ocio para nosotras, no para el turista, una casa asequible a la que llamar hogar, unas condiciones laborales dignas, una educación emancipadora, no enfocada exclusivamente al empleo. En definitiva, la posibilidad de crear un proyecto de vida propio y duradero en La Rioja.

Con respecto a la segunda pregunta que se planteaba al inicio de este texto, qué hay que celebrar y quién puede hacerlo, podría parecer que son esas empresas privadas, esos grandes tenedores de vivienda, esos políticos que defienden sus mismos intereses, quienes están en disposición de hacerlo. Sin embargo, hay otras formas de celebrar, hay otra Rioja que reivindicar: el Sindicato de Vivienda ha parado este último año tres desahucios en Logroño; las trabajadoras del sector educativo de 0 a 3 años han conseguido un seguimiento del 90% en la huelga por mejorar sus condiciones laborales; las asociaciones contra el genocidio en Palestina siguen ocupando las calles. Y estos logros son, en buena medida, fruto del tesón y el esfuerzo de muchas y muchos jóvenes que, en contra de la imagen que se suele proyectar de ellos, entienden la importancia de organizarse. Así que, aprovechando la ocasión que nos brinda este 9 de junio, celebremos lo nuestro: la organización colectiva, que no es otra cosa que apego a nuestra tierra, cuidado hacia nuestras vecinas y vecinos, y esperanza en que La Rioja puede ser un mejor lugar en el que vivir.

María Eugenia Oleaga Muguerza

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La vivienda se ha convertido en una estructura de exclusión social permanente. Bajo esta premisa, el sociólogo e investigador Javier Gil acuñó el término “Generación Inquilina”, un concepto que no entiende de edades pero sí de realidades socioeconómicas compartidas. “El concepto nace en 2008, se trata de la población más joven de aquel entonces, cuyo rasgo central es que no pueden acceder a una vivienda en propiedad, no porque no haya casas sino porque están excluidos”, explica Gil. De esta manera, se produce una fuerte concentración de las propiedades inmobiliarias, que cada vez están en menos manos. “Desde 2008 hay mucho capital especulativo que busca refugio en el mercado inmobiliario, lo que provoca que suban los precios de la vivienda y los desconecta de la economía real y de los salarios”.

Un modelo fallido que destruye la salud mental

En este contexto, la primera generación inquilina llega a la madurez y “no escapa del alquiler a través de su salario, porque los salarios ya no pueden pagar los precios de la vivienda”. Cada vez más generaciones se unen a este grupo social. La exclusión residencial ha dejado de ser un problema juvenil para convertirse en una realidad estructural que acompaña a las personas durante toda su vida. “Da igual que trabajes, que estudies, que te esfuerces, que en última instancia tu bienestar va a estar determinado por la capacidad de heredar una vivienda”, describe el investigador, lo que advierte que genera desafección de la población trabajadora con los valores de la sociedad, “porque dicen: ‘ya no merece la pena'”.

Las consecuencias de dejar la vivienda en manos de la especulación van mucho más allá de lo económico, impactando directamente en la estabilidad emocional y en los proyectos de vida. “Ya no puedes acceder a bienestar porque tienes una cosa central que no está asegurada y que eso genera inestabilidad, empobrecimiento, precariedad…”, subraya. Esta generación abocada al alquiler vive, como recalca el sociólogo, “marcada por la precariedad vital, por el malestar permanente porque es dedicar muchísimo dinero al pago de la vivienda, vivir bajo la incertidumbre si te van a echar o no, de si te van a subir al alquiler o no, de que te echen y tengas que cambiar de barrio, de escuela, de centro de salud…”.

Vivienda pública, cooperativa y asequible como solución

Frente a la ineficacia de las medidas actuales, el autor de Generación Inquilina señala la necesidad de un giro drástico en las políticas de vivienda y defiende la vivienda pública, cooperativa y asequible como “lo único que lo puede solucionar de manera general”. “Frente al mercado del alquiler privado y a la sociedad de propietarios, hay que impulsar ese sector público, sector sin ánimo de lucro, que cada vez promueva más viviendas”, apunta en referencia al ejemplo de la ciudad de Viena. De esta manera, Javier Gil detalla que ante unas condiciones favorables, como que el 20% del parque de viviendas sean alquileres indefinidos, a bajo coste, con lucro limitado, la población querría acceder a esas viviendas y el mercado privado tendría menos capacidad de intervenir de imponer precios especulativos.

Estas dinámicas actuales de la situación de la vivienda no pertenecen solo a las grandes urbes y afectan ya a territorios pequeños y medianos como La Rioja. El negocio especulativo, con sus fondos buitres, pisos turísticos, multipropietarios e inversores subidos al carro, ven ya estos lugares como nuevas oportunidades de negocio. Mientras el negocio avanza, la emancipación juvenil desciende. Generaciones enteras, que sí han recuperado el empleo tras la crisis, ven como el alquiler se come todo su salario. Una rueda perversa que demuestra, en palabras del propio sociólogo, que estamos ante “un modelo fallido”.

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Para Marisela, la falta de papeles no ha sido una barrera para trabajar, sino una condena a la precariedad extrema. Su historia es la de miles de personas que víctimas de la economía sumergida donde no existe la cotización, el salario mínimo, la jornada de ocho horas ni las vacaciones. “En los primeros trabajos cuando llegué me pagaron 250 euros mensuales. Trabajaba de 10 de la mañana a 6 de la tarde haciendo limpieza y plancha. Pero no tenía otro trabajo, me tocaba agarrarlo”, recuerda con la voz entrecortada. Otras veces, incluso no le han pagado tras un trabajo y su situación dificulta mucho poder denunciar.

“El miedo como herramienta de abuso”

Esta vulnerabilidad no solo es económica, sino psicológica. La irregularidad administrativa otorga al empleador un poder absoluto basado en la amenaza. Marisela confiesa haber sufrido abusos en el ámbito del empleo doméstico que nunca se atrevió a denunciar por una razón fulminante: el miedo a una sanción propia. “Es difícil reclamar cuando te dicen que te van a multar a ti y a la otra persona si denuncias. Y dices: mejor callada. Porque una lo necesita, aunque sea ganar poco, por sus hijos”. Marisela confiesa que muchas veces ha llorado en el trabajo al ver como algunas encargadas se tumbaban y le hacían trabajar a ella mientras le regañaban y llamaban la atención. Como si por no tener papeles todo valiera. 

“Es muy duro”, resume Marisela, que le cuesta hablar de estos abusos. “Es muy duro porque una viene con un propósito de tratar bien a las personas, de cuidar a las personas con mucho amor, con mucho cariño y mucho respeto ante todo. Y a veces te tratan mal, a veces te tratan muy mal”. Por todas estas situaciones que ha atravesado, celebra la regularización extraordinaria: “Beneficia muchísimo al país porque vamos a tener beneficios naturales como ciudadanos que somos pero también vamos a cotizar a la Seguridad Social”.  

Esta mujer de 34 años espera con ganas la regularización porque ya sabe lo que es poder tener un contrato de trabajo estable y cotizar por él. Durante un tiempo, contó con la denominada “tarjeta roja” como solicitante de asilo. Cuando después se la denegaron, como le ocurrió a muchas personas procedentes de El Salvador, perdió de golpe todos sus derechos laborales. De la noche a la mañana, pasó de ser una trabajadora con derechos a una persona que debía “andar huyendo”, temerosa incluso de cruzarse con la policía. “Me metieron ese miedo, pero el que nada debe nada teme”, dice ahora segura.

Guía práctica: preguntas y respuestas sobre la regularización de personas inmigrantes

Por ello, la actual regularización extraordinaria no es solo un trámite administrativo; es, en palabras de Marisela, la posibilidad de “trabajar tranquila, sin que nadie nos moleste”. Para ella, el acompañamiento de Comisiones Obreras CCOO La Rioja ha sido vital para desatascar la burocracia y sentir que no está sola en este proceso. “Están trabajando muchísimo informándonos, explicándonos. Nada más llegar, ya tienes la documentación preparada y eso conlleva mucha rapidez para la tramitación”, agradece. De hecho, Marisela ya lo ha entregado todo y está a la espera de una respuesta.

¿Qué vas a hacer cuando firmes el primer contrato de trabajo? “Pues igual me hago pis”, dice entre risas para hacer notar la ilusión.  Su empleadora actual, de hecho, se está interesando por el trámite y espera con el contrato sobre la mesa a que la resolución llegue. “Eso es positivo, para que después de esto pueda tener sus derechos seguros en un contrato. Porque si no, están en el aire. Eso es muy emocionante”, resalta Carlos, su pareja, que reivindica también la necesidad de impulsar cursos de formación para las personas que regularicen su situación para que puedan acceder también a otros sectores laborales. 

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1. Porque nadie debe morir trabajando y la siniestralidad laboral ha costado la vida a seis trabajadores en La Rioja el pasado año, con más de 4.800 accidentes laborales en una comunidad cuya población activa no llega a 170.000 personas. Con un índice de incidencia de 276 accidentes por cada 100.000 trabajadores, La Rioja se sitúa como la cuarta comunidad con la tasa más alta, estando la media estatal en 211.
2. Porque la jornada de 37 horas y media es posible y cada vez está más carca. Lo estamos viendo en Euskadi y Navarra donde ya se ha implantado y las empresas no están cerrando ni están en bancarrota. Necesitamos ganar tiempo de vida.
3. Porque la desigualdad sigue campando a sus anchas en los entornos laborales y urge poner a las mujeres trabajadoras en el centro, ya que son ellas quienes sostienen sectores enteros en condiciones de precariedad mientras siguen enfrentándose a la violencia machista y a la desigualdad estructural.
4. Porque frente al retroceso de libertades, la lucha debe seguir. Ante discursos que surgen en contra del derecho a huelga o la libertad sindical, es especialmente importante que la voz de la clase trabajadora se oiga en la calle.
5. Porque la actividad del Tribunal Laboral no deja de aumentar y eso significa por un lado que las personas trabajadoras conocen sus derechos y por otro, que esos derechos se siguen vulnerando. Afortunadamente, cada vez se consiguen más acuerdos sin necesidad de llegar a juicio y eso es, en gran medida, gracias a la labor de los sindicatos.
6. Porque necesitamos salarios dignos para la gente joven si queremos retener talento en nuestra comunidad y mantener los servicios. Si los profesionales riojanos deciden irse a otros territorios por tener mejores condiciones laborales, lo sufrimos todos como comunidad.
7. Porque tenemos que escuchar a esas nuevas generaciones que sólo piden trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Y para eso necesitamos jornadas justas, salarios dignos, condiciones adecuadas y cambio de mentalidad empresarial.
8. Porque debemos exigir una mayor democracia en la empresa: Es necesaria una mayor capacidad de decisión de los trabajadores en la organización de su trabajo y para ello los sindicatos juegan un papel clave.
9. Porque la economía de guerra está afectando a los servicios públicos. Tenemos que gritar alto y claro que no queremos más gasto militar sino refuerzo de la Atención Primaria, la Educación y la Ley de Dependencia. Además, por encima de todo, hay que gritar alto y claro que la clase obrera quiere paz y que decimos no al rearme y sí a la soberanía de los pueblos que no se está respetando.
10. Porque debemos exigir que se compense la inflación y es que, mientras los precios no dejan de subir, no hay reflejo alguno en los salarios. Y ahora el contexto es especialmente difícil porque nadie está dispuesto a cerrar un acuerdo en torno a los salarios cuando la incertidumbre global hace que no sepas si la inflación puede dispararse este mismo verano.
11. Porque las grandes empresas siguen obteniendo grandes beneficios pero esas ganancias no se reflejan en las nóminas.
12. Porque los precios de alquiler cada vez son más altos y dejan datos preocupantes: en la última década se ha incrementado un 15 por ciento en Logroño y un 20 por ciento en Lardero, situándose de media en La Rioja por encima de los 9 euros por metro cuadrado. Urge un techo para esos precios.
13. Porque la amenaza a esos derechos básicos es real: PP, Vox y Junts se han aliado para tramitar una ley que aceleraría los desahucios de vulnerables y tumbaría el tope al alquiler, dejando todavía más desprotegida a la clase trabajadora.
14. Porque además de un techo, necesitamos suministros para poder vivir. Hay que reclamar tarifas sociales para la energía, especialmente ahora, con los efectos de las guerras.
15. Porque ahora más que nunca hay que luchar por los derechos de los trabajadores y trabajadoras que llegan desde otros países y que, en muchos casos, podrán por fin hacerlo en situación regular.

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Aquel día de febrero, la jornada laboral para Lucía comenzó como cualquier otra. “Salí de casa para ir al trabajo, eran las 7,15 de la mañana. Iba caminando hacia mi primer servicio”. Todo ocurrió en un segundo, recuerda. “Resbalé y enseguida me di cuenta de que se me había salido un hueso, otro se me rompió por dos partes”. 

Lucía sufrió un accidente in itinere. Un accidente laboral ocurrido al ir o volver del trabajo. Según los datos del Observatorio de Accidentalidad del Servicio Riojano de Salud Laboral y el informe anual del Gobierno de La Rioja de 2025, la mayor concentración de estos accidentes (con baja) se concentran en el sector servicios, salud y comercio. A lo largo de 2025 se registraron en La Rioja 515 accidentes laborales in itinere, cerca de un 13 por ciento más que los 457 de 2024. Un incremento que refleja que el caso de Lucía no es un hecho aislado sino una tendencia creciente en La Rioja.

En esos momentos, nuestra protagonista solo pensaba en su trabajo. Llamó a la empresa para comunicar lo ocurrido. “Me preguntaron si si podía seguir trabajando. Les dije que no, era imposible”. El diagnóstico fue claro: fractura. “Me derivaron a Bilbao donde me operaron”. Después de la operación, seis meses de baja durante los que Lucía no pudo trabajar. 

Los accidentes in itinere en La Rioja tienen rostro femenino

En La Rioja, el perfil del accidente in itinere tiene un marcado rostro femenino. Y es que mientras que los accidentes durante la jornada laboral son mayoritariamente masculinos, en el trayecto al trabajo la tendencia se invierte y las mujeres representan el 50,8 por ciento. Y el caso de Lucía es uno de ellos. Un dato que confirma la doble presencia: las mujeres siguen asumiendo mayoritariamente las tareas de cuidados. Esto implica que sus trayectos in itinere son a menudo más complejos (paradas en colegios, centros de mayores o supermercados antes o después de trabajar), lo que aumenta la exposición al riesgo.

Además, el sector servicios (donde trabaja Lucía en el SAD) es el que registra más accidentes en La Rioja. Es un sector altamente feminizado, lo que explica por qué hay más mujeres accidentadas al ir o volver de estos puestos. Y a esto hay que añadir que las jornadas parciales o los turnos partidos, muy comunes en sectores feminizados, obligan a realizar más desplazamientos al día, multiplicando las probabilidades de sufrir un percance.

La precarización laboral femenina, sumada a la asunción de mayores responsabilidades en el cuidado de personas reduce los tiempos de descanso, aumenta el estrés, y en consecuencia, la probabilidad en accidentes en el trabajo casa-trabajo.

“Quiero dejar claro que con la empresa, en principio no tuve problemas”, reconoce Lucía. El problema vino después, cuando volvió a trabajar con las secuelas que le ha dejado el accidente: “He perdido fuerza y movilidad”. 

Cuando se reincorporó, le asignaron servicios con trabajos más pesados. Se quejó y desde la empresa le asignaron otros más acordes con sus secuelas. “Hay otras compañeras con problemas similares a los míos a las que la empresa les manda servicios complicados de hacer, si cuela, cuela”, denuncia.

La mayor incidencia de los accidentes in itinere se concentra entre las personas de 25 y 29 años, un 17,8 por ciento. En cuanto a la antigüedad y según los datos oficiales, los trabajadores con menos de tres meses registran el 26,3 por ciento de los accidentes. Una cifra que se vincula con la falta de familiarización con las rutas y el estrés de adaptación al puesto.  

Lucía sufrió un accidente ‘in itinere’. No ocurrió en un coche en la autovía, sino caminando hacia su primer servicio. El 28 de abril es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Una jornada para poner el foco en la accidentalidad laboral y en las soluciones para reducir las cifras. 

Urgen soluciones para reducir estas cifras

Y entre estas soluciones está una nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales y planes para reducir realmente la siniestralidad laboral además de promover, en todos los centros de trabajo, la cultura preventiva porque La Rioja está a la cabeza de siniestralidad a nivel nacional. En concreto, a lo largo del pasado año en La Rioja se produjeron 4.842 accidentes laborales, lo que supuso un leve descenso del 0,7 por ciento con respecto a los datos de 2024 (32 accidentes menos). Sin embargo, durante el pasado año se produjo un aumento considerable de los accidentes graves (91,7%): 51 accidentes en 2025 frente a los 30 de 2024. 

En lo relativo a los accidentes laborales mortales, este año 2026 no ha empezado bien. Y es que a lo largo del pasado año se registraron siete accidentes laborales mortales, en lo que llevamos de año, tres personas en La Rioja han perdido la vida en el trabajo. 

Estas cifras de fallecidos y heridos en accidentes laborales ponen de manifiesto la necesidad de modificar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, un texto que ya tiene 30 años y que debe adaptarse a los nuevos riesgos.  Nuevos riesgos y nuevos retos en seguridad y salud laboral como son la digitalización, el cambio climático y los cambios demográficos. El acceso de la mujer al mundo laboral y a puestos tradicionalmente ocupados por hombres son otros de los retos a los que hay que hacer frente desde la seguridad laboral. 

Una nueva Ley que contemple igualmente la infradeclaración de las enfermedades profesionales, los factores psicosociales y las bajas que se están llevando a cabo en la Seguridad Social por estrés, ansiedad o depresión. Aumentan las cargas y el ritmo de trabajo, las jornadas laborales se prolongan y las horas extras no se pagan. 

En definitiva, una nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales que aglutine los nuevos riesgos emergentes así como trabajar contra la precariedad laboral porque tiene consecuencias directas en la siniestralidad. 

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado para este 28 de abril una manifestación que partirá a las 12:00 horas desde La Glorieta del Doctor Zubía de Logroño y llegará hasta la sede de la FER en la Plaza del Mercado.

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1. Requisitos y perfiles: ¿Quién puede solicitarla?

• ¿A quién beneficia esta medida? Se establecen dos grupos principales: personas en situación irregular que demuestren haber entrado en España antes del 1 de enero de 2026 y acrediten una estancia mínima de cinco meses, y solicitantes de asilo que registraran su demanda antes de esa misma fecha.
• ¿Qué condiciones comunes deben cumplir? Es indispensable carecer de antecedentes penales tanto en España como en el país de origen. Además, la solicitud estará sujeta a un informe policial que verifique que el solicitante no representa un riesgo para el orden público.
• Si pido asilo, ¿debo renunciar a mi proceso actual? No para iniciar la solicitud. Sin embargo, si la respuesta a la regularización extraordinaria es favorable, sí deberás desistir del proceso de asilo antes de obtener tu Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE).

2. Calendario: Fechas que debes marcar en rojo

• 16 de abril de 2026: Entrada en vigor de la norma. Se abre la vía telemática (‘Mercurio’) y comienza la solicitud de cita previa gratuita.
• 20 de abril de 2026 (lunes): Inicio oficial de la presentación presencial de expedientes.
• 30 de junio de 2026: Último día para registrar la solicitud. A partir de aquí, el Gobierno se centrará en el estudio de las peticiones presentadas.

3. Lugares de presentación: ¿Dónde debo acudir?

• Vía telemática: A través de la plataforma ‘Mercurio’ (24h/7d). Muy útil para quienes cuenten con certificado electrónico o intermediarios.
• Vía presencial (Puntos habilitados): Pensado para quienes no disponen de medios digitales. Se han habilitado:
  • 372 oficinas de Correos (clave por su capilaridad en todo el territorio).
  • 60 oficinas de la Seguridad Social.
  • 5 oficinas de Extranjería específicas.
• En La Rioja puede realizarse el trámite en las oficinas de Correos de la calle Once de junio y Duquesa de la Victoria; oficinas de la Seguridad Social y en la Plaza de San Bartolomé con cita previa a través de la página web del Ministerio y en la sede de CCOO en la calle Pío XII, 33 con cita previa en este formulario.

4. Documentación: Cómo probar tu permanencia y conducta

• ¿Qué papeles sirven como prueba? Cualquier documento válido en derecho que incluya tus datos de identidad: pasaportes (aunque estén caducados), facturas, partes médicos, diplomas de cursos o documentos de servicios sociales. Se busca flexibilidad más allá del padrón. Se requiere justificar los 5 meses anteriores a la presentación de la solicitud, siendo recomendable adjuntar un documento por mes (movientos bancarios, envios de dinero desde locutoría, citas medicas o en servicios sociales, etc)
• ¿Cómo se gestionan los antecedentes penales? En España, la Administración los consulta de oficio. Para los del país de origen, debes presentar el certificado oficial. Si las autoridades de tu país no responden tras un mes de haberlo pedido, puedes autorizar al Gobierno de España para que intente conseguirlo por vía diplomática.
• ¿Qué es el nuevo “informe de vulnerabilidad”? Es un documento específico de este proceso que acredita la situación de precariedad derivada de la falta de papeles. Pueden emitirlo los servicios sociales autonómicos o las ONG inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería.
• ¿Dónde puedo acreditarlo? Además de en los centros de Servicios Sociales, CCOO lo acredita como entidad colaboradora en las tramitaciones que se realizan a través de sus servicios.

5. Supuestos específicos: Trabajo, Familia y Menores

• ¿Qué modalidades de permiso existen? Existen tres vías: laboral (requiere oferta de empleo o plan de negocio), familiar (acreditar convivencia con hijos o dependientes) y por vulnerabilidad (acreditar la situación mediante el informe mencionado).
• ¿Cómo afecta a mis hijos? La solicitud debe ser simultánea. Se han flexibilizado los requisitos: solo deben probar cinco meses de estancia previa. Si se aprueba, los menores recibirán un permiso de cinco años, frente al permiso de un año (prorrogable) que reciben los adultos.

6. Consejos y advertencias finales

• Cuidado con los fraudes: No es obligatorio contratar a un abogado. El proceso cuenta con vías gratuitas a través de oficinas públicas y ONG. Desconfía de quien te exija grandes sumas de dinero bajo el pretexto de que su intervención es requisito legal.
• Si falta un papel: Si tu expediente está incompleto, recibirás un requerimiento y tendrás un plazo de 15 días para subsanarlo. No dejes pasar este plazo o tu solicitud será archivada.

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En la España de los años 60 y 70, no hacía falta cometer un delito para ser privada de libertad. Bastaba con ser “amoral”. Bajo esta etiqueta ambigua, miles de adolescentes y jóvenes acabaron encerradas en centros gestionados por órdenes religiosas —como las Adoratrices en Logroño o Málaga—. No eran cárceles oficiales, pero funcionaban como tales. El responsable era el Patronato de Protección a la Mujer, un organismo que sobrevivió al dictador y no fue disuelto hasta bien entrada la democracia, en 1985.

Pilar Iglesias Aparicio es doctora en Filología Inglesa y en los últimos años está analizando las similitudes entre las Lavanderías de la Magdalena en Irlanda y el Patronato de Protección de la Mujer con un objetivo claro: promover en España un proceso de reparación similar al que se ha dado en Irlanda. 

En Logroño, Iglesias ha recordado algunos de los casos más terribles. Como el de una chica sordomuda que fue violada por un vecino mudo. Entró en su casa cuando estaba sola con el pretexto de hacer un arreglo. Se quedó embarazada y la llevaron a la maternidad de Peña Grande. (Conocida oficialmente como Nuestra Señora de la Almudena fue un centro dependiente del Patronato de Protección de la Mujer. El objetivo principal del centro consistía en acoger a jóvenes solteras embarazadas y sin recursos. Muchas de ellas sufrieron crueldades, castigos y presiones para renunciar a sus bebés y darlos en adopción. La maternidad permaneció abierta desde 1955 a 1984). 

En los registros no hay constancia de que sobre el hombre recayera sanción alguna. A la joven no le robaron al bebé por miedo a que su problema fuera hereditario. Falleció a los pocos días de nacer. Los registros del Patronato guardan más despropósitos: una carta a través de la que la madre informa que el mudo se ha quedado viudo y quiere casarse con la joven a la que violó. La joven abandona la maternidad de Madrid rumbo a Málaga. La Ley de entonces, recuerda Iglesias, contemplaba que si el violador proponía matrimonio y la chica lo aceptaba, se compensaba la violación. 

En otras ocasiones eran las propias jóvenes las que acuden al Patronato a pedir protección. Una de ellas llamó a las puertas de esta institución porque su padre la violaba. Inmediatamente es recluida en el centro de Las Adoratrices en Málaga donde permaneció interna durante algún tiempo. En los informes, las mujeres del patronato que acompañaban a las internas reflejaron: “no denunciemos la violación del padre porque tiene más hermanos y hermanas y es el proveedor de la familia”. Suponemos, aclara Iglesias, que seguiría violando a sus hermanas menores. Mientras, la joven recluida en el Patronato era explotada laboralmente y humillada. Debía ser reeducada. Su “pecado” haber sido violada por su padre. 

El clero también aparece en los registros del Patronato de Protección a la Mujer: violaciones cometidas por sacerdotes. Una de las mujeres abusadas denunció al cura que le violó y contó cómo él habló con la familia y les convenció de que no estaba bien. Así acabó encerrada. 

Hijas abusadas por su padres. Una de ellas se queda embarazada y es el padre quien la lleva ante el Tribunal de Menores. El futuro de esta joven será también la maternidad de Peña Grande. A ella sí le robaron al bebé. Interna en el Patronato, el padre vuelve a violar a us hija en una de las visitas permitidas por las monjas y, de nuevo, se queda embarazada. Por segunda vez, a esta mujer le quitan a su. hijo.

Una durísima realidad que ahora está saliendo a la luz. ¿Por qué se ha tardado tanto? Según Iglesias, la invisibilización fue el mayor arma. Y es que a diferencia de la Falange, el Patronato no tenía placas identificativas. “Para la gente, aquello solo eran colegios de monjas. Las familias decían ‘te vamos a llevar a las monjas’ como un escarmiento, sin saber que entraban en un sistema de tutela vigilada del que casi era imposible salir. 

Una vez dentro, las jóvenes se convertían en mano de obra gratuita. Las familias, muchas veces sumidas en la pobreza y creyendo que allí sus hijas comerían mejor, pronto descubrirían la cárcel de cristal. En ocasiones, para sacar a las chicas, las familias recurrían a estrategias desesperadas. “Solo se podía salir del Patronato para algo que cumpliera el modelo de mujer: casarse (aunque fuera con alguno de esos hombres que acudían allí a buscar una esposa sumisa), hacerse monja o volver a casa para cuidar de la familia. Hay muchos expedientes que recurren a enfermedades familiares, podría ser una estrategia”. 

La deuda pendiente: una reparación que no llega 

El artículo 3 de la Ley de Memoria Democrática aún tiene una cuenta pendiente con estas mujeres. “No tenemos muertas en las cunetas, pero sí mujeres que terminaron en manicomios, que se suicidaron o que vivieron una violencia de por vida tras ser obligadas a casarse con sus agresores”, denuncia Iglesias.

Y advierte de que aunque la arquitectura legal en España ha avanzado enormemente con leyes de igualdad y derechos sexuales, el trasfondo de control sobre el cuerpo de la mujer persiste. El “odio encarnizado” en redes sociales, el término “feminazi” o la obsesión por tutelar los derechos reproductivos son, para la investigadora, ecos de esa misma estructura patriarcal que gestionaba el Patronato.

“Una sociedad no puede mantener estas contradicciones”, concluye. La deuda con las supervivientes y con los hijos robados en maternidades como la de Peña Grande sigue abierta. Mientras no haya una reparación oficial y un reconocimiento del horror vivido tras los muros de esos conventos, la historia de España seguirá incompleta.

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De igual forma, Unai Sordo apunta las herramientas con las que combatir la mentira cuando esta se infiltra en las raíces de la clase trabajadora en unos momentos en los que vivimos en la era de los bulos diseñados quirúrgicamente para dinamitar la paz social. O como abordar el auge de la ultraderecha con discursos que calan en sectores tradicionalmente progresistas.

¿Qué papel cree que debe jugar el sindicalismo en un mercado laboral más digitalizado y fragmentado? 

El mismo que ha jugado siempre: mejorar los derechos de los trabajadores siendo conscientes de que el proceso de digitalización modifica de una forma muy radical, muy disruptiva, o al menos lo puede hacer, variables que son importantes para analizar esos derechos como la organización del tipo de trabajo y la determinación de los ritmos de trabajo. En este sentido, el sindicato, además de lo que ha hecho tradicionalmente (organizar a la gente y fomentar un interés colectivo), tiene que aprender a comprender y a convivir con estos nuevos fenómenos. Es decir, si ahora la organización del trabajo tiene que ver con la información que procesa un algoritmo, el sindicato tiene que intervenir sobre cómo se programa ese algoritmo. Igual que hace 30 o 40 años intervenía sobre las decisiones de los responsables de personal de una empresa negociando los turnos, por ejemplo. Y estos nuevos fenómenos requieren de más capacitaciones para los sindicalistas, de reforzar y adaptar los derechos de información, consulta, participación en la empresa. Y además, tener conciencia de la importancia de las políticas de cualificación permanente en la clase trabajadora. Los cambios se han producido siempre, pero ahora son mucho más rápidos y cuando hay cambios muy rápidos, la posibilidad de dejar a gente en los márgenes es muy superior. De ahí la importancia de contar con sistemas de formación mucho más dinámicos. En este sentido, el sindicato debe ser capaz de interpretar y trasladar esas necesidades a las empresas, no solo a las grandes que es donde ya se hace, sino a todo el tejido empresarial y llegar así a todos los trabajadores.

Y ¿cómo se adapta Comisiones Obreras a un escenario donde crecen los autónomos, los falsos autónomos y las plataformas digitales? 

En cierto modo ya lo estamos haciendo. Los autónomos crecen, pero en el conjunto del volumen de empleo se mantienen o incluso disminuyen porcentualmente. Hemos conseguido un hito histórico como la Ley Rider que presupone el reconocimiento de la laboralidad de los riders. En su día, también logramos contrarrestar parcialmente la figura de los falsos autónomos en el sector de las cárnicas y otros. Logros detrás de los que hay mucha acción sindical y mucha incidencia en las leyes porque no está escrito en ningún sitio que el trabajo autónomo tenga que ser fraudulento. Esto es lo que hay que hacer, implantarnos en estos ámbitos sabiendo que es además un reto organizativo porque no es lo mismo organizar personas que están en una fábrica compartiendo espacio físico y con casuísticas muy parecidas y homogéneas que tratar de organizar a colectivos que casi no son colectivos, que están dispersos, que están mediados por una plataforma, por un algoritmo y que no se ven. Esto último requiere de muchas más herramientas sindicales, incluida la digital. Este es el reto, y vamos dando pasos en este terreno y ganando elecciones, incluso con mayorías absolutas. Lo estamos logrando en plantillas precarias, dispersas y a veces con ideologías muy mediatizadas por los países de origen, personas a las que el sindicalismo les suena a marciano. También estamos ganando.

¿Qué avances reales ha visto en igualdad laboral en los últimos años?

El que tiene que ver con la brecha salarial es, sin duda, el más evidente, importante, relevante y que alude a elementos muy estructurales  sobre cómo funciona el empleo y la sociedad. Aun así, se ha reducido de una forma muy importante, en mi opinión, por la combinación de dos cuestiones. Por un lado, la subida del salario mínimo interprofesional, que tenía un sesgo de género y afecta más a mujeres. Por lo que subir esos salarios reduce algo la brecha. Y, por otro lado, la progresiva implantación de los planes de igualdad. Este es igualmente el gran reto: tomar medidas que disminuyan esas brechas de desigualdad que más o menos ya sabemos a qué obedecen. Y esto se puede hacer desde la empresa, pero se tiene que hacer también desde la sociedad porque gran parte de esas desigualdades salariales en realidad tienen que ver con la feminización de los cuidados, que todavía es persistente. 

Techos de cristal y suelos pegajosos. Dos términos que definen la desigualdad de las mujeres en el mercado laboral.

Así es. Muchas veces nos obnubilamos mucho con que las mujeres lleguen a los puestos de dirección, algo que está muy bien y es de justicia. Pero a veces, los grandes sesgos de desigualdad y las grandes situaciones de precariedad femenina, están en la clase trabajadora más precaria. Y para acabar con estas desigualdades, insistir en lo mismo, hay que intervenir en lo que ha determinado las desigualdades salariales en España: el uso del tiempo parcial de una forma muy mayoritaria entre las mujeres. Un tiempo parcial no deseado. Cerca del 71 por ciento de los contratos de tiempo parcial están firmados por mujeres y más de la mitad es un tiempo parcial no deseado. Otra pata de la desigualdad salarial tiene que ver con que los pluses y complementos tienen a veces un sesgo de género. Y es que si se priman más características del trabajo masculinizado como la presencialidad, indirectamente se acaba generando esta brecha.

Y luego está lo que considero el punto de bóveda: el despliegue de una estrategia de cuidados y de atención a la dependencia. Y aquí, el Estado debe jugar un papel determinante porque en todas esas limitaciones y desigualdades lo que está detrás es el mayor vínculo de las mujeres a los cuidados y al trabajo doméstico. Esto es lo que hace que las mujeres recurran más al tiempo parcial, lo que hace que las mujeres no participen en los ámbitos informales que, muchas veces tiene mucho que ver con cómo se asciende o no en las empresas. Si el que se queda tomando una cerveza con el encargado siempre es el varón y la que se va a cuidar es la mujer, ahí se empiezan a generar desigualdades que no aparecen en un Boletín Oficial del Estado, pero que están ahí. Y la fata de políticas públicas para la atención a la dependencia, a los cuidados de menores, personas mayores y dependientes es el punto central.

En un momento como el actual, ¿cómo afecta la polarización política al diálogo social?

Es difícil decirlo taxativamente. En mi opinión está afectando desde hace tiempo, desde que veo a la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) muy poco receptiva y muy poco dispuesta a avanzar en los marcos de diálogo social. Y también tiene que ver con la percepción de la situación política. Saben que en el Parlamento hay una mayoría progresista y me da la impresión de que una parte muy importante del poder económico está suspirando por un cambio de ciclo político y prefiere no facilitar acuerdos, aunque sean acuerdos beneficiosos para las empresas.

Por lo demás, no me gusta hablar de polarización porque se presupone que hay dos polos. Y en este caso hay una parte del mundo económico, político y mediático que no asume, según qué circunstancias, los resultados democráticos, y optan por una estrategia de tensionamiento del país y de desestabilización institucional. Se llama polarización, pero yo creo que es bastante más gordo que la polarización.

¿Y qué riesgos observa en el auge de discursos que cuestionan derechos sociales consolidados? 

El riesgo de ir a una sociedad que se parezca cada vez más a una ley de la selva y a una jungla. Es decir, se está cuestionando la importancia de los servicios públicos, la importancia de contar con una fiscalidad suficiente y progresiva para desarrollar y desplegar esos servicios públicos. Pero lo que está pasando es que se ha ido deteriorando la calidad de los servicios públicos para inducir a una privatización parcial. Lo estamos viendo con la universidad, con la formación profesional o en la sanidad de una forma clara. Este es el contexto que aspira romper los consensos constituyentes, no de ya de España, sino de todas las democracias desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Y es que la extrema derecha amenaza directamente con los derechos básicos de igualdad. Sobre el análisis que hacíamos antes de la situación de las mujeres, no es que no haya que acotar la desigualdad, es que hay que volver donde nunca debisteis salir que es básicamente a ejercer el papel de madres y de amas de casa. De cuidadoras gratis. Este es el esquema de cuestionar las políticas igualitarias y los derechos de maternidad… Y esto viene ya porque la extrema derecha lo está mascullando aunque no lo teorice porque cuesta votos.

Sinceramente, creo que los riesgos de regresión en términos sociales son evidentes. Por todo esto, las mujeres, y sobre todo jóvenes, deberían estar bastante preocupadas por lo que puede venir. Aunque estoy convencido de que al final, las poblaciones reaccionan. Puede parecer que este es un huracán imparable, pero esa reacción va a impedir que volvamos a esos esquemas porque va a haber una rebelión, porque las mujeres no van a volver a que se cuestione el derecho de acceso al aborto, a la igualdad retributiva. No van a volver a quedarse en casa con políticas natalistas como hacen en Hungría… Sinceramente, hay discursos que dan miedo, pero estoy convencido de que esto no triunfará aunque vienen años de curvas duras. Están intentando destrozar Europa.

Y a la vez que se están cuestionando derechos sociales consolidados, también se están aceptando discursos antisindicales entre la juventud y trabajadores precarios. ¿Cuál es el motivo por el que cree que está pasando esto?

Durante años ha habido una campaña intensísima que pretende deteriorar la imagen, no solo de los sindicatos. Y no se ha evaluado bien la dimensión del asunto porque no solo hablamos de sindicatos, podemos hablar también de partidos políticos, instituciones, medios de comunicación e incluso entidades como Cáritas y Cruz Roja. Está habiendo un intento evidente de deteriorar la confianza en la representación democrática en las sociedades y esto es parte de una estrategia reaccionaria y autoritaria.

Por todo ello, desde el sindicato tenemos que hacer algún ejercicio de exigencia propia. Es decir, es más fácil que calen estos discursos y estas trampas retóricas si no estás donde están los sectores precarios o donde están los sectores más desarticulados. Lo hemos notado en términos de afiliación donde el sindicato está presente. Si cuentas con una sección sindical que resuelve los problemas de la gente, si la gente sabe qué es el sindicato, ahí no calan estas campañas. Y esto exige un esfuerzo de transmitir lo que hacemos y de estar con la gente más debilitada en el mundo laboral, no debemos perder esto de vista. Estas campañas y discursos están calando donde no se conoce al sindicato.

¿Y qué riesgo supone para la democracia los bulos utilizados para debilitar a los agentes sociales? 

Es un poco más de lo mismo. Tratan de instalar una especie de realidad paralela para generar la idea de que nada sirve para nada. No sirven las instituciones, los espacios de mediación y se va instalando una especie de vuelta a la caverna donde también empiezan a aparecer personas que cuestionan la ciencia y medios de comunicación que en un programa de televisión de máxima audiencia ponen a la misma altura a un científico y a un charlatán. En este ámbito hay mucho dinero y poder económico instalado en esta forma de comunicación basura. Los grandes grupos de comunicación españoles, que no son españoles, han sido protagonistas y cómplices de toda esta porquería. Debemos hacer un análisis de todo esto y, sobre todo, contrarrestarlo.

Y al margen de esta polarización y realidades paralelas, la principal preocupación de muchas personas es la vivienda, el principal factor de desigualdad para la clase trabajadora

Efectivamente, la vivienda es el gran problema social, incluso yo diría económico que vamos a tener en España y si me apuras en el resto de sociedades durante los próximos años porque es una forma brutal de quitar recursos a las familias. Y es que puedes subir el salario un 4 por ciento, pero si la vivienda sube un 10 por ciento… el salario de la clase trabajadora baja directamente. Y esto está impidiendo la emancipación de la juventud hasta unas edades que es una auténtica vergüenza.

Y luego está el plano económico, porque mientras el negocio inmobiliario siga dando unos retornos tan brutales seguirá atrayendo inversión especulativa. Leía el otro día que los fondos de inversión a nivel mundial tiene del orden de 450 mil millones de euros destinados a inversión inmobiliaria y esto no puede ser. O se reducen las rentabilidades de este sector, o ya puedes construir las casitas que quieras, el precio no va a bajar. Esto es un disparate y requiere de políticas absolutamente intervencionistas.

Y con esto no quiero decir que toda la vivienda que se construya deba ser pública, pero sí que lo público garantice unos precios asequibles para todo el mundo y esto pasa por limitar los beneficios que se puedan obtener en el sector inmobiliario y la obligación de garantizar precios asequibles.

Y aquí, el papel de los ayuntamientos, comunidades y Estado es clave.

Evidentemente. El grueso de la responsabilidad está en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos y, hasta ahora al menos, no han tenido ningún interés. Aunque la Administración Central también tiene su responsabilidad con las leyes de vivienda o la Ley de Arrendamientos Urbanos. En la Ley de Vivienda, por ejemplo, creo que cometieron la enorme torpeza de permitir que las comunidades autónomas bloquearan la aplicación de dicha Ley. Hubo un cambio de ciclo político en las comunidades autónomas y se hizo patente las contradicciones entre ambos: si el Gobierno dice arre, las comunidades dicen so. A estas alturas creo incluso que las comunidades autónomas de derechas empiezan a ser conscientes del problemón que tienen.

Hay muchos empresarios que están asustados y preocupados porque saben que el actual precio de acceso a la vivienda limita muchísimo. Me han llegado a decir que para que la gente pueda ir a trabajar a una determinada ciudad, tiene que pagar un 30 por ciento más de salario. Un aumento que si fuera para el trabajador… pero la realidad es que este incremento del sueldo es para pagar una vivienda a un precio desmesurado.

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Resulta especialmente preocupante que estas barreras se hayan creado en el Palacio de
Justicia, un edificio moderno, inaugurado hace apenas diez años. La nueva distribución de
mesas y armarios en las grandes salas de la oficina judicial ha reducido de forma alarmante
los espacios de paso, dificultando o incluso impidiendo el acceso a los despachos de
Magistrados y Letrados de la Administración de Justicia, tanto a la ciudadanía como a
los propios trabajadores y trabajadoras con movilidad reducida.

Desde FSC-CCOO advertimos de que esta situación no es un mero problema
organizativo, sino una vulneración clara de derechos. Por un lado, se incumplen las
normas básicas de prevención de riesgos laborales y de evacuación en caso de
emergencia. Por otro, se incumple la Ley de Accesibilidad Universal de La Rioja de
2023, que obliga a garantizar el pleno acceso a la justicia de las personas con discapacidad
y movilidad reducida.

La Administración de Justicia presenta además una realidad particular que agrava el
problema: no existe una separación clara entre zonas de trabajo y atención al público. Las
personas con movilidad reducida pueden verse obligadas a atravesar zonas de trabajo
para prestar declaración o ser atendidas personalmente, derecho reconocido en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Nadie debería verse obligado a tratar
asuntos personales o delicados en pasillos o espacios inaccesibles.

Desde FSC-CCOO alertamos también del impacto laboral de esta situación. A lo largo de
este año finalizarán numerosos procesos selectivos con reserva de turno para personas con
discapacidad. No se puede hablar de inclusión laboral si los espacios de trabajo no
están adaptados desde el inicio.

Por todo ello, en FSC-CCOO hemos actuado desde el primer momento. Hemos remitido
escritos a la Dirección General de Justicia proponiendo soluciones técnicas sencillas, como
la reorientación del mobiliario que actualmente forma auténticos muros que impiden el paso.
Asimismo, hemos contactado con el Gabinete de Accesibilidad del CRMF de Lardero, que
se ha ofrecido a colaborar y asesorar técnicamente, sin que hasta la fecha se haya recibido
respuesta.

Además, consideramos imprescindible escuchar a las personas afectadas. Por eso hemos
mantenido reuniones con representantes del movimiento asociativo de la discapacidad,
facilitándoles un reportaje fotográfico que evidencia una situación que no puede seguir
ignorándose.

Como último paso, FSC-CCOO ha presentado reclamación ante la Delegada de
Discapacidad del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, cuya función es velar por que
las condiciones de accesibilidad de los edificios judiciales sean adecuadas.
Desde FSC-CCOO lo afirmamos con rotundidad: la justicia no puede convertirse en un
nuevo obstáculo para las personas con discapacidad. Exigimos medidas inmediatas
para garantizar la accesibilidad universal y un Servicio Público de Justicia verdaderamente
igualitario.

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• El fin de la Navidad castiga a los Servicios: El aumento del paro se concentra casi exclusivamente en el sector Servicios lo que demuestra una excesiva dependencia de la estacionalidad. Por el contrario, valoramos positivamente el aguante de la Industria (-183) y la Construcción (-116), que actúan como diques de contención.
• Un mercado laboral con rostro de mujer: La brecha de género sigue siendo el gran problema estructural. De cada 10 personas en paro en nuestra región, 6 son mujeres (7.450 frente a 5.004 hombres). Es inadmisible que las mujeres asuman el 60% del desempleo total.
• La Rioja se queda atrás: Aunque el paro ha bajado un 1,76% respecto a enero de 2025, esta cifra palidece frente al descenso nacional del 6,17%. Nuestra comunidad está creando empleo a un ritmo casi cuatro veces más lento que el resto de España.
• Precariedad en la contratación: Dos de cada tres contratos firmados en enero han sido temporales.

CCOO insta al Gobierno Regional a dejar de confiar en el calendario y apostar por políticas activas de empleo con perspectiva de género y un plan industrial potente que genere empleo estable y de calidad.

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